Abuso sexual: Revocan el pedido de elevación a juicio contra el sacerdote Agustín Rosa Torino

El vocal de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, declaró nulo el requerimiento de la causa a juicio contra el sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino y formalizado por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia, revocó el auto resolutivo de marzo pasado. Rosa Torino está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y abuso sexual simple, en ambos casos agravado por ser ministro de culto reconocido.

A partir de la resolución del Juez de Impugnación, la fiscal penal 2, Verónica Simesen de Bielke, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, prepara un nuevo pedido de elevación a juicio en el marco de la causa que se sigue contra el sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y abuso sexual simple, en ambos casos agravado por ser ministro de culto reconocido. En su resolución, Figueroa también agregó que deberá formalizarse un nuevo requerimiento, “si el Ministerio Público así lo considera”.

Oportunamente, el pedido de elevación fue hecho por la fiscal María Lujan Sodero, después de la realización de numerosas pericias técnicas; inspecciones oculares en las instalaciones del Instituto San Juan Bautista; pericias sobre un teléfono celular; pen drives; computadoras; cámaras filmadoras y otros dispositivos digitales secuestrados en la causa, además de las pericias psicológicas y la recepción de más de 50 testimoniales.

Sodero concluyó entonces que “la acusación” contra el sacerdote “halla fundamento en que el imputado, aprovechando la cercanía, la confianza, el respecto y la obediencia que le era debida, habría desplegado actos de contenido sexual en el cuerpo de los denunciantes”.

Sodero los describió como “tocamientos libidinosos”, en zonas íntimas de las víctimas y destacó que dado el “rol de Padre Fundador” del Instituto Religioso Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, las pruebas colectadas en la causa, demuestran que los damnificados no pudieron prestar de “ningún modo su consentimiento libre y voluntario” a los abusos sexuales denunciados.

La Fiscal dijo también que los actos sexuales denunciados se cometieron bajo características particulares, dada la “relación existente entre el imputado y las víctimas”; que el acusado gozaba de “ascendencia” sobre los miembros de la congregación que dirigía y que se “tornaba imposible para estos, en ese estado de clara vulnerabilidad, resistirse o negarse, máxime teniendo en cuenta las premisas que se impartían en esa Orden Religiosa y el evidente estado de sumisión en el que se desarrollaba el vínculo entre Rosa Torino y los hermanos del Instituto encabezado por el acusado”.

Para arribar a las conclusiones que motivaron el pedido de elevación a juicio contra el sacerdote, también se tuvieron en cuenta los peritajes psicológicos. Al respecto, Sodero sostuvo que “los resultados de estos estudios fueron determinantes en cuanto al padecimiento de las víctimas, como así también respecto al perfil del acusado” y que dieron cuenta “de la existencia de graves secuelas en la psiquis de los denunciantes, lo que permite inferir que se ha afectado su integridad psicofísica y sexual”.

Vale recordar que la fiscal Sodero inició una causa penal a partir de tres denuncias radicadas por exintegrantes del instituto religioso, quienes acusaron al sacerdote por la comisión de distintos abusos sexuales.

Rosa Torino fue detenido el 21 de diciembre del año 2016. Posteriormente, el 2 de enero y a partir de dos nuevas denuncias, la fiscal amplió la imputación penal en contra del sacerdote por el delito de abuso sexual simple, también agravado por tratarse de ministro de culto reconocido. Mientras tanto, el sacerdote permaneció detenido y con prisión preventiva, confirmada por el Juzgado de Garantías 1. Pero en agosto de 2017, el Tribunal de Impugnación revocó la prisión preventiva del sacerdote y ordenó la prisión domiciliaria en un inmueble de finca La Cruz y autorizó su salida de la provincia en dos oportunidades, una a otra provincia y otra fuera del país.

El requerimiento de juicio en contra del sacerdote fue hecho ante el Juzgado de Garantías 1; pero el Juez de Impugnación Adolfo Figueroa, lo declaró nulo y lo revocó.

Se investiga supuesto abuso en inmediaciones del cerro San Bernardo

La madre de una menor de 16 años, que se encontraba extraviada, denunció que su hija habría sido abusada sexualmente en un lugar conocido como «la cueva» en inmediaciones del hospital Oñativia. Desde la Fiscalía se dispusieron diferentes medidas tendientes a esclarecer el hecho.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Verónica Simesen, investiga el supuesto abuso sexual de una menor de 16 años que se encontraba extraviada desde el 12 de Junio por la tarde.

La madre de la menor realizó la denuncia el día 19 de Junio y en la misma consta que su hija faltaba a su hogar desde el miércoles anterior y que tras localizarla el 18 de Junio por la noche en la zona de la Terminal, le dijo que sospechaba que había sido abusada sexualmente, ya que no tenía su ropa interior y que no tenía muchos recuerdos de lo sucedido.

Según la menor, había concurrido a un lugar en inmediaciones del hospital Oñativia, conocido como «la cueva» y en el que se dan cita muchos menores. Allí se hallaba reunida con una amiga y su novio, de quien no puede aportar mayores detalles. Dijo recordar que el día jueves 13 por la tarde estaba sentada en la entrada del aguantadero y que compraron bebidas para ingerir.

Luego dijo que se desvaneció y despertó el día viernes por la noche y vio que estaba su amiga y otros dos hombres y que quiso irse pero no se lo permitieron.

Pidió su celular y no tenía el chip y luego de insistir, lo recuperó y envió un mensaje a un amigo para que la busque. El joven la buscó y tras pelear con el novio de la amiga, la pudo sacar del lugar.

Desde la Fiscalía se dispuso que la menor sea revisada por el médico legal, se ordenaron medidas como el secuestro de prendas, inspección ocular en el lugar y relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, las que permitirán esclarecer el confuso hecho.

Condenado por abusar de sus dos hermanas menores

Un hombre de 22 años fue condenado a 12 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de sus hermanas por parte de madre en forma continuada. Ambas resultaron embarazadas y accedieron al protocolo de aborto no punible. Al tratarse de un ciudadano boliviano, la fiscal solicitó que se tramite su deportación.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Verónica Simesen, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 22 años, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por la convivencia (2 hechos) en concurso real.

El acusado es hermano por parte de madre de las menores y convivía con ellas en la localidad de Nazareno. La denuncia fue radicada en 2018 por el padre de las víctimas al tomar conocimiento de que sus hijas de 12 y 15 años, eran abusadas desde 2017 por su medio hermano y que ambas resultaron embarazadas.

El juez Martín Pérez, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Al tratarse de un ciudadano boliviano, Simesen solicitó que se oficie a la Dirección Nacional de Migraciones, que se encarga del traslado de los condenados a su país de origen, donde son puestos a disposición de las respectivas autoridades migratorias y se les prohíbe el reingreso a la República Argentina.

Denunció a su padrastro por un historial de abusos

Una joven oriunda de General Güemes denunció a la pareja de su madre y padre de sus tres hermanos por vejaciones sufridas desde que tenía 8 o 9 años hasta que alcanzó la mayoría de edad. La fiscal penal Verónica Simesen reunió los elementos de convicción necesarios y requirió juicio para el acusado.

Imagen ilustrativa

La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Verónica Simesen, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 para Juan Marcelo Tejerina de 43 años por abuso sexual gravemente ultrajante por su duración agravado por la convivencia y la guarda en perjuicio de la hija de su pareja.

La denuncia fue realizada en Octubre del año pasado por la propia víctima al alcanzar la mayoría de edad. Relató que cuando tenía 8 o 9 años, su madre formó pareja con el acusado, con quien tuvo 3 hijos.

Señala que inicialmente era una relación normal de padre e hija pero con el paso de los días, el acusado comenzó a realizarle tocamientos inapropiados y luego le ofrecía golosinas para que no dijera nada.

En la denuncia detalla los tocamientos y avasallamientos que vivió por más de una década por parte del acusado y que intentó callar hasta con dinero.

Mujer acusada de apoderarse del patrimonio del ruralista Gustavo Uldry va a juicio

En el último mes de vida del ruralista, su pareja fue acusada de realizar maniobras y así quedarse con una suma de más de 2 millones de pesos, producto de la venta de 548 cabezas de ganado de una finca que la familia posee en General Güemes. La fiscalía penal de esa ciudad elevó el caso a juicio por el delito de estafa.

El planteo fue presentado ante el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Centro, donde ahora se llevan adelante los pasos de rigor a fin de que el caso sea luego girado al Tribunal de Juicio. La acusación fue presentada por la fiscal penal Verónica Simesen, quien era titular de la fiscal penal de General Güemes.

Simesen, quien ahora se desempeña en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, llevó adelante la investigación del caso, el que se inició el 18 de enero del año pasado, cuando Federico Uldry, uno de los hijos del conocido ruralista, radicó una denuncia por el vaciamiento del patrimonio de su padre, en especial el que poseía en la finca Quista, perteneciente a la familia y ubicada en General Güemes.

En su denuncia, el hijo del ruralista relató que el patrimonio del que se vieron desapoderados, estaba sujeto a un juicio civil que se llevaba adelante por separación del matrimonio, litigio que habría quedado trunco debido a que la acusada, pareja de Uldry, dispuso de la venta de las 548 cabezas de ganado, dinero del cual luego se apropió.

Asimismo, sostuvo que el 13 de enero de 2018, al presentarse en la finca con otro hermano, se dieron con un hijo de la acusada, quien pretendía llevarse en una camioneta de su padre varios muebles que la familia poseía en esa propiedad, lo que fue impedido por ambos hijos, quienes allí se enteraron del vaciamiento de la finca.

En vista de esta denuncia, la fiscal llevó adelante una serie de diligencias procesales que le permitieron comprobar, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa, la comisión del delito de estafa por parte de María Cristina Varela, quien era pareja de Uldry al momento que el ruralista falleció.

Las maniobras, según lo establecido por la fiscal, se produjeron entre el 14 de diciembre del año 2017 y el 14 de enero de 2018, tiempo que Uldry se hallaba internado en un estado de coma inducido en una clínica privada de barrio Tres Cerritos, hasta que murió debido a una enfermedad terminal.

Los hijos del ruralista en sus declaraciones testimoniales, hicieron hincapié en el hecho de que su padre no pudo haber dispuesto la venta del ganado ni tampoco la extracción de dinero de cuentas bancarias que poseía. En su investigación, la fiscal comprobó la venta del ganado dispuesto por Varela, como así también la extracción por parte de la acusada de sumas de 905.000 y 1.360.000 pesos, dinero que sería producto de esa operación.

Empleados de la finca, en tanto, sostuvieron que las ordenes eran impartidas por Varela, y que Udry, hasta el momento que se hallaba en buen estado de salud, no tenía proyectado la venta del ganado, sino por el contrario su intención era avanzar con la cría y engorde de los animales. Uno de los obreros de la finca, en tanto, señaló que la acusada sostuvo que “ellos se creían que les iba a quedar todo servido”, en referencia a los hijos del ruralista.

En base a estas declaraciones testimoniales y otras medidas de pruebas, la fiscal cerró la etapa de investigación y remitió la causa a juicio en contra de Varela por el delito de estafa, requerimiento que ahora se encuentra a la espera de ser llevado a juicio.

Septuagenario condenado por abuso sexual

Un hombre de 70 años fue condenado a 6 años de prisión efectiva por un hecho de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad con retraso madurativo. Será incorporado al Banco de Datos Genéticos.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Verónica Simesen, representó al Ministerio Público ante la Sala V del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra un septuagenario acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad.

El acusado mantenía una relación de amistad con la familia de la víctima y frecuentaba su vivienda, circunstancia que aprovechó para abusar sexualmente de la menor, que padece retraso madurativo.

El juez Marcelo Rubio, tras obtener la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 6 años de prisión efectiva y en el mismo fallo, se dispuso que se proceda a la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos. El juez Marcelo Rubio, tras obtener la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 6 años de prisión efectiva y en el mismo fallo.

Pareja detenida tras usurpar una vivienda en General Güemes

Una joven pareja ingresó por la fuerza a una vivienda de barrio SOEM junto a uno de sus hijos menores y aduciendo tener una orden del IPV, pretendían quedarse allí. La casa pertenece a una mujer que se encontraba trabajando y que acreditó la propiedad de la vivienda. Fueron detenidos y serán imputados en las próximas horas.

La fiscal penal de General Güemes, Verónica Simesen, tomó intervención en un hecho ocurrido el día 9 de este mes, cuando una mujer denunció que cuando se encontraba en su lugar de trabajo, un vecino le advirtió que una pareja ingresó a su vivienda y le dijeron que ella los había autorizado para hacer tareas de limpieza.

Cuando ella se hizo presente en el lugar, los encontró en el interior del jardín y detectó que habían violentado la seguridad de la propiedad. Cuando les pidió explicaciones de su presencia en la vivienda, le dijeron que tenían una orden del IPV y que no se retirarían.

Desde la Fiscalía se solicitó orden de detención y allanamiento para la vivienda y hoy se produjo la detención de Daniela Paola Ruiz y de su pareja, Agustín Carlos Nazario, quienes serán imputados en las próximas horas por el delito de usurpación.

Asimismo se dio urgente intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno, pues se encontraban en el lugar con uno de sus hijos, de 2 años de edad.

Prisión para el ciudadano colombiano acusado del homicidio de «Patán»

Sebastián Orozco Castaño fue condenado hoy por el homicidio de Juan Manuel Barrón, ocurrido el 10 de Febrero de 2018, cuando éste se le acercó para pedirle una pitada de un cigarrillo de marihuana y el acusado extrajo un cuchillo de sus pertenencias y lo lesionó sin motivo aparente, provocando su muerte. Se informará a Migraciones para iniciar trámites de deportación.

La fiscal penal Verónica Simesen representó al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Sebastián Orozco Castaño, acusado del homicidio simple de Juan Manuel Barrón, “Patán”, ocurrido el 10 de Febrero de 2018 en barrio La Loma.

La fiscal solicitó durante los alegatos, la aplicación de la pena de 10 años de prisión y pasado el mediodía, el juez Francisco Mascarello, lo condenó a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del imputado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genético.

En la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Ramiro Ramos Ossorio, consta que la víctima se encontraba reunido junto a otras personas en la vía pública ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando en determinado momento vieron llegar a dos personas a bordo de una motocicleta a la casa de una vecina para cobrarle un préstamo. “Patán” se aproximó a Sebastián Orozco Castaño para pedirle una pitada de un cigarrillo de marihuana que había prendido y luego de un breve intercambio, y sin motivo aparente, el agresor extrajo un cuchillo tipo carnicero de sus pertenencias y lo lesionó en el pecho, provocando su muerte por shock hipovolémico.

B° La Loma: Ciudadano colombiano juzgado por el homicidio de “Patán”

Sebastián Orozco Castaño es juzgado por el homicidio de Juan Manuel Barrón, ocurrido el 10 de Febrero de 2018, cuando éste se le acercó para pedirle una pitada de un cigarrillo de marihuana y el acusado extrajo un cuchillo de sus pertenencias y lo lesionó sin motivo aparente, provocando su muerte.

La fiscal penal Verónica Simesen representa al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Sebastián Orozco Castaño, acusado del homicidio simple de Juan Manuel Barrón, “Patán”, ocurrido el 10 de Febrero de 2018 en barrio La Loma.

En la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Ramiro Ramos Ossorio, consta que la víctima se encontraba reunido junto a otras personas en la vía pública ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando en determinado momento vieron llegar a dos personas a bordo de una motocicleta a la casa de una vecina para cobrarle un préstamo. “Patán” se aproximó a Sebastián Orozco Castaño para pedirle una pitada de un cigarrillo de marihuana que había prendido y luego de un breve intercambio, y sin motivo aparente, el agresor extrajo un cuchillo tipo carnicero de sus pertenencias y lo lesionó en el pecho, provocando su muerte por shock hipovolémico.

Amenazaba con cuchillo a los transeúntes y atacó a personal policial

Un hombre de 35 años fue detenido e imputado tras un hecho registrado en Villa Asunción, donde portando un arma blanca, amenazaba a quienes pasaban por el lugar donde estaba reunido con otras personas. El personal policial que se presentó para realizar el despeje fue atacado y amenazado por el acusado y vecinos de la zona que obstaculizaron el procedimiento.

La Fiscalía Penal 1 en feria, a cargo de Verónica Simesen, imputó a Juan Sebastián Vázquez por el delito de resistencia a la autoridad en concurso ideal con amenazas con arma por un hecho registrado días atrás en Villa Asunción.

Según consta en las actuaciones, personal policial que realizaba tareas de patrullaje por la zona, fue advertido por una mujer sobre la presencia de un grupo de hombres que estaban bebiendo y que tenían armas blancas, con las que amenazaban a los transeúntes.

El móvil se presentó en el lugar para hacer el despeje y fue agredido por al menos 5 personas que proferían insultos, blandían sus armas blancas y arrojaban elementos contundentes. Cuando llegó el apoyo para los efectivos, el grupo se dispersó y se logró aprehender a Vázquez, quien portaba un cuchillo en la cintura y se comportó hostil con los uniformados.

Habiéndose sorprendido al sujeto en flagrante delito, se declaró el caso sometido al trámite de proceso sumarísimo.