Peculado: Imputaron a tres policías de Drogas Peligrosas por sustraer dinero secuestrado

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a tres efectivos policiales por el delito de peculado. Los imputados, quienes participaron de un procedimiento realizado el 18 de mayo en un domicilio de Ciudad Del Milagro por tenencia y venta de estupefacientes, están acusados de sustraer parte del dinero secuestrado.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial ayudante Nicolás Walter Copa, el sargento ayudante Rafael Ignacio Accili y el agente Luis Alberto Justiniano, todos acusados del delito de peculado y quienes fueron detenidos durante la madrugada de este jueves.

Según consta en el decreto de imputación, los tres acusados, que se desempeñan como funcionarios públicos al revestir el cargo de personal policial, sustrajeron la suma de $4500, proveniente de un procedimiento realizado el pasado 18 de mayo y cuya custodia les fue confiada en razón de su cargo.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la remisión de las actuaciones de referencia de la Fiscalía Penal 1, de las que surge que el 19 de mayo, personal policial del Departamento Operaciones, labró un acta del procedimiento realizado por el personal de la Dirección de Drogas Peligrosas en un domicilio de Ciudad del Milagro.

Licencias de conducir: Ya hay once imputados y no descartan nuevas detenciones

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó por el delito de asociación ilícita a los once detenidos en el marco de la investigación iniciada tras distintas denuncias por la entrega irregular de licencias de conducir por parte de la exsubsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y de la actual Subsecretaría de Movilidad Ciudadana. La fiscal no descartó nuevas detenciones o cambios en la figura de imputación.

Tras los elementos colectados durante la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke entendió que los detenidos participaron activamente de las maniobras y que no se trató de hechos aislados, ya que surge claramente que sin la participación de todos en forma mancomunada, no se hubiera podido cometer el objetivo de llegar a la obtención irregular de las licencias de conducir de diversos ciudadanos a cambio de dinero.

Las imputaciones por asociación ilícita recayeron sobre Marianela Castro y César Martín Ganami, quienes participaban en la asociación mediante la captación de ciudadanos que, urgidos de la obtención de las licencias de conducir y a cambio de dinero, lograban obtener turnos con atención inmediata, a través del empleado Alejandro Jorge Soria y de los Inspectores Ricardo Martín Miguel Nina y Julio Federico Barrientos Herrera, quienes también, a sabiendas que dicho otorgamiento es gratuito, obtenían beneficios económicos.

También se tiene por acreditada a prima facie la participación de las examinadoras Carmen Nieves Campos y Gabriela Anahí Dagum, quienes en tal carácter y siendo las encargadas de verificar que los exámenes teóricos fueran rendidos y aprobados como requisito previo e ineludible para continuar el trámite referido, sabían quiénes eran las personas enviadas por Castro y Ganami para que los exámenes no fueran debidamente rendidos. En diversas ocasiones y pese a los errores que no permitían su aprobación, los exámenes eran considerados como aprobados.

Según la fiscal, la intervención de los inspectores Ariel Ramiro Ruiz, Juan Carlos Conte y José Fernando Vieira, no puede separarse de las maniobras llevadas adelante por los otros partícipes, pues a su cargo se encontraba la toma de los exámenes prácticos de manejo, en los cuales surge que las personas que ya se encontraban dentro del circuito, no rendían el examen de manejo o bien, eran firmados directamente a través de la intervención de Castro y Ganami en forma irregular, a cambio de los pagos convenidos.

Por último, el encargado de emitir las licencias de conducir, Javier Fernando Martínez, permitía que las licencias que eran marcadas por los anteriores participantes, a través de su firma, fueran expedidas sin ningún tipo de inconveniente, mientras que en otras oportunidades otorgaba las licencias sin que cumpliera ninguno de los requisitos, como exámenes médicos, teóricos o prácticos, siendo la persona a cuyo cargo se encontraba la clave del sistema.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se produjo tras la denuncia radicada en abril de 2018 por el exdirector general de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Transito y Seguridad Vial, Marcelo Cattáneo, quien detectó irregularidades en el predio de calle Artigas al 300, donde en tres planillas de diferentes fechas, se determinó que ingresaron a rendir 29 personas con vehículo y que solo realizaron maniobras 23. Lo mismo ocurrió con conductores de motocicletas.

En tanto, la directora general de Asuntos Legales y Jurídicos de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Claudia Marcela Benavídez, también radicó una denuncia tras advertir una serie de hechos que debían ser investigados.

En este sentido, sostuvo que al tomar posesión del cargo, en setiembre de 2018, advirtió un cúmulo de expedientes en los que se investigaba la emisión de licencias de conducir sin respaldo documental, verificando dos tipos de irregularidades.

La primera, se trata de licencias de conducir sin respaldo documental en las cuales sus titulares no realizaron los estudios médicos y tampoco rindieron los exámenes teóricos y prácticos; mientras que la segunda corresponde a licencias de conducir que cuentan con todas las firmas pero cuya irregularidad se verifica al no haber pasado por algún eslabón del proceso, ya sea el examen médico o bien los exámenes teóricos o prácticos o todos ellos.

Por su parte, el actual subsecretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, expresó que una persona que no quiso identificarse y que desaprobó su examen, le dijo que le parecía injusta la situación porque “en cercanías del edificio de Tránsito una mujer vendía las respuestas de los exámenes”.

Luego logró verificar que una persona que ingresó a tomar el examen tenía en sus manos las respuestas marcadas como correctas y que las personas que le habrían entregado las respuestas correctas, eran una pareja (Castro y Ganami) que cobraba $1500 para ello. Y si no deseaban rendir el examen práctico en el canchón, debían pagar $3000, ya que se encargaban de llevar el formulario y devolverlo firmando.

Cabe destacar que se encuentran pendientes los resultados de diversas medidas para determinar la participación de otras personas en los hechos y la existencia de un perjuicio patrimonial al erario municipal como consecuencia de las maniobras, por lo que la fiscal no descartó nuevas detenciones ni modificaciones en las figuras de imputación.

Once detenidos por la entrega irregular de licencias de conducir

Diez personas fueron detenidas este lunes, en el marco de la investigación iniciada tras distintas denuncias radicadas por la entrega irregular de licencias de conducir por parte de la exsubsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y de la actual Subsecretaría de Movilidad Ciudadana. Además de los diez detenidos de hoy, hay otro acusado, quien se encontraba detenido por otro delito, diferente al que se investiga en este caso. Interviene la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke.

Los detenidos serán imputados en las próximas horas, acusados del delito de asociación ilícita. Es que tras los elementos colectados durante la investigación, que contó con la colaboración de la División de Delitos Económico de la Policía, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke entendió que los detenidos participaron activamente de las maniobras y que no se trató de hechos aislados, ya que surge claramente que sin la participación de todos en forma mancomunada, no se hubiera podido cometer el objetivo de llegar a la obtención irregular de las licencias de conducir de diversos ciudadanos.

Según el legajo de investigación, todos los detenidos participaban en la asociación mediante la captación de ciudadanos que, urgidos por la obtención de las licencias de conducir y a cambio de dinero, lograban obtener turnos con atención inmediata. En diversas ocasiones y pese a los errores que no hubiesen permitido la aprobación, los exámenes teóricos y prácticos también eran considerados como aprobados o ni siquiera eran tomados.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se produjo tras la denuncia radicada en abril de 2018 por el exdirector general de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Transito y Seguridad Vial, Marcelo Cattáneo, quien detectó irregularidades en el predio de calle Artigas al 300, donde en tres planillas de diferentes fechas, se determinó que ingresaron a rendir 29 personas con vehículo y que solo realizaron maniobras 23. Lo mismo ocurrió con conductores de motocicletas.

En tanto, la directora general de Asuntos Legales y Jurídicos de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Claudia Marcela Benavídez, también radicó una denuncia tras advertir una serie de hechos que debían ser investigados.

En este sentido, sostuvo que al tomar posesión del cargo, en setiembre de 2018, advirtió un cúmulo de expedientes en los que se investigaba la emisión de licencias de conducir sin respaldo documental, verificando dos tipos de irregularidades.

La primera, se trata de licencias de conducir sin respaldo documental en las cuales sus titulares no realizaron los estudios médicos y tampoco rindieron los exámenes teóricos y prácticos; mientras que la segunda corresponde a licencias de conducir que cuentan con todas las firmas pero cuya irregularidad se verifica al no haber pasado por algún eslabón del proceso, ya sea el examen médico o bien los exámenes teóricos o prácticos o todos ellos.

Por su parte, el actual subsecretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra Gilberto, expresó que una persona que no quiso identificarse y que desaprobó su examen, le dijo que le parecía injusta la situación porque “en cercanías del edificio de Tránsito una mujer vendía las respuestas de los exámenes”.

Luego logró verificar que una persona que ingresó a tomar el examen tenía en sus manos las respuestas marcadas como correctas y que las personas que le habrían entregado las respuestas correctas, eran una pareja que cobraba $1500 para ello. Y si no deseaban rendir el examen práctico en el canchón, debían pagar $3000, ya que se encargaban de llevar el formulario y devolverlo firmando.

Cabe destacar que se encuentran pendientes los resultados de diversas medidas para determinar la participación de otras personas en los hechos y la existencia de un perjuicio patrimonial al erario municipal como consecuencia de las maniobras, por lo que la fiscal no descartó nuevas detenciones ni modificaciones en las figuras de imputación.

Moldes: Piden la detención del exintendente Osvaldo García

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, solicitó ante el Juzgado de Garantías 3 la declaración de rebeldía y detención del exintendente de Coronel Moldes, Osvaldo Darío García, por no presentarse a la audiencia de imputación por segunda vez. El exjefe comunal está acusado por el delito de fraude a la administración pública, en grado de autor.

Según consta en el legajo de investigación, Osvaldo Darío García, en su carácter de Intendente del Municipio de Coronel Moldes durante el 2015 y con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violó los deberes de administración a su cargo al ofrecer a la venta una parcela del loteo “La Esperanza”, correspondiente a la matrícula Nº 2325 del Departamento La Viña.

La parcela fue ofrecida a un hombre que abonó las sumas solicitadas por el imputado, sin que éste ingresara los importes al Organismo Municipal, lo que perjudicó los intereses que le habían sido confiados y pertenecientes al erario público municipal.

La fiscal penal Simesen de Bielke  tomó intervención a partir de la denuncia realizada en julio de 2018 por Mercedes Clelia Dolores Valdiviezo, en su carácter de ciudadana y Concejal del Municipio de Coronel Moldes, quien expresó que el Municipio tenía en su propiedad el inmueble identificado con matricula Nº 2325 y que el Concejo Deliberante nunca autorizó acto alguno de disposición sobre dicho catastro.

El 10 de noviembre de 2015, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Coronel Moldes aprobó la Ordenanza Nº 23/15 y declaró Dominio Público Municipal al catastro Nº 2325, denominado Loteo “La Esperanza” y todo lo que allí se encuentra. Además, lo declaró de interés social y se autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar dicho inmueble a los Planes de Viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda  y/o cualquier otro programa habitacional a nivel nacional o provincial.

En la misma ordenanza, se inhibió expresamente al Departamento Ejecutivo a realizar la venta de cualquier terreno que se desprenda del catastro de referencia.

Fingieron ser de Zoonosis y se llevaron casi 400 kilos de alimento para perro

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó preventivamente a Carlos Daniel Mendoza y Carlos Gabriel Campos, por los delitos de estafa y fraude a la administración pública (dos hechos) y tentativa de estafa y fraude a la administración pública, todo en concurso real. Ambos acusados asistieron a la audiencia de imputación asistidos por su defensa y optaron por declarar.

Según consta en el legajo de investigación, los imputados actuaron en connivencia y simularon ser empleados de la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Salta, área de la cual el imputado Carlos Daniel Mendoza fue despedido en febrero pasado.

Mediante maniobras ardidosas, los acusados pidieron la entrega de alimentos para perro al personal del Hipermercado Libertad e hicieron incurrir en el error a los damnificados, quienes realizaron la disposición patrimonial solicitada mediante la entrega de 193 kilos de alimento, el 27 de febrero, y de la misma cantidad, el 14 de abril. Ambas partidas estaban destinadas a una donación para la Subsecretaria de Bienestar Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Salta.

Esto causó un perjuicio al hipermercado mencionado y también una defraudación a la Administración Pública Municipal, al hacerse los imputados indebidamente de la mercadería que estaba destinada a la comuna.

Los acusados intentaron realizar la misma maniobra el 26 de mayo, en el mismo hipermercado y solicitaron la entrega de 300 kilos de alimento, pero no pudieron consumar el hecho.

La intervención de la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke se produjo tras la denuncia radicada el 26 de mayo por el subsecretario de Bienestar Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Salta, Luciano Gastón Simkin, quien hizo notar que Carlos Daniel Mendoza, de 63 años, fue empleado de Zoonosis hasta el día 7 de febrero y que fue puesto a disponibilidad por distintos hechos delictivos en la Subsecretaría.

Además, indicó que al tomar conocimiento por parte de personal policial de que dos personas retiraban 300 kilos de alimento para perro que estaban destinados a Zoonosis, se desplazó de manera inmediata hacia el comercio, donde los imputados estaban por cargar el alimento en un automóvil Renault 9, conducido por Carlos Gabriel Campos, de 35 años.

Simkin también se entrevistó con la encargada de Recursos Humanos del hipermercado, quien le informó que las mismas personas ya habían retirado en febrero y en abril las cantidades de alimento mencionadas.

Caso Rosa Sulca: Realizaron una inspección ocular en el edificio del 911

La Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, realizó durante la mañana de este miércoles una inspección ocular en el edificio ubicado en calle Ameghino 630, sede del Sistema de Emergencias 911. La medida fue dispuesta en el marco de la causa que investiga el femicidio evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.

La medida se enmarca en las solicitadas por los fiscales, quienes ya imputaron preventivamente a distintos funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.

Las imputaciones que se realizaron entre el 14 y el 15 de mayo recayeron sobre el operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera.

En todos los casos, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero consideraron que los imputados omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones y eso llevó a la muerte evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.

En tanto, el pasado 30 de abril, la Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó a los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.

En tanto, el 4 de mayo, los fiscales imputaron al comisario mayor, Fabián Tolaba, por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.

Condenado: Se hacía pasar por curandero y estafaba con planes sociales

Juan Normando Rodríguez fue condenado en juicio abreviado a la pena de un año de prisión efectiva por el delito de estafa reiterada (13 hechos) Además, en función a sus antecedentes penales, fue declarado reincidente por sexta vez. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio.

Según consta en el legajo de investigación, Rodríguez dijo pertenecer al Plan “Argentina Trabaja” y le solicitó al Director de la Escuela Nº 5076 Dr. Arturo Humberto Illia, una suma de dinero para efectuar compras de materiales para realizar tareas de mantenimiento en el establecimiento educativo, a sabiendas de que no cumpliría con lo pactado.

Mediante las mismas maniobras ardidosas y al expresar que pertenecía a ese plan, también hizo incurrir en error a otros damnificados, al expresarles que si le entregaban la suma de $300 les conseguiría trabajo, por lo que las víctimas, al entregar la disposición patrimonial solicitada se vieron perjudicadas económicamente.

A través de los dichos de los damnificados, pudo establecerse en la actitud del imputado una misma modalidad defraudatoria, luego de que le manifestara a uno de ellos que pertenecía al Plan “Ellas Hacen”. Luego se retractó y aseguró ser del Plan “Argentina Trabaja”. Mediante falsos dichos y de manera engañosa, lo convenció de que era contraprestador de algún plan.

El acusado también utilizó como parte de su maniobra ardidosa distintos nombres para hacer incurrir en el error a sus víctimas.

Todo fue desvirtuado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, que informó en marzo pasado que el acusado, con sus distintos nombres, no se encontraba registrado en esa cartera.

Por su parte, el Coordinador Provincial del Programa Nacional Hacemos Futuro, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, Facundo Romero, manifestó que el imputado tampoco se encontraba en ningún plan social.

En otro accionar delictivo, Rodríguez también impostó ser curandero y ofreció sanar a sus víctimas a cambio de bienes de importante valor económico. Al no poder cumplir con lo pactado por obvias razones, el acusado se comprometió restituir los elementos; lo que tampoco hizo, con la consecuencia de ocasionar un perjuicio en el patrimonio de los damnificados que no recuperaron los bienes entregados.

Asistido por su defensa, el imputado Juan Normando Rodríguez asumió su responsabilidad en los hechos que le fueron imputados y aceptó la calificación jurídica asignada, por lo que fue condenado en juicio abreviado a la pena de un año de prisión efectiva.

Investigan a un frigorífico por proveer carne en mal estado al Materno Infantil

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, tomó intervención en la causa tras la denuncia pública realizada por el Gerente del Hospital Público Materno Infantil, luego de que el nosocomio recibiera carne en estado de putrefacción por parte del Frigorífico C.I.A.C.S.A (Frigorífico Brunetti). La carne estaba destinada a los pacientes internados.

Tras la denuncia pública por parte del gerente del Hospital Público Materno Infantil, Federico Mangione, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke tomó intervención de oficio y ordenó distintas diligencias en la causa que investiga la posible comisión de hechos ilícitos por parte del establecimiento cárnico.

La denuncia, que tomó estado público a través de los medios de comunicación, fue realizada por el propio Mangione, quien indicó que se trata de “un apriete” del Frigorífico por una deuda que mantiene el nosocomio con la empresa, que por su parte no quiere aceptar el pago en cheques.

El médico indicó que hace dos meses encontró cientos de kilos de carne podrida en la cocina del hospital entre los que había pollo, cerdo y carne de vaca. Se trata de casi 300 kilos en estado de putrefacción, según pudieron comprobar funcionarios del área de Bromatología.

Incumplimiento y peculado: no declaró el exintendente de Quijano

El exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, se encuentra imputado por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Interviene la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke.

El exjefe comunal de Campo Quijano, Manuel Cornejo, fue imputado tras la investigación iniciada por irregularidades detectadas en el registro de gastos que no contaban con la documentación para el control de legalidad de la erogación.

Cornejo asistió a la audiencia de imputación asistido por su defensa y se abstuvo de declarar. Deberá presentar un escrito en las próximas 48 horas.

A Cornejo también se le atribuyó la adquisición de una camioneta Chevrolet que no fue registrada a nombre del Municipio, aunque fue obtenida con fondos públicos mediante el pago con cheques. El vehículo fue reintegrado por la fiscal a la Municipalidad quijaneña, del departamento Rosario de Lerma.

La investigación de la fiscalía incluyó el cotejo de numerosa documentación contable, con libros de bancos del Municipio, resúmenes de cuenta de distintas entidades bancarias, pedidos de informes a distintos organismos recaudadores y registrales, y de empresas privadas.

La fiscal penal Simesen de Bielke ordenó una serie de medidas tendientes al esclarecimiento de la causa, entre ellas, numerosas pericias contables que permitirán avanzar en la investigación.

El femicidio de Rosa Sulca era evitable: ampliaron las imputaciones contra otros policías y operarios del 911

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, de Unidad Fiscal Especial, imputaron preventivamente a distintos funcionarios, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte. Las audiencias de imputación ocurrieron entre este jueves y viernes.

Las imputaciones recayeron sobre el operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera.

En todos los casos, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero consideraron que los imputados omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones y eso llevó a la muerte evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.

El operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez, de 30 años, fue quien atendió el llamado de auxilio de Rosa Sulca, cuando ella advirtió que su vida corría peligro. Fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, toda vez que en su calidad de agente integrante del Sistema de Emergencias 911 y dentro de las previsiones del artículo 77 del Código Penal, omitió dar la importancia que revestía la llamada de clara de emergencia, y que con una conducta omisiva, puso en peligro concreto la vida de una persona al no desplegar una conducta activa que pudo evitar el resultado lesivo.

El supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro, de 34 años, fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, toda vez que, encontrándose a su cargo el contralor de las actividades llevadas a cabo por el operador, incumplió deliberadamente las obligaciones a su cargo al retirarse de su puesto de trabajo por un lapso de 30 minutos sin que otra persona supervisara las actividades, lo que conllevó al peligro concreto hacia la vida de extinta.

El despachante policial, Héctor Roberto Herrera, de 45 años, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, por incumplir deliberadamente las obligaciones a su cargo consistentes en informar al Jefe de turno y al Supervisor sobre la emergencia en la cual una persona solicitaba auxilio, lo que conllevó ello al resultado fatal de la muerte de Rosa Sulca, ya que al ser la persona que tuvo contacto directo con los recursos de calle, no dio cumplimiento a las previsiones legales.

El jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, de 41 años, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, por omitir dar cumplimiento a sus funciones al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, contando con la posibilidad cierta de escuchar el audio para tomar una decisión en orden a la asignación correcta.

El supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera, de 42 años, fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, quien pese a haber consignado una situación de “pedido de auxilio”, omitió cumplir con lo que dispuesto por el Reglamento Orgánico y Funcional de la Dirección Centro de Coordinación Operativa al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, teniendo en todo momento a su disposición el audio de la llamada de auxilio.

Imputaciones previas

El 30 de abril, La Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó a los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.

En tanto, el 4 de mayo, los fiscales imputaron al comisario mayor, Fabián Tolaba, por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.