HIJOS y la Asociación de Pensamiento Penal piden un Comité de Seguimiento de Violencia Institucional

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo y la Fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, recibieron este miércoles a representantes de la Asociación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y de la Asociación Pensamiento Penal Salta. Las organizaciones presentaron un Registro de Casos de Violencia Institucional durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y la vigencia del Decreto Provincial 255/20 y solicitaron la conformación de un Comité de seguimiento de casos de violencia policial e institucional.

Durante el encuentro, al que asistieron Canela Álvarez y María José Castillo, de HIJOS Salta y Martín Plaza y Josué Díaz Cueto, de la Asociación Pensamiento Penal Salta, Cornejo informó sobre distintas medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal en pos de la investigación, esclarecimiento y sanción de hechos de violencia policial. Algunas de ellas fueron la auditoría realizada sobre la Fiscalía de Derechos Humanos; el sumario administrativo que se sustancia contra el extitular de dicha Fiscalía; el proyecto de Ley para que la Fiscalía en cuestión vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias; la formación de investigadores civiles a través del  Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público Fiscal y el aporte del MPF para la creación de cinco Juzgados Contravencionales en la Provincia y su pedido para que se constituya el Comité de la Prevención de la Tortura, entre otras.

Po su parte, la fiscal Simesen de Bielke, anunció la puesta en marcha del Sistema de Denuncias Web para denuncias de violencia policial e institucional, atento a las numerosas quejas de víctimas que alertan sobre la imposibilidad de denunciar a efectivos de la fuerza en las comisarías. La página web funcionará en breve, como  lo hace el sitio https://www.denunciasweb.gob.ar/landing, disponible para denunciar delitos contra la propiedad y microtráfico.

En el mismo sentido, anunció la Fiscal la aplicación de un Protocolo de Actuación Interna, desde “el momento cero” de una investigación y hasta que se concrete el juicio por hechos de abuso policial. Además, un Protocolo Externo será destinado a otros organismos y especialmente al Ministerio de Seguridad de la Provincia. Simesen de Bielke lo elaboró en base a la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” y al “Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes”, más conocido como el Protocolo de Estambul. El segundo consiste en el primer conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias.  El Protocolo establece buenas prácticas de actuación y especialmente las destinadas a evitar la revictimización.

Por su parte, Álvarez, Castillo, Plaza y Díaz Cueto, expusieron las acciones en las que vienen trabajando ambas organizaciones en  contra del abuso policial y denunciaron la sistematización de dichos abusos; el avasallamiento permanente sobre los Derechos Humanos y la falta de acceso a la justicia de los sectores vulnerables de la población; la obstrucción y entorpecimiento policial para que ciudadanas y ciudadanos denuncien y el MPF investigue; las demoras en imputaciones y las amenazas a denunciantes y testigos por parte de efectivos, entre otros temas abordados durante la reunión.

El Procurador ratificó su compromiso de trabajar conjuntamente con las organizaciones, para asegurar el cumplimiento de los derechos que la Constitución reconoce y “las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República y sus medios para hacerlas efectivas”.

Un policía va a juicio por golpear en la cara a un hombre en un baile

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al sargento ayudante José Anastacio Cruz, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

La investigación inició tras la denuncia radicada por la víctima el 26 de diciembre de 2014 en la subcomisaría de Guachipas, donde manifestó que en la tarde el día anterior, asistió a la carpa de los Gauchos de Coropampa, junto a su pareja y su cuñado.

Al regresar a su sitio tras dar un mensaje a los músicos, la expareja de su concubina, sin motivo alguno y sin mediar palabras, le arrojó vino en la cara, lo que provocó que el personal policial agarrara al denunciante para sacarlo del evento, ya que pensaban que había iniciado el pleito, por lo que opuso resistencia y forcejó para que no lo sacaran del baile.

De repente, el efectivo policial apodado “Atacho” le propinó dos golpes de puño en la nariz, por lo que el denunciante debió ir el hospital para que lo atendieran, ya que no podía controlar el sangrado.

De la investigación surgió con claridad que el autor del hecho que causó las lesiones al denunciante fue el sargento ayudante José Anastacio Cruz, de 51 años, con revista en la subcomisaría de Guachipas, quien en su calidad de funcionario policial, abusó de sus funciones al causar daño cierto en la integridad física del denunciante.

La fiscal penal Simesen de Bielke también requirió el sobreseimiento del oficial ayudante Alejandro Yurquina y el cabo César Augusto Apaza, con revista en la subcomisaría de Guachipas; el sargento ayudante Jorge Villagrán, con revista en el Puesto de Control de Talapampa; y el cabo Neri Normando Maita y la cabo Andrea Valeria Suárez, con revista en la División Lacustre y Fluvial.

El pedido obedece a que en su denuncia, la víctima manifestó claramente quién fue la persona que le causó las lesiones constatadas, sin que existiera coparticipación o coautoría en orden a la comisión del hecho delictivo que les fuera oportunamente endilgado.
Además, de las declaraciones testimoniales de las personas que se encontraban en el lugar, no surgió en modo alguno que estos tomaran parte en el hecho que causó la lesión al denunciante.

Imputaron a los policías por los que Luciano Cruz perdió un ojo

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo, cabo Ignacio Esteban Zurita y cabo Alfonso Néstor Sánchez, acusados del delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves.

Del decreto de imputación se desprendió que aproximadamente a las 13:20 del 24 de febrero pasado, en barrio Norte Grande, los efectivos policiales mencionados y a bordo del móvil policial 1829, acometieron contra la integridad física de Luciano Enrique Cruz, de 19 años, y le causaron el estallido traumático del ojo derecho, con debilitamiento permanente del sentido de la vista por perdida del globo ocular. La lesión sería producto de un impacto de proyectil de posta de goma.

Tras ocasionarle la lesión en el ojo, al ser trasladado al Hospital Papa Francisco, la víctima se encontró nuevamente con sus agresores, donde el sargento Exequiel Toledo y el cabo Alfonso Sánchez, lo agredieron físicamente.

Del certificado médico surgió que Luciano Cruz sufrió lesiones contusas equimóticas de forma redondeada en arco superciliar derecho, otra en párpado superior derecho, otra en párpado superior de ojo izquierdo, otra en borde izquierdo de maxilar inferior, una en la cara interna tercio medio de brazo derecho, una sobre tercio superior de esternón, equimosis en tercio interno de clavícula izquierda, lesión contuso equimótica en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo y dos en el codo izquierdo, dos sobre línea media y posterior a la altura de la tetilla izquierda y otras dos en la axila izquierda.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke destacó que la acusación está corroborada con la denuncia del damnificado, las declaraciones testimoniales de los testigos presenciales, los certificados médicos y la copia de la filmación del móvil policial, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.

Piden juicio contra un policía acusado de vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al efectivo policial Daniel Martín Yapura, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

Del requerimiento surgió claramente, tras la denuncia realizada por la víctima en febrero de 2019, la existencia del mal accionar del funcionario de la Policía de la Provincia, de 32 años, luego de que se realizara el traslado del detenido y víctima al Sector 4B, ubicado en la Comisaría 9 de la Ciudad de Salta.

Allí,  el encargado del sector, Daniel Martín Yapura, mientras el detenido estaba esposado con las manos hacia atrás, le levantó los brazos y lo hizo trastabillar, por lo que la víctima cayó boca abajo con todo su peso. Tras esto, el acusado le colocó el pie en la espalda, lo que ocasionó al detenido lesiones que luego fueron constatadas por los médicos del CIF y Poder Judicial.

Surgió así que el accionar desplegado por Daniel Martín Yapura, provocó múltiples lesiones al damnificado, a quien oprimió con medidas arbitrarias. El hecho se agrava por la calidad especial que el acusado reviste en su calidad de funcionario policial.

Las actuaciones iniciaron tras la recepción del acta de control de legalidad de detención de la víctima del Juzgado de Garantías 2, luego de que al detenido se le preguntara sobre el trato recibido. Aunque el detenido manifestó que no quería denunciar, fue citado a la Fiscalía de Derechos Humanos, luego de que se tomara conocimiento de la situación.

Por otra parte, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, también requirió el sobreseimiento de los acusados Natalia del Milagro Zuleta, Marcelo Rivas y Javier Fernando Iñigo, tras entender que no existió coparticipación o coautoría en orden a la comisión del hecho delictivo que les fuera oportunamente endilgado.

Condenaron al municipal que estafó en nombre del Tribunal de Faltas

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que el Juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional a Ramiro Gustavo Rivero, por el delito de estafa y falsificación del instrumento público, todo en concurso real. El magistrado también lo inhabilitó por seis meses para ejercer cargos públicos.

Surgió de la investigación que el acusado invocó tener contactos en el Tribunal de Faltas y requirió al denunciante una suma de dinero para solucionar la infracción que tenía por un accidente de tránsito en que estuvo involucrado su rodado, por lo que el damnificado abonó la suma solicitada por el imputado, quien entregó un oficio para retirar el rodado del organismo municipal.

El instrumento resultó ser falso tras ser rechazado por el Tribunal Administrativo de Faltas interviniente, al advertir que los sellos y firmas no se corresponden a los verdaderos, lo que causó un perjuicio patrimonial a la víctima.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por Lucía Inés Zapata Usandivaras en su carácter de Jueza de Faltas de Tercera Nominación y subrogante de Cuarta Nominación, quien refirió que escuchó una sumariante decir “¿Se siguen dando oficios a los particulares para que retiren vehículos de los canchones?” lo cual le llamó mucho la atención y la llamó inmediatamente.

Al chequear el documento se dio con que las firmas y sellos impresos en la documentación no eran los reales e hizo constar que el oficio en cuestión posee el número perteneciente a un levantamiento de secuestro otorgado el 9 de diciembre de 2019 y que al corroborar en el sistema con el número de acta observó que pertenece al Juzgado de Primera Nominación y que no tiene resolución.

En tanto, el denunciante también radicó una denuncia en la que refirió que es personal del área de Infantería de la Municipalidad e indicó que el 18 de enero, en inmediaciones del Pasaje Zorrilla Y Juramento de la Ciudad de Salta, su vehículo Volkswagen Power colisionó con otro vehículo, por lo que personal de Tránsito Municipal dispuso que el rodado quedara secuestrado en el predio de la Municipalidad ubicado en Avenida Paraguay, a disposición del Tribunal de Falta.

El denunciante sostuvo que el 23 de enero se presentó por ante el Tribunal de Faltas y le informaron que su deuda era aproximadamente de $30 mil. Fue entonces que se comunicó con el imputado que se desempeña en el CCM para consultarle los pasos a seguir para poder retirar su vehículo y si tenía conocimiento de si había planes o descuentos por pago voluntario.

Fue así que el imputado le comunicó que tenía un compañero que trabaja para el tribunal y que podía realizar todos los trámites por el monto de $5500 y que podría retirar el vehículo en dos semanas.

El dicente aceptó y pactó una reunión en una empanadería que queda frente al Centro Municipal, donde entregó el efectivo y las copias de cédula verde, licencia de conducir, título del vehículo, el formulario 08 y el comprobante de lo adeudado emitido por el ente.

Posteriormente recibió un mensaje por “whatsapp” del acusado, quien le expresó que los papeles estaban listos y lo citó afuera de las instalaciones de Tránsito Municipal, en calle Santa Fe N° 545.

El denunciante se presentó y el imputado le entregó un oficio donde refería que su vehículo estaba listo para ser liberado. Le explicó que debía ver a un “motorista” para que se encargue del diligenciamiento y fue allí que cuando consultó, se dio con la novedad que el oficio en mención no existía en la base de datos del Tribunal y que atento a lo ocurrido se presentó por ante la magistrada interviniente, Lucía Zapata Usandivaras, para explicarle lo ocurrido.

Dejó constar que fue víctima de un estafa y que actuó con desconocimiento de cómo se maneja el área administrativa y que por esa razón busco asesoramiento.

Un allanamiento realizado en el domicilio del imputado, permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa.

Cuatro policías de la zona sudeste irán a juicio, acusados de vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a los agentes William Emanuel Arce, Cristian Ríos, Cristian Salva y Diego Almeda, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia radicada por la víctima en la Comisaría 1 de la Ciudad de Salta, donde expresó que en la noche del 2 de agosto de 2018, estaba afuera del Hospital Papa Francisco y cerca de un camión donde realizaban la entrega rápida de DNI, y que en un momento se le acercó un policía que cuidaba del vehículo.

Cuando el denunciante le preguntó sobre el horario de atención, el uniformado le contestó «qué puta te importa», a lo que el denunciante le respondió «qué te pasa a vos, gil», tras lo cual, ingresó al vehículo en el que estaban su amigo y su hermano. Seguidamente, apareció un móvil policial cual que descendieron cuatro uniformados, y a los pocos minutos llegó otro móvil, al que se sumó el primer policía.

En ese momento, abrieron la puerta del vehículo y sacaron al denunciante por la fuerza, a quien tiraron al piso, esposaron y patearon. Posteriormente, lo subieron en la caja de uno de los móviles, donde uno de los uniformados le pisó la cabeza y otro, la rodilla.

El denunciante también expresó que le tiraron gas pimienta y que su hermano y su amigo fueron subidos a otro móvil. Además, relató que primero fue llevado a la Comisaría de barrio Solidaridad, donde pararon unos minutos y que luego fue trasladado a la dependencia de Democracia, donde le volvieron a pegar.

Más tarde, fue llevado al Centro de Contraventores, donde lo examinó un médico que lo derivó al Hospital San Bernardo y luego fue ingresado en la Alcaidía General de la Provincia.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, destacó que el deber del personal policial es mantener el orden público y el resguardo físico y psíquico de las personas, por lo que se evidenció una actitud totalmente contraria y también la autoría responsable del hecho endilgado, ya que con su accionar, los acusados provocaron lesiones al damnificado, a quien oprimieron con medidas arbitrarias. 

Tales conductas se agravan por la calidad especial que revisten los sujetos activos, quienes al ser funcionarios policiales, debían resguardar dicha integridad.

Por otra parte, la fiscal requirió el sobreseimiento del agente Paulo Tiziano Zenteno, luego de que no surgiera su participación en los hechos investigados.

Vejaciones: piden juicio contra funcionarios penitenciarios de Metán

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Claudio Rubén Sosa y Manuel Teodoro Chocobar, acusados del delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia.

De la investigación surgió que en la madrugada del 8 de julio de 2017, mientras el denunciante estaba alojado en el “disciplinario”, sólo con ropa interior y mientras pedía que se le diera abrigo, ingresaron tres personas, entre las que pudo reconocer al imputado Manuel Teodoro Chocobar, de 43 años.

Lo hicieron caer al piso y le propinaron una golpiza, que fue acreditada con el certificado médico que dio cuenta de lesiones en el cuerpo de la víctima.

También surgió la responsabilidad del acusado y celador Claudio Rubén Sosa, de 41 años, a quien se lo vio ingresar en el lugar donde el interno cumplía la sanción disciplinaria y participar de la golpiza, conforme lo sostuvo un testigo.

La fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que la figura endilgada a los imputados, pretende proteger el remanente de libertad del que dispone todo detenido en virtud de ser sujeto de derecho y que atañe directamente a su dignidad como persona.

Ese derecho, como atributo de la personalidad, está asociado a las pautas que imponen ciertos estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional junto con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en relación a la forma en que debe llevarse a cabo toda medida de encierro.

La fiscal destacó que cuando esa medida de encierro, se ve agravada por la golpiza llevada a cabo por los acusados, merece sin dudas el reproche penal atribuido, pues la libertad individual que se intenta resguardar mediante la disposición, se ve conmovida a raíz de los procedimientos que se caracterizan por su carácter mortificante.

Además, como complemento típico legal, se requiere que el agente desempeñe un acto de servicio al momento de la ejecución ilícita; un acto propio de su actividad y tal como surgió de las constancias del legajo de investigación, tanto Chocobar como Sosa se desempeñaban como funcionarios penitenciarios en el Unidad Carcelaria N° 2, donde ocurrieron los hechos denunciados por el interno agredido.

En el mismo requerimiento, la fiscal solicitó el sobreseimiento de Gustavo Leonel Antonio Balderrama, de 29 años, pues tras la investigación no surgieron datos certeros sobre su participación en los hechos endilgados.

Apolinario Saravia: Declaró el policía acusado de graves delitos por venganza

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, realizó este martes la audiencia de imputación contra el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quien fue imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, con fines de venganza. El acusado se presentó en la fiscalía ubicada en Ciudad Judicial, donde fue asistido por su defensa y optó por declarar.

En tanto, el lunes declararon en la fiscalía penal de Joaquín V. González el resto de los efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia, acusados de los mismos delitos.  Se trata de la sargento Julia Díaz, el sargento Sergio Argañaraz y el cabo Juan Giménez.

La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, conducido por el cabo Juan Giménez, acompañado por el sargento Sergio Argañaraz, la sargento Julia Díaz y el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní , quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.

En consecuencia, insertó declaraciones falsas en un documento público y desfiguró la verdad objetiva, ya que lo denunciado por el comisario Mamaní y avalado por las declaraciones testimoniales de Díaz, Giménez y Argañaraz, quienes presenciaron el momento de los disparos y la posterior detención ilegal de Diez, no se condice con el relato del denunciante y tampoco con la filmación de la cámara situada en el parque, que captó tanto el desplazamiento del denunciante en su vehículo previo a los disparos y luego la conducta del personal policial.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

En su denuncia, el damnificado expresó que toda esta situación pudo obedecer a un conflicto entre Mamaní y su madre quien es dueña de un sistema de cable local.

Guachipas: Piden juicio por fraude contra el concejal Héctor Cari

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al concejal de Guachipas, Héctor Sebastián Cari, acusado del delito de fraude a la administración pública.

Tras tomar intervención de oficio a raíz de diferentes publicaciones periodísticas y avanzar en la investigación, la fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del imputado.

Del requerimiento surge que el acusado, en su carácter de Concejal del Municipio de Guachipas, se inscribió como beneficiario del subsidio Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a sabiendas que no podía serlo e hizo incurrir en error a la Administración, ya que se requiere contar con la foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se puede ingresar a la solicitud.

Sin embargo, el accionar de Cari no se detuvo allí, pues tras ser notificado que el beneficio le fue acordado, se presentó personalmente ante las oficinas del Correo Argentino de Guachipas y cobró la suma de $10.000, a sabiendas que no le correspondía hacerlo. Tras ser advertido por los vecinos, intentó encubrir la maniobra ardidosa mediante la presentación de una nota ante el Concejo Deliberante en la que puso a disposición la suma referida.

La fiscal penal Simesen de Bielke tomó intervención tras las publicaciones en distintos medios de comunicación que informaron sobre el presunto cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte del edil.

Surge así que a raíz de la declaración por parte del Gobierno Nacional de la declaración de la Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a raíz del COVID 19, se dispusieron medidas tendientes a coadyuvar a la población por la falta de ingresos ante la imposibilidad de trabajar y para aquellos ciudadanos que no contaban con un ingreso efectivo por encontrarse relegados del sistema legal de trabajo.

Fue así que se dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y monotributistas, entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, sumando a este IFE al paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas. Como toda medida de carácter excepcional, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.

También se establecieron exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al mismo, aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.

Tal como surge de las constancias del Legajo de Investigación, el imputado ostenta el cargo de Concejal del Municipio de Guachipas, por lo que no podía desconocer, en tal calidad, que no tenía derecho al beneficio cobrado.

Apolinario Saravia: Imputarán a policías que atacaron a un hombre con fines de venganza

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, abrió el decreto de imputación contra los efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado, de Apolinario Saravia, acusados del delito de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, con fines de venganza. La audiencia de imputación está prevista para el próximo lunes 13 de julio, en la fiscalía penal de Joaquín V. González.

A la audiencia fueron citados el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, la sargento Julia Díaz, el sargento Sergio Argañaraz y el cabo Juan Giménez.

La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, conducido por el cabo Juan Giménez, acompañado por el sargento Sergio Argañaraz, la sargento Julia Díaz y el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní , quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.

En consecuencia, insertó declaraciones falsas en un documento público y desfiguró la verdad objetiva, ya que lo denunciado por el comisario Mamaní y avalado por las declaraciones testimoniales de Díaz, Giménez y Argañaraz, quienes presenciaron el momento de los disparos y la posterior detención ilegal de Diez, no se condice con la filmación de la cámara situada en el parque que captó tanto el desplazamiento del denunciante en su vehículo previo a los disparos y luego la conducta del personal policial, ni con el relato del denunciante.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

En su denuncia, el damnificado expresó que toda esta situación pudo obedecer a un conflicto entre Mamaní y su madre quien es dueña de un sistema de cable local.