Investigan a efectivos de Infantería que habrían disparado a una mujer en el ojo

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, tomó intervención el fin de semana pasado, tras una denuncia radicada en el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales.

La denuncia fue radicada contra efectivos de la División de Infantería del sector 5 A, por haberle disparado y dejado sin el ojo derecho, a una mujer de 58 años.

El hecho tomó estado público en medios de comunicación en los que se informó que la víctima, Mirta del Valle Paz, de 58 años, es una vecina de barrio 20 de Febrero de la ciudad de Salta, pensionada y trabajadora no registrada de casas particulares.

Su hijo relató que el viernes 11 de septiembre, la mujer tuvo un conflicto con vecinos, quienes llamaron a la Policía. Un grupo de la División de Infantería llegó al domicilio y realizó varios disparos, uno de los cuales impactó en el ojo derecho de su madre.

El joven relató que llevó a su madre al Hospital San Bernardo, donde fue operada y perdió el ojo derecho.

Entre las medidas ordenadas en la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la historia clínica al Hospital San Bernardo, la revisión médica de la víctima por parte de médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la toma de distintas declaraciones testimoniales.

Policías a juicio: en 2013 lo golpearon, lo pasearon por centros sanitarios y lo liberaron al día siguiente

Tras hacerse cargo de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos en julio pasado, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, reactivó una causa iniciada en 2013 y requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio contra efectivos policiales con revista en la División Compañía Guarda de Infantería, imputados por el delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia. La víctima fue lesionada y detenida; llevada  por distintos centros sanitarios donde no fue asistida y al otro día, fue liberada.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Carlos Alberto Jaime, Marcos Guillermo Rodríguez, Luis Leonardo Olivera, Mario Vicente Ocampo, José Eduardo Gómez, Gabriel Antonio Chumba, Álvaro Rodrigo Belázquez, Andrés Facundo Vega, Jorge Simón Vilca y Adriana Cristina Macarof,  acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia en calidad de coautores.

La víctima denunció en la Comisaría Primera que la noche del 5 de julio de 2013, concurrió al complejo de ATSA de barrio Castañares, para participar de un partido de fútbol 5 junto a padres de chicos de la escuela de fútbol «Los Gallitos».

Al terminar y mientras el denunciante conversaba y compartía vino y gaseosas en la vereda de ese complejo con otros padres, llegó un móvil policial de Infantería acompañado por otros de la Comisaría Sexta, de Ciudad del Milagro y de la Subcomisaría de barrio Castañares. Descendieron varios uniformados, que “en forma descortés y con total abuso de autoridad”, lo increparon y le dijeron que se retirara del lugar, mediante agresiones verbales.

Cuando el denunciante respondió «por qué no van a ver a aquellos que venden drogas” en un domicilio de Castañares, fue reducido y golpeado a patadas y golpes de puño en diferentes partes del cuerpo por cuatro o cinco uniformados. Otros padres también fueron agredidos, mientras que una policía condujo el auto de uno de ellos para entregar a los niños a sus madres.

Una vez detenidos, la víctima y otros padres fueron trasladados a la Central de Policía, donde los revisó un médico legal. Luego fueron llevados al hospital San Bernardo, pero no descendieron porque los efectivos dijeron que “ellos no tenían nada que hacer con el detenido”, por ser de la Comisaría Sexta y decidieron volver a la Subcomisaría de Castañares.  La víctima volvió a escuchar a los efectivos deliberar sobre su destino.

Al otro día, el 6 de julio, fue llevado a la salita de Castañares, donde no consiguieron atención médica y  lo regresaron a la dependencia. Lo trasladaron a la Comisaria Sexta; luego a la salita de Vaqueros, donde tampoco fue asistido y fue llevado nuevamente al San Bernardo. Allí extendieron un certificado a los uniformados, pero sin medicar al lesionado. De regreso a la Comisaría Sexta, la víctima fue identificada, le hicieron firmar un libro y le dijeron que se retirara de la dependencia.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los acusados, excedieron claramente los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante permiten sostener que la conducta de los imputados, afectó el umbral mínimo requerido, con la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta violación de su dignidad y la integridad personal.

También recalcó que la presencia de personal policial en un lugar en el que pueda existir la comisión de un hecho ilícito o contravención, como en este caso, no puede agravar la situación mediante el uso de la violencia. Además, en el lugar había dos menores de 5 y 6 años, quienes tuvieron que presenciar una inusitada violencia sobre el papá de uno de sus amigos.

Con respecto a la acusación de Adriana Cristina Macarof, la fiscal destacó que en su calidad de Comisaria, se encontraba a cargo del operativo y que a pesar del claro exceso del uso de la fuerza, no impidió llevar adelante las acciones abusivas por parte del personal de Infantería. Es que la omisión es una de las dos formas que puede asumir la conducta, por lo que correspondió la acusación en calidad de coautora.

Por otra parte, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke requirió el sobreseimiento de los efectivos Pamela Cinthia García, Nelson Ariel Gallardo, Exequiel Maximiliano Sardina y Clara Romina Blasco, por no haberse podido comprobar su participación en los hechos.

A juicio: policías de Metán golpearon a menores y les ofrecieron dinero para no contarlo

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cuatro efectivos policiales de la Comisaría 30 de San José de Metán, acusados del delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre los policías Silvio Gustavo Orellana, de 31 años; Marcos Manuel Néstor Fernández, de 39; María Josefina Villagrán, de 24 y Víctor Daniel Gallardo, de 41.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia radicada por una madre en representación de sus hijos menores de 12 y 15 años, quien relató que el 30 de enero de 2017, entre las 18:30 y la medianoche, los efectivos policiales identificados como Marcos Fernández y Silvio Orellana, golpearon a sus hijos en el sector de la cocina de la Comisaría 30.

Sostuvo que sus hijos fueron detenidos tras la denuncia de un hombre que los acusó de robo, en el marco de una riña ilegal de gallos.

Tras retirar a los menores de la dependencia y antes de ir al hospital para que recibieran atención, uno de los chicos sostuvo que el imputado Marcos Fernández le ofreció la suma de $100 para que no dijera nada.

Un informe médico del CIF realizado el 31 de enero de 2017, indicó que el menor de 12 años presentó “contusión con equimosis en región retroarticular izquierda, con referencia a compresión manual en cuello y nuca; lesiones producidas por golpe con elemento duro y romo”.

En tanto, el examen realizado al menor de 15 indicó “equimosis en pómulo y ala izquierda de nariz, escoriación con impronta de uña en brazo derecho, escoriación lineal en pliegue de codo derecho, con referencia a golpe en región de la nuca, lesiones producidas por golpe con elemento duro y romo”.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física de los menores permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados afectó el umbral mínimo requerido y la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta violación de su dignidad e integridad personal.

Además, consta en el decreto de imputación que el sufrimiento infligido tanto al momento de su detención como luego, mientras estaban detenidos en la Comisaría, “sin lugar a dudas, configuró un trato denigratorio y humillante, físico y verbal, que tuvo por fin mortificar a las víctimas, lo que produjo un ataque a su dignidad que merecían como personas”.

Por último, los acusados intentaron comprar la voluntad de los menores, para evitar ser descubiertos.

Imputaron a los policías que causaron la pérdida de un ojo a un militar

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a los policías con revista en el Sector 6, acusados del delito de vejaciones calificadas y lesiones graves, en perjuicio de Néstor Ramón Ávalos.

Néstor Ramón Ávalos

Las imputaciones recayeron sobre el sargento Mario Alberto Funes, de 41 años, acusado del delito de vejaciones calificadas y lesiones graves, en concurso ideal, en carácter de autor.

En tanto, el suboficial ayudante Luis Armando Quispe, de 37 años; el sargento ayudante Diego Alberto Cachi, de 41; el cabo Víctor Fabián Díaz, de 32 y agente Lucas Daniel González, de 34, fueron acusados del delito de vejaciones calificadas y lesiones graves, en carácter de partícipes necesarios.

Del decreto de imputación surgió que la víctima, Néstor Ramón Ávalos, de 25 años y miembro voluntario del Ejército Argentino,  resultó herido durante la noche pasado 29 de julio, en inmediaciones de una despensa ubicada en Barrio Norte Grande, cuando desde el interior del móvil 1673 efectuaron un disparo de bala de goma con una escopeta, que impactó en su ojo izquierdo.

En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los acusados, mientras cumplían su rol de efectivos policiales a bordo del móvil mencionado, desempeñaron un acto de servicio con exceso de sus funciones, al acometer en contra de la integridad física del damnificado Néstor Ramón Ávalos, mediante el uso arma de fuego.

Además, fue acreditado que luego de disparar y de ver que Ávalos resultó seriamente herido,  los efectivos policiales se retiraron del lugar sin presentarle auxilio al denunciante, quien fue traslado por un vecino al hospital Papa Francisco y luego al San Bernardo, donde lo intervinieron quirúrgicamente tras sufrir el estallido total del ojo izquierdo.

Vejaciones y allanamiento ilegal: por otra causa, imputarán a los mismos policías que le hicieron perder el ojo a Luciano Cruz

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, abrió la imputación contra los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo, cabo Ignacio Esteban Zurita y cabo Alfonso Néstor Sánchez, todos con revista en la División Seguridad Urbana, acusados del delito de vejaciones calificadas y allanamiento ilegal, todo en concurso real. La audiencia está prevista para el martes 18 de agosto.

Del decreto de imputación se desprendió que los acusados, el 9 de enero pasado, cerca de las 9, a bordo del móvil policial 1829 y mientras debían desempeñar un acto de servicio, cometieron un exceso de sus funciones al arremeter contra de la integridad física del denunciante y víctima, a quien le causaron lesiones en distintas partes del cuerpo que serían por impacto de proyectil de posta de goma. 

Además,  al momento de la detención, los acusados ingresaron al domicilio del damnificado ubicado en barrio Norte Grande y manifestaron que podían hacerlo sin una orden emanada de autoridad competente.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia de la víctima, quien relató que durante esa mañana, su nuera lo despertó para advertirle sobre la presencia de personal policial fuera de la casa.

Al salir para ver qué sucedía, encontró a tres efectivos policiales junto a dos mujeres, quienes manifestaron que la bicicleta que estaba en la puerta de la casa era de ellas y que se la habían robado hace instantes. El denunciante les dijo que se la llevaran y que no sabía qué hacía la bicicleta allí.

En ese momento el personal policial ingresó al domicilio, hizo una requisa y encontró a un hombre escondido en el techo, quien al ver a los efectivos policiales escapó, por lo que lo persiguieron.

En ese momento el denunciante salió tras ellos para ver si lo agarraban  y caminó hasta la vuelta de su casa, donde se les acercaron  nuevamente los policías, enojados porque se les había escapado el hombre que estaba en el techo.

Uno de los efectivos le dijo «a vos te vamos a llevar por encubrimiento» y luego  lo subieron a la caja del móvil y lo esposaron.

Una vez que el móvil arrancó, el denunciante relató que uno de los dos policías que iba atrás con él le dio disparos de bala de goma en ambas piernas. Tras esto, el denunciante se tiró en la caja del móvil y uno de ellos le pisó la cabeza.

El informe médico realizado por el Gabinete de Medicina Legal del CIF, concluyó que la víctima presentaba un hematoma en los dos tercios inferior de brazo izquierdo, otro pequeño en hombro izquierdo, una excoriación en parte posterior de pabellón auricular izquierdo, dos lesiones contusos equimóticas circulares con halo hemático perilesional, uno en tercio medio, cara anterior de muslo izquierdo y otro en tercio inferior, cara interna de muslo derecho y excoriación en tercio inferior y en cara anterior de pierna izquierda.

La fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que los hechos fueron corroborados con la denuncia del damnificado, testimoniales de testigos presenciales y  certificados médicos, la nómina de efectivos que se encontraban en el móvil y la  copia del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.

Se trata de los mismos efectivos policiales que previamente fueron imputados por el delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves en perjuicio de Luciano Enrique Cruz. En esa causa, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, requirió la elevación a juicio.

Piden juicio contra los policías por los que Luciano Cruz perdió un ojo

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo, cabo Ignacio Esteban Zurita y cabo Alfonso Néstor Sánchez, todos con revista en la División Seguridad Urbana, acusados del delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves.

Del requerimiento se desprendió que aproximadamente a las 13:20 del 24 de febrero pasado, en barrio Norte Grande, los efectivos policiales mencionados, a bordo del móvil policial 1829, acometieron contra la integridad física de Luciano Enrique Cruz, de 19 años, y le causaron el estallido traumático del ojo derecho, con debilitamiento permanente del sentido de la vista por perdida del globo ocular. La lesión sería producto de un impacto de proyectil de posta de goma.

Tras ocasionarle la lesión en el ojo, al ser trasladado al Hospital Papa Francisco, la víctima se encontró nuevamente con sus agresores, donde el sargento Exequiel Toledo y el cabo Alfonso Sánchez, lo agredieron físicamente. También relató que uno de los efectivos le dijo al oído “cagate hijo de puta si perdiste el ojo”.

Del certificado médico surgió que Luciano Cruz sufrió lesiones contusas equimóticas de forma redondeada en arco superciliar derecho, otra en párpado superior derecho, otra en párpado superior de ojo izquierdo, otra en borde izquierdo de maxilar inferior, una en la cara interna tercio medio de brazo derecho, una sobre tercio superior de esternón, equimosis en tercio interno de clavícula izquierda, lesión contuso equimótica en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo y dos en el codo izquierdo, dos sobre línea media y posterior a la altura de la tetilla izquierda y otras dos en la axila izquierda.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke destacó que la acusación está corroborada con la denuncia del damnificado, las declaraciones testimoniales de los testigos presenciales, los certificados médicos y la copia de la filmación del móvil policial, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.

Juzgarán a policías de la Comisaría Segunda por vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales con revista en la Comisaría Seccional Segunda, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia (dos hechos) en concurso real.

Las acusaciones recayeron sobe el cabo Javier Acosta, de 36 años, el suboficial ayudante Lucas Mamaní, de 26 y el agente Gabriel Alejandro Pistán, de 32.

Las actuaciones iniciaron con la declaración de la víctima, quien manifestó que el 20 de septiembre de 2015, a las 6:30, en compañía de su hermano y un amigo tras salir de una juntada, caminaban por la intersección de calle Tucumán y Esteco.  En ese momento, llegó una moto conducida por un hombre, que le tocó bocina mientras cruzaba la calle para apurarlo. Al momento de cruzar y pasar a su lado, el motociclista lo empujó, por lo que el denunciante lo insultó.

Tras esto, el motociclista se bajó de la moto, le dijo “vos no sabes quién soy yo chango”, se sacó el casco y lo agarró del cuello. En ese momento, el denunciante le pegó una piña entre la nariz y la boca, para poder zafarse. Sostuvo que en ese instante, su hermano y su amigo le advirtieron que se trataba de un policía, por lo que retrocedió y notó que llevaba el uniforme, tapado por una campera.

Luego, el  denunciante, su hermano y su amigo, corrieron por calle Pellegrini y doblaron en calle La Rioja.  En calle Ituzaingó, entre La Rioja y San Luis, el denunciante cayó al suelo frente a un billar y en ese momento fue alcanzado por personal policial.

Relató que eran entre cinco y seis policías, entre mujeres y hombres, que lo patearon en las costillas, piernas y cabeza, lo esposaron y lo llevaron arrastrado hasta la Comisaría Seccional Segunda. Allí lo metieron en la cocina, lo sentaron en el suelo esposado y entre los mismos policías, volvieron a golpearlo.

En ese momento ingresó otro policía que le dijo “que me querés ver la cara” y le dio un cachiporrazo en la ceja derecha, lo que le produjo un corte.

Posteriormente ingresó el mismo policía con el que tuvo el inconveniente inicial, y le dijo “mirá lo que me hiciste” mientras le mostraba su cara, y fue allí que lo golpeó hasta que la víctima perdió el conocimiento.

Tras esto, la víctima fue trasladada al Hospital San Bernardo y luego a la Central donde también lo revisaron. Una vez de vuelta en la Comisaría Segunda, le dijeron que le harían una causa por tentativa de robo en banda, agresión, resistencia a la autoridad y amenazas, por lo que se negó a firmar. Cuando le dijeron que si no firmaba no podría irse, accedió a firma y fue trasladado a Alcaidía General, donde permaneció alojado dos días y medio.

El certificado médico del Departamento de de Medicina y Química Legal, hizo constar que la víctima presentaba excoriaciones en dorso de la nariz y la rodilla derecha, equimosis en hombro izquierdo y derecho, tórax posterior y anterior, herida en arco superciliar, escoriación en mucosa yugal de labio superior e inferior e inflamación en boca.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que claramente el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados afectó el umbral mínimo requerido; es decir, la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en el concreto atropello de su dignidad.

Además el sufrimiento infligido, tanto al momento de su detención como luego, mientras se encontraba en la sede de la Seccional Segunda configuró un trato denigratorio e humillante, físico y verbal, con el fin mortificar a la víctima con ataques a su dignidad que merece como persona y con el que espera ser tratado.

El MPF remite a la Fiscalía Federal la investigación sobre funcionarios que habrían cobrado el IFE

La fiscal interina de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, se declaró incompetente en razón de la materia, en la investigación sobre posibles cobros irregulares del Ingreso Familiar de Emergencia y remitió las actuaciones para su intervención a la Fiscalía Federal 1. Es que las sumas que habrían sido percibidas por las personas investigadas, corresponden a fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En el escrito dirigido al Fiscal Federal Nº 1, la fiscal Simesen de Bielke relató que la Unidad Fiscal intervino a partir de la noticia periodística respecto a los funcionarios públicos provinciales y municipales que habrían accedido a la gestión y cobro del Ingreso Familiar de Emergencia, inició las actuaciones y despachó las diligencias correspondientes.

Vale recordar que en mayo pasado, el Ministerio Público Fiscal de Salta tomó intervención a raíz de la publicación en la que se mencionó que el concejal de Guachipas, Héctor Cari, habría cobrado personalmente el beneficio nacional conocido como IFE. Al advertir tal situación, se dispuso la intervención de oficio y se logró determinar que efectivamente el edil había accedido a tal subsidio. Se dispuso su imputación y actualmente, el caso se encuentra con requerimiento de juicio ante el Juzgado de Garantías 4.

Y ante la presunta existencia de hechos ilícitos de similares características al de Cari, se dispuso la intervención fiscal.

Simesen de Bielke remitió al Fiscal Federal la averiguación Preliminar que contiene el informe de la División Delitos Económicos y distintos elementos probatorios; junto al listado agregado con datos de funcionarias y funcionarios que habrían accedido al pago del IFE. La maniobra defraudatoria sería, prima facie, en perjuicio de un organismo nacional, por lo que el hecho resulta de competencia federal, conforme las previsiones de la Ley 48.

Ingreso Familiar de Emergencia

A raíz de la declaración por parte del Gobierno Nacional de la declaración de la Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a raíz del COVID 19, se dispusieron distintas medidas tendientes a coadyuvar a la población por la falta de ingresos ante la imposibilidad de trabajar y para aquellos ciudadanos que no contaban con un ingreso efectivo por encontrarse relegados del sistema legal de trabajo.

Fue así que se dispuso este Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y monotributistas, de entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, sumando a este IFE al paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas. Pero como toda medida de carácter excepcional, se establecieron para el acceso requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.

Pero también se establecieron exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al acceso aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.

Y tratándose de funcionarios públicos el desconocimiento de la normativa no deviene en una excusa que permita eximirlos de responsabilidad penal, máxime en el contexto actual en el que nos encontramos a raíz de la declaración de emergencia económica. Se vislumbran como posibles hipótesis de investigación, las de aquellos que se inscribieron en el IFE siendo funcionarios públicos y que no accedieron al beneficio como aquellos que cobraron el beneficio.

Investigan a funcionarios que habrían accedido al IFE

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura de una investigación para determinar si funcionarios públicos de la provincia accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia. La Fiscalía interviene de oficio, ante la notitia criminis.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, dispuso dentro de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, la intervención de oficio y la apertura de una investigación para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas.

El Art. 241 del Código, establece que “conocida la noticia críminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, la o el Fiscal practicará una averiguación preliminar para determinar las circunstancias del hecho”.

A raíz de la declaración por parte del Gobierno Nacional de la declaración de la Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a raíz del COVID 19, se dispusieron medidas tendientes a coadyuvar a la población por la falta de ingresos ante la imposibilidad de trabajar y para aquellos ciudadanos que no contaban con un ingreso efectivo por encontrarse relegados del sistema legal de trabajo.

Fue así que se dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y monotributistas, entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, sumando a este IFE al paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas. Como toda medida de carácter excepcional, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.

También se establecieron exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al mismo, aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.

En Salta, 322.416 personas perciben el ingreso de los $10.000, cuyo tercer pago comenzará el 10 agosto.

Juzgarán a policías de la Subcomisaría San Jorge por severidades agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados al cabo Rubén Adrián Arias y al oficial subayudante Luis Daza, acusados del delito de severidades agravadas.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia de la víctima, quien expresó que fue detenido en La Silleta el 3 de marzo de 2016, cerca de las 19, y fue llevado a la Subcomisaría San Jorge, donde quedó alojado.

Relató que apareció el cabo Arias, de 34 años, junto al oficial Luis Daza, de 26, y que en ese momento, había otros dos detenidos en la celda, a quienes hicieron salir.

Ambos imputados comenzaron a golpearlo y lo arrojaron al piso, donde le siguieron pegando. La víctima sostuvo que Arias le colocó el palo negro en el cuello, mientras Daza le pegaba piñas en la panza y patadas en los genitales.

A posterior el Arias sacó su celular y Daza lo agarró de los pelos para que muestre la cara y tomarle fotos.

Finalmente, sostuvo que Daza lo amenazó al decirle que si él le pedía a la otra guardia que lo lleven al médico o hablaba algo, ellos se iban a enterar.

Luego volvieron los otros dos detenidos, que lo ayudaron a que se acostara en el colchón y le dieron agua.

El damnificado también sostuvo que cuando su hermana fue a visitarlo y lo encontró golpeado, quiso radicar una denuncia y no se lo permitieron. Tampoco la dejaron fotografiar al detenido.

Una vez que se curó de todas las lesiones, el detenido fue trasladado a la Comisaría Nº 14 de Rosario de Lerma.

Aclaró que por temor no quiso contar nada a nadie, ni denunciar, ya que pensaba que otra vez sería golpeado.