Lo siguieron, lo esposaron, lo golpearon en la calle y continuaron agrediéndolo en la subcomisaría

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a dos efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia; y a otros cuatro, acusados de los delitos de severidades y lesiones leves en concurso ideal.

Los efectivos policiales Carlos Alfredo Farfán e Iván Exequiel Segovia, con revista en la División Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera, fueron acusados del delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, en calidad de autores.

En tanto, los efectivos Oscar Sebastián Pereyra, Luis Sebastián Pérez, Francisco Crisostomo Alzogaray y Jonatan Esteban Díaz, con revista en la subcomisaría El Mirador, fueron acusados de los delitos de severidades y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de autores.

Del requerimiento, surgió que el 24 de mayo de 2020, mientras el denunciante circulaba junto a su pareja por calle Williams, de la ciudad termal y a bordo de su auto, observó que un móvil policial empezó a seguirlos, por lo que estacionó.

Fue entonces que el personal policial se acercó al rodado y el denunciante fue esposado en el piso, donde propinaron patadas en la espalda. Luego, fue subido al móvil, en el que le dieron golpes de puño en el rostro y le pisaron el pecho.

La investigación encabezada por Simesen de Bielke, permitió determinar que el traslado de la víctima fue realizado por los acusados Farfán y Segovia, quienes le produjeron al denunciante lesiones que fueron constatadas, por lo que se advirtió un accionar injustificado por parte de los imputados, quienes excedieron los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”.

Sobre la acusación a los efectivos Pereyra, Pérez, Crisostomo Alzogaray y Díaz, surgió de las constancias de la causa que la víctima fue trasladada a la Subcomisaría El Mirador, donde éstos continuaron agrediéndolo físicamente, mientras le vociferaban: “pendejo de mierda te vamos a hacer cagar, no me mires a la cara”.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que de las investigaciones desplegadas, los diversos testimonios incorporados, el soporte magnético y la prueba médica, se advirtió con claridad manifiesta que el uso de la fuerza por parte de los efectivos policiales excedió los límites permitidos y que en modo alguno se hallaba legítimamente justificada.

Un denunciado por violencia verbal se convirtió en víctima de violencia policial

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales imputados por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre el sargento ayudante Roberto Pintos, el sargento Pablo Quispe y el cabo Sergio Aráoz.

En su denuncia radicada el 6 de noviembre de 2018, la víctima sostuvo que entre las 0 y las 0:30 de ese día, mientras estaba en su domicilio ubicado en barrio Boulogne Sur Mer y luego de un conflicto familiar en el que hubo violencia verbal, intervino el personal policial de la Comisaría 10.

El denunciante sostuvo que estaba ofuscado, por lo que discutió con uno de los policías, quien le pegó un golpe de mano abierta y le ordenó que se fuera a cambiar para llevarlo detenido. Luego, el mismo efectivo le propinó otro golpe de puño en las costillas y lo agarró del cuello.

El denunciante sostuvo que se resistió porque no había ninguna orden de detención y relató que logró soltarse por un momento porque lo había dejado sin aire, cuando nuevamente lo agarraron del cuello y lo tiraron al piso, mientras otros policías desde atrás lo agredieron con golpes de puño en las costillas y le pegaron patadas en las piernas. Tras esto, lo esposaron y lo tiraron a la caja del móvil, donde lo llevaron boca abajo, le pisaron la cabeza y le apoyaron una rodilla en la espalda, hasta llegar a la comisaría, donde le pegaron golpes de puño en el rostro.

En sus fundamentos, la fiscala penal Simesen de Bielke, sostuvo que aun cuando en el presente caso, se alegare una cierta resistencia a la detención del personal policial, la fuerza ejercida por los acusados fue desmedida, lo cual se desprendió con claridad de las múltiples lesiones que fueron constatadas en la humanidad del denunciante, quien resultó lesionado en el rostro, tórax, rodilla, brazos y manos.

Así, se tiene que los funcionarios policiales, con la obligación de velar por la seguridad del detenido, llevaron a cabo conductas totalmente contrarias a lo que se espera de ellos; pues, en la situación de encierro, produjeron actos vejatorios hacia a integridad física del denunciante.

Por último, huelga recalcar que el Estado Argentino se ve en la necesidad de intervenir activamente en el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1984), destacando que se ha comprometido a adoptar todo tipo de medidas, incluyendo judiciales, que sean eficaces para impedir este tipo de actos.

Piden el juicio contra el exauxiliar fiscal Sergio Ariel Dantur por las filtraciones al policía Mamaní

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial del Sur-Circunscripción Anta, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al exauxiliar fiscal Sergio Ariel Dantur, acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, en concurso real.

Los elementos colectados durante la investigación, demostraron que el acusado incurrió en conductas incompatibles con la rectitud, objetividad y buena fe con la que deben actuar los funcionarios públicos, aún más los que se desempeñan dentro del Ministerio Público Fiscal, ya que es a este órgano al que se le atribuye la obligación constitucional de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

En sus fundamentos, el fiscal penal Ramos Ossorio, sostuvo que Dantur, quien se desempeñaba como auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal de J.V. González – Delegación de Apolinario Saravia, tomó conocimiento directo, el 1 de julio de 2020, de la denuncia radicada en contra de Walter Mamaní, quien a esa fecha ostentaba la función de Comisario en la Subcomisaría El Dorado.

En ese sentido, pudo demostrarse que Dantur mantuvo con Mamaní diversas conversaciones sobre la causa investigada por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, quien sin embargo, logró requerir el juicio contra Mamaní y otros cuatro policías, por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en perjuicio de Luciano Diez.

En estas conversaciones, Dantur le transmitió a Mamaní información de las diligencias que Fiscalía le había requerido. Tal actuación por parte del exauxiliar fiscal resultó totalmente contraria a las normas que regulan el ejercicio de la función, en este caso, las disposiciones de la Ley N° 7712 y del Código Procesal Penal de Salta, toda vez que ejerció esa función en representación del órgano acusador y violó así los deberes a su cargo, específicamente lo dispuesto en los artículos 257 y 259 del Código Procesal Penal.

El artículo 257, establece en el segundo párrafo que: “Toda persona que por su función o participación tuviera acceso a los actos cumplidos en la investigación penal preparatoria, deberá guardar reserva y abstenerse de informar sobre los mismos.

A su vez el, artículo 259 del mismo cuerpo legal, reza que “los funcionarios que participen en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, están obligadas a guardar secreto. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda, el incumplimiento de esta obligación podrá ser sancionado conforme a las disposiciones de la ley respectiva”.

Las irregularidades registradas superaron el marco de discrecionalidad y tolerancia de lo que un trato cordial implica para con los integrantes de las fuerzas de seguridad en su rol de auxiliares de justicia, habida cuenta que Dantur decidió informar la marcha del trámite investigativo y las diligencias en curso, además de poner a disposición las actuaciones, actitud que sin lugar a dudas comprometieron el éxito del proceso.

Además, Dantur incluso confeccionó un oficio para deslindar a Mamaní de un sumario iniciado en otra causa penal y puso a su disposición la llave de la oficina de la sede de la Delegación, para que el mismo Mamaní ingresara un día domingo a compulsar las actuaciones.

Vale recordar que a comienzos de febrero de este año, el Colegio de Gobierno del Ministerio Público aplicó la sanción de cesantía al exauxiliar fiscal de la Delegación Fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur, en los términos de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de su Reglamento General. Con la sanción aplicada, quedó extinta la relación laboral de Dantur con el organismo.

Quisieron que se hiciera cargo de un robo y lo mandaron al hospital

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene a cinco policías con revista en la División de Seguridad Urbana y en la Comisaría 30 de Metán.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Miguel López, Bernardo Omar Nieva y Guillermo Skrivanelli, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal. En tanto, Cristian Marcelo Díaz y Martín Gallardo Enrique, fueron acusados de los delitos de apremios ilegales y lesiones leves, en concurso ideal.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que se encuentra acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal de los imputados.

De la denuncia radicada por el damnificado, se tiene que el 20 de julio de 2019, cerca de las 18, mientras caminaba por la calle del Complejo Municipal de Metán y antes de llegar a la esquina de calle 9 de Julio, fue abordado por un móvil del que bajaron dos policías del DSU.

Tras esto, le indicaron que se pusiera contra la pared, lo agarraron de los pelos, lo tiraron dentro del móvil y le pegaron golpes de puño en el rostro y en el cuerpo.

Luego, el denunciante fue trasladado a la Comisaría 30, donde le hicieron una requisa y recibió otra golpiza. Tales circunstancias fueron acreditadas con un informe que dio cuenta de la intervención de los acusados y del informe del libro de guardia de la comisaría.

Del requerimiento surgió que los imputados López, Nieva y Skrivanelli, en ejercicio de una función pública y al tener a su cargo la obligación de salvaguarda de la integridad física de las personas, llevaron a cabo actos lesivos hacia la integridad física de la víctima y ejercieron las potestades otorgadas por las reglamentaciones de forma abusiva.

En relación a los imputados Díaz y Gallardo, surgió de las constancias que a raíz de los golpes que le propinaron al denunciante, resultó necesaria la asistencia hospitalaria, por lo que debió ser trasladado en ambulancia hacia el hospital.

Una vez que la víctima ingresó a la sede de la Comisaría 30, ambos imputados y mediante el uso abusivo de la fuerza, lo obligaron a hacerse cargo de un robo, con el fin de obtener su confesión y le produjeron lesiones que conllevaron al traslado del denunciante al hospital local. Las heridas también fueron constatadas a través de un informe médico del CIF.

Suman 745 denuncias contra efectivos policiales en lo que va del año

En el período comprendido entre el 1 enero y el día de la fecha, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, realizó 67 imputaciones a efectivos policiales, de los cuales, fue requerida la elevación a juicio para 11.

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke informó que desde enero a la fecha, fueron recibidas 745 denuncias por abusos policiales. Los elementos colectados durante las investigaciones, ya permitieron imputar cerca del 10% de los policías denunciados en el período de menos de tres meses.

Durante 2020 y desde el 1 de julio, -cuando Simesen de Bielke se hizo cargo de la Fiscalía- y hasta el 31 de diciembre, hubo 132 imputaciones, con 113 requerimientos a juicio.

Vale recordar que desde el martes 11 de agosto de 2020, se encuentra habilitado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales, vínculo que solo está habilitado para denuncias relacionadas con la posible comisión de esos delitos y no de otros, para los cuales existen fiscalías penales comunes y especializadas, según el caso.

Al respecto, la fiscala recordó que entre las posibilidades para mitigar la violencia institucional, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, presentó el 1 de julio pasado un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados de la Provincia. De esa forma, estimó la fiscal que “la ciudadanía no caería en confusiones sobre qué tipos de delitos pueden denunciarse en la fiscalía”, que tiene a cargo y que no puede investigar hechos de otro tipo.

Quisieron meterle una media sucia en la boca, lo golpearon hasta que lloró y tuvo que sonreír a la cámara para evitar más golpes

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cinco efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal y en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Juan Alberto Juárez, de 39 años; David Gabriel Bolívar, de 35; Adrián Alberto Monteros, de 44; Héctor Samuel Urdanivia, de 30 y Sergio Daniel Dragicevich, de 25.

La investigación inició con la denuncia radicada por la víctima, quien presentó en Fiscalía un escrito en el que relató de manera pormenorizada los hechos. Si bien no pudo precisar los nombres y cargos, indicó que se trataba de los efectivos que el 11 de noviembre de 2020, en camioneta, patrullaban las calles del sector sur de la ciudad de Orán.

Afirmó que ese día, cerca de las 20:30, salió de trabajar y se dirigió en su moto a su domicilio en barrio 266 Viviendas, se bañó y salió a buscar a su novia en barrio Primavera. Cuando pasó frente la cancha del barrio, lo hicieron parar unos amigos, por lo que bajó de la moto.

Indicó que a los pocos minutos, llegaron ocho policías en una camioneta grande, todos con barbijo y la visera baja. Ante esto, todos sus amigos salieron corriendo. Cuando los policías bajaron le preguntaron por qué no tenía el barbijo puesto, el denunciante se dio cuenta que lo había olvidado en su casa. Al expresarles esto, los efectivos le exigieron que se pusiera cualquier cosa de barbijo y como no tenía pañuelo, los acusados encontraron una media muy sucia que estaba en la vereda de la cancha y se la quisieron poner en la boca. Luego de que el denunciante se negara, fue subido al móvil, donde comenzaron a golpearlo.

La víctima les dijo que sabía cuáles eran sus derechos y que no podían hacer eso. También les dijo que tenía un familiar policía. Ante esto, los imputados le preguntaron quién era su familiar. Tras contestarles, le dijeron “ah, vos sos familiar del batiyuta” y comenzaron a pegarle más fuerte.

Como el denunciante no lloraba, le dijeron “así que vos te la aguantas” y comenzaron a pegarle con cachiporras por todo el cuerpo. Luego lo llevaron a un baldío y sin bajarlo del móvil continuaron con la golpiza, hasta que comenzó a llorar.

Luego, uno de ellos dijo “sonreí para que te saquemos unas fotos así nos reímos todos. Reíte chango o te hacemos cagar de nuevo. Dale reíte”, por lo que se tuvo que reír y ahí le sacaron varias fotos.

Después de eso, relató que lo hicieron arrodillar unos 20 minutos, hasta que uno de ellos le dijo “firma chango estos papeles, son el motivo por cual te arrestamos, por no tener barbijo. Firma y te llevamos a la Comisaría para soltarte”.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que entre los elementos reunidos durante la investigación, están las constancias del libro de guardia de la Comisaría 25 y del informe que acreditó que la víctima fue ingresado a esa sede por los integrantes del móvil 1849, en el cual circulaban los acusados, quienes en un claro acto de exceso en el uso racional de la fuerza, le causaron lesiones a la víctima que fueron acreditadas.

Así, se tiene que los acusados, mientras cumplían un acto de servicio, desplegaron conductas consistentes en causar un daño a la integridad física del denunciante y excedieron los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima permiten sostener que la conducta desplegada por los acusados, afectaron su dignidad e integridad personal.

Piden el juicio contra los policías que inventaron una causa tras disparar a una familia

Seis días después de concretar la audiencia de imputación, la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales, acusados de los delitos de falsedad ideológica y vejaciones calificadas, en concurso real y en calidad de coautores. Entre las víctimas, hubo un niño de 9 años.

En sus fundamentos, la fiscala penal Simesen de Bielke, sostuvo que durante el proceso de investigación, fueron colectaron los elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los imputados.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Rómulo Segovia, el sargento Pablo Exequiel Toledo y el cabo Ignacio Zurita, todos con revista en la División Seguridad Urbana.

Del requerimiento surgió que el 13 de febrero de 2020, cerca de las 18:30, mientras los acusados patrullaban por barrio Norte Grande de la ciudad de Salta a bordo del móvil 1849, cometieron un exceso de sus funciones al increpar a los integrantes de una familia, que estaban en la vereda y a quienes acusaron de ingerir bebidas alcohólicas.

Pese a que todos demostraron que no estaban bebiendo y mostraron sus DNI, los acusados efectuaron varios disparos con escopeta contra la familia, algunos de los cuales impactaron en dos integrantes, entre ellos, un niño de 9 años, que les provocaron lesiones que fueron advertidas por testigos.

Para avalar los disparos efectuados, los imputados decidieron informar falsamente a la Coordinación Operativa que fueron víctimas de un ataque con piedras, e incluso manifestaron que una mujer los amenazó con un machete, por lo que insertaron declaraciones falsas en un documento público, que desfiguró la verdad objetiva de lo acontecido, sostuvo la fiscala en su decreto de imputación.

Inventaron una causa para justificar que dispararon contra una familia

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente a tres efectivos policiales, acusados de los delitos de falsedad ideológica y vejaciones calificadas, en concurso real y en calidad de coautores. Entre las víctimas, hubo un niño de 9 años.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Rómulo Segovia, el sargento Pablo Exequiel Toledo y el cabo Ignacio Zurita, todos con revista en la División Seguridad Urbana.

Del decreto de imputación surgió que el 13 de febrero de 2020, cerca de las 18:30, mientras los acusados patrullaban por barrio Norte Grande de la ciudad de Salta a bordo del móvil 1849, cometieron un exceso de sus funciones al increpar a los integrantes de una familia, que estaban en la vereda y a quienes acusaron de ingerir bebidas alcohólicas.

Pese a que todos demostraron que no estaban bebiendo y mostraron sus DNI, los acusados efectuaron varios disparos con escopeta contra la familia, algunos de los cuales impactaron en dos integrantes, entre ellos, un niño de 9 años, que les provocaron lesiones que fueron advertidas por testigos.

Para avalar los disparos efectuados, los imputados decidieron informar falsamente a la Coordinación Operativa que fueron víctimas de un ataque con piedras, e incluso manifestaron que una mujer los amenazó con un machete, por lo que insertaron declaraciones falsas en un documento público, que desfiguró la verdad objetiva de lo acontecido, sostuvo la fiscala en su decreto de imputación.

Un subcomisario golpeó a un demorado con una cachiporra y tuvieron que suturarlo

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó provisionalmente al subcomisario Julio Alberto Guaymás, acusado del delito de vejaciones y lesiones leves calificadas por el uso de la violencia, todo en concurso ideal y en calidad de autor.

Del decreto de imputación, surgió que el imputado, el 22 de enero de 2019, cerca de las 18:30, cometió un exceso en sus funciones mientras trasladaba al denunciante, en calidad de demorado, a quien golpeó con su cachiporra en la cabeza y le provocó lesiones.

Un examen médico practicado por el Servicio Médico Forense del Poder Judicial, constató que el denunciante presentaba “herida contusa en región occipital, excoriación en escápula derecha y cuello lado izquierdo”, mientras que otro examen realizado por el CIF, también destacó la presencia de una lesión de dos centímetros de longitud, con labios unidos por dos puntos de sutura.

En su relato, el denunciante sostuvo que caminaba por el Grupo 648 Viviendas de barrio Castañares junto a un amigo, para reunirse con otros conocidos. Al acercarse al punto de reunión, el denunciante observó a unos siete efectivos motorizados. A medida que se acercaban, pudo ver que por detrás también venían móviles de Infantería, por lo que todo el grupo huyó en distintas direcciones.

Relató que en ese momento, su amigo ingresó a una casa, mientras que él se quedó quieto en la calle. Entonces, se le acercó un policía que le dijo “contra la pared, arrodillate”. Aclaró que no le hicieron ninguna requisa en ese momento y que solo atinó a soltar su teléfono celular.

En tanto, el policía le dijo “agarrá el celular pendejo y subite a la camioneta”, mientras lo empujaba, sin esposarlo. El denunciante fue el primero en ser ubicado, sentado en el piso con las rodillas encogidas y la cabeza agachada. Sostuvo que metros después, el móvil volvió a detenerse y que subieron a tres personas más.

Relató que eran custodiados por cuatro policías, quienes comenzaron a pegarles a todos; con golpes a mano abierta. Sin embargo, el denunciante fue luego golpeado con una cachiporra y sintió que algo le pasaba por la oreja. Al tocarse, notó que era sangre. Escuchó a uno de los policías decir “no, mirá boludo”, y luego le colocaron una gorra que era de otro de los detenidos, para cubrirle la herida.

Antes de bajarlo en el Centro de Contraventores, los policías limpiaron la herida con su propia remera, mientras que tras ser revisado, un médico pidió que lo trasladaran al hospital San Bernardo, donde le hicieron una sutura.

Al volver al Centro de Contraventores, la víctima pudo escuchar a dos efectivos decir “ese fue el boludo de Guaymás”.

San Lorenzo: Elevan a juicio la causa contra el exintendente, un exsecretario y un exconcejal

El Juzgado de Garantías 5, resolvió no hacer lugar al pedido de nulidad de juicio y sobreseimiento presentados por la defensa técnica de los acusados y dispuso la remisión a juicio de la causa que tiene como imputado al exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público (cinco hechos) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real y en carácter de autor.

También fueron imputados el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos), todo en concurso real y al exconcejal Aldo Dalmiro Gonza, por el delito de peculado en calidad de partícipe primario.

Para resolver, el Juzgado de Garantías 5 entendió que las actuaciones siguieron los cauces prescriptos por la normativa procesal rectora, sin que se conculcara derecho constitucional alguno, por lo que resultó procedente remitir la causa a juicio y la remitió a la mesa distribuidora para el sorteo del Tribunal que corresponda.

El requerimiento de elevación a juicio fue presentado en octubre de 2020 por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien pidió que se tenga por ofrecida la prueba, sin perjuicio de ampliarla en la etapa procesal oportuna y sumó las denuncias hechas por el intendente actual, José Manuel Saravia Arias; por el expresidente del Concejo, Juan Pablo Dávalos y el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris; distintas declaraciones testimoniales e informes técnicos, entre otros numerosos elementos.

En junio del mismo año, Simesen de Bielke imputó al exintendente Ernesto Fernando Gonza porque incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión, en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal. El incumplimiento facilitó la discrecionalidad, a lo que se sumó la falta de rendición de cuentas al finalizar su mandato.

Además, en su carácter de máxima autoridad del municipio, Gonza realizó un contrato de cesión por el plazo de 99 años en beneficio personal, para gozar de una parcela en el cementerio parque San Lorenzo a cambio de una suma de dinero que a todas luces resultó irrisoria e incompatible con la función ejercida.

Por su parte, Rogelio Higinio Guaymás también incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales sin observar tales normas, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal. Ello facilitó la discrecionalidad del manejo de los fondos públicos, al percibir durante los períodos 2017-2019, la suma de $ 3.701.724. Sin su participación conjunta con Gonza, los hechos no podrían haberse llevado a cabo.

La fiscal Simesen de Bielke también entendió que las maniobras no pudieron concretarse sin la participación necesaria de Aldo Dalmiro Gonza, quien a sabiendas que no formaba parte esa administración (porque era concejal) retiró fondos por la suma de $ 539.215 entre 2017 y 2019, mediante la firma de vales.

Auditoría externa

Vale recordar que el intendente de San Lorenzo, José Manuel Arias Saravia, dispuso la realización de una auditoría externa de la gestión llevada adelante por Gonza. El informe final de auditoría del 9 de marzo de 2020, comprendió los ejercicios presupuestarios de los períodos 2018-2019 y determinó observaciones como la inexistencia de un sistema de control interno; de indicadores de gestión en orden a la evolución de los recursos, su seguimiento y control, y el incumplimiento de las normas vigentes en materia de compra de bienes y contratación de servicios.

A su vez, evidenció una falta de control sobre los bienes adquiridos y servicios contratados y el incumplimiento de normas contables, financieras y presupuestarias, entre otras. También hubo inconsistencias determinadas en gastos de combustibles, reparación de vehículos, compras de repuestos y alquiler de bienes.

Se identificaron retiros de dinero en efectivo que eran autorizados por el Intendente y el Secretario de Hacienda, cuyo destino se debía informar. Sin embargo, para el trimestre abril, mayo y junio de 2019 las extracciones hechas por la suma de $11.514.135, no se registraron en el sistema informático.

En cuanto a los ingresos tributarios, se detectó un supuesto en el que la tasa de construcción estaba impaga por falta de ingreso efectivo del dinero, pero con situación regularizada en el sistema tributario municipal.

Particularmente se pudo establecer que el 31 de agosto de 2018 ingresó en concepto de derecho de construcción un importe de $2.252.860 que fue abonado con cheques de pago diferido y que al momento de su depósito, eran retirados por las personas autorizadas por el Intendente y luego se entregaba el comprobante. Sin embargo, surge que solo se depositó un cheque el 31 de octubre de 2018 y que fue rechazado por falta de fondos, además de figurar como pagado en el sistema.

También se determinó la existencia de programas nacionales de asistencia social, con recepción de fondos en una cuenta del Banco Nación, de los cuales no existe uniformidad e integralidad en la información y documentación obrante en las oficinas administrativas de la Municipalidad con los extractos bancarios de dicha cuenta, tales como el “Programa de integración socio comunitaria”, “Acciones para la provisión de tierras para el hábitat social” y “Convenios de cooperación”, en los que no se efectuaron las ejecuciones correspondientes.

Por último, se pudo establecer la existencia de un sistema paralelo al formal con montos de entregas en efectivo para los periodos auditados que ascienden a la suma de $828.950 para el período 2018 y de $3.328.139 para el 2019. De esos montos, la suma de $3.701.724, fue retirada por Rogelio Guaymás, en su carácter de Secretario de Hacienda entre 2017 y 2019; mientras que un total de $539.215, fue retirado por Aldo Gonza, en su carácter de Concejal y hermano del Intendente.