Prisión preventiva para los tres policías imputados en múltiples causas

El Juzgado de Garantías 2 hizo lugar al requerimiento formulado por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, para los tres efectivos policiales detenidos el lunes 19 de abril, quienes fueron imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.

Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos, quienes fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.

De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas (entre las cuales se encontraban dos menores de edad), y en muchas situaciones y sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales. Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendió de publicaciones periodísticas.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los diferentes elementos colectados durante la investigación, permiten sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga, con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial.

En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida, sin mostrar arrepentimiento alguno, pues no resulta un dato menor considerar estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.

En virtud de los fundamentos vertidos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la prisión preventiva del personal policial mencionado, debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común.

Dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal y es necesario que declaren libres de toda influencia, motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados.

Además, la fiscala advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor.

Allanaron ilegalmente un domicilio, empujaron a una embarazada y detuvieron a un hombre sin orden judicial

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones y allanamiento ilegal, en concurso real. Uno de ellos también fue acusado del delito de falsedad ideológica, en concurso real con los otros delitos endilgados.

Las imputaciones recayeron sobre el sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos.

El sargento Pablo Exequiel Toledo también fue acusado del delito de falsedad ideológica, en concurso real con los demás delitos endilgados.

Del requerimiento, surgió que el 2 de febrero de 2020, cerca de las 17, los acusados, quienes en ese momento cumplían funciones en la División Seguridad Urbana a bordo del móvil policial 1829, desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, ingresaron sin autorización al domicilio de la denunciante, ubicado en barrio Solidaridad.

Allí, acometieron en contra de la integridad física de la denunciante y de su hija, a quien empujaron pese a que estaba embarazada. Como consecuencia, la mujer empezó con contracciones y debió ser internada.

Además, en el interior del domicilio aprehendieron al sobrino de la denunciante, sin que se verifique ninguno de los supuestos establecidos por el Código Procesal Penal, para proceder a la privación de la libertad sin orden judicial.

Para avalar el ingreso ilegítimo a la propiedad y la restricción ilegal de la libertad, el oficial Rómulo Segovia confeccionó un informe obrante firmado como testigo por el sargento Pablo Exequiel Toledo.

Recientemente, la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió también ante el Juzgado de Garantías 2, la prisión preventiva de los tres efectivos policiales que fueron detenidos este lunes 19 de abril, quienes fueron imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.

Detienen a tres efectivos de la Brigada de Investigaciones por torturas con submarino seco, taladro y paseo con amenaza de muerte

El Juzgado de Garantías 1 de Orán hizo lugar al pedido de la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y ordenó la detención de tres efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad, por la supuesta comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal. Se trata de un oficial y dos sargentos, quienes fueron detenidos durante el transcurso de este viernes.

De la investigación preliminar, surgió que los efectivos citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán.

Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.

El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.

Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo perteneciente a la fuerza de seguridad por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.

Uno de los efectivos también habría incurrido en el delito de falsedad ideológica, que concurre en forma real con los demás delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al supermercado a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que los incriminara.

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que la plataforma fáctica fue corroborada con la denuncia y declaración testimonial del denunciante, certificados médicos y un video y fotografías aportadas por el propio denunciante, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados en los hechos expuestos.

Salía de trabajar y dos policías lo redujeron a golpes

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa que tiene a dos efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal.

Las imputaciones recayeron sobre el suboficial principal Gustavo Aníbal Cruz, de 47 años y el sargento ayudante Ciro Ramón Illesca, de 42; ambos con revista en la División Seguridad Urbana de Tartagal.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos fueron corroborados por la denuncia y el testimonio del damnificado, certificados médicos y copias del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos.

Del requerimiento, surgió que en la mañana del 21 de octubre de 2018, en calle 24 de Septiembre, los efectivos acusados desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física del denunciante, quien salía de trabajar tras limpiar y desmalezar el frente del CIC Norte, para lo que utilizó un machete.

Entonces, el denunciante fue interceptado por el efectivo Cruz, quien le solicitó que arrojara el machete, tras lo cual se acercó el efectivo Illesca y lo golpeó en la cabeza.

Por este accionar, la víctima se asustó y corrió. Los efectivos lo alcanzaron y lo redujeron a golpes que le causaron lesiones en distintas partes del cuerpo, que fueron certificadas por exámenes médicos.

Una Unidad Fiscal investigará al Intendente de Salvador Mazza

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la conformación de una Unidad Fiscal de Investigación, que estará integrada por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot.

La Unidad Fiscal fue creada tras las publicaciones periodísticas de distintos medios en contra del actual intendente de Salvador Mazza, de las que surgió que el jefe comunal vetó una ordenanza que solicitaba al Ejecutivo Municipal, una ayuda económica destinada a dos familias cuyos hijos padecen de leucemia.

Esa ordenanza, oportunamente aprobada por el Concejo Deliberante de ese municipio, estaba destinada a beneficiar a personas que padecen leucemia, principalmente a quienes se encuentren afuera de la comuna y que transitan la enfermedad.

Los fiscales ordenaron las primeras medidas tendientes a esclarecer el hecho.

Es que entre las facultades del Procurador General, se encuentra la de diseñar la política criminal y organizar la persecución penal del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de promover una adecuada administración de justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Peligro de fuga: Piden la prisión preventiva de los tres policías imputados en múltiples causas

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la prisión preventiva de los tres efectivos policiales detenidos este lunes, quienes fueron imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.

Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos, quienes fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.

De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas, (entre las cuales se encontraban dos menores de edad) y en muchas situaciones, sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales. Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendió de publicaciones periodísticas.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los diferentes elementos colectados durante la investigación, permiten sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga, con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial.

En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida, sin mostrar arrepentimiento alguno, pues no resulta un dato menor considerar estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.

En virtud de los fundamentos vertidos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la prisión preventiva del personal policial mencionado, debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común.

Dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal y es necesario que declaren libres de toda influencia, motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados.

Además, la fiscala advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor.

Detienen a tres efectivos policiales imputados en múltiples causas

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, el allanamiento a los domicilios y la detención de tres efectivos policiales, imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana. Las detenciones se efectivizaron durante este lunes.

Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos.

De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas, (entre las cuales se encontraban dos menores de edad) y en muchas situaciones, sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales. Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendió de publicaciones periodísticas.

En virtud de los fundamentos vertidos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la detención del personal policial mencionado, debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común.

Dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal y es necesario que declaren libres de toda influencia, motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados.

Además, la fiscala advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor.

Estaba junto a su familia, lo persiguieron y le dispararon

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al efectivo policial Carlos Gustavo Enríquez, de 44 años y con revista en la División Seguridad Urbana, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, en calidad de autor.

Del requerimiento, surgió que el 4 de abril de 2014, cerca de las 22, el denunciante se encontraba con su familia en el exterior de su vivienda ubicada en barrio Justicia, en la zona sudeste de la Ciudad de Salta, cuando se originó un conflicto del que participaron otras personas.

Esto motivó la llegada del personal policial a bordo del móvil 1436 de la División Seguridad Urbana, a cargo del imputado, quien desempeñó un exceso en sus funciones, al acometer contra de la integridad física del damnificado, a quien persiguió disparándole balas de goma que impactaron en la espalda, nalgas, pantorrilla y muslo de la víctima, y le provocaron lesiones que fueron constatadas por médicos del CIF.

Se tiene así que el imputado, mientras cumplía un acto de servicio, desplegó conductas consistentes en causar un daño a la integridad física del denunciante, por lo que excedió los límites impuestos por la Ley 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”.

Las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima permiten sostener que la conducta de Enríquez resulta penalmente reprochable, pues, son los funcionarios policiales quienes deben velar por la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, del reglamento policial, surge que el uso de la fuerza pública, está regido por una serie principios, entre ellos, la “racionalidad”; es decir, debe estar justificado por circunstancias específicas y acordes a la situación que enfrenta y solo estará permitido el uso de armas no letales cuando los otros medios no violentos, resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

Salió a bailar, pero terminó golpeado por policías

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Dante Manuel Olarte, de 36 años; Jorge Luis Sanguino, de 31 y Fabián Antonio Cuéllar, de 39; todos con revista en la Comisaría 31 de Rosario de la Frontera.

La investigación permitió establecer que el 16 de septiembre de 2019, cerca de las 3:30, mientras el denunciante estaba en la entrada del boliche Punto Uno, ubicado en la ciudad termal, para reclamar que le devolvieran el dinero de la entrada porque no lo dejaban pasar, aparecieron los acusados, quienes lo subieron al móvil y lo golpearon.

Luego, lo trasladaron hasta el hospital, donde no lo hicieron revisar y al salir, volvieron a agredirlo.

La víctima sufrió lesiones en el rostro que fueron constatadas por un médico clínico, mientras que un oftalmólogo certificó “hemorragia subconjutival” en uno de los ojos del denunciante.

Surgió así que los acusados ejercieron un acto de servicio y excedieron los límites impuestos por la Ley 7742 que autoriza a las fuerzas policiales a hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario.

Es que si bien la Ley Orgánica de la Policía Provincial permite el uso de la fuerza cuando fuere necesario mantener el orden, garantizar la seguridad e impedir la perpetración del delito, resulta legítimo cuando su despliegue es necesario e imprescindible y siempre debe ajustarse y ser proporcional a las particularidades del caso.

Detuvieron a un menor tras un asalto, lo llevaron a la subcomisaría y lo lesionaron a golpes

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a cuatro efectivos policiales acusados de los delitos de severidades calificadas y lesiones leves.

Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Rómulo Segovia, el sargento Pablo Exequiel Toledo, el cabo Ignacio Esteban Zurita y el cabo Darío Aníbal Guzmán, todos con revista en la División Seguridad Urbana.

Del requerimiento surgió que en la madrugada del 13 de junio de 2020, los acusados a bordo del móvil 1727 se desplazaron a colaborar con el móvil 1737 de la subcomisaría de Villa Lavalle, donde divisaron a los causantes del robo a un remisero, a quien asaltaron con un cuchillo en inmediaciones de la esquina de las calles Julio Paz y Carlos Outes.

Al divisar a un menor que se daba a la fuga, los imputados lograron alcanzarlo en el Pozo de la Muerte y lo detuvieron. Luego, lo trasladaron a la subcomisaría de Villa Lavalle, donde según el menor, los mismos efectivos que lo detuvieron, lo metieron a una habitación y lo golpearon en distintas partes del cuerpo, que le produjeron al menor lesiones que fueron constatadas por certificados médicos.

En sus fundamentos, la fiscala penal Simesen de Bielke, sostuvo que surgió con claridad manifiesta que la figura endilgada del delito de severidades agravadas por el uso de la violencia, pretende proteger el remanente de libertad del que dispone todo ser humano en virtud de ser sujeto de derecho y que atañe directamente a su dignidad como persona.

Se tiene así que los acusados, funcionarios policiales con el deber de velar por la seguridad del detenido, llevaron a cabo una conducta totalmente contraria a lo que se espera de un funcionario, pues, en la situación de encierro, produjeron actos lesivos hacia la integridad física del menor, que resultó en el reproche penal.