Piden el juicio contra policías de la DSU por lesionar a dos hermanos

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene a cinco efectivos policiales con revista en la División de Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera, acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves, en concurso ideal.

Las imputaciones recayeron sobre el sargento Walter David Peralta, el agente Humberto José Daniel Córdoba, el aspirante a agente José Darío Padilla y los cabos Jorge Adrián Pérez y Leandro Aníbal Vega.

La intervención de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, se produjo a raíz de la denuncia radicada por uno de los dos hermanos víctimas, quien puso en conocimiento que el 24 de abril de 2018, cerca de las 6, cuando salían de un boliche y caminaban por calle 20 de Febrero, de Rosario de la Frontera, fueron interceptados por un móvil policial con galera, a pocos metros de llegar a la intersección con la calle Soldado Sanguino.

Del móvil descendieron cinco uniformados, quienes gritaron a los hermanos “contra la pared”, por lo que sorprendido, el denunciante se sacó la mochila y la colocó en la vereda, mientras que su hermano no acató las órdenes y les pidió explicaciones.

Tras esto, fue arrinconado contra la pared y sin mediar palabras, le dieron un golpe de puño en la nuca y fue allí que el denunciante los insultó, por lo que recibió patadas, antes de que ambos fueran requisados y esposados.

Una vez arriba del móvil, los efectivos continuaron golpeándolos con cachiporras, hasta que llegaron al hospital, donde el médico de guardia sostuvo que los hermanos no tenían golpes. Luego, fueron trasladados a la Comisaría 31 y quedaron alojados durante dos horas.

Al momento de recuperar su libertad, los hermanos preguntaron los datos de los efectivos que los detuvieron, pero el personal de la Comisaría se negó a brindarles información.

Ambos hermanos se sometieron luego a nuevos exámenes médicos, que confirmaron lesiones en la cabeza, pecho, espalda, brazos y piernas.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que la plataforma fáctica fue corroborada por la denuncia radicada por una de las víctimas, certificados médicos, copias de libro de guardia y nómina del personal de servicio en fecha y hora del hecho, y copias de actuaciones contravencionales en las que resultaron lesionados ambos hermanos por el accionar del personal integrante del móvil 1868, entre otros elementos de convicción reunidos.

Persiguieron, dispararon, golpearon y arrojaron gas irritante a la cara de un menor que fumaba marihuana

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre el sargento Esteban Ramón Guaymás y el agente Pablo Sebastián Vilte, ambos con revista en la División Motoristas de Emergencias Policiales, y sobre el efectivo de la División de Bicipolicías, Mauricio Ezequiel López.

Del requerimiento, surgió que el 30 de agosto de 2018, cerca de las 10.30, el menor fumaba marihuana en el Parque San Martín, cuando vio que llegaban dos bicipolicías, por lo que salió corriendo.

Mientras corría, también fue seguido por los efectivos de la motorizada, quienes realizaron disparos que no llegaron a impactar en el joven.

Tras esto, el menor fue alcanzado y tomado por el cuello por la mujer bicipolicía, pero logró soltarse y siguió corriendo hasta llegar al Cementerio de la Santa Cruz, donde se entregó por el cansancio.

En ese momento, fue tomado desde atrás por el cuello y pudo observar a uno de los efectivos de la motorizada que lo tiró al suelo, mientras que el otro de los bicipolicías se le acercó y le dio un golpe de puño en la cara, cerca del ojo izquierdo.

Luego, fue llevado a un móvil policial, donde le pidieron que levantara la cara porque le iban a tomar una foto, pero cuando lo hizo, le rociaron un gas irritante. El damnificado les pregunto por qué le hacían eso y el efectivo que le arrojó el gas le dijo “cagate pendejo, hacete el machito”.

Luego lo bajaron del móvil y lo subieron a otro, donde le pegaron en la nuca, antes de llevarlo al Centro de Contraventores.

Los hechos, que fueron denunciados por la madre del menor, guardan correlación con los certificados médicos agregados al legajo de investigación, que confirmaron una equimosis en la región de pómulo izquierdo, y con el testimonio de testigos que presenciaron el momento en el que el joven fue golpeado por el personal policial.

General Güemes: un médico condenado y cuatro absueltos

Este mediodía se dio a conocer el veredicto del Tribunal de la Sala I de Juicio, donde se impuso una pena condicional a uno de los profesionales de la Salud juzgados y se absolvió a los otro cuatro imputados. Se hizo lugar a la demanda civil.

Este jueves, al reanudarse la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal, las partes no hicieron réplicas ni dúplicas y los acusados no hicieron uso de la posibilidad de decir las últimas palabras.

Luego de la deliberación, los jueces Federico Armiñana, Martín Pérez y Javier Aranibar, dieron a conocer el veredicto, donde condenan a Eduardo Elpidio Villagra a un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por dos años, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Roberto Francisco Farías fue absuelto en forma lisa y llana de los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Alejandro Cortez Bellomo, Jorge Barni García y Marcelo Quiroga fueron absueltos en forma lisa y llana del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el fallo, se hizo lugar a la demanda civil planteada por un monto de 800.000 pesos en contra del condenado Villagra.

Golpeó a un detenido que le reclamó por unas galletas

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Ernesto Benjamín Chávez, de 31 años, con revista en la Alcaidía N° 2 de Tartagal, acusado de los delitos de severidades calificadas y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de autor.

Del requerimiento surgió que el 16 de septiembre de 2019, el acusado agredió al denunciante, quien estaba detenido en su celda y al que golpeó contra la pared.

La víctima denunció a Chávez, quien era el encargado del pabellón, e hizo notar que días antes, le había reclamado al acusado por el faltante de galletas que le había acercado al establecimiento carcelario su concubina.

En sus fundamentos, la fiscala penal Simesen de Bielke, sostuvo que los elementos incorporados en la investigación, permiten sostener que el detenido fue víctima de tratos degradantes, consistentes en diversos golpes, mientras se encontraba alojado en la Alcaidía N° 2.

Gral. Güemes: finaliza el juicio a cinco médicos

Tras una extensa jornada de alegatos, el Tribunal de la Sala I de Juicio, pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves 3 de junio. Se dará lugar a las réplicas, dúplicas, últimas palabras de los acusados y se conocerá el veredicto.

Al reanudarse el pasado lunes la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal, se produjeron los alegatos de las partes.

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González a su turno, solicitaron al Tribunal de la Sala I de Juicio del distrito Centro, se imponga la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva para los imputados Villagra (anestesista) y Farias (ginecólogo) por los delitos de abandono seguido de grave daño a la salud e incumplimiento de deberes de funcionario público; 6 años de inhabilitación especial y su inmediata detención.

Para los otros imputados Barni, Quiroga y Cortez Bellomo, solicitaron que se imponga la pena de 2 años de prisión condicional por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público e inhabilitación especial de 4 años.

La fiscal Simesen de Bielke solicitó además que se juzgue el caso con perspectiva de género por violencia obstétrica contra la madre del bebé fallecido.

La defensa técnica del imputado Villagra solicitó su absolución lisa y llana y subsidiariamente, por el beneficio de la duda. Para los imputados Quiroga y Barni, solicitaron la absolución lisa y llana y para Farías y Cortez Bellomo, pidieron absolución lisa y llana y por el beneficio de la duda en forma subsidiaria y que se rechace la demanda civil.

Los jueces Federico Armiñana Dohorman, Martín Pérez y Javier Aranibar, dispusieron un cuarto intermedio hasta este jueves, para dar lugar a las réplicas, dúplicas, últimas palabras de los acusados y dar a conocer el veredicto.

Gral Güemes: finaliza el juicio a cinco médicos del hospital Castellanos

Este lunes, al reanudarse la audiencia de debate, se llevarán a cabo los alegatos de las partes y se espera conocer el veredicto para los cinco profesionales de la Salud, imputados tras la muerte de bebé en junio de 2015.

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representan al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.

El pasado viernes se finalizó con la ronda de testimoniales y declararon dos de los imputados, dando su versión de los hechos. Luego, el Tribunal conformado por los jueces Federico Armiñana Dohorman, Martín Pérez y Javier Aranibar, dispuso un cuarto intermedio hasta este lunes, para dar lugar a los alegatos de las partes, las últimas palabras de los acusados y conocer el veredicto.

Las actuaciones de la Fiscalía se iniciaron a partir de la denuncia de Carlos Javier Argañaraz, realizada el 18 de Junio de 2015. El denunciante sostuvo que el día anterior, su esposa, Marta Eugenia Braga, embarazada de treinta y ocho semanas y con los controles médicos realizados en forma normal, llegó al nosocomio de Gral. Güemes con contracciones y problemas de presión, pero por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde su bebé nació sin vida.

Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicaron que la paciente sufrió el desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé llegara sin vida y que hubo sufrimiento fetal, lo que se debió a que no se le practicó la cesárea de urgencia que la condición médica de la madre requería.

Posteriormente, la mujer amplió su declaración y manifestó que durante el tiempo que permaneció en el hospital local nunca fue atendida por médico alguno, siempre se hizo presente la obstétrica y una enfermera que le prodigaron algunas atenciones pero no las idóneas para su estado de salud.

Gral. Güemes: declaró otro de los médicos imputados

En la audiencia que se sigue contra cinco médicos, declaró quien se desempeñaba como gerente del hospital Joaquín Castellanos en junio de 2015. Este viernes finalizará la ronda de testimoniales y los alegatos y sentencia se conocerán la próxima semana.

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representan al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.

Durante la jornada de este jueves, declaró el imputado Jorge Barni García, quien se desempeñaba como gerente general del hospital Joaquín Castellanos y ratificando lo declarado en la investigación, confirmó que el día del hecho, los profesionales que debían estar prestando servicios no se encontraban hacíendolo y que había conflictos internos en el nosocomio.

Este viernes se espera recibir la declaración de los últimos cinco testigos y la jornada de alegatos y lectura de veredicto se realizará la próxima semana.

Gral Güemes: declaró uno de los cinco médicos imputados

Durante la primera jornada del juicio a los cinco profesionales de la Salud que se desempeñaban en el hospital Joaquín Castellanos, también declararon los padres del bebé, una instrumentista del nosocomio y un médico del Hospital Materno Infantil que intervino y ratificó que ante el cuadro de la madre, se requería una cesárea de urgencia.

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representan al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.

Durante la primera jornada, tras la lectura del requerimiento a juicio, declaró el imputado Marcelo Quiroga, quien se desempeñaba como gerente de Atención a las Personas del hospital Joaquín Castellanos de General Güemes en junio de 2015. El médico dejó plasmado en su declaración que la organización en el nosocomio no era la óptima y que la colaboración de los profesionales que allí se desempeñaban, era escasa.

Al iniciar la ronda de testimoniales, declaró la pareja que sufrió la pérdida de su bebé, relatando lo sucedido en junio de 2015. También lo hizo una instrumentista que trabajaba en el hospital de Güemes, quien señaló que no sabía quien era el anestesista que estaba de guardia el día del hecho juzgado.

Finalmente prestó declaración un médico del Hospital Materno Infantil, encargado de recibir a la paciente cuando fue derivada y en sus dichos, señaló que ante el cuadro que presentaba, requería una cesárea de urgencia.

La audiencia continuará este jueves y está previsto que finalice este viernes, con los alegatos de las partes y el veredicto para los cinco imputados.

Juzgan a cinco profesionales de la Salud de General Güemes tras la muerte de un bebé

Desde este miércoles y hasta el próximo viernes, se realizará el juicio contra cinco profesionales vinculados a un hecho ocurrido en junio de 2015 en el hospital Joaquín Castellanos, cuando un bebé murió antes de nacer, al no recibir su madre las atenciones necesarias.

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representarán al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.

Las actuaciones de la Fiscalía se iniciaron a partir de la denuncia de Carlos Javier Argañaraz, realizada el 18 de Junio de 2015. El denunciante sostuvo que el día anterior, su esposa, Marta Eugenia Braga, embarazada de treinta y ocho semanas y con los controles médicos realizados en forma normal, llegó al nosocomio de Gral. Güemes con contracciones y problemas de presión, pero por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde su bebé nació sin vida.

Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicaron que la paciente sufrió el desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé llegara sin vida y que hubo sufrimiento fetal, lo que se debió a que no se le practicó la cesárea de urgencia que la condición médica de la madre requería.

Posteriormente, la mujer amplió su declaración y manifestó que durante el tiempo que permaneció en el hospital local nunca fue atendida por médico alguno, siempre se hizo presente la obstétrica y una enfermera que le prodigaron algunas atenciones pero no las idóneas para su estado de salud.

La audiencia estará a cargo del juez Federico Armiñana Dohorman y está previsto que se extienda hasta el próximo viernes 28. Durante la primera jornada, luego de la lectura del requerimiento a juicio, se dará lugar a los acusados para prestar declaración y se iniciará la ronda de testimoniales con la declaración de la madre damnificada.

El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género repudia a un Diputado Nacional

Las y los integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, expresaron su repudio al diputado nacional por Salta, del interbloque Juntos por el Cambio, Martín Federico Grande, quien se refirió a la fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, como “atorranta”.

La declaración del Legislador se  produjo en el marco de una entrevista realizada por los periodistas Agustín Poma y Alexis Miranda, el martes 18 de mayo del corriente año, a través de FM Noticias, en la que el Diputado Nacional manifestó, entre otros conceptos, que “esa fiscal, a pesar de que yo tengo libertad de opinión, cuando yo hablé del tema Huergo, me llevó a declarar. Es una absoluta ineficiente funcionaria, que te puedo asegura que sí caza brujas y brujos, porque te lleva a declarar sin tener absolutamente nada para declarar….y por supuesto nunca me voy a negar a declarar, pero lo que hizo esa fiscal no tiene nombre… yo tengo libertad de opinión y me lleva a mí a declarar por el tema Huergo cuando en realidad es ella la que debería llevar a declarar a Huergo y a todos sus cómplices, inclusive a los que están en la Municipalidad de Salta, después del tremendo afano que hicieron el año antepasado. Preguntale a la fiscal si llevó a declarar a alguien…mirá…es una verdadera incapaz, miran para el lado que les conviene, pero cuando tienen que averiguar lo complejo……lo único que hicieron es llevarme a declarar”; y entonces, se dirigió a uno de los periodistas al decirle  “vamos viejo, haceme el favor, no pongas de ejemplo a esta fiscal, que me parece a mí, una atorranta, mirá”…

El Diputado Nacional no solo falta a la ética y demuestra su falta de formación en Derechos Humanos, de las Mujeres y en Perspectiva de Género, sino que -a pesar de ser legislador-, desconoce la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales (26.485). Una particularidad de esta ley es que aborda la violencia de género de manera integral y transversal, en línea con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de “Belem do Pará”).

Esto implica que entiende la violencia hacia las mujeres como problemática pública estructural atravesada por lo cultural, lo económico y lo político. Por esto, entre los objetivos de la ley se encuentra la “remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”. (Art. 2 punto e). Además, la ley establece diferentes tipos de violencia y modalidades, entre las cuales Grande es responsable de haber ejercido, al menos, violencia simbólica en su modalidad mediática.

Si bien puede predominar un tipo de violencia en algún caso, nunca son compartimentos estancos, ya que accionan varios tipos de violencia sobre una mujer en momentos y contextos determinados. Es lo que sucedió este martes con la Fiscala atacada públicamente por el Legislador, quien esbozó más tarde un ofrecimiento de disculpas a través de la red social Twitter, donde subestimando a sus seguidores y a la propia destinataria, publicó: “Hoy en una entrevista radial traté a la fiscal Simensen De Bielke de atorranta ««atorrante» es un americanismo que significa ‘vago’, ‘holgazán’, ‘desvergonzado'» no fue la palabra más adecuada, pido disculpas públicas a la Fiscal”, cuando con solo recurrir al buscador de Google, se puede confirmar que entre las primeras acepciones del lunfardo, “atorranta”, -cuya etimología viene de atorrante-, y se define como: “Dicho de una mujer, que da con facilidad favores sexuales, especialmente por interés, sin ser prostituta de oficio”. Para agregar, es casi una obviedad decir que el cambio de apellido de la Fiscala, mal escrito por el Diputado, no es casual y sí una forma de atacar también su identidad.

La Violencia Simbólica contra las mujeres es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.  

El Diputado Nacional, además, es candidato a senador provincial, cuerpo que cuenta hoy con una sola Senadora, sobre 23 legisladores en total de la Cámara Alta.

Por ello, manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que un legislador que representa en el Congreso Nacional a nuestra Provincia, severamente golpeada por la violencia de género en todas sus formas y con los índices de femicidio de los más altos del país; y con aspiraciones de integrar la Legislatura provincial, siga sin capacitarse y pretenda mantenerse por ese camino.  

Grande es representante en uno de los poderes del Estado y además, tiene la responsabilidad de conducir un programa televisivo y radial diario, lo que cual, -de mínima-, implicaría que conozca que todos los medios de comunicación, están contemplados también en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, cuando establece que “la Violencia mediática contra las mujeres es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

Este Comité no puede dejar de mencionar su preocupación ante el hecho de que apenas Grande trató de “atorranta” a la Fiscala, el periodista Miranda dijo que “justo estaba hablando de lo que dijo el ministro Pulleiro”, y poco después se sumó Poma, quien consultó sobre la competencia de la causa sobre la que discutían. Es decir, ninguno de los dos comunicadores advirtió al Legislador sobre la violencia ejercida un momento antes contra la Funcionaria del Ministerio Público Fiscal, y en cambio, la toleraron como si nada se hubiera dicho, naturalizando la conducta y lenguaje machista de Grande.