Funcionarios del CIF visitan el Instituto de Patología Experimental «Dr. Miguel Ángel Basombrío»

Se procura avanzar en un convenio de colaboración en microbiología, biología molecular, análisis químicos y toxicología. Este encuentro refuerza el compromiso en mejorar las investigaciones forenses en la región.

Profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizaron una visita al laboratorio del Instituto de Patología Experimental «Dr. Miguel Ángel Basombrío» (IPE).

En el recorrido estuvieron presentes la directora del CIF Gabriela Buabse, el auxiliar fiscal Nicolás Montaldi, el coordinador Administrativo Lucas López, el jefe del Departamento Técnico Científico Pedro Villagrán, el jefe del Departamento de Criminalística Washington González, y los integrantes de la Oficina de Investigación y Desarrollo (OID) Alejandro Moncorvo y Graciela Siles.

Durante la visita, se presentaron las líneas de investigación del Instituto de Patología Experimental (IPE) y se recorrieron sus instalaciones, conociendo en detalle las capacidades técnicas y equipos que podrían ser de interés para las investigaciones forenses.

El Instituto de Patología Experimental (IPE) es una institución de doble dependencia entre la UNSa y el CONICET. Aunque el CIF ya tiene acuerdos de colaboración con ambas entidades, se busca establecer un convenio específico con el IPE para trabajar conjuntamente en estudios de microbiología, biología molecular, análisis químicos y toxicología.

Esta visita refuerza el compromiso de ambas instituciones en la búsqueda de fortalecer sus capacidades técnicas y científicas para mejorar la calidad de las investigaciones forenses en la región.

Por parte del IPE, acompañaron la visita el director Diego Marco, la vicedirectora Fernanda García Bustos y el investigador Leonardo Acuña.

El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género repudia la violencia de género e institucional ejercida sobre una docente de la UNSa

Las y los integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, expresan su repudio a la violencia ejercida por el profesor Facundo González contra la docente Ana Echenique en una sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades  de la Universidad Nacional de Salta, al emplear el término “orgasmo” para referir al placer sexual que supuestamente le generaba a la docente la posibilidad de que él manifestante cesara en su cargo. Asimismo, instan a la Universidad Nacional de Salta a adoptar las medidas conducentes al cumplimiento de la Ley Nacional 26.485, Ley Provincial 7888 y Tratados ccs.

La declaración del profesor se produjo en el marco de una sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, el 23 de abril de 2019. Con esta conducta ha conculcado los Derechos Humanos, de las Mujeres y ha desacatado abiertamente la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales (26.485), como también la ley local Nº 7888; justificando con ello la intervención del Juzgado de Violencia de Género que ha acogido favorablemente el reclamo de la docente.

En efecto, ambas legislaciones abordan la violencia de género de manera integral y transversal, en línea con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de “Belem do Pará”). Esto implica que se entiende la violencia hacia las mujeres como una problemática pública estructural atravesada por lo cultural, lo económico y lo político. Por esto, entre los objetivos esenciales de estas leyes se encuentra la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Como es sabido, la legislación vigente establece diferentes tipos de violencia y modalidades. Si bien puede predominar un tipo de violencia en algún caso, nunca son compartimentos estancos, ya que accionan varios tipos de violencia sobre una mujer en momentos y contextos determinados. Es precisamente lo que sucedió con este caso cuando a la violencia verbal inicial le sucedió la violencia institucional como resultado de más de dos años de demoras en la emisión de la Resolución por parte del Decanato de la Facultad de Humanidades; tal como lo ha expuesto claramente la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta que también se ha expedido en este caso.

Por ello, repudiamos las violencias ejercidas y manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que esa Casa de Altos Estudios no brinde la adecuada respuesta a la denuncia realizada, cuando se espera de ella no sólo la excelencia académica sino también los más altos niveles de resguardo de los derechos de las personas que integran su comunidad, en una provincia como la nuestra,  tan severamente golpeada por la violencia de género en todas sus formas y con los índices de femicidio de los más altos del país.  

Por otra parte, este Comité entiende que la demora y revictimización de la docente, trasciende su situación personal, ya que el mensaje que hoy la Universidad brinda a la comunidad universitaria y especialmente al estudiantado, contradice aquello que debería ser objetivo fundamental de una institución formadora de futuras y futuros profesionales: la búsqueda y creación de políticas institucionales que reviertan el impacto negativo sobre las trayectorias académicas y laborales que causan los significados culturales asociados a la feminidad y la masculinidad y la desnaturalización de los micromachismos y estereotipos; así como la discriminación hacia quienes integran el colectivo LGTTTBIQNB+. En cambio, debería ser objetivo primordial, -especialmente cuando hablamos de la Facultad de Humanidades-, el aporte a la transversalización de la perspectiva de género en la formación profesional y la dinámica institucional.

Al tomar conocimiento de lo sucedido, y de que resta aún que el Consejo Superior resuelva la impugnación a la Resolución de la Facultad de Humanidades, presentada por la denunciante, este Comité no puede dejar de exhortar a la Universidad Nacional de Salta a que:

a) Se intensifiquen las acciones para la puesta en funcionamiento de la Comisión de atención de los casos de violencia prevista en el protocolo que ya está aprobado (dado que lo que se hizo hasta aquí es claramente ineficiente).

b) Se disponga el sumario correspondiente, teniendo en cuenta el enfoque de género que el caso amerita.

c) Se implementen las acciones necesarias para dirimir las responsabilidades institucionales de las autoridades que produjeron la situación de violencia institucional al omitir o dilatar la toma de medidas en resguardo de la víctima.

d) Se tomen las medidas necesarias para evitar la persistencia o nueva manifestación de violencia sobre la denunciante.

e) Se otorgue adecuado tratamiento a las situaciones de  violencia y acoso  que ocurran en el ámbito laboral desde la perspectiva de género y diversidad y con acciones concretas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia a razón de género, de conformidad al Convenio 190 y la Recomendación 206 ratificados por nuestro país a través de la ley nacional 27.580, el 15 de diciembre de 2020.

f) Se instrumenten propuestas pedagógicas de sensibilización y formación en género y violencia por motivos de género y diversidad, a todo el personal dependiente de dicha institución de conformidad a la Ley 27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para Todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado.

El pronunciamiento fue acompañado por la mayoría de integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal.

La Procuración optimizará la investigación criminal con el aporte científico de la UNSa

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Hugo Claros y el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, firmaron un protocolo de colaboración para llevar adelante el Seminario sobre “Introducción a las Ciencias Forenses, Criminalística e Investigación Criminal”, que empezó este martes, y para organizar el Congreso Mundial Forense, previsto para octubre de 2020. Ambas actividades se canalizan a través de la Facultad de Ingeniería, cuyo decano es Héctor Casado.

La firma de ambos convenios se llevó a cabo este martes, en el marco de la apertura del Seminario sobre “Introducción a las Ciencias Forenses, Criminalística e Investigación Criminal”, donde el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, se comprometió a colaborar en la organización, programación y difusión del Seminario Inicial y sus actividades conexas; y a colaborar en la organización, programación y difusión del Congreso Mundial. Dicho Congreso abarcará las áreas de las Ciencias Forenses, la Criminalística y la Investigación Criminal.

En ese marco, Cornejo y Claros celebraron la posibilidad de unir esfuerzos y recursos de ambas instituciones para perfeccionar a los profesionales interesados en abordar los hechos criminales que requieren de herramientas forenses para su resolución. En ese sentido, el Rector dijo que la Facultad de Ingeniería da un ejemplo en la vocación de proyectar la Universidad a la comunidad a través de acciones concretas.

Por su parte, Cornejo destacó la impronta de estudiantes y egresados de la universidad pública, porque además de la formación académica, aprenden sobre participación democrática y conocen la génesis de formación de líderes estudiantiles. Y destacó que la universidad pública, es por sobre todas las cosas, “un enorme igualador social, porque allí se ve plasmado el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional, en una sociedad marcada por asimetrías y postergaciones”. Especialmente sobre el Seminario iniciado, remarcó la posibilidad de mejorar la calidad de las investigaciones criminales, desde el punto de vista científico.

Por ello, el Procurador invitó a los presentes “a no quedarse impávidos ni conformarse” ante los hechos criminales y especialmente, a los letrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, a estar abiertos a recibir el saber de otras ciencias, “porque más allá del marco jurídico, muchas veces falta el aporte científico del mundo académico al de las leyes”, advirtió.

La formación que brinda la UNSa desde hoy, se suma a las ya presentadas por la Procuración, como el Cuerpo Especial de Investigadores, que además de brindar mayor celeridad en la investigación, aportará mayor transparencia. “Las ciencias forenses son fundamentales para descubrir la verdad, establecer cómo fueron los hechos exactamente y contribuir al proceso penal desde una visión científica”, sentenció el Procurador.

En la apertura del Seminario y firma de convenios, también participaron el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNSa, Héctor Raúl Casado; la vicedecana, María Soledad Vicente, el exdecano Pedro Romagnoli, el secretario de Vinculación y Transferencia de dicha facultad, Héctor Iván Rodríguez. Asistieron también la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; el jefe del Departamento Técnico Científico del CIF y director operativo de la Red Nacional de Ciencias Forenses, Pedro Villagrán; el director del Cuerpo Especializado de Investigaciones, Omar Dávila y el fiscal penal Pablo Rivero.