R° de la Frontera: dos hermanos detenidos por vender drogas

Una denuncia anónima dio a conocer que los hermanos Saldaño comercializaban estupefacientes en su vivienda de barrio 9 de Julio y que también lo hacían bajo la modalidad delivery en una motocicleta. Tras la investigación realizada, se efectuó un allanamiento en su domicilio donde se secuestró elementos de interés para la causa.

El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, interino en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, imputó a David Guillermo Saldaño de 22 años y a su hermano, Ricardo Emanuel Saldaño de 24 años, como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

La investigación se inició a partir de la denuncia anónima de un vecino de barrio 9 de Julio de esa ciudad, quien informó que en calle 9 de Julio al 900, había dos hermanos que comercializaban sustancias estupefacientes en su vivienda y que también la repartían en una motocicleta en otros barrios.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento, secuestro y detención para el domicilio de los acusados.

En el lugar se logró la aprehensión de los dos sospechosos. Uno de ellos llevaba envoltorios con marihuana en una de sus medias y tras la requisa en el domicilio, se secuestró sustancia estupefaciente y otros elementos de interés para la causa.

R° de la Frontera: condenados por vender drogas en pleno centro

Dos hombres fueron juzgados por comercializar sustancias estupefacientes bajo la modalidad boca de expendio y delivery en la zona centro de esa ciudad. En dos allanamientos se secuestró importante cantidad de drogas, semillas de cannabis sativa y otros elementos de interés para la causa.

El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, interino en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, representó al Ministerio Público ante el Juzgado de Garantías 2 del Distrito Judicial Sur en la audiencia de debate contra Gonzalo Ezequiel Morales y Enzo Silvestre Padilla, imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación comenzó en agosto de 2019 a partir de una denuncia anónima que daba cuenta de la actividad ilícita que desplegaban los acusados bajo la modalidad boca de expendio y delivery en la zona centro de la ciudad de Rosario de la Frontera.

Tras realizar tareas de vigilancia e inteligencia en los domicilios de los sospechosos y reunidos los elementos de convicción necesarios, se solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento y detención.

Como resultado de las medidas, se allanaron dos domicilios y se logró el secuestro de una importante cantidad de cocaína, marihuana, semillas de cannabis sativa, elementos de corte y fraccionamiento y otros de interés para la causa.

El juez subrogante, Sebastián Fucho, condenó a Gonzalo Ezequiel Morales a la pena de seis años de prisión efectiva y al pago de una multa como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado y a Enzo Silvestre Padilla le impuso la pena de tres años de prisión efectiva y el pago de una multa como autor del delito de tenencia de estupefacientes.

Imputaron a una pareja que vendía drogas en Nueva Esperanza

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Jorge Marcos René Garvizu y Noelia Belén Durán, acusados de los delitos de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización.

Con los elementos obtenidos de las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial y el resultado del allanamiento realizado el pasado jueves 23 de julio, en el que se logró el secuestro de sustancia acondicionada para la venta, una balanza y dinero en efectivo, pudo acreditarse que los imputados tenían a su disposición estupefacientes que destinaban a la venta.

Las actuaciones iniciaron con la recepción de varias denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que los acusados vendían droga, tanto de día como de noche y que hacían delivery en motos enduro con las que esquivaban los controles policiales puestos por la cuarentena y atravesaban los ríos y vías de Solís Pizarro.

Con la información recabada en el transcurso de la investigación, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento, el secuestro y la detención de los imputados.

A las 22:16 del 23 de julio,  los efectivos policiales arribaron a la vivienda investigada y detuvieron a Jorge Marcos René Garvizu y Noelia María Belén Durán.

Al requisar a la imputada, se le encontró la suma de $600, mientras que al imputado se le encontró una billetera con la suma total $5.020 y un celular.

Cuando se realizó el registro domiciliario, Durán entregó 18 envoltorios de polietileno con sustancia vegetal disecada amarronada en forma compacta y 11 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulverulenta. También entregó en mano la suma un total de $9.250. En el patio externo del inmueble se encontró una rejilla metálica (tipo colador) y una moto Yamaha 110 cc.

Por último, de una habitación se secuestraron varios teléfonos celulares y una balanza electrónica blanca.

Una mujer y un hombre, imputados por vender estupefacientes en barrio Ceferino

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Ivana Analía Espíndola y Daniel Ernesto Troncoso, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que Espíndola, de 39 años y con domicilio en Avenida Costanera de Barrio Ceferino, vendía pasta base y que todos los días llegaban compradores.

Al iniciar la investigación, se confirmó que la mujer investigada ya contaba con antecedentes por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes.

Además, de entrevistas con vecinos que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, pudo conocerse que el grupo familiar de la investigada era muy problemático y que Ivana alias “Iva”, vendía drogas en su domicilio, lo que provocaba que sus compradores cometieran diferentes delitos, tales como robos, hurtos, amenazas y daños a instituciones públicas.

En base a tareas de vigilancia y la demora de algunos compradores a quienes se les secuestraron sustancias, se llegó a la conclusión de que la mujer llevaba a cabo de manera organizada actividades ilícitas relacionadas con el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes, por lo que se pidió al Juzgado de Garantías interviniente la realización de un allanamiento.

El procedimiento en el domicilio de la acusada fue realizado el pasado 22 de julio por personal policial de Drogas Peligrosas Sector 5 “B”, donde Espíndola fue vista junto a Troncoso, de 39 años, quien según se determinó, actuaba como “pasamanos”.

De una de las habitaciones se secuestró 28 envoltorios de polietileno color rosado con sustancia blanquecina en forma de “pipas”.

Además, en una caja se encontró un envoltorio de polietileno color blanco con sustancia blanquecina en forma granulada.

Otra requisa realizada a Troncoso permitió el secuestro de una bolsa con 101 envoltorios color rosado con sustancia blanquecina en forma en forma de pipas.

Durante el allanamiento también se secuestraron $ 45.910 en efectivo.

Condenado a seis años de prisión efectiva por vender drogas en un barrio de la zona sur

El fiscal penal de UFINAR en feria, Pablo Rivero, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que el juez de Sala IV del Tribunal de Juicio, Maximiliano Troyano, condenó a la pena de cuatro años de prisión efectiva a Carlos Martín Clemente, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El magistrado unificó la pena con una condena anterior y la llevó a seis años de prisión efectiva.

Además de la condena, fue decomisado el dinero secuestrado, del cual el 30 por ciento quedó afectado al Ministerio Público Fiscal, al igual que un vehículo Fiat Spazio, utilizado por el condenado para la venta de la droga.

Tras un allanamiento realizado por personal de la Dirección de Drogas el jueves 20 de febrero pasado, en el domicilio del imputado situado en barrio Pablo Saravia, de la zona sur de la capital salteña, fue detenido Clemente, de 38 años, y se secuestraron siete gramos de sustancia blanquecina, que según la prueba de narcotest correspondió a cocaína y sus derivados. Estaba acondicionada en 60 envoltorios de polietileno.

También se secuestraron 10 gramos de sustancia vegetal disecada, que según la prueba de narcotest era cannabis sativa y estaba acondicionada en envoltorios.

Por otra parte, fueros secuestrados un teléfono celular, la suma de $11.425 en efectivo y distintos elementos para acondicionar los estupefacientes, entre ellos, un colador metálico, una cinta de embalar transparente y varios recortes de envoltorios de polietileno.

La cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal, mientras que de las tareas de vigilancias realizadas por los investigadores, se pudo advertir que el imputado entregó estupefacientes a diferentes consumidores y a cambio de dinero.

Vendía drogas, lo denunciaron por la web y fue condenado a cuatro años de prisión

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que el juez de la Sala III del Tribunal de Juicio, Pablo Farah,  condenó a cuatro años de prisión efectiva a César Roberto Campero, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima realizada el 18 de marzo de 2019 en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que un tal “Moncho” comercializaba droga en un domicilio de barrio Los Paraísos.

Posteriormente, se identificó al imputado, de 32 años, quien ya tenía  antecedentes por infracción a la ley 23.737. Tareas de vigilancia realizadas por el personal de Drogas Peligrosas permitieron constatar que distintas personas llegaban al domicilio y se retiraban minutos después.

Un allanamiento realizado en el domicilio permitió la detención del imputado y el secuestro de un envoltorio de polietileno transparente con sustancia blanquecina pulverulenta, que fue encontraba en el interior de la boca del acusado.

En tanto, durante el registro domiciliario, se secuestró una bolsa transparente que tenía un envoltorio de polietileno transparente con 24 envoltorios de polietileno transparente con sustancia blanquecina pulverulenta, dos cajas de aceite de cannabis sativa, un envoltorio de polietileno color verde con sustancia blanquecina pulverulenta, una balanza gramera y un teléfono celular.

La prueba de narcotest realizada, arrojó resultado positivo por cocaína, por 9.6 gramos.

Dos condenados y una menor penalmente responsable por vender drogas en Atocha

El fiscal penal de Ufinar, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que la jueza Mónica Faber condenó a Cristian Sebastián Robles y Andrea Elizabeth Ibarra, a la pena de cuatro años de prisión efectiva, por ser autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También declaró penalmente responsable a una menor por el mismo delito.

Tareas de vigilancia permitieron observar a la menor mientras entregaba sustancias estupefacientes a jóvenes a cambio de dinero, mientras que un allanamiento realizado en su domicilio ubicado en Atocha III, permitió el secuestro de sustancias estupefacientes acondicionadas para la venta.

Cuando el personal policial ingresó a la vivienda, observó a Cristian Sebastián Robles desplazarse rápidamente hacia la habitación del fondo, donde tiró por la ventana un objeto que luego se determinó que contenía sustancia estupefaciente.

Respecto de Andrea Ibarra, quedó comprobado que llevaba cabo la comercialización de estupefacientes en el interior del inmueble. A eso se suma que cuando se realizó el allanamiento en el domicilio, no pudo ser encontrada, aunque sí se logró el secuestro de sustancias estupefacientes. Luego el 4 de julio de 2019, se produjo su detención.

Oportunamente, el fiscal penal Santiago López Soto solicitó la responsabilidad penal de la menor y el decomiso del dinero secuestrado y la afectación del 30% para la cuenta del Ministerio Público Fiscal destinada a la lucha contra el microtráfico.

Una organización familiar y armada, imputada por venta de drogas

El fiscal penal de Ufinar, Santiago López Soto, imputó a Juan Antonio Cuéllar,  Marcela del Valle Santillán y Victoria Cuéllar, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada. Juan Antonio Cuéllar y Marcela del Valle Santillán también fueron imputados por portación de arma de fuego de uso civil, la que fue secuestrada durante el allanamiento realizado en su domicilio.

En base a los elementos obtenidos de tareas de vigilancia realizadas por personal policial, la identificación de personas que adquirieron sustancias a través de los imputados y el resultado de los allanamientos realizados el pasado 18 de junio, en los que se secuestró elementos de interés para la causa, pudo determinarse que los acusados formaban parte de una organización de más de tres personas, con diferentes roles y funciones, dedicada a la preparación, provisión, fraccionamiento, división y posterior venta de drogas.

La intervención del fiscal López Soto se produjo tras una denuncia anónima radicada el 28 de mayo en la base de Operaciones del Sector 1B, en la que una persona expresó su molestia por la venta de droga que los imputados realizaban en inmediaciones del canal cercano al tanque de agua de avenida Las Costas y que recibió insultos y amenazas de parte de ellos.

Además, vecinos que no aportaron datos personales por temor a represalias, manifestaron que Cuéllar, su pareja Marcela del Valle Santillán y la hermana del primero, Victoria Cuéllar, vendían drogas y que residían a orillas del canal que separa los barrios Ampliación San Ramón y Palermo I, en la oeste de la capital salteña.

El allanamiento realizado en el domicilio de la pareja permitió sus detenciones y el secuestro de 90 envoltorios de polietileno sellado color rosado y cuatro color negro con sustancia blanquecina pulverulenta, un envoltorio de polietileno transparente con sustancia amarillenta en forma compacta, dos terrones de sustancia amarillenta en forma compacta, un envoltorio de polietileno transparente con sustancia vegetal disecada en forma compacta, dos macetas con plantines de cannabis sativa, una balanza granera, un cuchillo tipo tramontina con restos de sustancia blanquecina, 10 cartuchos de distintos calibres, un revolver calibre 32, tres teléfonos celulares y la suma de $25.500 en efectivo.

El narcotest sobre la sustancia secuestrada dio resultado positivo para cannabis por un peso de 16,3 gramos y positivo por cocaína por un peso de 11,5 gramos.

En tanto, el allanamiento realizado en la residencia de Victoria Cuellar permitió su detención y el secuestro de 15 envoltorios de polietileno color verde con sustancia blanquecina pulverulenta “pipas”, un plantín de cannabis sativa, tres teléfonos celulares, una notebook y la suma de $ 350. El narcotest sobre la sustancia secuestrada dio resultado positivo por cocaína por un total de 2,7 gramos.

Microtráfico: Denunciados a través de la web, hoy están imputados

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Luciano Gabriel Vaca y Sebastián Matías Rodríguez, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En base a los elementos obtenidos tras las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial, la identificación de personas que adquirieron sustancias a través de los imputados y el resultado de dos allanamientos realizados el 18 de junio pasado, pudo determinarse que los acusados tenían a su disposición cocaína que destinaban a la venta.

La intervención del fiscal penal Santiago López Soto se produjo tras una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Fiscal, en la que se indicó que en un domicilio de barrio Limache, el imputado Luciano Gabriel Vaca vendía sustancias estupefacientes.

La denuncia fue constatada mediante fotos y entrevistas con vecinos que no quisieron aportar sus datos personales por temor a represalias, y que manifestaron que tanto Vaca como otra persona, identificada como Sebastián Matías Rodríguez, vendían droga cerca de sus domicilios.

Un allanamiento realizado en el domicilio de Luciano Gabriel Vaca permitió su detención y el secuestro de una billetera con $2750 y un envoltorio de polietileno con sustancia blanquecina en forma de polvo que tenía entre sus prendas.

Del inmueble se secuestró 49 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina en forma de polvo, una moto Zanella y un teléfono celular.

El narcotest dio positivo para cocaína, por un total de 3.9 gramos.

Otro allanamiento realizado el mismo día en la residencia de Sebastián Matías Rodríguez permitió su detención y el secuestro de $2550 y tres envoltorios con sustancia blanquecina en forma de polvo que tenía entre sus prendas, mientras que del domicilio no se secuestraron elementos de interés para la causa.

El narcotest dio resultado positivo para cocaína, por un peso inferior al gramo.

Villa Primavera: Matrimonio fue condenado por vender cocaína

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en un juicio abreviado en el que el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, condenó a Ricardo Ramón Abán, a la pena de cuatro años de prisión efectiva y el pago mínimo de la multa prevista por ley, y a Silvina Rivaineira, a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional.

Ricardo Ramón Abán fue imputado por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación a las normas dispuestas para evitar la propagación de una pandemia, y al ser condenado, el juez le revocó la pena de un año de prisión condicional impuesta en una causa anterior y unificó la pena única de cinco años de prisión efectiva.

En tanto, Silvina Rivaineira fue imputada por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en carácter de partícipe secundaria y violación a las normas dispuestas para evitar la propagación de una pandemia.

A su vez, se decomisaron los elementos secuestrados y se afectó el 30% del dinero a la cuenta del Ministerio Público Fiscal para el financiamiento de la lucha contra el microtráfico.

Según consta en el legajo, los imputados fueron detenidos tras un procedimiento realizado el pasado 14 de mayo, cuando personal policial pudo observar a la pareja que realizaba el intercambio de dinero por sustancia estupefaciente a bordo de un Volkswagen Gol azul.

La pareja fue interceptada en avenida Asunción, antes de llegar a la rotonda de Los Gauchos, donde se les secuestró la sustancia que según la prueba de narcotest correspondió a cocaína, fraccionada en 27 envoltorios de polietileno con un peso de 4,4 gramos en total.

Además, un allanamiento realizado en el domicilio del matrimonio situado en Villa Primavera, permitió el secuestro de más cantidad de sustancia blanquecina, que según la prueba de narcotest correspondió a cocaína y de elementos para acondicionar el estupefaciente; entre ellos, una cucharilla de metal con cabo de plástico color naranja, dos tijeras, dos cuchillos con la hoja de metal tipo sierrita con cabo de madera con resto de sustancia blanquecina, recortes de bolsas de polietileno color negro y una vela de cera color blanca a medio consumir.

También fue secuestrada una motocicleta Motomel, un teléfono celular y la suma de $73.850 y USD 20.

El fiscal penal López Soto entendió que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal, mientras que los imputados tampoco pudieron justificar los montos del dinero en efectivo secuestrado.

Con respecto a la violación de las normas dispuestas para evitar la propagación de una pandemia, el fiscal destacó que quedó acreditado mediante las tareas de vigilancias realizadas por personal policial, que los imputados circularon por la vía pública en distintas oportunidades y sin la autorización correspondiente, mientras realizaban el intercambio de estupefacientes por dinero, por lo que violaron las medidas dispuestas por la autoridad competente (DECNU 260/2020) para impedir la propagación del coronavirus.