Rosario de la Frontera: condenadas por vender estupefacientes

Dos mujeres fueron condenadas por comercializar estupefacientes en la ciudad termal. La investigación se inició a partir de denuncia realizadas por vecinos. La pena se cumplirá en forma domiciliaria con custodia policial. Un hombre de 28 años fue sobreseído.

El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur, en la audiencia de juicio abreviado contra Teresa del Carmen Zenardo de 20 años, Fernanda Isabel Zenardo de 29 años y Néstor Fabián Valdez, de 28 años, imputados como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

La investigación inició a partir de la denuncia y datos aportados por un vecino del barrio Santa Ana de Rosario de la Frontera, conocido como la zona del “Bajo”, quien, en junio de 2019, dio a conocer sobre la actividad ilícita que desplegaban los imputados.

De las tareas desplegadas por personal de la Sección de Drogas Peligrosas Rosario de la Frontera, se pudo identificar a los sospechosos y se reunieron los elementos de convicción necesarios para que el fiscal solicite orden de allanamiento y detención para los domicilios investigados.

Como resultado de los procedimientos se logró la detención de los tres investigados y se logró el secuestro de importante cantidad de sustancia estupefaciente, teléfonos celulares, dinero y otros elementos de interés para la causa.

El juez Sebastián Fucho, luego de recibir la confesión de las dos acusadas y la aceptación de los hechos endilgados, les impuso la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo bajo la modalidad de prisión domiciliaria por tener a cargo hijos menores de edad. Néstor Fabián Valdez, fue sobreseído.

Condenaron a una pareja por vender cocaína en barrio Palmeritas

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado por videoconferencia en el que el Tribunal de Juicio Sala V -en feria-, condenó a Cristian Rolando Cuéllar a la pena de cuatro años y dos meses de prisión efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor y fue declarado reincidente por segunda vez. También fue condenada Florencia Valeria Villalba a la pena de tres años de prisión condicional por el delito de tenencia simple de estupefacientes en calidad de autora y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de partícipe secundaria.

El fiscal penal López Soto había requerido la elevación a juicio de la causa en junio pasado.

Del requerimiento surgió que la comisión del delito quedó comprobada tras el resultado de un procedimiento realizado en mayo pasado, en el domicilio de los imputados ubicado en barrio Palmeritas, donde se logró la detención de los acusados y el secuestro de 28 gramos de sustancia blanquecina, positivo para cocaína según la prueba de narcotest.

También fueron secuestrados elementos para acondicionar el estupefaciente, como un colador metálico con restos de sustancia, un cuchillo, diferentes envoltorios de color azul y bolsas azules, dos teléfonos celulares y la suma de $2740 en efectivo.

El fiscal penal Santiago López Soto consideró que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal y que los acusados tampoco pudieron justificar el origen del dinero secuestrado.

La vigilancia del personal policial confirmó que Villalba y Cuellar entregaban estupefacientes a diferentes consumidores a cambio dinero, mientras que en la fiscalía a través de declaraciones testimoniales, distintas personas reconocieron haber comprado estupefacientes en el domicilio allanado.

Una mujer y un hombre irán a juicio por vender pasta base en barrio Ceferino

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Ivana Analía Espíndola y Daniel Ernesto Troncoso, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que Espíndola, de 39 años y con domicilio en avenida Costanera de Barrio Ceferino, vendía pasta base y que todos los días llegaban compradores.

Al iniciar la investigación, se confirmó que la mujer investigada ya contaba con antecedentes por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes.

Además, de entrevistas con vecinos que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, pudo conocerse que el grupo familiar de la investigada era muy problemático y que Ivana alias “Iva”, vendía drogas en su domicilio, lo que provocaba que sus compradores cometieran diferentes delitos, tales como robos, hurtos, amenazas y daños a instituciones públicas.

En base a tareas de vigilancia y la demora de algunos compradores a quienes se les secuestraron sustancias, se llegó a la conclusión de que la mujer llevaba a cabo de manera organizada actividades ilícitas relacionadas con el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes, por lo que se pidió al Juzgado de Garantías interviniente la realización de un allanamiento.

El procedimiento en el domicilio de la acusada fue realizado el pasado 22 de julio por personal policial de Drogas Peligrosas Sector 5 “B”, donde Espíndola fue vista junto a Troncoso, de 39 años, quien según se determinó, actuaba como “pasamanos”.

De una de las habitaciones se secuestraron 28 envoltorios de polietileno color rosado con sustancia blanquecina en forma de “pipas”. Además, en una caja se encontró un envoltorio de polietileno color blanco con sustancia blanquecina en forma granulada.

Otra requisa realizada a Troncoso permitió el secuestro de una bolsa con 101 envoltorios color rosado con sustancia blanquecina en forma en forma de pipas.

Durante el allanamiento también se secuestraron $ 45.910 en efectivo.

Apolinario Saravia: tres imputados por el desarmadero de motos

Tres hombres fueron imputados este jueves por la sustracción de una motocicleta en Las Lajitas y dos de ellos además por tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización. Al secuestrarse otras motocicletas de dudosa procedencia y documentación de rodados, la fiscal continúa con la investigación.

Imagen ilustrativa

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó este jueves a Roberto Quinteros de 29 años, a Darío Rodolfo Parada de 23 años y a Mauricio Iván Acosta de 21 años como coautores del delito de hurto calificado en perjuicio de una vecina de Las Lajitas, a quien le sustrajeron una motocicleta.

Quinteros y Parada, además fueron acusados como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Cabe recordar que la investigación se inició a partir de la denuncia de una vecina de Las Lajitas por la sustracción de una motocicleta del frente de su vivienda y con el trabajo de los investigadores y datos aportados por la propia damnificada, se logró individualizar a los sospechosos.

Con los elementos de convicción necesarios, la fiscal García Pisacic solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento, secuestro y detención para una vivienda en Apolinario Saravia, donde estaría el rodado sustraído.

En cumplimiento de la medida, el pasado miércoles, se logró recuperar la motocicleta en cuestión y se secuestraron además otro ocho rodados de dudosa procedencia, documentación de motocicletas, una bicicleta, partes de motocicletas y repuestos, celulares, dinero en efectivo, armas, sustancia estupefaciente, elementos de corte y fraccionamiento y otros de interés para la causa.

García Pisacic explicó que a partir del hallazgo de otros rodados cuya propiedad no pudieron justificar los acusados y otros indicios, la investigación continúa, en procura de determinar si existen otros damnificados, por lo que se solicitó que los acusados se mantengan detenidos para evitar cualquier tipo de entorpecimiento.

Condenado por vender marihuana y pasta base en su casa

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio oral y público en el que jueza del Tribunal de Juicio Sala III del Distrito Judicial del Centro, Gabriela González, condenó a Pedro Jesús “Boliviano” Copa, a la pena de cuatro años y cinco meses de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de denuncias anónimas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que en un domicilio del barrio Boulogne Sur Mer, del sur de la capital salteña, vendían drogas.

Tras constatar la existencia del inmueble y que el residente era “Boliviano” Copa, se confirmó que éste tenía antecedentes por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.

Con el avance de la investigación, fue solicitado al Juzgado de Garantías 4, una orden de allanamiento para el domicilio investigado. La irrupción al domicilio se produjo el domingo 3 de noviembre de 2019, cerca de las 21:30, con la presencia de testigos civiles.

Durante la requisa domiciliaria, se encontró en una de las habitaciones una bolsa de plástico con 23 envoltorios de polietileno de color verde, con sustancia vegetal disecada amarronada en forma de picadura, cuyo narcotest dio resultado positivo para marihuana.

En tanto, en el patio interno fue encontrada una bolsa transparente con 19 envoltorios de polietileno de color rosa, con sustancia blanquecina en forma pulverulenta. En este caso, el narcotest, arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados.

Irá a juicio por vender cocaína en su casa

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Carlos Alfredo Domínguez, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que en un domicilio de barrio Ampliación Santa Ana II, una persona identificada como “Cabeza” Domínguez, comercializaba estupefacientes.

Pudo constatarse el 1 de junio la existencia del domicilio mencionado y de entrevistas con vecinos que pidieron mantener el anonimato, pudo conocerse que la persona denunciada era Carlos Alberto Domínguez, de 43 años, que según la base de datos del Gabinete Técnico, tenía antecedentes por infracción a la ley 23.737.

Además, se documentó que la vivienda era visitada con frecuencia por compradores que adquirían la droga directamente del investigado y que luego se retiraban, llevándosela a la nariz.

En base a los elementos obtenidos, se solicitó autorización al Juzgado de Garantías interviniente para allanar la vivienda del imputado. El 24 de junio se implantó vigilancia en el domicilio, donde se observó la llegada de un hombre en moto, que fue atendido por el investigado y quien le entregó un elemento a cambio de dinero.

El comprador fue interceptado luego en el mismo barrio y se le secuestró un envoltorio de papel de color blanco tipo cartucho, con sustancia en forma de polvo.

Tras esto, los efectivos irrumpieron en el domicilio investigado  en presencia de testigos civiles y al advertir la presencia policial, el imputado subió por una escalera y arrojó fuera de la vivienda, un frasco de plástico negro que quedó tirado y abierto en la vereda.

En el frasco había 38 envoltorios de papel con sustancia estupefaciente, idénticos al envoltorio secuestrado al comprador. Las pruebas de narcotest dieron positivo para cocaína.

Una requisa realizada con un perro antinarcóticos, permitió el secuestro en el patio interno, donde el imputado también intentó escapar, de un envoltorio de papel tipo cartucho de diferentes colores con sustancia blanquecina y de una planta de marihuana.

De la habitación del imputado, se secuestró un cartucho de papel en forma rectangular de diferentes colores con sustancia blanquecina y un envoltorio de polietileno transparente con sustancia vegetal disecada en forma de picadura.

Además, en un mueble se encontró un frasco de madera con 450 semillas de cannabis y una balanza granera, con capacidad de 10 kilos.

Lo detuvieron con más de un kilo de marihuana en junio y ahora requieren juicio

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Facundo Emiliano Molina, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de un acta de procedimiento elevada por el Grupo de Investigaciones de Drogas del Sector 5 A, que puso en conocimiento que el 30 de junio pasado, cerca de las 18 y durante un patrullaje preventivo, efectivos de la motorizada de la Comisaría Quinta, demoraron a una persona con sustancias estupefacientes.

Al llegar a esa comisaría, el oficial responsable se entrevistó con un cabo de DSU, quien le manifestó que en la fecha y hora mencionadas, estuvo de servicio junto a otros dos efectivos y que mientras circulaban por calle Diagonal 9 de Julio, observaron por calle José Paso a dos personas a bordo de una moto negra y roja.

Con el motivo de identificarlos, los efectivos los siguieron por calle Beltrán y los interceptaron en calle Costanera, donde el conductor detuvo la marcha y el acompañante, tras descender, intentó ingresar a una vivienda cerrada.

Tras la identificación, los efectivos le pidieron a uno de ellos que exhibiera lo que tenía en el morral y en ese momento, el imputado escapó, pero fue interceptado en la intersección de las calles Usandivaras y Diagonal 20 de Junio.

Por otro lado, el conductor de la moto se retiró con el vehículo, a pesar de que le habían secuestrado la llave de encendido.

Una vez demorado, Molina, de 23 años, fue requisado y con la colaboración de un testigo civil se le secuestró de un bolso, un envoltorio rectangular con cinta de embalar color ocre, tres terrones grandes, una bolsa de color verde y dos envoltorios de plástico color negro, todos con sustancia vegetal. Además, se le secuestró una netbook con la leyenda “Conectar Igualdad” y una balanza electrónica gramera.

Una vez trasladado el procedimiento a la base de Comisaría Quinta, en presencia del testigo mencionado y del otro sujeto identificado, se realizó el Narcotest sobre la sustancia secuestrada, con resultado positivo para cannabis por un total de 1.321 gramos.

Zona sur: detenido e imputado por repartir cocaína en un remís

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, imputó a Carlos Alberto Martín Molina, acusado del delito de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización.

Con los elementos obtenidos de las tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado del procedimiento efectuado en la tarde del miércoles 12 de agosto, que permitió el secuestro de sustancias que el imputado tenía en su poder, pudo establecerse que Molina, de 43 años, vendía estupefacientes bajo la modalidad “delivery”, a bordo de un remís.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto iniciaron con la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que un hombre que manejaba un remís gris, comercializaba estupefacientes en los barrios Parque La Vega y Limache.

Un vecino de Parque La Vega, que no quiso aportar sus datos personales por temor a represalias, manifestó que entre las 20 y las 22, solía llegar a la intersección de calles Congo y Celestino Burgos, un remís color gris, conducido por un hombre mayor de edad, que realizaba la entrega de estupefacientes desde el vehículo a los jóvenes que se acercaban.

El martes 7 de julio, a las 20:35, personal policial observó en la esquina mencionada la llegada de un remís Chevrolet Corsa, color gris, conducido por un hombre con características similares a las mencionadas por el vecino.

Cuando el acusado detuvo la marcha del vehículo, se acercó un hombre por el lado del acompañante, quien subió al auto para realizar el intercambio de drogas por dinero. Luego, se acercó otra persona por el lado del conductor, que también realizó con el investigado otro intercambio de sustancia por dinero.

El seguimiento realizado al investigado, permitió determinar que residía en un inmueble de bario Santa Ana I. De entrevistas con vecinos de este último barrio, surgió el nombre del acusado.

Efectivos policiales también observaron la llegada constante de personas a ese domicilio, que ingresaban y salían luego de unos minutos.

Por otra parte, al realizarse la exploración de la Red Social Facebook, surgió de un grupo de vecinos de la zona sur, una publicación que también afirmaba que el remisero vendía droga a muchos “pibes que se sentaban a esperar en la oscuridad”.

Tras esto, fue solicitada al Juzgado de Garantías interviniente, la orden de allanamiento para el domicilio de barrio Santa Ana y la orden de requisa y secuestro del vehículo Chevrolet Corsa.

Durante un seguimiento realizado el miércoles 12 de agosto, cerca de las 18, cuando Molina regresaba a la zona sur de la Ciudad de Salta por avenida Paraguay en sentido Norte-Sur, a bordo del remís, el acusado detuvo su marcha en un semáforo de Parque la Vega, donde fue detenido por personal policial.

Sin embargo, teniendo en cuenta el lugar, los efectivos policiales optaron por desplazarse al domicilio del detenido de barrio Santa Ana I, donde iniciaron la requisa del vehículo, en cuyo habitáculo de la puerta del conductor, encontraron un bolso de cuero con 91 envoltorios de polietilieno con sustancia blanquecina en forma pulvurenta.

Durante una requisa, a Molina se le encontró un teléfono celular. Por último, se encontró en el domicilio del investigado, la suma de $ 20.360 y otro teléfono celular.

La prueba de narcotest realizada a la sustancia encontrada, arrojó resultado positivo por cocaína, por un total de 13 gramos, por lo que Molina fue detenido.

Irá a juicio por vender drogas en un comedor de barrio Gauchito Gil

El fiscal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Mabel Estela Avilés, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por cometerse en un centro asistencial.

La mujer, de 36 años, fue imputada luego de las tareas de investigación y vigilancia realizadas por personal policial y los elementos obtenidos mediante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente en el domicilio de la acusada y donde funciona el merendero y comedor, en la zona sudeste de la capital.

Durante la investigación, se constató que Avilés tenía a su disposición sustancia estupefaciente que vendía a diferentes consumidores, y dinero en efectivo producto de la actividad ilícita que realizaba.

Las actuaciones comenzaron con la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, la que se precisó que en el merendero “Los Ángeles del Gauchito Gil”, del barrio homónimo, la imputada comercializaba sustancia estupefaciente.

Las tareas de vigilancia permitieron constatar con fotografías y filmaciones que distintas personas intercambiaron dinero por estupefacientes.

Se sumaron testimonios de vecinos, quienes aseguraron que en el lugar también se venden bolsones de mercadería que son entregados en donación para el merendero.

A partir de esa afirmación, el fiscal López Soto dio intervención a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, para que investigue la posible comisión de delitos en torno a las donaciones.

En el marco de la investigación, a una de las personas que compró se le secuestraron seis envoltorios de polietileno, con sustancia blanquecina en forma pulverulenta. Y durante el allanamiento, en el domicilio se incautó un frasco con 161 envoltorios con la misma sustancia; $2.060 en efectivo y dos teléfonos celulares. El narcotest dio resultado positivo para cocaína, con un pesaje total de 11.7 gramos.

Drogas: en julio imputaron a una banda de Villa Los Sauces; ahora piden juicio

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Ramón Guerrero Camisay, Luis David Cala Guaymás, Cristian Alejandro Pérez y Gimena Belén Guerrero, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

En base a los elementos obtenidos de tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado de los allanamientos realizados el pasado 22 de julio, pudo determinarse que los imputados formaban una organización que tenía a su disposición sustancia estupefaciente que destinaba a la venta.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, que indicó que en un inmueble ubicado en calle García Lorca, de Villa Los Sauces, vendían sustancias estupefacientes de manera continua.

Vecinos de la zona que no quisieron identificarse por temor a represalias, manifestaron que uno de los vendedores de estupefacientes era un tal Luis, alias “Cascarudo”, quien posteriormente fue identificado como Luis David Cala Guaymás.

Se pudo constatar que en el mismo domicilio también residía Cristian Alejandro Pérez, quien ya tenía antecedentes por infracción a la ley 23.737.

Posteriormente, otro vecino, que tampoco quiso identificarse por temor a represalias, expresó que otro individuo que también se encargaba de vender estupefacientes era Ramón Guerrero, quien recientemente había recuperado la libertad, tras ser detenido por infracción a la ley 23.737.

También indicó que éste participaba de las maniobras junto a su hija Gimena y que ambos residían en un domicilio ubicado en calle Juan XXIII.

Para completar la investigación, se realizó consultas con el Sistema del Ministerio Público y se advirtió la existencia de denuncias anónimas que indicaban que la hija de Ramón Guerrero Camisay también vendía drogas, posteriormente identificada como Gimena Belén Guerrero.

Con la información recabada tras tareas de vigilancia, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento para los domicilios, el secuestro y la detención de los mencionados.