Un joven de 20 años fue abordado el pasado lunes durante la madrugada por tres personas que intentaban robarle la motocicleta. Se encuentra internado con fractura de maxilar y otras lesiones. Los autores son un hombre de 39 años y dos menores de 15 años.
El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, interino en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, imputó a Pedro Ariel Godoy, como autor del delito de robo agravado por el uso de arma y en banda en perjuicio de un joven de 20 años.
El hecho ocurrió el pasado lunes por la madrugada en la intersección de calle Avellaneda y Calixto Gauna, cuando tres personas agredieron al damnificado con la intención de robarle la motocicleta en la que se desplazaba y le provocaron serias lesiones.
Un vecino impidió que sustrajeran la motocicleta y uno de los delincuentes, antes de huir, le arrebató a la víctima las zapatillas.
El joven fue hospitalizado, y se informó que resultó con fractura del maxilar y presenta distintas lesiones tras el ataque.
Tras la identificación de los sospechosos, se logró recuperar las zapatillas de la víctima y entre los elementos secuestrados, hay un cuchillo de 25 cm de hoja, con el que cometerían los ilícitos.
Gómez Amado solicitó al Juzgado de Garantías en turno, que se mantenga la detención del imputado.
Un hombre de 22 años fue condenado a cumplir seis años de prisión por un hecho ocurrido en el mes de agosto de 2019, cuando irrumpió en una vivienda armado y tras lesionar gravemente a la pareja de la dueña de casa, se llevó dinero. Fue reconocido por la víctima.
El fiscal penal 3, Pablo Paz, representó al Ministerio Público ante la Sala VII en la audiencia de debate contra Cristian Ariel Puca, de 22 años, imputado por el delito de robo doblemente agravado por la violencia ejercida y por el uso de armas en perjuicio de una pareja de barrio Santa Ana II.
El hecho ocurrió el pasado 8 de agosto de 2019 en una vivienda del barrio de la zona Sur de la ciudad de Salta, donde una pareja descansaba y se despertó cuando el acusado irrumpió violentamente en la vivienda y portando un cuchillo de considerables dimesiones, los amenazó y tomó al hombre por el cuello y comenzó a lesionarlo en distintas partes del cuerpo mientras exigía que le entreguen dinero.
La mujer le hizo entrega del dinero que tenía y éste huyó. El damnificado tenía diversas heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo y una en la zona abdominal, por lo que requirió atención médica por su gravedad.
La identificación del delincuente se produjo cuando el herido pudo declarar y reconoció a su atacante como un joven que se juntaba en el barrio con otros, a consumir estupefacientes.
Cristian Ariel Puca fue condenado este jueves por la jueza Paola Marocco a cumplir la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo.
El juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Fernando Mariscal Astigueta, hizo lugar a la solicitud del penal de Salvador Mazza, Armando Cazón y declaró la incompetencia material y territorial de la fiscalía, en la causa que tiene a cuatro imputados que permanecen detenidos y 279 caños secuestrados tras el robo millonario de una antena. La antena de alta tensión, de 40 metros de altura, formaba parte del acuerdo binacional de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia. Por ello, la causa pasa al fuero federal.
La intervención del fiscal provincial, se produjo a partir de las actuaciones de la Brigada de Investigaciones de Tartagal y Salvador Mazza, luego de que el administrador de un proyecto de obras de compensación tomara conocimiento a través de un puestero y denunciara que el pasado 23 de febrero, un grupo de personas desconocidas, volteó una torre de cableado de alta tensión ubicada frente a la comunidad Tres Quebradas de Aguaray. También indicó que en el lugar había una camioneta negra con siete hombres a bordo.
En la ampliación, el denunciante manifestó que el costo de la antena robada y destruida es de 30 mil dólares y que el costo total del daño sufrido fue de cuatro millones de pesos.
De los informes se desprende que el personal policial tomó conocimiento que los propietarios de una ladrillera ubicada en el paraje Virgen de la Peña tenían en su poder hierros similares a los de la antena.
Al llegar al lugar los efectivos policiales fueron recibidos por un hombre que manifestó trabajar como changuero, quien informó sobre los nombres de los propietarios del lugar. También observaron que las bases para sostener maquinaria estaban construidas con hierro galvanizado y presentaban un código alfanumérico con el logo de una antena.
Ninguno de los propietarios pudo justificar la procedencia
de los materiales y solo uno de ellos adujo que fueron comprados por dos mil
pesos a unos paisanos de Yacuy.
En total, 279 caños fueron secuestrados con hierros color gris galvanizados, con código alfanumérico y logo de la empresa damnificada.
Teniendo en cuenta las denuncias, testimonios, informes policiales, imágenes fotográficas, inspecciones oculares y elementos secuestrados, el fiscal penal Armando Cazón entendió que los elementos fueron suficientes para imputar provisionalmente a cuatro personas por la comisión del delito de robo calificado en grado de coautores, quienes permanecen detenidos.
La antena de alta tensión formaba parte del Corredor de Intercambio
Juana Azurduy, instalada por la contratista y encargada del proyecto ESE&CC
para el abastecimiento de energía al sistema local desde Bolivia.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó al juez de Garantías interviniente la declaración de incompetencia material y territorial de la fiscalía en la causa que tiene a cuatro imputados que permanecen detenidos y 279 caños secuestrados tras el robo millonario de una antena, con el fin de que sea remitida al Juzgado Federal de Tartagal. La antena de alta tensión, de 40 metros de altura, formaba parte del acuerdo binacional de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia.
La intervención del fiscal se produjo a partir de las actuaciones de la Brigada de Investigaciones de Tartagal y Salvador Mazza, luego de que el administrador de un proyecto de obras de compensación tomara conocimiento a través de un puestero y denunciara que el pasado 23 de febrero, un grupo de personas desconocidas, volteó una torre de cableado de alta tensión ubicada frente a la comunidad Tres Quebradas de Aguaray. También indicó que en el lugar había una camioneta negra con siete hombres a bordo.
En la ampliación, el denunciante manifestó que el costo de la antena robada y destruida es de 30 mil dólares y que el costo total del daño sufrido fue de cuatro millones de pesos.
De los informes se desprende que el personal policial tomó conocimiento que los propietarios de una ladrillera ubicada en el paraje Virgen de la Peña tenían en su poder hierros similares a los de la antena.
Al llegar al lugar los efectivos policiales fueron recibidos por un hombre que manifestó trabajar como changuero, quien informó sobre los nombres de los propietarios del lugar. También observaron que las bases para sostener maquinaria estaban construidas con hierro galvanizado y presentaban un código alfanumérico con el logo de una antena.
Ninguno de los propietarios pudo justificar la procedencia de los materiales y solo uno de ellos adujo que fueron comprados por dos mil pesos a unos paisanos de Yacuy.
En total, 279 caños fueron secuestrados con hierros color gris galvanizados, con código alfanumérico y logo de la empresa damnificada.
Teniendo en cuenta las denuncias, testimonios, informes policiales, imágenes fotográficas, inspecciones oculares y elementos secuestrados, el fiscal penal Armando Cazón entendió que los elementos fueron suficientes para imputar provisionalmente a cuatro personas por la comisión del delito de robo calificado en grado de coautores, quienes permanecen detenidos.
La antena de alta tensión formaba parte del Corredor de Intercambio Juana Azurduy, instalada por la contratista y encargada del proyecto ESE&CC para el abastecimiento de energía al sistema local desde Bolivia.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó provisionalmente a tres hombres acusados del delito de robo calificado en grado de coautores.
La intervención del fiscal se produjo a partir de las actuaciones de la Brigada de Investigaciones, luego de que el administrador de un proyecto de obras de compensación tomara conocimiento a través de un puestero y denunciara que el pasado 23 de febrero, un grupo de personas desconocidas voltearon una torre de cableado de alta tensión ubicada frente a la comunidad Tres Quebradas de Aguaray. También indicó que en el lugar había una camioneta negra con siete hombres a bordo.
En la ampliación, el denunciante manifestó que el costo de la antena robada y destruida es de 30 mil dólares y que el costo total del daño sufrido es de cuatro millones de pesos.
De los informes se desprende que el personal policial tomó conocimiento que los propietarios de una ladrillera ubicada en el paraje Virgen de la Peña tenían en su poder hierros similares a los de la antena.
Al llegar al lugar los efectivos policiales fueron recibidos por un hombre que manifestó trabajar como changuero, quien informó sobre los nombres de los propietarios del lugar. También observaron que las bases para sostener maquinaria estaban construidas con hierro galvanizado y presentaban un código alfanumérico con el logo de una antena.
Ninguno de los tres propietarios pudo justificar la procedencia de los materiales y solo uno de ellos adujo que fueron comprados por dos mil pesos a unos paisanos de Yacuy.
Posteriormente, los hierros fueron secuestrados y los acusados detenidos.
Tras las denuncias, informes policiales, estudio de fotografías y distintas declaraciones testimoniales, el fiscal Cazón dispuso la imputación de los acusados y su detención.
Un hombre de 28 años fue detenido e imputado en Colonia Santa Rosa por el robo de un parlante portátil y otros objetos de una vivienda. Ingresó por la fuerza y armado con un cuchillo, concretó la sustracción. Fue detenido luego posesión de los bienes.
La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó el pasado jueves a Maximiliano Ezequiel Corbalán como autor del delito de robo calificado por el uso de arma blanca en perjuicio de una vecina del asentamiento Gauchito Gil de Colonia Santa Rosa.
Según consta en la denuncia radicada, la damnificada sintió que se apagó la música que oía y cuando fue a ver que sucedía, encontró al delincuente en el interior de su vivienda, y armado con un cuchillo, se llevó el parlante, un pendrive y una mochilla.
Personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo, lo sorprendió luego en las inmediaciones en posesión de los elementos sustraídos.
Tres jóvenes fueron detenidos e imputados por un hecho ocurrido días atrás en barrio Ciudad del Milagro, cuando ingresaron a un departamento tras violentar la ventana y sustrajeron una plancha. Un vecino los detectó y dio aviso al Sistema de Emergencias, que los detuvo en las inmediaciones, cuando intentaban huir.
El fiscal penal 1, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a Gabriel Manuel Echazú de 19 años, a Maximiliano Echazú de 20 años y a Brian Campos de 20 años, como coautores de los delitos de robo calificado por efracción y en poblado y en banda y violación a las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia y desobediencia a la autoridad en concurso ideal.
El hecho ocurrió días atrás en barrio Ciudad del Milagro, cuando tres jóvenes fueron vistos por un vecino en el momento en que violentaban la ventana de un departamento y sustrajeron un elemento. Inmediatamente llamó al Sistema de Emergencias 911 y alertó sobre el hecho.
Personal policial inició tareas de patrullaje y demoró en las inmediaciones a tres jóvenes que intentaban huir y llevaban una plancha en una bolsa. Radicada la denuncia por la propietaria del departamento, se solicitó la detención de los acusados.
Tras la imputación, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en feria extraordinaria, que se mantenga la detención de los acusados.
Una mujer de 20 años fue detenida e imputada por un hecho ocurrido el sábado pasado en un inquilinato de barrio El Cruce, cuando entró a una habitación por los techos y sustrajo algunos elementos. Lo hizo en compañía de un menor de edad, que se dio a la fuga.
El fiscal penal de General Güemes, Gabriel González, imputó a Melisa Lizondo como autora del delito de robo calificado por efracción y escalamiento agravado por la participación de un menor en perjuicio de un vecino de barrio El Cruce.
El pasado sábado 28 de marzo, un vecino alertó a personal policial sobre dos personas que escalaron una tapia y tras violentar el techo de chapas, sustrajeron elementos de un inquilinato.
Cuando se hizo presente personal policial, el menor involucrado pudo escapar, se detuvo a su cómplice y se logró secuestrar elementos como utensilios de cocina, prendas de vestir y otros elementos sustraídos.
El fiscal penal de Salvador Mazza, José Armando Cazón, imputó a un hombre de 20 años, acusado de los delitos de robo calificado, violación de aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo del coronavirus y desobediencia judicial. El imputado declaró ejerciendo el derecho a la defensa. Hay un prófugo.
El fiscal penal José Armando Cazón solicitó el mantenimiento de prisión del acusado y ordenó medidas tendientes a detener a un segundo hombre que está prófugo, quienes habrían escalado el cerco de la Escuela N° 4100 del Paraje Yacuy, ingresado a la dirección del establecimiento tras violentar la puerta y sustraído distintos objetos.
Ambos incumplieron el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia
Decreto 297/2020, del Poder Ejecutivo Nacional. Se trata del primer caso del
norte en la Justicia Ordinaria Provincial.
La medida, que se realizó en el Complejo Deportivo de la ciudad de Orán, permitió ubicar a cuatro sospechosos en la escena donde, usando armas, se sustrajeron productos agroquímicos de un establecimiento rural.
La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, informó que en el marco de la investigación que lleva adelante por cuatro hechos de robo calificado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, se realizó en la ciudad de Orán, una pericia odorológica a cargo de personal especializado de la Policía de la Provincia con los canes certificados “Cala” y “Dardo”.
Con autorización del juez de Garantías 2 de ese distrito judicial, Claudio Parisi, la medida se concretó los días 4 y 5 de marzo, con la finalidad de buscar la correspondencia entre el olor base levantado en el lugar del hecho y las muestras testigos, entre las cuales se encontraban las muestras de los sospechosos.
En el caso, arrojo un resultado negativo con una muestra base y 4 resultados positivos de correspondencia entre otras muestras bases y las muestras de olor indubitadas de los cuatro imputados que permanecen detenidos.
Fuentes consideró exitosa la realización de la pericia, sumando así un elemento de prueba fundamental para el avance de la investigación, ya que permite ubicar a los sospechosos en el lugar de los hechos.
Cabe destacar que es la primera vez que se realiza en Salta este tipo de pericia en relación a un hecho de robo.