Visita de Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra a la Ciudad Judicial de Salta

La comitiva de docentes y alumnos recorrió las instalaciones del Ministerio Público Fiscal y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Pudieron interactuar con los profesionales, comprendiendo la relevancia y el impacto de su desempeño en el sistema judicial.

El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella y la Directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, recibieron a una comitiva de docentes y alumnos de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. La visita se realizó en el marco de un programa de intercambio de Internacionalización Académica de Investigación, que abarca diversas universidades de Latinoamérica.

La comitiva tuvo la oportunidad de recorrer la Ciudad Judicial, conociendo en detalle las instalaciones del Ministerio Público Fiscal y del CIF, en una iniciativa que busca fomentar el intercambio académico y profesional, permitiendo a los estudiantes y docentes conocer los procesos judiciales y las prácticas investigativas implementadas en Salta.

Los alumnos fueron también recibidos por el Vicepresidente de la Corte de Justicia, a cargo de la presidencia, Fabián Vittar, acompañado por los jueces de Corte Alejandra Gauffin y Gabriel Chibán, la jueza de la Cámara de Apelaciones Guadalupe Valdez Ortiz, la secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Salta, Carolina Romano, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Miguel Mina, la vicedecana Elvira Astorga y la secretaria de Investigación y Extensión, Teodelina Zuviría.

 

 

Desde el 1 de noviembre se pondrá en marcha el Sistema Único de Denuncias de Violencia Familiar y de Género

En un esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, se han producido modificaciones al sistema informático de denuncias, que implican la detección automática de los casos de violencia familiar y de género, así como también la inmediata notificación a los organismos que tienen que actuar en cada caso. Se realizó una nueva jornada de capacitación

Este viernes, en el salón Rodolfo Urtubey de la Escuela de la Magistratura, se desarrolló una nueva jornada de capacitación sobre “El Nuevo Sistema Informático de Denuncias de Violencia Familiar y de Género”. Allí se presentaron los cambios producidos al sistema, principalmente para mejorar la detección y gestión de los casos de violencia familiar y de género, y que serán implementados desde el próximo 1º de noviembre.

La apertura del acto estuvo a cargo del ministro de Seguridad y Justicia, Dr. Marcelo Domínguez y de la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Dra. Teresa Ovejero, quienes destacaron la importancia de las mejoras efectuadas, así como también la necesidad de coordinar y trabajar mancomunadamente entre las distintas instituciones estatales sobre una problemática social tan sensible y compleja como lo es la violencia hacia las mujeres y la violencia que se perpetra dentro del seno familiar.

Los disertantes fueron el secretario relator de la Procuración General, Dr. Aldo Saravia; la secretaria coordinadora de la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial, Dra. Amelia Fuentes Marrupe; la jefa de la División Operadores VIF de la Policía de la Provincia, Comisaria Cintia Mastrandrea y la Coordinadora de Informática del Ministerio Público Fiscal, Lic. Patricia Aballay.

Implicancia de los cambios implementados

  •  Reducir los tiempos de las y los operadores que cargan denuncias. Actualmente, cada vez que se toma una denuncia por un hecho ocurrido en un contexto de violencia familiar y de género, se ven obligados a realizar dos actos: una denuncia VIF que tendrá como destino un Juzgado de Violencia Familiar y de Género, y una denuncia penal que será remitida a una Fiscalía Penal. Con el nuevo modelo de gestión que se implementará, sólo será necesario redactar una denuncia y cargarla al sistema informático, el que se ocupará de notificar a los organismos pertinentes.
  •  Simplificar los trámites posteriores a la presentación de la denuncia. La duplicidad de denuncias que se da en la práctica actual, sumada al hecho de que cada una tiene una numeración diferente, dificulta que los distintos fueros judiciales que luego intervienen puedan identificar el trámite que se le ha dado a cada una y las medidas protectorias que se puedan haber dispuesto. El desarrollo de un Sistema Único de denuncias facilitará  el seguimiento del caso en cada fuero que interviene por un mismo hecho.
  •  Reducir el error humano en la calificación de los hechos violentos. A través de la introducción de una serie de algoritmos meticulosamente diseñados, el nuevo Sistema de Denuncia puede interpretar cuándo el hecho denunciado podría constituir violencia de género o violencia familiar para así remitir la denuncia a los órganos avocados a esa materia. En cambio, hoy en día esa calificación primigenia depende del buen tino del o la oficial de policía que recibe la denuncia, quien tiene que advertir la situación y tildarla en el sistema informático. Con los cambios producidos, entonces, se pretende reducir al mínimo los errores u omisiones en la comunicación instantánea a las y los funcionarios judiciales que trabajan en la temática.
  •   Garantizar la notificación inmediata de los operadores judiciales competentes para actuar en cada caso. Como consecuencia de los avances en la identificación de los casos, se aprovechó la oportunidad para pre-diseñar los flujos adecuados de notificación, de esa forma, basta que él o la operadora que toma la denuncia la cargue al sistema para que éste dispare las comunicaciones necesarias a las Fiscalías Penales que resulten competentes, a la Oficina de Violencia Familiar y de Género y al Ministerio Público Pupilar, cuando así corresponda. Una vez cargada la denuncia, las y los funcionarios que tienen que actuar en el caso reciben inmediatamente la comunicación y se encuentran en condiciones de dar directivas y/o tomar decisiones.

La capacitación estuvo dirigida principalmente al personal policial de toda la provincia, al personal de la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial, al personal del Servicio de Asistencia a la Víctima y de la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal. También asistieron magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios y personal administrativo del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Entre el público se contó con la presencia de los jueces de Corte Fabián Vittar, Adriana Rodríguez Faraldo, Guillermo Catalano, Maria Alejandra Gauffin y Gabriel Chibán.

Participaron además la asesora General, Mirta Lapad; Lic. Ana Pérez Declercq, Dra. María del Pilar González Sastre y Lic. Natalia Fuentes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Lic. Itatí Carrique; Subsecretaria de Politicas contra la Violencia por Razones de Género, Rosaura Gareca; Coordinador General del Ministerio de Seguridad, Fernando Acedo; Coordinadora Administrativa del Ministerio de Seguridad Nelly Giménez; la Coordinadora Técnico Jurídica Soraya Dip y la diputada provincial Mónica Juárez.

Comunicado de la Procuración General de la Provincia en relación a la investigación de la menor sustraída del hospital de Tartagal

La Procuración General de la Provincia de Salta reconoce y avala la eficiente y exitosa labor de la Unidad Fiscal creada mediante Resolución, e integrada por los fiscales penales Lorena Martínez, Rafael Medina y Pablo Cabot, como así también las tareas investigativas de las distintas áreas de las fuerzas de seguridad provincial que colaboran en relación a la investigación sobre la sustracción de una bebé que del Hospital Perón de Tartagal. También se destacan las tareas posteriores  para determinar el reproche penal al/los responsables de la sustracción de la menor.

El trabajo riguroso y minucioso de los fiscales no solo ha permitido tomar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de la menor afectada y su familia, sino que también ha llevado a la detención de una persona sospechada del delito mencionado,  a la que ya se le recepcionó la respectiva audiencia de imputación conforme a las formalidades y previsiones del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta.

La investigación penal preparatoria se encuentra actualmente en un sostenido avance, con una persona detenida y con sólido y abundante respaldo de indicios probatorios mediante cámaras de seguridad y otras diligencias investigativas, no pudiéndose brindar mayores precisiones  debido a la necesidad de preservar el aseguramiento y el exito de las restantes medidas de prueba en curso, durante los próximos días.

Inmediatamente después de concluida la reserva de las actuaciones, y a la brevedad posible, el Ministerio Publico Fiscal dará a conocer a la opinión pública los diversos elementos ya reunidos por la investigación y que habran de confirmar el firme respaldo probatorio de todo lo actuado hasta el momento.

El mandato constitucional de investigar los delitos en procura de los intereses generales de la sociedad y el imperio de la legalidad, no habrá de ser conmovido por voces que con absoluta displicencia, falta de responsabilidad y seriedad, pretenden desacreditar y horadar una prolija y contundente investigación llevada a cabo hasta el momento, conducta que paradojicamente  se posiciona en un rol propiciante de la impunidad y el beneficio de la situación procesal de la persona detenida, y en desmedro de una categórica y prolija investigación; motivo por el cual se adoptarán las medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de la obligación constitucional referida.

La Procuración General participó de una reunión sobre la modificación de la Ley de Protección de Violencia de Género

Durante el encuentro, se destacó la importancia de ampliar la protección a víctimas de grupos vulnerables y se abordaron preocupaciones sobre la necesidad de un enfoque integral en el abordaje de estos casos.

La Procuración General de la Provincia de Salta, en respuesta a la invitación extendida por la Comisión Especial de la Mujer del Senado de la Provincia de Salta, participó de una reunión en la cual se trató el Proyecto de Ley para modificar la ley 7888 de «Protección de Violencia de Género».

En representación del Ministerio Público Fiscal de Salta, asistieron las fiscales de Violencia Familiar y de Género María Lujan Sodero Calvet y Elisa Pérez; el fiscal penal de Delitos contra la Integridad Sexual Pablo Rivero, el secretario relator de la Procuración, Aldo Saravia; la coordinadora de la Oficina de Coordinación y Antecedentes de Violencia de Género, Ana Salas; y el auxiliar fiscal de Violencia de Género  Marcos Vega.

Durante la reunión, los representantes del Ministerio Público Fiscal compartieron su perspectiva y análisis sobre el proyecto, destacando aspectos que resultaron interesantes y positivos. Entre ellos, se resaltó la inclusión de conceptualizaciones que amplían la protección a víctimas pertenecientes a grupos vulnerables, como es el caso de las personas del colectivo LGTBI. Este enfoque refleja una importante evolución, ya que la propuesta legislativa no se limita únicamente a la protección de la mujer, sino que busca amparar a cualquier persona que sufra violencia como resultado de la discriminación de género.

En el transcurso del encuentro, se expresó la preocupación de que la normativa propuesta no permita un esquema superador a algunos problemas prácticos actuales, incluyendo la duplicidad de actuaciones y la necesidad de un enfoque integral para abordar estos casos. En respuesta a esta inquietud, se informó que tanto la Procuración General de la Provincia de Salta como la Corte de Justicia están trabajando en un modelo de abordaje transversal de la violencia, en el marco de la Comisión de Modernización de la Justicia de la cual forma parte el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella. Este enfoque se enmarca dentro de los esfuerzos de modernización del sistema de justicia en general, y tiene como objetivo mejorar la calidad de respuesta a las víctimas y optimizar los recursos disponibles.

Los participantes reafirmaron su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas de violencia de género y expresaron su disposición a colaborar con otras instituciones con el fin de mejorar la efectividad y calidad de la respuesta judicial.

Ambiente, Ciencia y Justicia: Destacan los avances de la Procuración de Salta

Salta estuvo presente en el Primer Encuentro “Ambiente, Ciencia y Justicia” del que participaron investigadores del CONICET junto a especialistas ambientales y representantes del ámbito judicial. Al abordarse temáticas de interés y desafíos en la materia, se destacó el funcionamiento del Servicio de Ambiente del CIF, único en el país.

Se llevó a cabo el Primer Encuentro “Ambiente, Ciencia y Justicia” organizado por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia  del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.), la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina (JUTOF), la Red de Escuelas de Capacitación Judicial (Reflejar) y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

El objetivo de la jornada fue abordar junto a fiscales, jueces, defensores y operadores de la justicia, sobre las capacidades técnicas y servicios que tiene el CONICET para aportar en el esclarecimiento de causas judiciales ambientales. Se dialogó sobre las complejidades y desafíos de los avances científicos y judiciales en diferentes mesas plenarias.

En el encuentro,  el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en representación del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Barraguirre, hizo extensivo el agradecimiento especial al procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, por el apoyo brindado en la Jornada, consistente en la presentación del informe institucional del Servicio de Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que fuera destacado como un ejemplo del avance de las jurisdicciones provinciales. Actualmente Salta, cuenta con el único Servicio Forense en Ambiente, integrado interdisciplinariamente.

Es así como el gerente de Asuntos Legales del CONICET y representante técnico del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, Alan Temiño, solicitó la participación de Salta en la delegación del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, debido a los avances y experiencia que presentan sus servicios jurídicos y forenses al respecto.

En representación de la Procuración General de la Provincia, participó el secretario relator ambiental Juan Sebastián Lloret, quien integró la mesa de trabajo sobre Pericias Ambientales, disertando  junto a investigadores del CONICET y especialistas del Sistema Judicial.

Las jornadas

La apertura de la jornada contó con la participación de la presidenta del Consejo, Ana Franchi, el gerente de Asuntos Legales del CONICET y Representante Técnico del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, Alan Temiño, la presidenta del Instituto de Capacitación Judicial de las provincias argentinas y CABA (Reflejar/Jufejus), Claudia Mizawak y el procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre.

Uno de los objetivos del programa es ayudar a fortalecer la integridad de las contribuciones científicas, aseguró la presidenta del consejo, quien resaltó que se trata de un trabajo que viene realizando el programa desde hace varios años, brindando oportunidades de cooperación y asistencia técnica en diversas áreas jurídicas. También remarcó la convocatoria federal del encuentro con la participación de especialistas de varias provincias. “La federalización es una asignatura pendiente que tenemos para llegar con igualdad a todas las provincias del país. La CyT se desarrolla casi en el 85% en la región central. Cuesta mucho integrar investigadores e investigadoras y también interactuar con la sociedad en las provincias más alejadas”.

Por su parte la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María del Carmen Battaini, elogió el acierto en la tarea de acercar el sector científico y el de la administración de justicia, resaltando que sin ambiente sano, no es posible ejercitar dignamente ninguno de los otros derechos humanos esenciales.

Los tres organismos participantes, de manera conjunta (CONICET, JUFEJUS y CONSEJO FEDERAL) dejaron abierta la propuesta para la concreción de un nuevo encuentro, con una mirada más federal dado el interés e importancia de la temática y la actividad.

El Procurador presentará el aplicativo digital para el Censo de Aguas Subterráneas

Este viernes 21 de octubre, a las 10, en el Salón Auditorio del Ministerio Público, tendrá lugar la presentación del aplicativo digital para el Censo Extraordinario de las Aguas Subterráneas.

Dicho Censo está instrumentado por Resolución Conjunta SRH-ENRESP N° 2/22 (BO 21291) y en función del convenio multiinstitucional firmado el pasado 5 de agosto entre el Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, conjuntamente con representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ente Regulador de Servicios Públicos, sobre Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua en Salta.

El Procurador General, Pedro García Castiella, resaltó que “tras décadas de vigencia de la Ley de Medio Ambiente y de no cumplimiento efectivo de lo estipulado en relación a la aplicación del Programa Sistemático de Construcción de Mapas de Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas, hoy llegamos a este punto de respuesta al requerimiento y por  el que, desde Procuración se firmó un convenio”.

Este programa consiste en relevar las vulnerabilidades del sistema, los niveles de situación de riesgo cierto en cuanto a contaminación, y de utilización de esas aguas por parte de las comunidades que cuentan con sistema de extracción.

Este aplicativo fue desarrollado por el equipo informático, uno de los tres grupos que conforman la mesa de trabajo integrada para dar cumplimiento a una primera etapa de diagnóstico.

La presentación que se realizará este viernes, es otro paso importante que marca el avance en el proceso multiinstitucional de trabajo y en cumplimiento del requerimiento de informe por parte de la Procuración de la Provincia sobre aguas subterráneas en Salta.

De la reunión convocada se prevé que tomen parte representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Ambiente, Subsecretaría de Medicina Social, Dirección General de Coordinación Epidemiológica, Ente Regulador de los Servicios Públicos y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Desde que el Procurador General, Pedro García Castiella, convocara en abril pasado a una reunión en el marco de las actuaciones referidas al mencionado requerimiento, se han cumplimentado diferentes etapas, a lo largo de diferentes encuentros que incluyeron el acuerdo de conformación de un mapa de vulnerabilidad hídrica subterránea de la provincia de Salta, la integración de una mesa de trabajo y la rúbrica del Convenio.

Cabe recordar que la resolución que instrumenta el Censo y Monitoreo de pozos de agua subterránea en Salta, en su artículo 1 establece que se instrumente un procedimiento excepcional por tres meses, desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, para el Censo de las Aguas Subterráneas, que incluirá a todas las perforaciones u obras hidráulicas existentes o en ejecución para la exploración, alumbramiento, captaciones y/o suministro de agua subterránea en todo el territorio de la provincia de Salta.

El Ministerio Público Fiscal de Salta llevó adelante la coordinación de un procedimiento extrajudicial interinstitucional, sin precedentes, que culminó en un acuerdo entre varios organismos con responsabilidades ambientales, hídricas y sanitarias, destinado al control y racionalización del uso y protección de las cuencas de aguas subterráneas.

A ese respecto, cabe recordar que  es competencia del Procurador  de la Provincia el control de la legalidad de los “derechos colectivos”.

Este jueves inicia la Capacitación sobre cibercrimen, delitos informáticos y evidencia digital

Organizado por la Procuración General de la Provincia, a cargo de Pedro García Castiella, y en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se realizará los días jueves 26 y viernes 27 de mayo. el ciclo de capacitación “Cibercrimen, delitos informáticos y evidencia digital. La investigación penal en entornos digitales”, que será impartido en modalidad presencial y vía zoom.

El acto de apertura del ciclo tendrá lugar en el Salón Auditorio “Facundo de Zuviría” del Poder Judicial, a las 16:00, y contará con la presencia de autoridades provinciales, del Poder Judicial de Salta, académicas y de organismos públicos, como también funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Salta y de la Nación.

El objetivo de la actividad es capacitar en la materia a los operadores salteños (magistrados, funcionarios y profesionales), en consonancia con los lineamientos establecidos por la normativa internacional. Se busca dotar a la justicia penal provincial de las herramientas procesales adecuadas para llevar adelante las investigaciones que demanda la modernidad y estar a la altura de esta nueva realidad, respeto a de las garantías de las personas sometidas a proceso.

El constante crecimiento y desarrollo de internet, entendida como una red informática de conexión mundial que provee información; el avance de las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y, especialmente, la aparición de la evidencia digital, implican un cambio en el paradigma dentro del proceso penal, cuya magnitud obliga a repensar el tratamiento de la prueba, tanto en las investigaciones penales como en los códigos de procedimiento.

Las temáticas a abordar están vinculadas al ciberdelito, el tratamiento de la evidencia digital, aspectos de cooperación internacional, con énfasis en el análisis de la violencia contra las mujeres en las redes sociales.

El ciclo de capacitación forma parte de una de las actividades pensadas en pos de acompañar la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Salta, la que se sumará a las ya existentes Unidad Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación, la Fiscalía de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de Córdoba y la Fiscalía Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Chubut.

Durante los dos días de capacitación, los asistentes contarán con expositores de alto nivel profesional y de amplia y reconocida trayectoria en la temática: el Dr. Marcos Gabriel Salt, abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Director de la  carrera de Especialización y del Posgrado de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); el Dr. Horacio Juan Azzolín, Fiscal desde 2008, especializado en litigación de casos complejos, relacionados con el crimen organizado y las violaciones masivas a los Derechos Humanos. Dedicado a la temática del cibercrimen, desde fines de 2015 es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público de la Nación; la Dra. Cristina Giordano, Jueza de Control N° 6 y el Dr. Franco Pilnik, Fiscal especializado en Ciberdelito, ambos del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

A modo de adelanto sobre diferentes aspectos vinculados a Cibercrimen, ponemos a disposición la entrevista realizada al Dr. Marcos Gabriel Salt.

La Procuración General avanza en dar cumplimiento al Sistema de Monitoreo de la calidad del agua en Salta

El viernes pasado tuvo lugar en la Sala de Reuniones de la Procuración General de la Provincia, una reunión convocada por el Procurador General, Dr. Pedro García Castiella, en el marco de las actuaciones referidas al requerimiento de informe sobre aguas subterráneas en Salta.

Estuvieron presentes por la Procuración General, el Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret y el integrante del Servicio de Ambiente del Departamento Técnico Científico del CIF, Ing. Eliseo Joel Medina; el Secretario de Recursos Hídricos, Ing. Julio Romero Leal; el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Dr. Jorge Figueroa Garzón, junto a otros funcionarios de ambos organismos; el Vice Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, Dr. Virgilio Núñez, en carácter de cooperación técnico-institucional con el Ministerio Público Fiscal.

A 22 años de vigencia de la Ley de Medio Ambiente, las autoridades no dieron cumplimiento a lo estipulado respecto a la aplicación del Programa Sistemático de Construcción de Mapas de Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas, es decir que releve las debilidades del sistema y los niveles de situación de riesgo existentes.

En el marco del convenio de cooperación existente y en respuesta al pedido de informe que oportunamente se hiciera, la Procuración General de la Provincia  cumplió con una serie de pasos tendientes a avanzar en un proceso multi-institucional de trabajo, conforme se evaluó durante la reunión mantenida con los representantes de los diferentes organismos e instituciones.

Se coincidió en la necesidad de convocar a una próxima reunión, a la brevedad, a fin de establecer de manera formal un plan de trabajo sostenido para arribar a los resultados esperados.

Cabe recordar que es competencia del Procurador de la Provincia el control de la legalidad de los llamados “derechos colectivos”.

Hasta 2019, sólo el ENRESP medía, periódicamente, las aguas de abastecimiento público e hídrico, en relación a algunos problemas puntuales, tales como arsenicismo endémico. Y, de acuerdo a lo informado en aquella oportunidad por el CIF, se poseía un padrón relativo de pozos habilitados en la provincia, con bajo nivel de precisión. Es por ello que se trabaja en base a principios de prevención y precaución, por los riesgos, tanto para la sociedad, como el ambiente, ambos involucrados de manera directa.

En el año 2000 se sancionó la Ley provincial N° 7070 de Protección del Medio ambiente (ver Sección III sobre “De las aguas subterráneas y su protección”, artículos 71 y 72 sobre sistema de clasificación de las aguas subterráneas, vulnerabilidad y elaboración de mapas de vulnerabilidad y Autoridad de Aplicación, respectivamente).

Pedro García Castiella juró como Procurador General de la Provincia

Juró Pedro García Castiella como Procurador General de la Provincia y anticipó que los fiscales trabajarán en forma coordinada y con una dinámica aceitada, con las fuerzas de seguridad, porque no puede haber fisuras entre la prevención, investigación y sanción de los delitos.

En un acto presidido por la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, la asesora general de la Provincia, Mirta Lapad, juró el procurador general Pedro García Castiella. En el mismo acto, que tuvo lugar en el salón Rodolfo Urtubey de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, hizo lo propio el defensor general de la Provincia, José Gabriel Chibán. Contó con la participación del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz.

En su primer encuentro con la prensa como Procurador, García Castiella ratificó sus ejes de gestión, luego de sostener que continuará “todo lo que se hizo bien en la Procuración” que calibrará en los temas urgentes, que son “cuestiones muy delicadas que hacen al interés de la sociedad y que no ameritan ningún tipo de dilación”. Destacó en ese sentido, “la criminalidad de derecho común que proviene del narcotráfico, con hechos a los que no estábamos acostumbrados en la provincia y que son delitos graves que vienen de la mano del narcotráfico”.

Citó como ejemplo el crimen de Liliana Ledesma, ocurrido en 2006, y dijo que en la actualidad “la gravedad de la circunstancia es que tenemos en toda la provincia situaciones parecidas replicadas y también en el Distrito Centro, donde ya hay situaciones vinculadas con el narcotráfico, como fue el doble homicidio de avenida Circunvalación Oeste”. Afirmó el funcionario que la respuesta “del sistema de justicia; del Ministerio Público Fiscal y el Estado en su totalidad, debe ser absolutamente contundente”.

Al mismo tiempo, remarcó que se centrará en la lucha contra los delitos de violencia familiar y de género y los femicidios, “porque esa realidad tampoco admite tregua, y se debe atacar el problema desde todos los ángulos. Tiene una génesis cultural y por ello debe abordarse desde el Ministerio de Educación, la Justicia y todos los ámbitos”. García Castiella mencionó la cibercriminalidad como otra de las principales preocupaciones, porque entre otros delitos graves, “trae de la mano la captación y abuso de menores de edad”.

El Procurador, quien cuenta con 28 años de experiencia como litigante en los tribunales locales y completó casi dos, como titular de la Defensoría General de la Provincia, anticipó que llevará adelante “un trabajo coordinado y muy aceitado entre los fiscales y las fuerzas de seguridad, donde no puede haber fisuras”, cuando el objetivo es garantizar el bienestar social.

Del acto participaron el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz; la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Mirta Lapad; el fiscal ante la Corte de Justicia, Eduardo Sylvester, el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, el vicepresidente segundo de la Corte Justicia, Sergio Fabián Vittar, las juezas de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero y María Alejandra Gauffín, el juez de la Corte de Justicia, Pablo López Viñals; el ministro de Gobierno y Derechos Humanos, Ricardo Villada; el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Eduardo Barrionuevo y magistrados y funcionarios judiciales, entre otros.

El MPF, con trabajo remoto hasta el 30 de mayo

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que desde el 26 al 30 de mayo inclusive, la modalidad de trabajo en fiscalías y dependencias del Distrito Judicial Centro, con exclusión de las sedes de Cafayate y General Güemes, y del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Metán, se realice bajo la modalidad remota. Además de las normativas nacionales citadas para la decisión, se menciona que el COE observó un crecimiento del 45 % en el número de casos entre una semana y otra.

Frente a la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud, con un especial impacto en algunos departamentos de Salta y atento a las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por el gobierno nacional y provincial, la Procuración General dictó numerosas resoluciones para adecuar la modalidad de trabajo del Ministerio Público Fiscal de Salta a las pautas sanitarias vigentes.

A su vez, las disposiciones sanitarias establecidas mediante el DNU 334/21 que prorrogó el anterior DNU 287/21, modificaron el actual contexto epidemiológico tanto en el orden nacional como provincial.

El artículo 3 de la norma establece las medidas aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario, o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 2021.

Así, se estableció la suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.

Las trabajadoras y los trabajadores, deberán realizar sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo cuando sea posible, deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por este decreto, siempre en cercanía a sus domicilios.

La restricción de circulación nocturna establecida en el artículo 18 del Decreto 287/21 y ampliada por el inciso 6° del artículo 21, regirá desde las 18 hasta las 6 del día siguiente.

En ese marco, se dictó la Resolución 13/21 del Comité Operativo de Emergencia provincial, la cual dispuso medidas de carácter restrictivo en el ámbito provincial.

El COE señaló que del análisis de la situación de riesgo de la Provincia de Salta, correspondiente a datos de la semana epidemiológica 19, realizado por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, se observó un crecimiento del 45 % en el número de casos con respecto a la semana anterior, que afectó a la mayoría de los departamentos de la provincia de manera concomitante.

De ello surgió la clasificación final de los Departamentos según el mapa de riesgo actualizado de la semana epidemiológica 19.

En virtud de lo expuesto, se determinó que los Departamentos de Cachi, Chicoana, Metán, La Caldera, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Capital, Cerrillos y la Candelaria, son considerados como de “Alto Riesgo”; los Departamentos de Cafayate, Gral. Güemes, Gral. San Martín, Guachipas, Iruya, La Viña, Orán, San Carlos, Los Andes, Molinos, Rivadavia, Anta y Santa Victoria, son considerados como de “Mediano Riesgo”, y el Departamento de la Poma, como de “Bajo Riesgo”.

Por tales motivos, el COE provincial concluyó que correspondía aplicar un esquema de medidas específicas que tiendan al objetivo planteado para los Departamentos considerados como de “Alto Riesgo” y la aplicación de otro esquema de medidas para los considerados como de “Mediano y Bajo Riesgo”.

En atención a la invitación realizada por el artículo 4 inciso E de la Resolución 13/21 del COE y el marco de normas de emergencia vigentes, que implican una necesidad de reducir en forma decisiva la circulación de personas para evitar la propagación del virus, sobre todo en los departamentos con Alto Riesgo Epidemiológico, es preciso sugerir a los titulares de las dependencias, que por aplicación de los fundamentos que aquí se expusieron, hasta el 30 de mayo inclusive, limiten la asistencia del personal para garantizar el servicio que deben prestar las dependencias a su cargo, en especial, las que se encuentren de turno y/o deban realizar medidas que no admiten demora, en cuyo caso deberán observar estrictamente las medidas de prevención establecidas en la Resolución de PG 1196/21.

Distinta situación merecen las dependencias comprendidas en los departamento clasificados con medio o bajo riesgo epidemiológico en cuyo caso, para ellas quedara subsistente la modalidad de trabajo dispuesta en la Resolución de PG 1202/21.