Prisión preventiva para los tres policías imputados en múltiples causas

El Juzgado de Garantías 2 hizo lugar al requerimiento formulado por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, para los tres efectivos policiales detenidos el lunes 19 de abril, quienes fueron imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.

Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos, quienes fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.

De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas (entre las cuales se encontraban dos menores de edad), y en muchas situaciones y sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales. Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendió de publicaciones periodísticas.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los diferentes elementos colectados durante la investigación, permiten sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga, con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial.

En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida, sin mostrar arrepentimiento alguno, pues no resulta un dato menor considerar estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.

En virtud de los fundamentos vertidos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la prisión preventiva del personal policial mencionado, debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común.

Dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal y es necesario que declaren libres de toda influencia, motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados.

Además, la fiscala advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor.

Detienen a tres efectivos de la Brigada de Investigaciones por torturas con submarino seco, taladro y paseo con amenaza de muerte

El Juzgado de Garantías 1 de Orán hizo lugar al pedido de la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y ordenó la detención de tres efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad, por la supuesta comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal. Se trata de un oficial y dos sargentos, quienes fueron detenidos durante el transcurso de este viernes.

De la investigación preliminar, surgió que los efectivos citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán.

Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.

El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.

Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo perteneciente a la fuerza de seguridad por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.

Uno de los efectivos también habría incurrido en el delito de falsedad ideológica, que concurre en forma real con los demás delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al supermercado a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que los incriminara.

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que la plataforma fáctica fue corroborada con la denuncia y declaración testimonial del denunciante, certificados médicos y un video y fotografías aportadas por el propio denunciante, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados en los hechos expuestos.

Peligro de fuga: Piden la prisión preventiva de los tres policías imputados en múltiples causas

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la prisión preventiva de los tres efectivos policiales detenidos este lunes, quienes fueron imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.

Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos, quienes fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.

De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas, (entre las cuales se encontraban dos menores de edad) y en muchas situaciones, sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales. Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendió de publicaciones periodísticas.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los diferentes elementos colectados durante la investigación, permiten sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga, con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial.

En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida, sin mostrar arrepentimiento alguno, pues no resulta un dato menor considerar estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.

En virtud de los fundamentos vertidos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, solicitó la prisión preventiva del personal policial mencionado, debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común.

Dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal y es necesario que declaren libres de toda influencia, motivo que habilita la restricción de la libertad de los acusados.

Además, la fiscala advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia es mayor.

Abuso, armado de causas y venganza: Vuelven a rechazar la prisión domiciliaria al comisario Mamaní

El Tribunal de Juicio, Sala II – Vocalía 3 y Juzgado de Menores 3 del Distrito Judicial Sur, Circunscripción Metán, resolvió no hacer lugar al pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa técnica del imputado Walter Omar Ezequiel Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor y en perjuicio de Luciano Diez.

Al tener en cuenta los motivos expresados por la defensa para que se otorgue el arresto domiciliario, para el Tribunal, surgió con meridiana claridad que el pedido no alcanza el umbral mínimo requerido para la concesión del beneficio, ya que como lo señaló la Fiscalía Penal de Derechos Humanos el 20 de enero de este año, el Juzgado de Garantías interviniente ya se expidió negativamente sobre un pedido similar, sin que variaran las circunstancias primitivas tenidas en cuenta. Consideró que admitirse la posibilidad de reproducción de dicho pedido, se avalaría el desconocimiento de una resolución ya dictada, firme y consentida por las partes.

El Tribunal consideró que la alegación de la supuesta necesidad de cuidado de las hijas menores por parte del acusado, no es bajo ningún punto de vista, un nuevo elemento de juicio justificativo para conceder el beneficio, ya que de la presentación anterior efectuada y a la que se hizo referencia, surgió que las menores se encuentran asistidas por sus abuelos paternos, sin que se efectuara presentación alguna al respecto, ni por éstos, ni por la representante del órgano pupilar, en el sentido de la imposibilidad de que las menores continúen con el cuidado.

Además, los padres del acusado no son personas de avanzada edad, como lo sostuviere la defensa técnica, ya que cuentan con 55 y 62 años, por lo que no se demostró que las menores estén en una situación de vulnerabilidad o desamparo, o que sufran padecimientos emocionales, familiares o económicos que justifiquen la concesión de lo solicitado.

Por otra parte, la resolución señaló que la decisión de otorgar el beneficio de arresto domiciliario, no es una obligación imperativa y automática dispuesta por la Ley, cuando se presente alguno de los supuestos enunciados en el artículo 32 de la Ley 24.660, respecto del género del peticionante, sino que se trata de una facultad discrecional exclusivamente delegada por el legislador al juzgador, quien evaluará si resulta razonable, oportuno y conveniente conceder o no tal beneficio, al tener en cuenta la naturaleza de los delitos objeto de la imputación y los riesgos procesales que la modalidad requerida podría traer aparejada para el proceso.

En este sentido, dijo el Tribunal, no debe perderse de vista la gravedad de los hechos por los que fuera requerido a juicio Mamaní y la cercana e inminente fijación del plenario, con el peligro latente de fuga, toda vez que en caso de recaer condena, podría ser de prisión efectiva.

Protección de las víctimas y peligro de fuga

La normativa procesal contempla expresamente el derecho de las víctimas a la protección de su integridad física y moral, derecho que debe especialmente ser resguardado en casos como este, al ser el acusado un funcionario policial y de tratarse de supuestos hechos cometidos por miembros de la fuerzas de seguridad en contra de civiles, con mayor vulnerabilidad y más aún, al no existir un pronunciamiento definitivo.

Por otra parte, el domicilio propuesto por la defensa para el cumplimiento del arresto domiciliario, no neutraliza el peligro latente de fuga del acusado, ya que se encuentra ubicado en una zona rural, en las afueras de la ciudad de Salta y sin servicio público de transporte, ni Internet; lo que dificulta su contralor, tanto por sus propios colegas policiales, como así también, mengua la posibilidad segura de que su cumplimiento pueda ser controlado por el Tribunal de Juicio, a través del sistema de la Unidad de Monitoreo electrónico dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Amenazó con matarla, la lesionó y luego la buscó con un machete

La fiscal penal 4 de Violencia Familiar y de Género, Elisa Pérez, imputó provisionalmente a un hombre de 26 años, acusado de los delitos de lesiones agravadas por la relación de pareja preexistente y por constituir violencia de género, coacción, amenazas con arma y privación ilegítima de la libertad, en concurso real y en calidad de autor. Sigue detenido.

La intervención de la fiscalía se produjo tras la denuncia radicada en la Comisaría 10, por la víctima, quien puso en conocimiento que el imputado es su expareja, de quien se separó hace seis meses y con quien tuvo una hija, actualmente de un año.

Expresó que el sábado 13 de febrero, cerca de las 20, fue al domicilio del acusado, ubicado en barrio San Benito, en la zona sudeste de la capital provincial, junto a la beba y dos familiares, porque el acusado los invitó a cenar. Relató que se quedaron toda la noche compartiendo bebidas y que a la mañana siguiente, cuando la denunciante quiso retirarse, el acusado no la dejó.

También la amenazó al decirle «Si estás con otra pareja te voy a matar. No me vas dejar. Donde te encuentre, te voy a matar». Seguidamente, el acusado tomó a la víctima del pelo para arrastrarla y darle un golpe de puño en el ojo derecho. Allí intervino uno de los familiares, quien logró que el acusado la soltara.

Tras esto, la denunciante relató que salieron de la vivienda del acusado y entraron a un domicilio ubicado a tres casas, donde una mujer les permitió el ingreso para que el acusado no continuara con las agresiones.

El acusado quiso entrar a dicho domicilio por la fuerza, sin lograr su cometido, por lo que regresó a su casa y minutos después, volvió con un machete. Entonces, comenzó a gritar «te voy a matar, no te voy a dejar viva» lo que repitió varias veces, hasta que llegó un móvil policial y se produjo la detención del imputado.

La denunciante expresó que siente mucho temor por su integridad física y que es la segunda vez que le realiza una denuncia. También pidió que se tomaran las medidas legales necesarias.

Policías allanaron ilegalmente una casa, amenazaron de muerte y golpearon a sus habitantes

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura del decreto de imputación contra cuatro efectivos policiales, por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, y amenazas en concurso real, en calidad de coautores. La audiencia de imputación está prevista para el miércoles 24 de febrero.

Las imputaciones recaerán sobre los efectivos G. A. P., de 36 años; R. D. P., de 25; W. D. P., de 44 y C. A. A., de 37, todos con revista en la División de Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera.

Las actuaciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, iniciaron con la denuncia de dos hermanos, quienes relataron que el 5 de abril de 2020, cerca de las 5, dormían en su vivienda ubicada en barrio Arturo Menu de la sureña ciudad, cuando escucharon ruidos en la puerta. Uno de los ellos dormía junto a su esposa e hija. Al despertarse, ambos hermanos se levantaron para ver qué sucedía y observaron a los uniformados, que golpeaban a un vecino.

Ambos relataron que en ese momento, fueron vistos por uno de los policías, quien sacó su arma, les apuntó y les gritó “quédense quietos o los quemo”. Luego, fueron esposados y golpeados, mientras los subían al patrullero.  Una vez allí y mientras permanecían arrodillados y esposados, fueron golpeados con una cachiporra en la espalda y llevados al hospital, donde luego fueron examinados.

Posteriormente, los denunciantes relataron que fueron nuevamente subidos al móvil, donde uno de los efectivos les dio golpes de puño y con la punta de la cachiporra en el estómago.

Tras esto, fueron llevados a la Comisaría 31, donde los amenazaron, al decirles  que la próxima vez, serían llevados a un descampado y que “no la iban a contar”.

Del decreto surgió que los efectivos policiales, llegaron al domicilio y sin que existiera motivo suficiente autorizado por ley, ingresaron a la vivienda. Una vez allí, con exceso en sus funciones, detuvieron a las víctimas sin la autorización de la autoridad competente y luego, mientras los trasladaban, acometieron en contra de su integridad física, al causarle las lesiones que fueron constatadas.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos fueron corroborados con las denuncias de las víctimas, los certificados médicos, la nómina de los efectivos que estuvieron en el móvil y la copia del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los acusados.

Abuso, armado de causas y venganza: Definieron quién juzgará al comisario Mamaní

Se trata del Juez del Tribunal de Juicio Sala II del Distrito Sur – Circunscripción Metan, Ramón Alberto Haddad, quien llevará adelante la audiencia de debate en un Tribunal Unipersonal. La causa fue remitida por el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Anta y tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de Luciano Diez.

El juicio requerido por la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, también incluyó a cuatro efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia.

El cabo Juan Giménez se encuentra imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, con coacción, en calidad de autor.

En tanto, los sargentos Julia Antolina Díaz y Sergio Luis Carlos Argañaráz, fueron imputados por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en calidad de autores.

Por último, el agente Franco Matías Vizgarra fue inicialmente imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor. El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Anta, dictó el sobreseimiento a su favor por los delitos de abuso de armas y falsedad ideológica, y declaró que el proceso no afectó su buen nombre y honor.

Por otra parte, el Juzgado rechazó las oposiciones formuladas por las defensas de los acusados y los pedidos de sobreseimiento, el cambio de calificación legal y la producción de pruebas instados por los letrados.

Por último, el Juzgado rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Mamaní y en su mérito, mantuvo la medida privativa de libertad en cabeza del imputado.

Abuso, armado de causas y venganza: remiten la causa Mamaní al Tribunal de Juicio

El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Anta, remitió al Tribunal de Juicio y a la Mesa Distribuidora en lo Penal del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Metán, la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de Luciano Diez. La Mesa Distribuidora sorteará la Vocalía del Tribunal de Juicio correspondiente.

El juicio requerido por la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, también incluyó a cuatro efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia.

El cabo Juan Giménez se encuentra imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, con coacción, en calidad de autor.

En tanto, los sargentos Julia Antolina Díaz y Sergio Luis Carlos Argañaráz, fueron imputados por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en calidad de autores.

Por último, el agente Franco Matías Vizgarra fue inicialmente imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor. El fallo del Juzgado dictó el sobreseimiento a su favor por los delitos de abuso de armas y falsedad ideológica, y declaró que el proceso no afectó su buen nombre y honor.

Por otra parte, el Juzgado resolvió rechazar las oposiciones formuladas por las defensas de los acusados y los pedidos de sobreseimiento, el cambio de calificación legal y la producción de pruebas instados por los letrados.

Por último, el Juzgado rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Mamaní y en su mérito, mantuvo la medida privativa de libertad en cabeza del imputado.

Detenido por amenazar y secuestrar a su pareja y dos menores

La fiscalía penal de Salvador Mazza, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, la prórroga del plazo para pedir la prisión preventiva de un hombre de 20 años, imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, coacción agravada y lesiones, en concurso real y en calidad de autor. El sujeto obligó a una mujer y sus hijos a venir de Buenos Aires a Salta, mantuvo encerrada a la mujer y la sometió violentamente desde noviembre pasado.

El caso, que tomó estado público a través de distintos medios de comunicación, involucra a una joven de 19 años y a sus dos hijos de 2 y 3, quienes fueron privados de su libertad por el acusado durante 50 días. Según pudo reconstruir la Fiscalía, el imputado retuvo a su pareja y los dos menores en una vivienda del barrio Pueblo Nuevo, de la ciudad de Salvador Mazza, cerca de la frontera con Bolivia.

A raíz de los hechos, el acusado, de 20 años y padre del menor de los niños, fue detenido e imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, coacción agravada y lesiones en situación de violencia de género.

De acuerdo a la declaración de la víctima, fue traída desde Buenos Aires a Salta, junto a los menores y bajo amenaza de muerte, durante los últimos días de noviembre pasado. También reveló que fue víctima de abuso sexual del acusado mientras residían en Buenos Aires. La mujer relató que tanto allá como en Salvador Mazza, sufrió distintos ataques físicos, verbales y psíquicos y que desde que llegaron a Salta, no pudo salir de la vivienda, salvo que lo hiciera acompañada por el agresor. Tampoco le permitió usar teléfonos de ningún tipo.

En una oportunidad, la victima logró comunicarse con su madre desde un Ciber, través de la red social Facebook y le contó su padecimiento, pero fue descubierta por el acusado, quien volvió a amenazarla y agredirla. En una segunda comunicación a través de WhatsApp, reveló más detalles a su madre, quien posteriormente denunció la retención indebida de su hija y los menores.

Salvador Mazza: mantenía privada de la libertad a una mujer y a sus dos hijos

Un hombre de 20 años fue detenido e imputado por privar de la libertad a su pareja y a dos menores de edad. Vinieron desde Buenos Aires, la mantenía amenazada y le propinaba malos tratos.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputó a Marcelo Sánchez como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad de una mujer y sus dos hijos menores, coacción agravada y lesiones.

La investigación se inició a partir de un oficio enviado a la Fiscalía por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1 del distrito judicial Tartagal, a cargo de la jueza Carmen Juliá. La madre de la víctima, desde Buenos Aires, denunció que su hija se encontraba en la ciudad de Salvador Mazza en contra de su voluntad e incomunicada por su pareja.

Desde la Fiscalía se dispusieron tareas tendientes a esclarecer la situación y la mujer fue localizada en una vivienda de Pueblo Nuevo junto a dos menores de edad, uno de ellos hijo del acusado.

La víctima relató que conoció al acusado en Buenos Aires, que iniciaron una relación y que tienen un hijo en común. En esa ciudad comenzaron a vivir episodios violentos y bajo amenazas, la obligó a trasladarse a la ciudad de Salvador Mazza, donde la mantenía encerrada, sin posibilidad de comunicarse y ejercía violencia física sobre ella.

La mujer pudo pedir ayuda a su madre y es así que se logró detener al acusado y poner a resguardo a la víctima y a sus hijos.