No declaró el policía acusado de «motochorro»

Un oficial de la Policía de la Provincia y un cómplice fueron imputados ayer por un hecho ocurrido el miércoles en avenida Irigoyen y Las Bumbunas, cuando intentaron arrebatar sus pertenencias a un transeúnte. Se abstuvieron de declarar y se solicitó el mantenimiento de su detención.

La fiscal penal 4, Gabriela Dávalos, imputó ayer a Matías Alejandro Neris de 27 años y a Jonathan Isaac Mamaní de 28 años por el delito de tentativa de robo en perjuicio de un hombre que se desempeña como guardia de seguridad y al que intentaron sustraerle sus pertenencias la mañana del miércoles 3 de julio.

En la denuncia, el damnificado relató que circulaba por avenida Irigoyen y las Bumbunas, cuando fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y uno de ellos se bajó para «apurarlo» y quitarle la mochila, donde llevaba una notebook, un parlante y otras pertenencias.

El denunciante se resistió al robo y forcejeó con el delincuente que intentaba despojarlo. En medio de la gresca se presentó un móvil policial que realizaba tareas de patrullaje y procedió a la detención de los sospechosos.

Al identificarlos, se pudo constatar que Mamaní se desempeñaba como personal policial en la localidad de Vaqueros y era quien conducía el motovehículo.

Durante la audiencia de imputación, ambos acusados se abstuvieron de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención.

Prisión preventiva para el policía detenido por abuso sexual

Está preso desde el 18 de mayo, cuando la madre de una menor de 16 años lo denunció tras conocer, mediante un video subido a las redes sociales, que el agente había abusado de su hija. El fiscal penal, Gonzalo Gómez Amado, planteó la preventiva en base al riesgo de fuga, entorpecimiento procesal y la firme expectativa de que el acusado sea pasible de una condena efectiva.

El planteo de la fiscalía de Joaquín V. González fue resuelto de manera favorable por el Juzgado de Garantías interviniente, el que confirmó la prisión preventiva del agente José Matías Paz, quien fue detenido el 18 de mayo pasado a pedido del fiscal Gómez Amado en torno a una investigación penal que lleva adelante tras la denuncia de la madre de una menor de 16 años.

En la denuncia, la mujer indicó que todo surgió cuando un video íntimo, en el que aparece el policía con su hija se viralizó por las redes sociales y llegó a conocimiento de otros familiares, quienes la alertaron sobre lo sucedido. A partir de ello, y bajo directivas del fiscal penal, la delegación de El Quebrachal, inició las actuaciones penales correspondientes.

De las mismas, se pudo establecer que el hecho ocurrió después de una fiesta de Halloween, el 31 de octubre de 2018, la que se celebró en la localidad de El Quebrachal, y a la que asistió la víctima, una adolescente de 16 años, quien reveló que durante los festejos ingirió bebidas alcohólicas, por lo que no estaba del todo consciente.

En esa celebración, la menor se encontró con el acusado, identificado como José Matías Paz, un agente de la Policía de la Provincia, con revista en la localidad de Joaquín V. González, a quien la adolescente conoció a través de las redes sociales y ambos acordaron un encuentro en dicha fiesta.

En su decreto de imputación, el fiscal Gómez Amado indicó que el policía se habría aprovechado del estado de ebriedad de la menor para cometer el abuso sexual, el cual quedó claramente evidenciado en el video que posteriormente se viralizó por las redes sociales. Por el hecho, el fiscal imputó al agente los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores”, por los cuales el Código Penal establece penas de hasta 15 años de prisión.

Planteo

Posteriormente, el fiscal solicitó la prisión preventiva del acusado en función de que “concurren elementos concretos de peligrosidad procesal, los cuales emergen del comportamiento evidenciado por el imputado, caracterizado por la violencia poniendo en peligro la integridad física de la víctima menor de edad”. Para el fiscal esta situación “hace presumir un riesgo cierto” para la conclusión del proceso penal.

“Es importante puntualizar que procesalmente encontramos el fundamento de la medida en el peligro de fuga del imputado, por lo que deviene necesaria para asegurar el normal transcurrir de la investigación y la presencia del mismo hasta la culminación del proceso, impidiendo que se sustraiga a los requerimientos del proceso o evada sus consecuencias.”, agregó.

Por otra parte, indicó que restan aún tomar distintas diligencias pendientes, entre ellas declaración de la menor afectada. Al respecto, el fiscal entiende que el agente, en caso de estar en libertad, podría “ejercer influencia para impedir que declare”.

Por último, señaló que “teniendo en consideración que la pena esperada por el delito imputado puede resultar de ejecución efectiva y estando en juego la libertad ambulatoria es normal pensar que el imputado pueda sustraerse del proceso.”. Con estos argumentos, Gómez Amado fundó su pedido de prisión preventiva, el que fue avalado por el juzgado de garantías interviniente.

Policía fue a una casa por un pedido de auxilio y se robó un celular

Una vecina los llamó porque creía que había un ladrón en su vivienda. Junto a un cabo, un agente revisó el domicilio y en el recorrido sustrajo el teléfono de la dueña de casa. Una investigación posterior, permitió descubrir que el aparato fue robado por un agente, quien al ser descubierto confesó y quedó detenido por pedido de la fiscal penal, Ana Inés Salinas Odorisio.

El caso, según lo informado desde la Fiscalía Penal 6, ocurrió en una vivienda del barrio La Paz, en la zona sudeste de la ciudad, a donde dos policías, un cabo y un agente se hicieron presentes en respuesta a un llamado de la propietaria, quien alertó sobre la posible presencia de un ladrón en la casa.

Los policías, en el móvil 1.101, llegaron al domicilio alrededor de las 4.30 del jueves pasado, y tras dialogar con la dueña, Carolina Flores, procedieron a realizar una requisa en la vivienda, pues la vecina indicó que había escuchado ruidos y había personas sospechosas que merodeaban por los alrededores.

Para recorrer la propiedad, Salinas explicó que los dos policías se dividieron y tras finalizar la requisa no encontraron a nadie, por lo que optaron por retirarse. Cuando los policías se marcharon, la dueña de casa advirtió que faltaba su teléfono celular, el que había quedado sobre una mesa, por lo que volvió a llamar a la comisaría 17 de barrio Solidaridad.

En vista de ello, un coordinador del área se presentó en la casa y tras tomar conocimiento de la sospecha de que el teléfono fue sustraído por alguno de los dos policías que llegaron a la casa, se inició una investigación a fin de determinar qué sucedió con el aparato.

Requisa

Bajo directivas de la fiscalía, los policías realizaron posteriormente una requisa a los dos policías en cuestión. Entre las pertenencias del agente, se encontró una batería de las mismas características de la marca del teléfono robado a Flores.

Más tarde, en tanto, otro efectivo al ir al baño de la dependencia policial encontró el aparato robado, por lo que sus superiores colocaron en el mismo la batería hallado en poder del agente, y resultó que la misma correspondía a dicho aparato.

Ante esta situación, el agente, identificado como David Pedro González, reconoció haber tomado ilegalmente el teléfono de la casa de Flores, por lo que de inmediato se produjo la detención del suboficial, como así también el secuestro del teléfono en cuestión.

La fiscal informó que se llevó adelante la correspondiente audiencia de imputación en contra del agente por el delito de hurto calificado agravado por la función de policía del acusado, no obstante, recuperó su libertad con medidas sustitutivas por haberse recuperado el celular. Asimismo, se declaró el caso como flagrante y bajo proceso sumarísimo.

No declaró el policía que vendía certificados médicos

El efectivo policial fue detenido a partir de una investigación llevada a cabo por sus pares de la Subcomisaría de Villa Lavalle ante la sospecha de que expedía certificados médicos para “aptitud física para la practicas de entrenamiento policial” a los aspirantes de Policía usando el nombre de un profesional en actividad, quien también radicó una denuncia en su contra.  Read more