Imputan por usurpación a una mujer que echó violentamente al propietario de la vivienda

La fiscala penal 3 de Orán, Mónica Araceli Viazzi, imputó a María Rosa Carvajal Pérez, de 60 años, por la comisión del delito de usurpación de propiedad, por abuso de confianza, clandestinidad y violencia, en calidad de autora. El hecho sucedió en Aguas Blancas. La mujer concurrió este jueves a la audiencia de imputación, con defensa particular y se abstuvo de declarar.

Según denunció el propietario de la vivienda usurpada, quien vivió en el lugar hasta el año 2006, autorizó a Carvajal Pérez a vivir en el inmueble ubicado en la localidad de Aguas Blancas, ya que, por razones de trabajo, debió trasladarse a Mendoza frecuentemente y regresaba cada tres meses a habitarlo y realizar trámites. El pasado 2 de agosto la denunciada, junto a otros ocupantes de la vivienda, lo echó del inmueble y ejerció violencia cuando la familia de la víctima quiso ingresar al lugar.

La denunciada, que vive junto a diez familiares, carece de documentación que acredite posesión de la vivienda y, por lo tanto, derecho alguno a permanecer en ella; en tanto, el denunciante es el legítimo propietario del inmueble, según surge de cédula parcelaria y escritura pública. De todo ello, se desprendió que la intrusa ingresó al inmueble de forma lícita por comodato (acuerdo verbal entre las partes), y cuya ocupación se prolongó más allá del tiempo, una vez intimada a su restitución, en abril pasado.

Los hechos fueron corroborados mediante las declaraciones testimoniales de dos personas, una de ellas, el anterior propietario del inmueble y que lo vendió a la víctima en 1995.

Según relató la víctima, quien ratificó denuncia el pasado 16 de septiembre, padece serios problemas de salud y una discapacidad, razón por la que debió retornar a vivir a su vivienda, de la cual fue violentamente desalojado.

Covid-19: Investigan pagos por hotelería al Obispado de Orán

La fiscal penal de Orán, Mónica Araceli Viazzi, investiga de oficio el posible cobro por parte del “Obispado de la Nueva Orán”, para alojar personas durante la pandemia Covid-19.

Desde la semana pasada, la fiscal penal Mónica Araceli Viazzi, ordenó distintas medidas en el marco de una investigación preliminar, que busca determinar si existió comisión de delito en el cobro del alojamiento por recibir a personas repatriadas de San Ramón de la Nueva Orán. Entre otras diligencias, la fiscal ya remitió distintos pedidos de informes a las entidades y organismos involucrados en el tema.

La intervención de la fiscal penal Viazzi se produjo luego de que se hiciera público en distintos medios de comunicación, el informe presentado por el Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia ante la Legislatura provincial, que detalla las partidas destinadas a hoteles que durante estos seis meses de cuarentena alojaron a personas que debían realizar el aislamiento obligatorio.

Del informe se desprendió que el Obispado de la ciudad de Orán, a cargo del obispo monseñor, Luis Antonio Scozzina, recibió dos partidas de $170.100 (ciento setenta mil cien pesos), y $264.600 (doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos), que hacen un total de $434.700 (cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos pesos), por parte del Gobierno de Salta, para alojar a personas en la Casa de Retiros.

Cheques por más de 23 millones y contaminación ambiental: amplían la imputación contra el exintendente de Pichanal

La fiscal penal Mónica Araceli Viazzi, amplió la imputación contra el exintendente de Pichanal, Julio Antonio Jalit, quien se encontraba imputado desde 2019 por supuesto enriquecimiento ilícito. Este lunes, se le imputaron también los delitos de estafa por fraude a la administración pública; negociaciones incompatibles con la función pública; peculado de servicios, todos hechos de forma reiterada; enriquecimiento ilícito reiterado; utilización de residuos peligrosos que contaminaron de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general; omisión maliciosa de presentar y por falsear u omitir insertar datos en las declaraciones juradas patrimoniales y fraude a la administración pública por administración infiel, en concurso real.

Jalit se presentó este lunes en la Fiscalía y anticipó que declarará por escrito. Además, la fiscal Viazzi citó a otras ocho personas, que serán imputadas por distintos delitos, entre este martes 25 de agosto y el martes 1 de septiembre próximo. De distintas manera, habrían participado en las maniobras fraudulentas que encabezó Jalit.

Viazzi decidió también imputar al extesorero municipal, Ricardo Murúa Enrique, por el delito de coautor del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública, (hechos reiterados); y a César Gómez, (propietario de Mirador Servicios), como partícipe necesario de los delitos el delito de peculado de servicios y estafa por fraude en perjuicio de la administración pública (hechos reiterados). En tanto, a  Luis Enrique Juárez (propietario de Servicios Generales Victoria); Renzo Reynaldo Ruiz (Contador Público Nacional), Sergio Daniel Castillo Jalit, (empresario); Sergio Castillo (empresario);  Leonardo Darío Macaron y Lilia Amanda Klarmann, los imputará como participes necesarios del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública (hechos reiterados).

Entre otros hechos, de la investigación surgió que el exjefe comunal emitió casi 1400 cheques irregulares, que sumarían más de $23.000.000 aproximadamente. El dato se suma a lo dicho en el primer decreto de imputación, en el que se señaló que Jalit “tuvo un incremento significativo de bienes desde el inicio de su gestión hasta su cese, de los ingresos derivados de la inyección de fondos de origen espurio e ilegal”.

En base a la documentación recabada de entidades bancarias, juzgados de Minas y otras fuentes de la investigación, la fiscal entendió que Jalit incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, ya que autorizó la salida de fondos, órdenes de pago y cheques y otros, que representaban a los intereses de empresas co-contratantes (CEJOTA- FARMACIA RIVADAVIA- ASTILLERO SRL, SOCIEDAD DE HECHO JALIT- CASTILLO), y no a la entidad pública estatal que representaba.

Es que de los elementos de convicción colectados surgió que al menos durante 2014, 2017, 2018 y 2019, el exintendente Jalit, conjuntamente con el tesorero Ricardo Murúa, emitió 1.394 cheques, que totalizan la suma de $ 23.494.711,00 (veintitrés millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos once pesos). Los montos y cantidades son estimativos, porque resta ampliar la pericia contable y verificar otros años de la gestión en el Municipio de Jalit, entre 2003 y 2019, porque constan en la causa numerosos cheques que habrían sido librados de forma irregular o ilegítima.

Sobre Ricardo Murúa, se sabe que formó parte de las maniobras para beneficiar a Astillero SRL, ya que desde diciembre de 2015, firmó todos los cheques. También firmó cheques en beneficio propio o de sus familiares.

Acerca de Servicios Generales Victoria y El Mirador, de propiedad Cesar Gómez y Luis Enrique Juárez, respectivamente, la funcionaria estimó que prestaron sus nombres a fin de aparecer como dueños de empresas unipersonales que ni siquiera declaraban ingresos en AFIP, pero figuraban en libros, bancos, órdenes de pagos, de compra y facturas, como encargados de realizar obras públicas. Pero, en realidad los montos dinerarios dispuestos por Jalit y Murúa a través de cheques, eran negociados o percibidos por Astillero SRL.

Además, Juárez y Gómez cobraban haberes en relación de dependencia con el Municipio. Sin embargo, Gómez no trabajaba y solo iba a cobrar mensualmente. En cambio, sí se desempeñaba en las empresas rurales privadas de Jalit.

En el caso la maniobra pergeñada desde el Municipio a través de los coautores Murúa y Jalit con la participación de Juárez, Gómez y Renzo Ruiz, éstos permitieron que cuantiosas sumas salgan del erario municipal hacia terceros -Astillero SRL-, (cuyos representantes legales son Klarmann y Macaron) y hacia el propio Jalit, sin ningún tipo de respaldo documental, tal como lo observó la Auditoria General de la Provincia.

Por otra parte tanto Juárez como Gómez, prestaban sus nombres para que no se haga visible quiénes eran los reales beneficiarios o destinatarios de los cartulares: el propio Jalit y la firma Astillero SRL y KYM SACAGFICFTS, cuyos representantes legales son Darío Macarón y Lilia Klarmann y quienes se beneficiaron con fondos públicos, a través de por lo menos 496 cheques. Es decir que por un lado, Jalit administraba los fondos del municipio y de manera fraudulenta hacía aparecer a Servicios General Victoria y El Mirador Servicios como los destinatarios de los pagos, cuando, en realidad, no cobraron ninguno de los cheques. Del otro lado, participaban de la maniobra Macaron y Klarmann, quienes se beneficiaban con los montos de los títulos de créditos, en connivencia con Jalit. Los tres imputados eran autorizados y firmantes indistintos de las cuentas de Astillero y KyM, adónde iban destinados dichos fondos municipales.

También quedó comprobado que Jalit compraba combustible a la empresa Astillero SRL para sus fincas privadas y era proveedora del Municipio. Jalit y Murúa, con la participación de Renzo Ruiz, firmaban las órdenes de pago y cheques destinados a Macaron–Klarmann.

Además, se constató que las farmacias Rivadavia y Cejota SRL, pertenecen a la sociedad de hecho Jalit -Castillo Sergio y que recibieron pagos cuantiosos con títulos de crédito con fondos del Municipio. Hasta hoy, se contabiliza que se libraron 108 cheques a favor de Cejota SRL y 68 a favor de Farmacia Rivadavia. En este caso, Sergio Castillo y Sergio Castillo Jalit (padre e hijo) percibieron o negociaron títulos de crédito con fondos municipales y se apropiaron de ellos; el primero por ser socio y el segundo, por ser apoderado de ambos.

Declaraciones juradas falseadas

Por otra parte, Jalit incurrió en el delito de omisión maliciosa de presentar y por falsear u omitir insertar datos en las declaración jurada patrimonial porque incumplió en debida forma al presentar las declaraciones juradas ante la Escribanía General de Gobierno y cuando lo hizo, las falseó. Se encontraron diferencias notorias entre las del 2014, 2015 y 2017 y 2019 al cotejarlas con el informe de UNAC, que se sirve de base de datos del R.N.P.A. y confirmaron diferencias entre vehículos, inmuebles y otros bienes declarados y reales.

Entre las numerosas acusaciones, también se encuentra la falta de rendiciones de gastos del Fondo Federal Solidario, a través del “Plan Más Cerca”; del Plan Alimentario Nutricional Provincial y del Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios.

Grave contaminación ambiental

Con respecto del delito de contaminación ambiental imputado a Jalit, se probó que el exfuncionario ejerció acciones claramente abusivas de su poder de intendente municipal, se introdujo invadiéndola en propiedad privada ajena y luego mandó a proceder al vertido y vaciado de la totalidad de la recolección de residuos domiciliarios, patógenos y líquidos cloacales en un sector cercano río San Francisco. Además de provocar la contaminación del suelo, aire, agua, atmósfera y en general el ambiente de un modo peligroso para la salud, puso en peligro a personas que realizan cirujeo y animales, de los cuales algunos son de consumo humano.

Es que por decisión de Jalit, se ocuparon dos inmuebles, donde se vertieron líquidos cloacales previa apertura de canales desagüe, que formaron una laguna y se originaron dos basurales. Tal acción fue demandada y tramitada en la justicia civil, que condenó al Municipio a pagar al propietario de un terreno, la suma de $ 3.500.000, al determinar que hubo negligencia del jefe comunal en las acciones realizadas sobre  una fracción de 100 has correspondiente a uno de los inmuebles. La suma total de la condena no fue cancelada, lo que significó el embargo de la Coparticipación Federal Impositiva del Municipio.

Jalit, funcionario público desde 1991

Jalit fue proclamado como concejal en noviembre de 1991 y fue jefe comunal desde 2003 a diciembre de 2019. Viazzi empezó a investigar de oficio a Jalit, a raíz de las publicaciones del diario El Tribuno, del 12 de marzo de 2019, cuando llevaba 15 años y 3 meses de gestión al frente del ejecutivo municipal y en la que el imputado contaba con un patrimonio que superaba entonces los 500 millones, el cual se multiplicó desde 2005 con vehículos de alta gama, maquinarias agrícolas y equipos varios y más de una decena de fincas. A la investigación se sumó la información brindada por la Auditoría General de la Provincia.

Durante la investigación, concejales declararon que hasta 2017, el presupuesto municipal se trató a libro cerrado, no se labraban actas y detectaron dobles imputaciones respecto de obras ya presupuestadas e inexistentes.

Como ejemplos, consta que se presupuestaron $30.000.000 destinados a gas y electricidad para el parque industrial, pero la obra no se hizo. Al terreno lo compró la Municipalidad a KyM y fue inaugurado en 2011, con solo un cartel y una casilla, pero sigue abandonado. Y surge que fueron presupuestados la feria Municipal de Pichanal -cuya obra no existe-, y el Complejo Municipal, que figuró en más de un presupuesto. En esta última obra está involucrado el agente municipal y “contratista” César Luis Gómez, quien según se verificó no tiene solvencia para ejecutar tal obra.

Orán: recurso de casación por la condena de tres de los “sicarios”

Las fiscales penales Claudia Carreras y Mónica Viazzi presentaron recurso de casación parcial ante el Tribunal de Impugnación respecto a la sentencia, cuyo veredicto se dio a conocer el pasado 4 de julio, para los acusados Norberto Roque Mendoza, Enzo Javier Quiroga y Matías Francisco Sarmiento. Solicitaron que se les imponga a los tres la pena de 20 años de prisión efectiva en calidad de coautores, como pidieron en los alegatos.

El veredicto del Tribunal de la Sala II de Juicio de Orán, integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Héctor Fabián Fayos y Raúl Fernando López, impuso a los imputados Norberto Roque Mendoza y Enzo Javier Quiroga la pena de 19 años de prisión efectiva y el pago de una multa como coautores del delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Ricardo Ariel Gerónimo y a Matías Francisco Sarmiento le impuso la pena de 15 años de prisión efectiva y el pago de una multa como partícipe necesario del delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Ricardo Ariel Gerónimo.

Conocidos los fundamentos de la sentencia, las fiscales penales Claudia Carreras y Mónica Viazzi, como representantes del Ministerio Público, interpusieron Recurso de Casación Parcial ante el Tribunal de Impugnación respecto a la condena impuesta a los acusados Mendoza, Quiroga y Sarmiento.

En sus fundamentos, las fiscales consideran en el caso de Sarmiento, que ha quedado acreditada su calidad de coautor del delito tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Ricardo Ariel Gerónimo, a través de diferentes pruebas presentadas en el debate, entre ellas, el análisis exhaustivo que se ha realizado de los audios que surgen de las distintas escuchas telefónicas ordenadas judicialmente, donde Sarmiento se comunica con Quiroga y se evidencia que conoce lo que iba a ocurrir con el arma que entregó.

Plantean que no se muestra acertado lo considerado por el Tribunal, que en la condena considera a Sarmiento partícipe necesario, porque hay división de la tarea delictiva. El aporte de armas y municiones que hizo el acusado, es de naturaleza tal que, conforme al plan concreto, sin ese aporte, el hecho no se podría haber realizado como se hizo. Él tuvo en sus manos la posibilidad de interrumpir el curso del suceso, teniendo presente que Sarmiento no se encontraba detenido como lo estaban sus consortes de causa, Rojas y Quiroga, y que su intervención fue el nexo en la “calle”. No sólo para conseguir las armas que Quiroga le requería insistentemente por encargo del “Patrón Rojas”, sino también dinero y remedios, llegando incluso a pedir hasta un teléfono celular.

En consecuencia, solicitan que se condene al imputado Matías Francisco Sarmiento a la pena de 20 años de prisión efectiva más costas y multa como coautor material y penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas agravado por la utilización de arma de fuego.

Respecto de Mendoza y Quiroga, solicitan que se les imponga la pena de 20 años de prisión efectiva, como habían solicitado durante los alegatos.

Orán: Veinte imputados por violar medidas sanitarias dispuestas por el COE

Veinte personas fueron imputadas por violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia y por atentar contra la autoridad policial. El COE había dispuesto oportunamente cerrar toda actividad del Mercado de Abasto hasta el día lunes 6 de julio y el pasado jueves, se congregaron en su interior y atentaron contra el personal policial interviniente.

La fiscal penal 1 de Orán, Alda Daniela Murúa, informó que tras los incidentes ocurridos en el mercado de abasto de esa ciudad el pasado jueves, cuando un grupo de personas incumplió con las medidas dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia y se concentró en el predio, impidiendo el ingreso de personal policial, se detuvo e imputó a 20 personas.

Cabe recordar que el pasado lunes 29 de julio, la autoridad sanitaria de la provincia dispuso cerrar toda actividad del mercado de abasto hasta el día lunes 6 de Julio. Esta disposición se fundamenta en la necesidad de organizar las medidas de bioseguridad que deben ser impuestas en el contexto de la pandemia que afecta a nuestro país y teniendo en cuenta la circulación viral existente en la provincia de Jujuy.

Este grupo de personas además se comportó hostil con el personal policial interviniente y atentaron contra ellos.

Con orden de detención librada por el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Claudio Parisi, se produjo la detención e imputación de 20 personas por los delitos de atentado contra la autoridad agravado por ser cometido por una reunión de más de tres personas, agravado por la intervención de menores de edad y por la violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Los imputados son: Salomón Antonio Olguín de 22 años, Eduardo Segovia de 47 años, Gerónimo Cecilio Olguín de 61 años, Gaspar Olguín de 37 años, Joaquín Maximiliano Giménez de 26 años, Alfredo Fabián Liendro de 42 años, José Adrián Zárate de 49 años, María Yolanda Sosa de 46 años, Luz Amalia Vázquez de 26 años, Beatriz Chávez de 63 años, Fernando Leonardo Olguín de 33 años, Moisés Hugo Olguín de 27 años, Joel Ismael Velázquez de 40 años, Santiago Farfán de 23 años, José Esteban Roldán de 19 años Juan José Llanos de 20 años, Martín Maximiliano Segundo de 24 años, Jonathan Federico Ríos de 22 años, David Marcelo Villanueva de 38 años, Nicolás Alejandro Ramírez de 29 años y un menor de 15 años.  

La fiscal explicó que tras la acusación, el Juzgado de Garantías interviniente, les otorgó a varios de los imputados a pedido de sus abogados, la libertad con el cumplimiento de medidas sustitutivas.

Cabe recordar que inicialmente intervino la Fiscalía Penal 3 de Orán en turno, a cargo de Mónica Viazzi.

Sicarios: prisión perpetua para «el coya» Rojas y Castillo

A Mendoza y Quiroga se les impuso la pena de 19 años, a Sarmiento la pena de 15 años y Liborio y Núñez fueron absueltas por el beneficio de la duda. Seis de los imputados conocieron el veredicto desde la ciudad de Salta con el empleo de métodos tecnológicos.

El Tribunal de la Sala II de Juicio de Orán, integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Héctor Fabián Fayos y Raúl Fernando López, dio a conocer el mediodía de este viernes el veredicto para los siete imputados por un hecho de homicidio calificado y una tentativa de homicidio calificado, ocurridos ambos en el mes de mayo de 2017 en esa ciudad.

Los imputados Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo fueron condenados a la pena de prisión perpetua y al pago de una multa como coautores del delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Raúl Fernando Martínez en concurso real con el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Ricardo Ariel Gerónimo.

Los imputados Norberto Roque Mendoza y Enzo Javier Quiroga fueron condenados a cumplir la pena de 19 años de prisión efectiva y al pago de una multa como coautores del delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Ricardo Ariel Gerónimo.

Matías Francisco Sarmiento fue condenado a cumplir la pena de 15 años de prisión efectiva y al pago de una multa como partícipe necesario del delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Ricardo Ariel Gerónimo.

En tanto, las acusadas Daniela Fernanda Liborio y Alejandra Beatríz Nuñez, fueron absueltas por el beneficio de la duda, como habían solicitado las fiscales Carreras y Viazzi en los alegatos.

Sicarios: Este viernes se conocerá el veredicto

Luego de una larga jornada de alegatos, réplicas y dúplicas, el Tribunal de la Sala II de Juicio de Orán, clausuró el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta las 11 de este viernes para dar a conocer el veredicto para los siete acusados de conformar una banda de “sicarios”

El Tribunal integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Héctor Fabián Fayos y Raúl Fernando López, escuchó este jueves los alegatos de las partes en la audiencia de debate que se sigue contra Ricardo Raúl Rojas, José Martín Castillo, Alejandra Beatriz Núñez, Norberto Roque Mendoza, Matías Francisco Sarmiento, Enzo Javier Quiroga y Daniela Fernanda Liborio.

Las fiscales penales Claudia Carreras y Mónica Viazzi, solicitaron la aplicación de la pena de prisión perpetua para los imputados Rojas y Castillo como coautores del delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Raúl Fernando Martínez en concurso real con el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Ricardo Ariel Gerónimo.

Para los acusados Mendoza, Quiroga y Sarmiento solicitaron la aplicación de la pena de 20 años de prisión efectiva como coautores del delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometidos bajo promesa remuneratoria, por el número de participantes y por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Ricardo Ariel Gerónimo.

Para las acusadas Liborio y Núñez, solicitaron la absolución por el beneficio de la duda.

Tras los alegatos de los defensores de los siete acusados, hubo réplicas y dúplicas y el Tribunal concedió a los acusados la última palabra y solo tres de ellos hicieron uso de tal posibilidad. Clausurado el debate, pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 11, cuando se dará a conocer el veredicto.

Orán: Ocho detenidos por violar medidas sanitarias dispuestas por el COE

Ocho personas fueron detenidas en el mercado de abasto de esa ciudad y serán imputadas por violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia y por atentar contra la autoridad. El COE había dispuesto oportunamente cerrar toda actividad del Mercado de Abasto hasta el día lunes 6 de Julio.

La fiscal penal 3 de Orán, en turno, Mónica Viazzi, informó que durante la mañana de este jueves, se registraron incidentes en el mercado de abasto de esa ciudad, cuando un grupo de personas incumplió con las medidas dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia y se concentró en el predio, impidiendo el ingreso de personal policial.

Cabe recordar que el pasado lunes 29 de julio, la autoridad sanitaria de la provincia dispuso cerrar toda actividad del mercado de abasto hasta el día lunes 6 de Julio. Esta disposición se fundamenta en la necesidad de organizar las medidas de bioseguridad que deben ser impuestas en el contexto de la pandemia que afecta a nuestro país y teniendo en cuenta la circulación viral existente en la provincia de Jujuy.

Este grupo de personas además se comportó hostil con el personal policial interviniente y atentaron contra ellos.

Se solicitó su detención al Juzgado de Garantías 2, a cargo de Claudio Parisi, quien hizo lugar al pedido y tras el correspondiente control de legalidad, la audiencia de imputación se concretará este viernes por la mañana.

La acusación es por violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia en concurso real con atentado contra la autoridad agravado.

La investigación será llevada adelante por la Fiscalía Penal 1 de Orán, a cargo de la fiscal penal Alda Daniela Murúa.

Orán: alegatos en el juicio a los «sicarios»

Este jueves se llevará a cabo la jornada de alegatos en el juicio que se sigue en la ciudad de Orán a los integrantes de la banda de “sicarios” por un homicidio y una tentativa de homicidio. Son siete imputados y se espera que sea una larga jornada. Sólo declaró ante el Tribunal uno de los imputados.

Las fiscales penales de Orán, Claudia Carreras y Mónica Viazzi, representan al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Ricardo Raúl Rojas, José Martín Castillo, Alejandra Beatriz Núñez, Norberto Roque Mendoza, Matías Francisco Sarmiento, Enzo Javier Quiroga y Daniela Fernanda Liborio.

Este miércoles, los jueces María Laura Toledo Zamora, Héctor Fabián Fayos y Raúl Fernando López, dieron lugar a que se reproduzcan los últimos audios incorporados a la causa y se concedió a los acusados la posibilidad de declarar. José Martín Castillo fue el único que decidió hacerlo y en sus dichos, negó conocer a los otros imputados y trató de desvincularse de la acusación en su contra.

Luego se procedió a incorporar la prueba producida y se pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves, jornada en la que se producirán los alegatos de las partes.

Últimas instancias del juicio a los “sicarios”

Con la reproducción de los audios de las escuchas realizadas durante la investigación, el Tribunal pasó el lunes a un cuarto intermedio hasta este miércoles, para dar lugar a la declaración de los siete acusados y los alegatos se producirían el próximo jueves.

Las fiscales penales de Orán, Claudia Carreras y Mónica Viazzi, representan al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Ricardo Raúl Rojas, José Martín Castillo, Alejandra Beatriz Núñez, Norberto Roque Mendoza, Matías Francisco Sarmiento, Enzo Javier Quiroga y Daniela Fernanda Liborio.

Durante la jornada del pasado lunes, el tribunal integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Héctor Fabián Fayos y Raúl Fernando López, hizo lugar a la reproducción de la totalidad de los audios incorporados como prueba en la causa y se pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles 1 de julio para dar la posibilidad a los acusados para que presten declaración o se abstengan de hacerlo.

Se fijó el jueves 2 de julio como el día para que se lleven adelante los alegatos de las partes.