Declaró el conductor que causó siniestro vial en avenida ExCombatientes

José Luis Gómez Yazbek de 52 años fue imputado por el homicidio culposo de Miguel Jorge Christian Baudin Molina, a quien embistió con su camioneta el pasado viernes sobre avenida ExCombatientes de Malvinas, provocando su fallecimiento. El Juzgado de Garantías 6 le concedió la libertad.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen, imputó a José Luis Gómez Yazbek por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo a motor en perjuicio de Miguel Jorge Christian Baudin Molina.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la mañana sobre avenida Ex Combatientes de Malvinas al 3800, cuando la camioneta guiada por Gómez Yazbek circulaba por el carril Sur – Norte y por razones que se tratan de establecer, se cruzó al carril contrario y embistió en forma frontal a la motocicleta que guiaba Baudin Molina con sentido Norte – Sur.

La víctima falleció en el lugar y el conductor fue demorado. La fiscal penal en turno, María Luján Sodero Calvet, solicitó al Juzgado de Garantías en turno su detención bajo la modalidad domiciliaria, en atención a que se trata de un paciente oncológico avanzado y la jueza interina Claudia Puertas, le otorgó la libertad con el cumplimiento de medidas sustitutivas.

Durante la audiencia de imputación estuvo acompañado de un abogado particular y en su declaración, atribuyó el siniestro a una falla mecánica de su camioneta.

Desde la Fiscalía se solicitaron diversas medidas tendientes a conocer cómo se produjo el hecho, tales como análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, recepción de testimonios y pericias criminalísticas y accidentológicas.

Villa San Antonio: los detenidos negaron su participación en el crimen

Gastón Bruno Federico Gerez y Jorge Marcelo Acebal fueron imputados ayer por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Santos Inocencio Choque. Ambos declararon y negaron su participación en el hecho.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet, imputó ayer a Gastón Bruno Federico Gerez de 31 años y a Jorge Marcelo Acebal de 49 años como coautores del delito de homicidio calificado criminis causa en perjuicio de Santos Inocencio Choque de 68 años.

En el decreto de imputación, Sodero Calvet sostiene que el agravante se da porque los acusados le quitaron la vida a la víctima con un arma blanca para desapoderarlo del dinero que llevaba, dándose a la fuga y dejándolo sin auxilio alguno.

Santos Inocencio Choque fue herido en el muslo izquierdo y en el tórax y según consta en el informe de autopsia, falleció por shock hipovolémico por herida de arma blanca.

De las tareas investigativas desplegadas por personal de la División Homicidios de la Policía de la Provincia, se pudo conocer que la víctima había concurrido a comprar pan a un negocio ubicado sobre calle Los Infernales al 1600 y fue atacado mientras realizaba la compra.

Los acusados son conocidos en la zona como «Tonsay» y «Acebal» y tienen numerosos antecedentes penales por delitos contra la propiedad, tenencia de estupefacientes e incluso uno de ellos cumplió una condena por homicidio.

Durante la audiencia de imputación estuvieron acompañados de un defensor oficial y en su declaraciones ambos negaron haber participado del hecho.

Desde la Fiscalía se espera el resultado de diferentes medidas requeridas y se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la prisión preventiva de ambos.

Son dos los detenidos por el homicidio en Villa San Antonio

Dos hombres fueron detenidos y serán imputados esta mañana por el homicidio de Santos Inocencio Choque, ocurrido este martes por la mañana en la intersección de calle Los Infernales y Astigueta.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet, informó que en el marco de la investigación que sigue adelante por el homicidio de Santos Inocencio Choque de 68 años, hoy se realizará la audiencia de imputación a dos hombres que fueron detenidos por el hecho.

De las tareas investigativas desplegadas por personal de la División Homicidios y de los testimonios recogidos entre vecinos y familiares, se pudo identificar a dos hombres que serían los autores del hecho y se solicitó al Juzgado de Garantías en turno, su detención.

La audiencia de imputación se realizará esta mañana y se los acusará del delito de homicidio simple.

Policía federal imputado por un siniestro vial con víctima fatal

El hecho ocurrió la mañana del domingo en la intersección de ruta nacional 51 y ruta provincial 24, cuando el auto embistió a una motocicleta en la que viajaban dos personas, una de las cuales falleció.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet, imputó ayer a Félix Horacio Cari de 44 años por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito por un hecho ocurrido el pasado domingo por la mañana.

Según consta en las actuaciones, Cari es personal de la Policía Federal y en ocasión que viajaba en su automóvil particular hacia la ciudad de Salta por la ruta nacional 51, protagonizó un siniestro vial con una motocicleta que se dirigía hacia Campo Quijano por ruta provincial 24.

En el rodado viajaba Roberto Carlos Copa de 46 años y su hijo de 12 años y tras el siniestro, ambos cayeron sobre la cinta asfáltica. Al llegar personal del Servicio de Emergencias, Copa se encontraba sin vida y con desprendimiento de uno de sus miembros inferiores y su hijo respiraba con dificultad, por lo que fue trasladado en código rojo al hospital Materno Infantil.

Cari quedó detenido tras el siniestro y fue asistido por un abogado particular durante la audiencia de imputación y en su declaración, trató de explicar cómo sucedieron los hechos.

Desde la Fiscalía se solicitó el cumplimiento de diversas medidas a fin de determinar cómo se produjo el siniestro.

Gral. Güemes: requieren juicio para el conductor que provocó la muerte de una mujer

El hecho ocurrió en el mes de marzo, cuando la víctima volvía de una feria junto a su hijo y fueron embestidos por un vehículo que se dio a la fuga, dejando heridos a madre e hijo. El conductor, tras ser identificado fue detenido e imputado por homicidio simple y lesiones.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet, requirió juicio para Cristian Sebastián Mamaní, “Payaso”, por el delito de homicidio simple en perjuicio de Zulma Fernández en concurso real con lesiones en perjuicio de Alex Cardozo.

El hecho ocurrió el 9 de marzo de este año en la intersección de calles Bolivar y Dominga Pauna de barrio El Cruce de General Güemes, cuando alrededor de las 20, la víctima regresaba de una feria junto a su hijo, transportando a pie un carro con plantas y fueron embestidos por un automóvil que pasó y que se dio a la fuga, dejando abandonados a la mujer y a su hijo.

La mujer fue trasladada al hospital local y luego al hospital San Bernardo, donde falleció por las lesiones recibidas.

Personal policial trabajó en el relevamiento de testigos y cámaras y pudieron localizar el vehículo en la localidad de El Bordo, donde fue secuestrado horas más tarde para ser sometido a pericias y se produjo la detención del acusado, quien aún permanecía en estado de ebriedad.

Tras ser imputado, Mamaní prestó declaración y tratando de eludir su responsabilidad, dijo que ese día viajó en el automóvil como acompañante ya que estaba ebrio, que la conducción estuvo a cargo de otra persona.

De los testimonios y medidas probatorias realizadas, se pudo constatar que Mamaní guiaba el vehículo y llevaba a su hijo menor de edad como acompañante. Incluso testigos resaltan la conducción temeraria que realizó por diversos puntos de la ciudad, provocando otros incidentes viales con daños materiales.

En el requerimiento se hace énfasis en que Mamaní tuvo siempre el dominio pleno y consciente de sus acciones, por cuanto el mismo decidió voluntariamente consumir bebidas alcohólicas, conducir en estado de ebriedad su vehículo sin importarle que tenía su pequeño hijo como acompañante y realizar el fatídico recorrido por las calles de Güemes, ruta nacional 34 y El Bordo sin interés por el patrimonio, la integridad física y la vida de terceros.

Detenida por apuñalar a su pareja

Una mujer fue imputada por tentativa de homicidio calificado por el vínculo luego de lesionar a su pareja con un arma blanca en la zona torácica. La víctima permanece hospitalizada sin posibilidad de declarar y la acusada no declaró.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, María Luján Sodero Calvet, imputó ayer a Alcira Nicolasa Barrera por el delito de tentativa de homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su pareja.

El hecho ocurrió en barrio Primera Junta el domingo por la mañana y fue alertado por vecinos de la pareja, quienes relatan que una menor se presentó en su casa pidiendo auxilio porque sus padres estaban peleando.

Los vecinos concurrieron a la casa contigua y presenciaron parte de la disputa y cuando intentaban separarlos, Barrera tomó un cuchillo de considerable tamaño y lesionó a su pareja en el pecho y en el hombro.

El lesionado, de 31 años, fue trasladado al hospital Papa Francisco y dada la gravedad de las lesiones, fue derivado al hospital San Bernardo, donde se constató que corrió riesgo de vida.

En la audiencia de imputación, la mujer estuvo acompañada de una defensora oficial y se abstuvo de declarar.

No declaró la madre acusada de tentativa de homicidio

La mujer de 35 años estuvo acompañada de un defensor oficial y decidió no prestar declaración. Se solicitó el mantenimiento de su detención.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet, imputó ayer a una mujer de 35 años por el delito de tentativa de homicidio calificado por el vínculo.

El hecho ocurrió el domingo en barrio Gustavo Leguizamón, cuando la madre de la acusada la encontró en estado de intoxicación en el interior de su vivienda junto a su hijo de 11 años.

Al llegar el personal policial, madre e hijo estaban ya en el exterior de la casa con signos de intoxicación, por lo que fueron asistidos en el lugar y se determinó que se encontraban estables.

Se pudo conocer que la mujer había dejado las hornallas de la cocina abiertas y había cerrado la vivienda con la intención de terminar con su vida y la de su hijo y que había anticipado su decisión a su expareja por mensaje de Whatsapp.

Cabe destacar que interviene la Asesoría de Menores e Incapaces en relación a la situación del menor y que desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención.

Una mujer intentó acabar con su vida y la de su hijo

Una mujer de 35 años será imputada hoy por la tentativa de homicidio agravada de su hijo de 11 años. Dejó abiertas las hornallas de la cocina y envió un mensaje a su expareja para comunicarle su decisión.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet, imputará en las próximas horas a una mujer de 35 años por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de su hijo de 11 años por un hecho ocurrido ayer en barrio Gustavo Leguizamón.

La madre de la acusada llegó ayer a su domicilio y sintió fuerte olor a gas y encontró las aberturas cerradas, por lo que violentó una puerta y al ingresar, encontró a su hija y a su nieto en el interior.

Al llegar el personal policial, madre e hijo estaban ya en el exterior de la casa con signos de intoxicación, por lo que fueron asistidos en el lugar y se determinó que se encontraban estables.

Se pudo conocer que la mujer había dejado las hornallas de la cocina abiertas y había cerrado la vivienda con la intención de terminar con su vida y la de su hijo y que había anticipado su decisión a su expareja por mensaje de Whatsapp.

Desde la Fiscalía se dispusieron las medidas de rigor y se solicitó la detención de la mujer, que luego de ser atendida por un psicólogo, quedó alojada en el hospital Ragone.

Se dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno, que dispuso que el menor quede al cuidado de su abuela.

Hoy, luego del control de legalidad correspondiente, será imputada y se solicitará el mantenimiento de su detención.

Abuso sexual: Revocan el pedido de elevación a juicio contra el sacerdote Agustín Rosa Torino

El vocal de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, declaró nulo el requerimiento de la causa a juicio contra el sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino y formalizado por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia, revocó el auto resolutivo de marzo pasado. Rosa Torino está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y abuso sexual simple, en ambos casos agravado por ser ministro de culto reconocido.

A partir de la resolución del Juez de Impugnación, la fiscal penal 2, Verónica Simesen de Bielke, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, prepara un nuevo pedido de elevación a juicio en el marco de la causa que se sigue contra el sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y abuso sexual simple, en ambos casos agravado por ser ministro de culto reconocido. En su resolución, Figueroa también agregó que deberá formalizarse un nuevo requerimiento, “si el Ministerio Público así lo considera”.

Oportunamente, el pedido de elevación fue hecho por la fiscal María Lujan Sodero, después de la realización de numerosas pericias técnicas; inspecciones oculares en las instalaciones del Instituto San Juan Bautista; pericias sobre un teléfono celular; pen drives; computadoras; cámaras filmadoras y otros dispositivos digitales secuestrados en la causa, además de las pericias psicológicas y la recepción de más de 50 testimoniales.

Sodero concluyó entonces que “la acusación” contra el sacerdote “halla fundamento en que el imputado, aprovechando la cercanía, la confianza, el respecto y la obediencia que le era debida, habría desplegado actos de contenido sexual en el cuerpo de los denunciantes”.

Sodero los describió como “tocamientos libidinosos”, en zonas íntimas de las víctimas y destacó que dado el “rol de Padre Fundador” del Instituto Religioso Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, las pruebas colectadas en la causa, demuestran que los damnificados no pudieron prestar de “ningún modo su consentimiento libre y voluntario” a los abusos sexuales denunciados.

La Fiscal dijo también que los actos sexuales denunciados se cometieron bajo características particulares, dada la “relación existente entre el imputado y las víctimas”; que el acusado gozaba de “ascendencia” sobre los miembros de la congregación que dirigía y que se “tornaba imposible para estos, en ese estado de clara vulnerabilidad, resistirse o negarse, máxime teniendo en cuenta las premisas que se impartían en esa Orden Religiosa y el evidente estado de sumisión en el que se desarrollaba el vínculo entre Rosa Torino y los hermanos del Instituto encabezado por el acusado”.

Para arribar a las conclusiones que motivaron el pedido de elevación a juicio contra el sacerdote, también se tuvieron en cuenta los peritajes psicológicos. Al respecto, Sodero sostuvo que “los resultados de estos estudios fueron determinantes en cuanto al padecimiento de las víctimas, como así también respecto al perfil del acusado” y que dieron cuenta “de la existencia de graves secuelas en la psiquis de los denunciantes, lo que permite inferir que se ha afectado su integridad psicofísica y sexual”.

Vale recordar que la fiscal Sodero inició una causa penal a partir de tres denuncias radicadas por exintegrantes del instituto religioso, quienes acusaron al sacerdote por la comisión de distintos abusos sexuales.

Rosa Torino fue detenido el 21 de diciembre del año 2016. Posteriormente, el 2 de enero y a partir de dos nuevas denuncias, la fiscal amplió la imputación penal en contra del sacerdote por el delito de abuso sexual simple, también agravado por tratarse de ministro de culto reconocido. Mientras tanto, el sacerdote permaneció detenido y con prisión preventiva, confirmada por el Juzgado de Garantías 1. Pero en agosto de 2017, el Tribunal de Impugnación revocó la prisión preventiva del sacerdote y ordenó la prisión domiciliaria en un inmueble de finca La Cruz y autorizó su salida de la provincia en dos oportunidades, una a otra provincia y otra fuera del país.

El requerimiento de juicio en contra del sacerdote fue hecho ante el Juzgado de Garantías 1; pero el Juez de Impugnación Adolfo Figueroa, lo declaró nulo y lo revocó.

Imputaron a tres policías por la muerte de un vecino en Villa Floresta

Se trata de un oficial, un cabo y un agente, a quienes se les imputó el delito de homicidio culposo. Los acusados, pertenecientes a la Guardia de Infantería, intervinieron en una disputa por la posesión de un terreno, circunstancias en que procedieron a demorar a la víctima, la que se descompensó y murió como consecuencia de las maniobras ejercidas por los policías para reducirlo.

Las imputaciones, dispuestas por la fiscal penal María Luján Sodero, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, surgen de un cúmulo de declaraciones, denuncias y otras pruebas producidas tras la muerte de David Alfonso Neri Ovejero, un vecino de Villa Floresta de 44 años, quien murió durante un incidente originado por la disputa de un terreno.

El episodio, de acuerdo a lo argumentado en el decreto de imputación, ocurrió el 22 de junio pasado alrededor de las 13, cuando dos familias se disputaban la titularidad de un terreno ubicado en el sector alto de Villa Floresta, casi sobre la ladera del cerro.

El terreno, según lo establecido por la fiscalía, pertenece a Soledad Rivero, quien lo cedió a su hermano, Pablo, quien se identificó como personal policial perteneciente a la comisaría 24 en la ciudad de Orán. Este efectivo, en su declaración, sostuvo que debido al destino que tenía no podía residir de manera total en el terreno, aunque sí lo hacía cuando viajaba a esta ciudad, a tal punto que llegó a construir parte de su vivienda.

Por otra parte, Miriam Gaspar adujo que el terreno estaba abandonado y dada su situación de calle y la carga de cuatro hijos, decidió tomar posesión de dicho terreno, accionar que fue apoyado por los vecinos en vista de su precaria situación.

El día del hecho, en tanto, Rivero y su hermana tomaron conocimiento de la intromisión de Gaspar, por lo que se dieron cita en el terreno en cuestión, donde se produjo una disputa por la titularidad del terreno y la utilidad que los titulares le daban al lugar.

La disputa, que aglutinó a varios vecinos, demandó la presencia policial, por lo que al lugar llegaron efectivos de la Comisaría Cuarta, como así también un móvil de la Guardia de Infantería. Cuando todo parecía haber arribado a un arreglo, según algunos de los testimonios obtenidos, se presentó Neri Ovejero, quien es conocido por los vecinos debido a que ayudó a varios de ellos a obtener sus terrenos.

Neri Ovejero ingresó al terreno a fin de asesorar a Gaspar para que no se retire del mismo, circunstancias en que los policías acusados procedieron a la demora del mismo, en razón de que evaluaron que su intervención no ayudaba a la resolución del conflicto y generó más confusión.

Otros testigos, en tanto, declararon que la intervención de Neri Ovejero no generó desorden sino que buscaba ayudar a Gaspar. Al proceder los policías acusados a la demora, los vecinos advirtieron que uno de ellos lo tomó de los brazos, mientras que otro, más alto, lo tomó del cuello.

Cuando se realizaban estas maniobras de reducción, Neri Ovejero se descompensó y se desvaneció, por lo que se requirió ayuda para reanimarlo, lo que hicieron algunos vecinos, entre ellos un enfermero. A ello se sumó, según los testigos, la demora de la ambulancia, la que al arribar trasladó al paciente al hospital San Bernardo, aunque ya llegó sin vida.

En vista de las declaraciones reunidas, las pericias realizadas y demás diligencias procesales de rigor, la fiscal dispuso la imputación penal por el delito de homicidio culposo en contra del oficial Angel Peralta, el cabo Emanuel Liendro y el agente Maximiliano Mansilla.

Los tres estuvieron asistidos por abogados particulares y ninguno prestó declaración. Desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención.