Condenado por portación ilegal de armas

Fueron efectivos policiales quienes lograron detener al sujeto y, al momento del cacheo, encontraron las armas en el interior de un morral. Fue declarado reincidente.

La fiscal penal 5 interina, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 8 del Distrito Centro, en la audiencia flexible y multipropósito por la que Carlos Rodrigo Acuña, de 39 años de edad, fue condenado en juicio abreviado como autor del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

Un oficial de policía del Grupo Motorista 4 denunció que la tarde del 6 de agosto, mientras realizaba patrullaje preventivo junto a otros efectivos, observaron al acusado a bordo de una motocicleta tipo enduro que circulaba a gran velocidad por calle Ituzaingó al 1000.

Al llegar a calle Delfín Leguizamón al 800, el conductor y su acompañante, fueron interceptados y demorados por los efectivos policiales.

Durante la requisa, el acusado que portaba un morral intentó ocultarlo. En su interior se encontraron un arma de fuego tipo revolver calibre 22, con número de serie y cacha de plástico forrado, de uso civil; un cartucho calibre 17/60; un cartucho 9X19 mm.; seis cartuchos calibre 22 corto; y un cuchillo de 25 cm. aproximadamente.

Al serle requerida la documentación que autorizara la tenencia y portación del armamento, el sujeto no pudo justificar su procedencia.

La jueza Claudia Puertas, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 1 año de prisión de cumplimiento efectivo y lo declaró reincidente por séptima vez.

Salteño condenado por estafa en operación de compraventa de vehículo

Había publicado la venta del automóvil con pedido de secuestro bajo un perfil falso en una red social. Se le impuso la restitución de una suma superior al dinero abonado por el damnificado.

La fiscal penal 5 interina, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 4, Distrito Judicial Centro, en la audiencia flexible y multipropósito, por la que Fernando Daniel Ruis Herrera, de 40 años de edad, mediante juicio abreviado, resultó condenado como autor del delito de estafa, falsificación, adulteración o supresión de la numeración de un bien registrable y uso de instrumento público apócrifo destinado a acreditar la titularidad del dominio en concurso ideal.

Las actuaciones se iniciaron a partir de que una mujer denunciara que el 24 de mayo pasado su hijo había contactado, a través de la red social Facebook, con un perfil de nombre Maxi López, quien había publicado la venta de un vehículo e incluido un número telefónico para contacto.

La tarde del 3 de junio pasado, la mujer, junto a su esposo e hijo, se encontraron con el acusado, quien les exhibió un documento de estado de dominio que, supuestamente, pertenecía al vehículo en cuestión.

Al comprobar que la marca y dominio coincidían con la documentación presentada, optaron por realizar la operación de compraventa por un valor de 7 millones de pesos. De esta suma, 5 millones fueron abonados utilizando diferentes formas de pago: una parte mediante transferencia a una cuenta de pago, otra a través de una billetera virtual, una más con tarjeta, y el resto en efectivo, tanto en pesos como en dólares, todo dirigido al mismo destinatario. Por los 2 millones restantes, el damnificado firmó 4 pagarés por 500 mil pesos cada uno.

Al regresar a su domicilio, la denunciante se encontró con personal policial  que le solicitó realizar la verificación del rodado. Tras la inspección, le informaron que el automóvil había sido denunciado como robado en la provincia de Córdoba. Inmediatamente procedieron al secuestro.

Durante la investigación, el informe policial reveló que, tras la exploración del perfil en la red social, se constató que el acusado había utilizado otro nombre para realizar operaciones de compraventa de elementos de dudosa procedencia.

El personal policial también constató que Ruis Herrera suprimió la numeración original del vehículo y colocó una chapa alfanumérica falsa.

El juez Diego Rodríguez Pipino, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional y dispuso la reparación dineraria al damnificado mediante la entrega de una suma superior a lo abonado.

Las Lajitas: Fue juzgado por tres hechos delictivos contra la propiedad

El hombre de 19 años llegó a juicio acusado de tres hechos en perjuicio de vecinos de esa ciudad. Ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2023

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación Las Lajitas, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra José Gonzalo Díaz como autor de los delitos de hurto agravado por escalamiento, robo y hurto en concurso real con estafa por el uso de tarjeta de crédito, todo en concurso real.

Se trata de tres denuncias radicadas en contra del acusado por hechos ocurridos entre noviembre y diciembre de 2023, donde cometió ilícitos en perjuicio de vecinos de esa ciudad y cuya autoría quedó probada durante la investigación.

El juez Sebastián Fucho, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso el cumplimiento de una pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional y la observancia de reglas de conducta previstas en el artículo 27 bis del Código Penal.

Condenado por supresión de numeración y falsificación de instrumento público

El hombre fue detenido el 1 de julio y condenado diecisiete días después. Tenía en su poder cuatro motocicletas cuya procedencia no pudo justificar.

La fiscal penal de Embarcación, del Distrito Judicial Tartagal, Gabriela Souto, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal de Juicio, Sala 1,  Vocalía 1, en la audiencia de juicio abreviado en la que un hombre de 21 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución en suspenso por los delitos de supresión de numeración de un objeto registrable y falsificación de instrumento público en concurso real, delitos contra la fe pública.

El juicio abreviado, con acuerdo de las partes, se llevó a cabo luego de que el imputado, sin antecedentes delictivos condenatorios y asistido por su abogado, manifestara su arrepentimiento respecto al hecho ocurrido.

Además de la condena, la jueza en feria Maria Soledad Rodriguez,  dipuso reglas de conducta, tales como fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, abstenerse de concurrir a lugares donde se relacione con personas conocidas en el ámbito delictivo y abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.

La actuación de la fiscalía inició el 1 de julio de 2024, cuando personal policial se presentó en el domicilio del ahora condenado en el Barrio 60 Viviendas, encontrando en su poder cuatro motocicletas marca Honda de distintos modelos.

Al solicitarle la documentación de los vehículos, el hombre exhibió lade dos de ellas, pero no pudo presentar la de las otras dos. Tras realizar la correspondiente verificación, se constató que las motocicletas presentaban adulteración en la numeración de cuadro y motor, y que la documentación de dos de las motocicletas presentadas, registraba numeración apócrifa.

Posteriormente, el personal policial procedió a la demora del causante y al secuestro de los mencionados rodados. Informó la fiscal Gabriela Souto que una vez finalizadas las pericias ordenadas respecto a la numeración adulterada, se dispondrá de las motocicletas conforme a lo establecido por la ley.

Barrio El Milagro: Condenaron a dos parejas por venta de droga

Los ahora condenados desplegaban la actividad ilícita en sus domicilios, a donde los vecinos veían llegar a particulares de forma permanente a comprar droga, en diferentes horarios.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) en feria, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, en la audiencia flexible y multipropósito en la que, mediante juicio abreviado, dos hombres  y dos mujeres, todos mayores de edad, fueron condenados a cumplir prisión efectiva.

La jueza María Victoria Montoya Quiroga, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a Franco Jesús Vega, de 27 años, y Federico Oscar Choque, de 30 años, a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo como coautores del delito de comercialización de estupefacientes, mientras que a Verónica del Valle Peralta, de 31 años, y a Janet Norma Peralta, de 36 años, les impuso el cumplimiento de la pena de 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo como partícipes secundarias.

Tras la recepción de dos denuncias anónimas en la página web del Ministerio Público Fiscal, se iniciaron las actuaciones, a cargo del Grupo de Drogas del Sector 4ª, bajo la dirección del fiscal López Soto.

Las tareas investigativas incluyeron labor de inteligencia en dos viviendas de barrio El Milagro, donde residían los dos hombres y sus parejas, las hermanas Peralta; entrevista con vecinos, quienes manifestaron que en los dos domicilios se dedicaban a la venta de drogas; tomas fotográficas, entre otras.

Desde febrero hasta junio pasado, personal policial siguió los movimientos de los acusados en ambas casas, una de ellas ubicada en calle Canadá al 1100 y la otra en calle Canadá y Ecuador, observándose distintas personas que se acercaban a las puertas o ventanas de los domicilios, donde, tras un rápido intercambio por dinero, se entregaba sustancia estupefaciente.

En el inmueble de calle Canadá y Ecuador, la comisión policial del Grupo de Operaciones Especializadas Narcocriminal procedió a la demora de Federico Oscar Choque y a un vecino del investigado. En el interior de la vivienda, con orden de allanamiento solicitada ante el Juzgado de Garantías interviniente, se secuestraron varios envoltorios con sustancia amarillenta, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El narcotest realizado a las sustancias secuestradas arrojó resultado positivo para pasta base de cocaína y/o sus derivados por un peso total de 1.1 gramos.

En tanto, en el domicilio de calle Canadá al 1100, la comisión policial procedió a ingresar a la vivienda donde se encontraba Janet Peralta, junto a otras personas y procedió a la demora de Franco Vega, quien salía de la vivienda.

Tras requisa policial con resultado negativo en el interior de la vivienda, en horas de la noche se realizó un pasaje con el can antinarcóticos, junto a su guía, que arrojó resultado positivo, encontrando en diferentes habitaciones varios envoltorios, conteniendo sustancia amarillenta; dinero en efectivo, un teléfono celular y una balanza gramera.

La prueba de narcotest realizada sobre las sustancias secuestradas dio resultado positivo para cocaína y sus derivados.

Barrio Pilar: Tres hombres y una mujer condenados a prisión efectiva por comercialización de estupefacientes

Las tareas investigativas llevadas a cabo entre diciembre de 2023 y junio pasado, dieron como resultado la detención de los acusados y el secuestro de sustancias estupefacientes que vendían en la zona.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, en la audiencia flexible y multipropósito, donde tres hombres y una mujer, todos mayores de edad, fueron sometidos a juicio abreviado como autores del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación organizada de tres o más personas.

La actuaciones se iniciaron a partir de la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal que daban cuenta que en calle Balcarce al 1900 de barrio El Pilar de la ciudad de Salta, Ángel Aparicio vendía droga en un auto blanco en compañía de una mujer que manejaba el vehículo, Romina Di Pauli.

Otra de las denuncias daba cuenta de que en otro domicilio de pasaje Sequeira al 600 de barrio El Pilar, Sergio Guerrero, propietario de la vivienda, y Kevin Díaz, inquilino del primero, vendían droga en el lugar.

Impartidas las directivas para el inicio de la investigación, se concretaron una serie de medidas, consistentes en entrevistas con vecinos de la zona, constatación de los domicilios denunciados, tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y allanamientos, previa solicitud de la orden respectiva al Juzgado de Garantías interviniente.

De estos últimos se obtuvo como resultado el secuestro de sustancias estupefacientes, elementos de fraccionamiento, teléfonos celulares, utilizados para llevar a cabo las acciones ilícitas, un automóvil y dinero en efectivo, producto de la actividad ilegal.

Además, de la consulta a la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), al Sistema de Denuncias del Ministerio Público Fiscal y al Gabinete Técnico de Drogas de la provincia se constató que los acusados Aparicio, Di Pauli y Díaz registraban antecedentes por infracción a la Ley Penal de Estupefacientes.

El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a Ángel Gabriel Aparicio y a Sergio Felipe Guerrero a la pena de 4 años de prisión de ejecución efectiva y a Romina Sabrina Di Pauli y Kevin Jorge Díaz a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución efectiva, todos por el delito de comercialización de estupefacientes.

La UFINAR, por su parte, solicitó el decomiso de todos los elementos secuestrados, incluido el rodado vehículo utilizado para desplegar las actividades ilícitas.

Vishing: Fueron condenados los seis responsables de perpetrar las estafas

Se trata de una maniobra fraudulenta, utilizada para obtener dinero mediante llamadas telefónicas en las que prometían la obtención de premios que nunca existieron. Los damnificados recibirán una compensación dineraria.

La fiscal de la Un idad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2, en la audiencia de juicio abreviado contra seis personas, vinculadas a una causa por estafas telefónicas que se realizaban desde una unidad carcelaria de la provincia de Jujuy.

Las dos mujeres y cuatro internos alojados en el Servicio Penitenciario 1 de la provincia de Jujuy fueron imputados por los delitos de estafas reiteradas en 5 hechos, en concurso real con asociación ilícita.

La maniobra, conocida como “vishing”, por la que resultaron damnificadas distintas personas de San Carlos, Cachi, San Lorenzo y Palermo consistió en persuadirlas para que transfirieran dinero, a cambio de recibir premios de conocidas empresas.

El vishing, término derivado de la unión de dos palabras (voice y phishing) es una amenaza que resulta de la combinación de dos maniobras: la llamada de telefónica fraudulenta con información que se extrae, previamente, de internet y que, en la práctica, implica el uso de engaños y persuasión por parte de los estafadores para cometer el fraude.

El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a las dos mujeres a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional y les impuso el cumplimiento de reglas de conducta; otros tres imputados fueron condenados a la pena de 4 meses de prisión de ejecución efectiva; en tanto, el último acusado recibió la pena de 8 meses de prisión de ejecución efectiva.

En el mismo acto, los 5 condenados se comprometieron a cumplir con una reparación económica, consistente en el pago de la suma de $1.977.518,37, actualizada conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la que será distribuida entre los damnificados.

Vishing: Dictan prisión preventiva a seis implicados en estafas telefónicas desde la cárcel de Jujuy

Barrio San Pablo: Condenado a cuatro años de prisión por venta de droga

Las actuaciones se iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima que daba cuenta de la venta de drogas en la vivienda del sujeto. Cumplirá prisión domiciliaria.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2 del Distrito Centro, en la audiencia flexible y multipropósito, mediante acuerdo de juicio abreviado, en la que un hombre de 41 años fue condenado a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, con modalidad de prisión domiciliaria.

Adán Gabriel Cruz, alias “Cafu”, llega condenado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Tras una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, meses atrás, en la que se daba cuenta de la presencia de jóvenes en situación de calle, quienes llegaban al domicilio del acusado, quien vendería sustancia estupefaciente, se dio inicio a la investigación.

Vecinos de la zona que fueron entrevistados por personal del Grupo de Operaciones Zona Centro confirmaron que el sospechoso  vendía drogas a través de la ventana de su domicilio, durante la noche.

Luego de las directivas impartidas por el fiscal Gustavo Torres Rubelt, personal policial constató la ubicación del inmueble y datos personales del acusado. Como parte de las tareas de seguimiento, efectivos policiales procedieron a demorar a un comprador, quien entregó un envoltorio de polietileno de color negro, que contenía sustancia amarillenta en forma de polvo en su interior.

Las tareas investigativas incluyeron, además, vigilancia en el domicilio, observando intercambio de dinero por sustancias, en diferentes días, maniobras que quedaron documentadas mediante fotografías y filmaciones.

Del allanamiento realizado en el domicilio del imputado, se pudo determinar que tenía a su disposición y bajo su custodia sustancias estupefacientes acondicionadas para la venta, elementos para el fraccionamiento y acondicionamiento, y dinero en efectivo producto de dicha actividad ilícita. Se determinó que se dedicaba al intercambio de sustancias estupefacientes por dinero con diversas personas que llegaban a su domicilio.

El narcotest sobre la sustancia secuestrada arrojó resultado positivo para cocaína, por lo que se ordenó la detención del individuo.

El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a una pena de 4 años de prisión de ejecución efectiva, con modalidad de prisión domiciliaria. Además, dispuso que el condenado inicie un tratamiento por sus adicciones y ordenó el decomiso de las sustancias estupefacientes y de corte secuestradas.

Condenado por robo y múltiples hechos de violencia familiar

Fueron reiteradas las denuncias por parte de la familia por episodios violentos ocasionados por el acusado, las que se unificaron con una causa por robo que tramitaba en otra Fiscalía. Deberá cumplir una serie de normas de conducta.

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, contra un hombre de 29 años, como autor de los delitos de robo simple, desobediencia judicial (seis hechos), amenazas con arma, lesiones leves (dos hechos), resistencia a la autoridad (dos hechos), todo en concurso real.

El ahora condenado, llegó a juicio por una primera causa por robo simple que tramitaba en Fiscalía Penal 3, la que se unificó con las causas de violencia familiar que tramitaban en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 2.

El juez Diego Rodríguez Pipino, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, le impuso reglas de conducta y dispuso la realización de diagnóstico y tratamiento psicológico por impulsos violentos y problemas de adicciones.

Prisión efectiva para un hombre por coacción y desobediencia judicial

El sujeto ejercía violencia contra la víctima, sostenida en intensidad y tiempo, además de registrar antecedentes penales. Fue declarado reincidente.

La fiscal penal de Violencia Familiar y Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en acuerdo de juicio abreviado contra un hombre de 37 años de edad, como autor de los delitos de coacción y desobediencia judicial, en concurso real.

En noviembre de 2022, la damnificada, quien había mantenido una relación de dos años con el acusado, sin hijos en común, radicó una denuncia. En ella manifestó que ambos salieron de la casa de su primo, donde el acusado había estado consumiendo bebidas alcohólicas, para dirigirse a la parada del colectivo.

Ya en el transporte público, el acusado comenzó a tornarse agresivo, vociferando y amenazándola con romper un vidrio y agredir a alguien si no le entregaba dinero para comprar droga.

Ante tal situación, el chofer de la unidad detuvo la marcha y solicitó la presencia de personal policial que procedió a demorar al individuo.

La mujer agregó que no era la primera vez que denunciaba a su expareja. El Juzgado de Violencia Familiar y Género 3 había emitido una resolución en mayo de 2022, en la que se intimaba al acusado a abstenerse de ejercer actos de violencia y se le imponía una prohibición de acercamiento al domicilio particular y al lugar de trabajo de la víctima.

Conforme a la plantilla prontuarial del individuo, entre los antecedentes que registra, se encuentra una condena de 8 años y 6 meses de prisión efectiva, del año 2014, por homicidio simple.

Del avance de la investigación consta un informe de la entrevista realizada por la perito en trabajo social del equipo interdisciplinario del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) donde surgieron indicadores de riesgo a nuevos episodios de violencia, tales como violencia cronificada, incremento de violencia, dependencia emocional, violencia verbal, celos excesivos y conductas de control hacia la mujer, consumo de alcohol y sustancias por parte del agresor, además de los antecedentes delictivos.

En relación a la víctima se observó aislamiento social y familiar, naturalización y minimización de la violencia, bajo nivel de alarma, vulnerabilidad y discrepancia entre su percepción de riesgo y la valoración de la profesional.

En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Viazzi entendió que el sujeto había incumplido con el mandato judicial impartido por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género interviniente y que, pese a haber tomado conocimiento de las medidas, mostró una conducta reticente.

El juez Leonardo Feans, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 1 año de prisión de ejecución efectiva y lo declaró reincidente por primera vez.