Fueron condenadas seis de las empleadas del hogar “Casita Feliz”.

La investigación inició ante las sospechas de ciertas prácticas desplegadas por los acusados, que atentaron contra el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes alojados en el dispositivo de protección. 

El fiscal penal, Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, y otros ocho operadoras de la casa hogar que funcionaba en la ciudad de Salta, como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.

Este miércoles, durante los alegatos, el fiscal Ramos Ossorio sostuvo la acusación para las nueve imputadas y solicitó que la imputada Guillén, quien se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, sea condenada a cumplir 2 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por 4 años. Para las otras acusadas, la pena de 1 año y 6 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación especial.

En el veredicto, dado a conocer durante la tarde, el juez Leonardo Feans, condenó a Marta Alicia Guillén a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para ejercer la función pública por 4 años y al cumplimiento de reglas de conducta por el término de 4 años, entre las que se cuenta realizar capacitación específica sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Las imputadas Marcela Ivana Cáceres, Marcela Estela Tacacho, Jorgelina Tomasa Alfaro, Jesica Tamara Pallares y Tania Virginia Bisceglia resultaron condenadas a la pena de 1 año y 6 meses de prisión condicional, 3 años de inhabilitación especial para ejercer la función pública y al cumplimiento de reglas de conducta por el término de 3 años, entre las que se cuenta realizar capacitación específica sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En el mismo fallo, absolvió por el beneficio de la duda a las imputadas María Emilia Elías, Camila de los Ángeles Guzmán y a Claudia Alejandra Mendieta.

Alegatos en el juicio a nueve empleados de una casa hogar

Tras la declaración de las imputadas, se dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles, para dar lugar a los alegatos de las partes. 

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, y otros ocho operadoras de la casa hogar que funcionaba en la ciudad de Salta. Todas están imputadas como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.

Este lunes, tras recibir la declaración de las mujeres imputadas, el juez Leonardo Feans dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles 16 a las 9, para dar lugar a los alegatos de las partes  y se espera que el veredicto se conozca al finalizar la jornada.

La investigación de la Fiscalía inició al tomarse conocimiento de que tanto las operadoras, como la Coordinadora del hogar, que funcionaba en la zona de barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta, habrían reiterado conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un “mal comportamiento”. Como método disciplinario recurrente, se habría utilizado la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría. Se mencionaba además, que esta medida era ordenada por la jefa del hogar.

Últimas instancias del juicio a nueve empleados de una casa hogar

Continúan las testimoniales en el juicio a nueve empleados de una casa hogar

La investigación inició ante las sospechas de ciertas prácticas desplegadas por los acusados, que atentaron contra el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes alojados en el dispositivo de protección “Casita Feliz”.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, y otros ocho operadoras de la casa hogar que funcionaba en la ciudad de Salta. Todas están imputadas como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.

Durante la segunda semana del debate, prestaron declaración los profesionales psicólogos que intervinieron con los menores del hogar y que, tras advertir indicios de malos tratos, dieron aviso a la Secretaría de la Niñez. Confirmaron que los testimonios de los niños eran coherentes, espontáneos, sin indicadores de mendacidad, y que permitían asegurar que habían sufrido malos tratos.

Al iniciar la tercera semana del juicio, cuya finalización se prevé para el próximo 16 de abril, declararon ante el juez Leonardo Feans, testigos citados por la defensa técnica (antiguos operadores), quienes desde sus roles técnicos, justificaron que las prácticas cuestionadas respondían a mecanismos de tipo correctivo para los menores con problemas de conducta.

La investigación de la Fiscalía inició al tomarse conocimiento de que tanto las operadoras, como la Coordinadora del hogar, que funcionaba en la zona de barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta, habrían reiterado conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un “mal comportamiento”. Como método disciplinario recurrente, se habría utilizado la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría. Se mencionaba además, que esta medida era ordenada por la jefa del hogar.

En la acusación, el fiscal Ramos Ossorio sostiene que esta conducta desplegada por las acusadas comprometió la seguridad general del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, lo que constituye un quebranto a las pautas previstas.

Afirma además que, si bien no se constataron lesiones físicas en los menores, de la información brindada en forma conjunta por los niños y niñas alojados en el lugar, mediante sendas entrevistas realizadas por psicólogos y asistentes sociales de la Secretaria de Primera Infancia, así como de las entrevistas realizadas por personal del CIF durante la investigación, se evidencia violencia psicológica o moral en contra de los menores.

Continúa el juicio a nueve empleados de una casa hogar por presuntos malos tratos a niños

Continúa el juicio a nueve empleados de una casa hogar por presuntos malos tratos a niños

La investigación inició ante las sospechas de ciertas prácticas desplegadas por los acusados, que atentaron contra el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes alojados en el dispositivo de protección “Casita Feliz”.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, y otros ocho operadoras de la casa hogar que funcionaba en la ciudad de Salta. Todas están imputadas como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.

El pasado viernes, el juez Leonardo Feans, recibió el testimonio de vecinos del lugar donde funciona el dispositivo, quienes alertaron oportunamente sobre los gritos de los niños que escuchaban y que asociaron a malos tratos. Entre ellos, una mujer quien es maestra jardinera, ratificó lo declarado oportunamente y aseguró que,  desde su experiencia profesional, los gritos no correspondían a actividades lúdicas, sino a situaciones de violencia.

Para la segunda semana del debate, está prevista la declaración de profesionales psicólogos que intervinieron con los menores del hogar y, tras advertir indicios de malos tratos, dieron aviso a la Secretaría de la Niñez. También declarará personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que realizó la inspección ocular en el lugar.

La investigación inició al tomar conocimiento de que tanto las operadoras, como la Coordinadora del hogar, que funcionaba en la zona de barrio Tres Cerritos, habrían reiterado conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un “mal comportamiento”. Como método disciplinario recurrente, se habría utilizado la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría. Se mencionaba además, que esta medida era ordenada por la jefa del hogar.

En la acusación, el fiscal Ramos Ossorio sostiene que esta conducta desplegada por las acusadas comprometió la seguridad general del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, lo que constituye un quebranto a las pautas previstas.

Afirma además que, si bien no se constataron lesiones físicas en los menores, de la información brindada en forma conjunta por los niños y niñas alojados en el lugar, mediante sendas entrevistas realizadas por psicólogos y asistentes sociales de la Secretaria de Primera Infancia, así como de las entrevistas realizadas por personal del CIF durante la investigación, se evidencia violencia psicológica o moral en contra de los menores.

Juzgan a nueve empleados de una casa hogar por presuntos malos tratos a niños

Juzgan a nueve empleados de una casa hogar por presuntos malos tratos a niños

La investigación inició ante las sospechas de ciertas prácticas desplegadas por los acusados y que atentarían contra el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes alojados en el dispositivo de protección “Casita Feliz”.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, y otros ocho operadoras de la casa hogar que funcionaba en la ciudad de Salta. Todas están imputadas como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.

La audiencia, presidida por el juez Leonardo Feans, se extenderá hasta el próximo 9 de abril, según lo previsto.

Durante la jornada del miércoles 26, se proyectaron las entrevistas obtenidas a través de cámara Gesell a tres menores de edad, quienes relataron los malos tratos sufridos cuando «se portaban mal».

Cabe destacar que este jueves prestó declaración la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Carina Iradis, quien brindó detalles de la estructura y normativa bajo la cual funcionaba el entonces Hogar Casita Feliz, hoy denominado Munay.

La investigación inició al tomar conocimiento de que tanto las operadoras, como la Coordinadora del hogar, que funcionaba en la zona de barrio Tres Cerritos, reiteraban conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un “mal comportamiento”. Utilizando como mecanismo disciplinador recurrente la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría, se mencionaba que tal actitud era ordenada por la jefa del hogar.

En la acusación, el fiscal Ramos Ossorio sostiene que esta conducta desplegada por las acusadas comprometió la seguridad general del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, lo que constituye un quebranto a las pautas previstas.

Afirma además que, si bien no se constataron lesiones físicas en los menores, de la información brindada en forma conjunta por los niños y niñas alojados en el lugar, mediante sendas entrevistas realizadas por psicólogos y asistentes sociales de la Secretaria de Primera Infancia, así como de las entrevistas realizadas por personal del CIF durante la investigación, se evidencia violencia psicológica o moral en contra de los menores.

Ocho operadores de una casa hogar imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público