San Agustín: irá a prisión por una tentativa de homicidio

Un hombre de 38 años fue condenado a la pena de siete años y dos meses de prisión por un hecho ocurrido en la localidad de San Agustín en junio de 2019. Le disparó a un joven de 21 años con el que había tenido una pelea previamente en un karaoke.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público ante la Sala V en la audiencia de debate contra Cristobal Milagros Ontiveros, imputado por el delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Gastón Gabriel Enrique Paredes de 21 años.

El hecho ocurrió en junio de 2019 en la localidad de San Agustín, allí el acusado y la víctima mantuvieron una disputa a la salida de un karaoke, que luego se trasladó a la vivienda del acusado, quien ingresó a su casa y salió con un arma calibre 22 y disparó contra la víctima.

Paredes fue trasladado al hospital de La Merced, donde fue asistido por una lesión de arma blanca en la región abdominal y luego trasladado al hospital San Bernardo para una mejor atención.

El juez José Luis Riera le impuso a Ontiveros la pena de siete años y dos meses de prisión efectiva y en el mismo fallo, se dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Condenado por atentar contra la vida de un menor

Un hombre deberá cumplir cinco años y cuatro meses de prisión efectiva por un hecho ocurrido en el mes de noviembre de 2019 en la zona Sudeste de la ciudad, donde un menor recibió una herida de arma blanca en aparente represalia por un robo. La mujer del condenado llegó al juicio imputada como coautora y fue sobreseída.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público ante la Sala VI del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra Carlos Alberto Carrazán Cortez y Ester Malvina González como coautores del delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de un adolescente.

El hecho ocurrió el pasado 26 de noviembre en la zona Sudeste de la ciudad, cuando el tío del menor, al ver que su sobrino fue atacado por dos personas desconocidas, lo hizo asistir en el centro de salud del barrio San Francisco Solano por una herida de arma blanca y dada la gravedad que presentaba, fue llevado en código rojo al hospital San Bernardo.

De las tareas investigativas se pudo identificar a la pareja como los agresores del adolescente. Fueron detenidos y en la audiencia de imputación, ambos negaron su participación en el hecho.

El menor acompañado de su madre, dio su versión de lo ocurrido en sede fiscal y dijo que cree que lo confundieron con otro menor que había cometido un robo.

Tras recibir la confesión de Carrazán Cortez y la aceptación de los hechos, se le impuso la pena de cinco años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo y se lo declaró reincidente por onceava vez. En el mismo fallo, se dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos. Ester Malvina González resultó sobreseída.

Condenado por intentar ahorcar a su expareja con un cable

Un hombre de 33 años fue condenado en juicio abreviado tras haber irrumpido en la casa de su ex pareja pese a tener una restricción para hacerlo. La amenazó, intentó ahorcarla con un cable, la arrastró por toda la casa y la golpeó. “Yo no voy a ir preso, te voy a matar antes” le dijo.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público ante la Sala II de Juicio, en la audiencia de juicio abreviado contra Julio Fernando Arias, acusado de los delitos de desobediencia judicial y amenazas en concurso ideal; hurto y desobediencia judicial en concurso ideal; desobediencia judicial, daños y amenazas en concurso ideal; desobediencia judicial, violación de domicilio y tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y femicidio en perjuicio de su ex pareja.

Según consta en las actuaciones, la pareja tenía hijos en común, se encontraba separada y por hechos anteriores de violencia, existía una orden de prohibición de acercamiento y de abstenerse de ejercer violencia física o psíquica, de proferir insultos, palabras agraviantes o desplegar conductas amenazantes en perjuicio de la víctima impartida por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2.

En diciembre de 2018, desobedeciendo la orden judicial, Arias ingresó a la vivienda de su ex pareja en Rosario de Lerma, causó algunos daños y sorprendiéndola, la tomó por el cuello con un cable. La ahorcó, la arrastró por algunos sectores de la casa profiriendo amenazas e insultos contra ella y sus hijos. Luego, mientras la sofocaba con las manos y la golpeaba, la mujer lo mordió y pudo gritar pidiendo auxilio.

Vecinos y un familiar acudieron en su auxilio y pudieron evitar un final trágico. La víctima fue asistida y se determinó que había corrido riesgo de vida, por lo que se procedió a la detención e imputación de Arias.

La jueza Victoria Montoya Quiroga, tras recibir la confesión del acusado y el reconocimiento de los hechos imputados, le impuso la pena de 10 años de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Inicia juicio a un hombre que cruzó un semáforo en rojo y mató

Desde este miércoles se juzgará a un hombre de 45 años por el delito de homicidio simple por un hecho donde, tras cruzar un semáforo en rojo, embistió a una motocicleta y provocó la muerte de su conductor.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, representará al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Roberto Antonio Guantay por el delito de homicidio simple en perjuicio de Ignacio Marcelino Mamaní.

La audiencia estará a cargo del juez Federico Armiñana Dohorman y está previsto que se desarrolle los días 1, 2, 3 y 6 de julio.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Tavella y calle Río Caraparí, cuando la víctima, identificada como Ignacio Marcelino Mamaní, conducía una motocicleta por calle Río Caraparí con sentido Este – Oeste y se detuvo ante el semáforo en rojo. Cuando se puso en verde, al intentar cruzar la intersección con la colectora Este de la avenida Tavella, fue impactado por el frente de una camioneta Ford Ranger conducida por Guantay que cruzó la avenida Tavella con el semáforo en rojo.

Mamaní fue asistido y falleció con diagnóstico de paro cardiorespiratorio por traumatismo de tórax y de abdomen. En la investigación fue fundamental el testimonio de una mujer que también circulaba en moto y cruzó antes que la víctima, quien dio detalles de lo sucedido. También se contó el aporte de una cámara de seguridad privada donde se visualiza cuando la camioneta pasa el semáforo en rojo e impacta en el lateral derecho de la moto de Mamaní.

La pericia accidentológica realizada señala que no hubo maniobra evasiva, de frenado o esquive por parte de la camioneta y que la prioridad de paso era de la motocicleta que circulaba bajo el principio de confianza al ser habilitado por la luz verde del semáforo. Por todo esto, el fiscal evaluó como dolosa la conducta de Guantay, quien en forma deliberada y voluntaria decidió continuar la marcha pese a que el semáforo en rojo se lo prohibía.

Juzgarán a un hombre que cruzó un semáforo en rojo y mató

Desde el próximo miércoles se juzgará a un hombre de 45 años por el delito de homicidio simple por un hecho donde, tras cruzar un semáforo en rojo, embistió a una motocicleta y provocó la muerte de su conductor.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, representará al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Roberto Antonio Guantay por el delito de homicidio simple en perjuicio de Ignacio Marcelino Mamaní.

La audiencia estará a cargo del juez Federico Armiñana Dohorman y está previsto que se desarrolle los días 1, 2, 3 y 6 de julio.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Tavella y calle Río Caraparí, cuando la víctima, identificada como Ignacio Marcelino Mamaní, conducía una motocicleta por calle Río Caraparí con sentido Este – Oeste y se detuvo ante el semáforo en rojo. Cuando se puso en verde, al intentar cruzar la intersección con la colectora Este de la avenida Tavella, fue impactado por el frente de una camioneta Ford Ranger conducida por Guantay que cruzó la avenida Tavella con el semáforo en rojo.

Mamaní fue asistido y falleció con diagnóstico de paro cardiorespiratorio por traumatismo de tórax y de abdomen. En la investigación fue fundamental el testimonio de una mujer que también circulaba en moto y cruzó antes que la víctima, quien dio detalles de lo sucedido. También se contó el aporte de una cámara de seguridad privada donde se visualiza cuando la camioneta pasa el semáforo en rojo e impacta en el lateral derecho de la moto de Mamaní.

La pericia accidentológica realizada señala que no hubo maniobra evasiva, de frenado o esquive por parte de la camioneta y que la prioridad de paso era de la motocicleta que circulaba bajo el principio de confianza al ser habilitado por la luz verde del semáforo. Por todo esto, el fiscal evaluó como dolosa la conducta de Guantay, quien en forma deliberada y voluntaria decidió continuar la marcha pese a que el semáforo en rojo se lo prohibía.

Once años de prisión por intentar matar a su expareja

Un hombre de 55 años fue condenado en juicio abreviado por atentar contra la vida de su expareja, a quien agredió en reiteradas oportunidades. Deberá someterse a tratamiento psicológico y será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, en la audiencia de juicio abreviado contra Santiago Cirilo Lamas, acusado de los delitos de amenazas, en concurso ideal con desobediencia judicial (dos hechos), en concurso real con homicidio calificado por mediar una relación de pareja preexistente y por constituir violencia de género en grado de tentativa, en concurso ideal con desobediencia judicial.

La víctima convivió con Lamas durante 16 años y se encontraban separados por hechos de violencia. Durante el mes de febrero de 2019, el acusado retomó su actitud hostil, la amenazó y la atacó en la vía pública con golpes en el rostro y con golpes en la cabeza con un pedazo de ladrillo. Ocasionales transeúntes impidieron que le quitara la vida.

La jueza Norma Beatríz Vera, luego de recibir la confesión del acusado y la aceptación de los hechos, le impuso la pena de 11 años de prisión efectiva y por la naturaleza de los hechos, reciba tratamiento psicológico.

En el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Apelan la libertad del policía que pudo haber evitado el femicidio de Liliana Flores

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, apeló la resolución de la Jueza de Garantías 7, quien rechazó el pedido de prisión preventiva y ordenó la inmediata libertad de Elvio Rolando Aguirre, imputado como autor del delito de abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la investigación iniciada por el femicidio de Liliana del Valle Flores, ocurrido en diciembre pasado.

En el recurso de apelación presentado ante el Juzgado de Garantías 7, el fiscal Torres Rubelt ratificó que se mantienen los riesgos procesales invocados al solicitarse la prisión preventiva de Elvio Rolando Aguirre, que habilitan que se revoque la libertad otorgada, se disponga su detención y se ordene la prisión preventiva.

Dijo que “la amenaza de pena resulta un indicio por sí mismo suficiente para sostener la procedencia de la prisión preventiva” porque “la pena a imponerse, será de cumplimiento efectivo, y que dicha expectativa, permite presumir la existencia de una idea elusiva en el imputado y pronóstico de fuga en el caso de disponer su liberación”.

Señaló también que en la misma investigación surgió la imputación en contra de otro efectivo policial, Abel Córdoba, por el delito de violación de medio de prueba, registros o documentos, lo cual “no es un dato menor, por cuanto, de tal adulteración realizada en el Libro de Guardia de la Dependencia el mismo día de los hechos, surge con claridad manifiesta el intento de echar un manto de oscuridad sobre el verdadero transcurso de los hechos”.

Y que el hecho de pertenecer el imputado Aguirre, a las Fuerzas de Seguridad de la Provincia, le aporta la mayor facilidad para el acceso a informaciones o el beneficio mediante las vinculaciones para obstaculizar la investigación.

También señaló Torres Rubelt que la magistrada ponderó en su resolución que la adulteración del Libro de Guardia de la dependencia “perjudica la situación del imputado Aguirre”, sin que pueda entenderse que dicha maniobra sea “una acción propia del imputado”. Y agregó el fiscal que “interpretar ello como una artimaña casual por parte del personal policial de la dependencia, realizado en pos de deslindar responsabilidades de unos y agravar la de otros, peca en el mejor de los casos, de inocente”, porque es claro que, inmediatamente luego de producido el nefasto hecho del femicidio de Liliana del Valle Flores, se iniciaron las maniobras corporativas tendientes al borrar todo indicio de negligencia y desidia funcional del que pudiera haber quedado registro”.

De la pericia realizada sobre el celular de Aguirre, se pudo determinar que el imputado se encontraba manteniendo una conversación telefónica en el mismo momento en que Almirón ingresaba el domicilio de su expareja y la ultimaba con tres balazos de su arma reglamentaria.

La llamada que realizaba Aguirre mientras era asesinada Liliana Flores, fue borrada intencionalmente por él mismo, lo que se trató, según el fiscal, de “una maniobra burda y grosera, tendiente a salvar su responsabilidad penal y funcional, y un entorpecimiento gravísimo de la investigación”.

Torres Rubelt insistió en que debe valorarse que la detención del imputado solicitada es con la estricta finalidad de cautelar el proceso, siendo necesaria para asegurar su comparecencia durante la investigación penal preparatoria y en la etapa de juicio, más aún teniendo en cuenta los delitos que se le imputan.

También advirtió que se sigue investigando la relación existente entre Aguirre y Almirón, pero que ya, con los elementos obrantes en la investigación, se puede inferir objetivamente un peligro de entorpecimiento del proceso a través de posibles intimidaciones o agresiones a la familia de la víctima y testigos civiles, que podrían influir en sus manifestaciones.  Ello, dijo el fiscal, “convierte en imperiosa la necesidad de neutralizar toda posibilidad de que el imputado pueda por sí o a través de terceros, ejercer dichas presiones”.

Aguirre fue detenido el 10 de junio pasado y liberado el 12.

No declaró el policía acusado de la alteración del libro de guardia

El efectivo policial que se desempeñaba como jefe de guardia de la subcomisaría de Los Pinares el pasado 24 de diciembre, fue imputado este jueves como autor del delito de violación de medio de prueba, registros o documentos. Acompañado de un abogado particular, decidió no prestar declaración.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, formalizó este jueves la imputación contra el cabo de la Policía de la Provincia, Abel Córdoba, como autor del delito de violación de un medio de prueba, registros o documentos en perjuicio de la administración pública.

La acusación sobreviene a partir del resultado de la pericia documentológica realizada por el Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales a uno de los registros del libro de guardia de la Subcomisaría de barrio Los Pinares, secuestrado el 24 de diciembre pasado, tras el femicidio de Liliana del Valle Flores.

En el registro de las 6.40 del 24 de diciembre de 2019 del instrumento público, se pudo comprobar que hubo adulteraciones en relación a las directivas dadas inicialmente por la Fiscalía Penal de Cerrillos tras la denuncia realizada por la víctima durante la madrugada.

Caso Liliana Flores: policía imputado por la adulteración del libro de guardia

Un efectivo policial que se desempeñaba como jefe de guardia de la subcomisaría de Los Pinares el pasado 24 de diciembre, será imputado este jueves porque, mediante una pericia documentológica, se pudo comprobar que el libro de guardia de la dependencia que se secuestró tras el femicidio de Liliana del Valle Flores, fue adulterado en uno de los registros.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, informó que tras el resultado de la pericia documentológica realizada al registro de las 6.40 del 24 de diciembre de 2019 del libro de guardia de la subcomisaría de Los Pinares, se pudo comprobar que el instrumento público fue alterado en relación a las directivas dadas inicialmente por la Fiscalía Penal de Cerrillos tras la denuncia realizada por Liliana del Valle Flores.

Con estos elementos probatorios, Torres Rubelt decidió imputar este jueves a un cabo de la Policía de la Provincia, que se desempeñaba como Jefe de Guardia de la dependencia al momento de los hechos como autor del delito de violación de medio de prueba, registro o documento.

Caso Liliana Flores: declaró el policía detenido

La imputación inicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público para Elvio Rolando Aguirre, fue ampliada este miércoles por el delito de abandono de persona seguido de muerte. Dio su versión de los hechos, tratando de desvincularse de la nueva acusación.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, amplió la imputación al efectivo policial Elvio Rolando Aguirre, sumando a la acusación inicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la de abandono de persona seguido de muerte en perjuicio de Liliana del Valle Flores.

Aguirre estuvo acompañado de su abogado particular y tras conocer la acusación, decidió declarar sin responder preguntas. Dio su versión de lo ocurrido el pasado 24 de diciembre en barrio Los Paraísos de Cerrillos y trató de desvincularse de la nueva acusación en su contra.

Torres Rubelt solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que Aguirre permanezca detenido.