Prisión efectiva para cinco personas que vendían drogas en barrio Santa Cecilia

Luego de recibir denuncias anónimas, la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad inició una investigación. Reunidas las pruebas fueron allanadas cuatro viviendas en las que fueron secuestradas más de 2500 dosis de cocaína.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de trámite abreviado, donde la jueza Ada Zunino, del Juzgado de Garantías 1, condenó a cinco personas a cumplir pena de prisión efectiva.

Fernando Federico Figueroa y Emanuel Sarapura fueron condenados a seis años de prisión por ser autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por haberse cometido valiéndose de un menor de edad. Figueroa, además, fue declarado reincidente por tercera vez.

Por su parte, Omar Exequiel Romero, Kevin Elías Asitgueta y Verónica Rita Cecilia Sarapura aceptaron su responsabilidad en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y fueron condenados a cuatro años de prisión.

La intervención de la Fiscalía se inició tras recibir diversas denuncias anónimas en el sistema de denuncias del Ministerio Público Fiscal, las cuales afirmaban que un grupo de personas en el barrio Santa Cecilia se dedicaba a la venta de estupefacientes.

Desde UFINAR, se asignó al Grupo de Drogas 6 la tarea de realizar una investigación a fin de confirmar o descartar lo denunciado, y a través de trabajos de campo, los investigadores verificaron la comercialización de estupefacientes.

Durante los allanamientos, que se realizaron el 14 de abril pasado en cuatro viviendas de barrio Santa Cecilia, fueron secuestrados más de 2500 dosis de cocaína, dinero en efectivo, dosis de marihuana, elementos empleados para el fraccionamiento y acondicionamiento de sustancias estupefacientes y celulares.

Cumplió una condena por venta de estupefacientes y nuevamente fue detenido por el mismo delito

Un agente de la Policía de Salta observó a un hombre comercializando estupefacientes por lo que desde UFINAR se inició una investigación. Fue detenido con dosis de cocaína, marihuana, plantas de cannabis y elementos empleados para el fraccionamiento y acondicionamiento de sustancias para su venta.

El fiscal Penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a un hombre por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El ahora imputado fue detenido como resultado de una investigación realizada por UFINAR y la Policía de Salta, luego de que un agente lo viera intercambiando un “papelito” por dinero en las inmediaciones de calle Parroquia Nuestra Señora del Valle, en el Barrio Santa Ana II. Al interceptar al supuesto comprador, éste entregó voluntariamente dos envoltorios de plástico blanco que contenían una sustancia blanquecina en polvo, manifestando que los había adquirido para su consumo personal.

Ante la sospecha de que el primer individuo se dedicaría a la venta de estupefacientes, el fiscal Torres Rubelt ordenó iniciar una investigación.

Luego de identificar al hombre, se consultó el sistema de antecedentes que reveló que el 28 de abril de 2016 había recibido una sentencia de seis años y seis meses de prisión efectiva. La condena fue por encontrárselo autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por cometerse en inmediaciones de un establecimiento educativo en concurso real (dos hechos), dispuesta por el Tribunal de Juicio Sala VII.

Las tareas de campo permitieron registrar la venta de drogas en distintos días y horarios. Por ello se solicitó una orden de allanamiento, que previa autorización, se ejecutó el 27 de agosto pasado.

Como resultado del operativo fueron secuestradas dosis de cocaína y marihuana acondicionadas para la venta, elementos empleados para el fraccionamiento y acondicionamiento de sustancias estupefacientes, dos plantas de cannabis, dinero en efectivo y un celular.

El hombre fue detenido y alojado en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

Corrupción en el Servicio Penitenciario: Unidad Fiscal rechaza el traspaso de la causa al fuero federal 

La defensa argumenta que los delitos exceden la competencia provincial, pero la Unidad Fiscal afirma que el caso debe continuar en la justicia provincial porque los delitos son desfederalizados y remitirlo al fuero federal sería injustificado y perjudicial.

Los fiscales Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, integrantes de la Unidad Fiscal que investiga el accionar de una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas, donde cada uno de los 20 imputados desempeñaba un papel específico, rechazaron la declaración de incompetencia planteada por la defensa de uno de los acusados.

En el pedido presentado ante el juez Federico Diez, a cargo de la Sala VII, se solicitó que el caso sea remitido al fuero federal. Se argumentó que, al haber sido el imputado requerido a juicio como coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, cometidos en un lugar de detención y por funcionarios encargados de la guarda de presos, y al considerárselo penalmente responsable de asociación ilícita, los hechos exceden la simple comercialización al consumidor final. Según la exposición, uno de los acusados proveería estupefacientes a otro, mientras que un tercero ocuparía un nivel superior en la cadena de distribución, lo que, a su entender, supera los límites de la competencia provincial.

En su respuesta, la Unidad Fiscal sostiene claramente que la competencia en este caso corresponde a la justicia provincial, dado que, en su requisitoria, acusa a los imputados de delitos que han sido desfederalizados.

Recuerda que la provincia de Salta, mediante la Ley N° 7.782, adhirió a la Ley nacional y asumió la responsabilidad de investigar, perseguir, juzgar y sancionar los delitos previstos en ella, incluyendo la comercialización de estupefacientes (art. 5° inc. C de la ley 23.737), que es un «delito desfederalizado» y de competencia provincial (art. 34 inc. 1 de la misma ley). Por otra parte, la Corte de Justicia de Salta, en la Acordada N° 11554/13, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo «Constante», confirmaron que los delitos de comercialización de estupefacientes con agravantes del art. 11 de la ley 23.737 son de competencia provincial y no federal, bajo la Ley 26.052.

En cuanto al imputado mencionado por la defensa, se encuentra acusado de comercialización de estupefacientes agravado, no solo por la participación de más de tres personas, sino también por su rol como funcionario del Servicio Penitenciario provincial encargado de la custodia de presos. Según la hipótesis de la Unidad Fiscal, su principal conducta delictiva consistía en introducir drogas en la Unidad Carcelaria Nº1 para entregarlas a los internos para su consumo. Esto se ajusta a los parámetros de la ley, que penaliza la venta y entrega al consumidor, es decir, los últimos eslabones del tráfico de drogas, sin tratarse de una operación a gran escala ni de actividades que excedan el límite de lo común.

En este caso, no se puede pasar por alto que la investigación principal que derivó en múltiples allanamientos realizados en el mes de diciembre de 2023, se centra en hechos de corrupción de suma gravedad y relevancia institucional, ya que involucra presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública en el Servicio Penitenciario Provincial, específicamente en la Unidad Carcelaria Nº1. Resalta la Unidad Fiscal, que la corrupción perjudica gravemente la salud de un Estado democrático, ya que afecta la percepción de la sociedad sobre el correcto funcionamiento de las Instituciones y socava los principios ético-legales a los que deben someterse sus funcionarios.

Se agrega ademas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente Echeverría, señaló que la justicia provincial está asignada para ciertos delitos, mientras que la justicia federal se reserva para los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Nacional y la Convención de las Naciones Unidas. Estos delitos deben superar lo común y están relacionados con el tráfico ilícito mencionado en la ley 23.737. En contraste, el comercio de estupefacientes que implica el último eslabón de la cadena de distribución queda fuera de la jurisdicción federal, principalmente debido a la capacidad de la justicia local para tratar estos casos en el interior del país.

Debe tenerse en cuenta que la investigación no se centra únicamente en el tráfico de estupefacientes dentro del penal, sino en hechos de igual o mayor gravedad, como negociaciones espurias e indignas basadas en la exigencia de sobornos a cambio de favores, tales como mejores calificaciones en conducta y la agilización de trámites para obtener salidas transitorias o cambios de pabellón ante el Consejo Correccional. Además, se les acusa de haber permitido el ingreso de elementos prohibidos, como celulares, cargadores, comidas y bebidas, en violación del reglamento interno del penal.

La Unidad Fiscal subrayó la inconveniencia de remitir a otro fuero una causa que ya se encuentra con requerimiento a juicio, radicada en el Tribunal de Juicio en la etapa de apertura a prueba. La remisión al fuero de excepción causaría un grave perjuicio para el caso en particular, dado que aún están pendientes de resolución varios planteos de los defensores relacionados con la libertad de los imputados y los incidentes de arrestos domiciliarios. Por lo tanto, y de acuerdo con el marco legal vigente, la Unidad Fiscal considera que no corresponde hacer lugar al planteo formulado, y solicita que se continúe con el trámite correspondiente.

 

Corrupción en el Servicio Penitenciario: Requieren juicio para 20 personas

El Carril: Detienen a una conocida vendedora de drogas de la zona

La mujer fue denunciada de manera anónima a través de la web del Ministerio Público Fiscal. Tenía en su posesión cocaína.

El fiscal Penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a una mujer de 35 años por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La intervención de UFINAR inició a raíz de una denuncia anónima efectuada en la web del Ministerio Público Fiscal en la que se aseguraba que una mujer vendía drogas en una vivienda de El Carril. A fin de corroborar o descartar la información, el fiscal Torres Rubelt ordenó al Grupo de Investigaciones de Drogas 83 que iniciara una investigación.

A través de tareas de campo se logró corroborar la denuncia, identificar a la sospechosa y registrar la venta de drogas en distintos días y horarios. Los efectivos reunieron distintas pruebas por lo que desde la Fiscalía se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías, medida que se llevó a cabo el 27 de agosto pasado. Al ingresar, los agentes encontraron a la mujer y le fueron secuestradas unas 80 dosis de cocaína acondicionada para la venta, envoltorios plásticos, dinero en efectivo y celulares.

La mujer fue detenida y alojada en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

Fue detenido con drogas en barrio 15 de Septiembre

Durante un patrullaje de rutina, efectivos de la Policía de la Provincia observaron a un hombre realizando actividades compatibles con la comercialización de estupefacientes. Le fueron secuestradas más de 55 dosis de cocaína y dinero en efectivo.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcrominalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a un hombre por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante la audiencia, el imputado fue asistido por un defensor oficial y declaró, brindando su versión de los hechos.

Personal policial que realizaba tareas de patrullaje de rutina en barrio 15 de septiembre de la ciudad de Salta, detectó un accionar sospechoso a bordo de un automóvil Peugeot 504, compatible con la venta de estupefacientes, por lo que tomó intervención.

Durante la requisa, al sospechoso le fueron secuestrados un tubo que contenía piedras blancas; desde el interior de un contenedor sustancia blanquecina en forma de polvo y compacta; 55 envoltorios de plástico con sustancia amarillenta en forma compacta; un recipiente cilíndrico metálico con sustancia amarillenta en forma granulada; dinero en efectivo y un celular.

El narcotest realizado en la sustancia hallada dio resultado positivo para cocaína, por lo que el hombre fue detenido y, por requerimiento del fiscal Torres Rubelt, su vivienda allanada. Durante el operativo fueron secuestradas dosis de estupefacientes acondicionadas para la venta.

 

Fue condenado a cuatro años de prisión por vender estupefacientes

Julio Orquera fue detenido el 29 de junio pasado en barrio Ceferino de la ciudad de Salta, mientras intercambiaba drogas por dinero. En su poder y en su vivienda se encontró una importante cantidad de sustancia estupefaciente acondicionada para la venta.

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia multipropósito en la que Julio Horacio Orquera fue condenado a cuatro años de prisión de ejecución de prisión efectiva por ser autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, fue declarado reincidente por cuarta vez y se ordenó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 1 en donde cumplirá la condena.

Orquera fue detenido el 29 de junio por efectivos del Grupo de Drogas 4B que realizaban un patrullaje preventivo en el barrio Ceferino, en la ciudad de Salta. Durante el recorrido, observaron que en un automóvil se estaba llevando a cabo un intercambio de sustancias estupefacientes por dinero. Al acercarse, corroboraron sus sospechas y confiscaron más de 60 dosis de pasta base acondicionadas para la venta en poder de Orquera.

Desde UFINAR se requirió al Juzgado de Garantías, orden de allanamiento para la vivienda del detenido, medida que fue autorizada. Durante el operativo fueron secuestradas 41 dosis de pasta base, elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias, dinero en efectivo y celulares.

En relación al dinero secuestrado ($529.900), en la sentencia se ordenó la afectación del 30% a la cuenta del Ministerio Público Fiscal y el 70% restante a la cuenta del Poder Ejecutivo provincial, en el marco de la Ley 7782 y en virtud de lo dispuesto por el art. 25 de la Ley 7838.

Condenan a una mujer de 76 años que vendía drogas en Castañares

Las denuncias anónimas apuntaban a una mujer conocida como la «Vieja Nina». Vendía pasta base en su domicilio ubicado en el Grupo 648. 

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de trámite abreviado en la que María Luisa Gutiérrez fue hallada responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y condenada a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

La mujer de 76 años, cumplía una sentencia de un año y seis meses de prisión en suspenso por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes. Con la nueva condena, se le revocó la condicionalidad de la pena anterior, y hora deberá cumplir cinco años y medio de prisión. Debido a su edad, se le concedió la modalidad domiciliaria.

Gutiérrez fue detenida el 13 de mayo pasado como resultado de una investigación que llevó adelante el Grupo SINAR 1C de la Policía de Salta bajo la dirección del fiscal Torres Rubelt y que había iniciado a raíz de denuncias anónimas efectuadas en la web del Ministerio Público Fiscal que señalaban que la “Vieja Nina” vendía pasta base en su domicilio ubicado en el Grupo 648 del Barrio Castañares.

Los efectivos lograron identificar a la persona denunciada como María Luisa Gutiérrez y, a través de tareas de campo, documentaron la venta de drogas en su vivienda en distintos días y horarios.

El 13 de mayo, con autorización del Juzgado de Garantías, se realizó el allanamiento solicitado, secuestrándose en el lugar sustancias estupefacientes que tenía acondicionadas para la venta, balanza gramera y otros elementos propios de la comercialización, dinero en efectivo y celulares.

 

Condenan a cuatro años de prisión a dos vendedores de droga

Comercializaban estupefacientes en la zona conocida como el Bajo Chico y ya habían sido denunciados. Como resultado de una investigación a cargo de UFINAR, fueron detenidos con más de 400 dosis de cocaína.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia multipropósito, en la cual dos hombres fueron condenados por el Juzgado de Garantías 8 del Distrito Judicial Centro.

Carlos Martín Herrera fue sentenciado a cuatro años de prisión de ejecución efectiva por ser autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En tanto, Marcos Agustín Guaymás fue condenado a cuatro años de prisión de ejecución efectiva por ser autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lesiones leves agravadas por el vínculo y por el género en 2 hechos, amenazas y desobediencia judicial, todo en concurso real.

Tras la condena, el Juzgado dispuso el inmediato traslado de los dos hombres a la Unidad Carcelaria 1.

Herrera y Guaymás fueron detenidos el 10 de abril pasado como resultado de una investigación llevada a cabo por el Grupo de Drogas Sector 5 B de la Policía de Salta, bajo la dirección del fiscal Torres Rubelt. La investigación se inició a raíz de numerosas denuncias anónimas que indicaban que en la zona conocida como el «Bajo Chico», Herrera vendía estupefacientes.

A lo largo de los meses que duró la investigación, la UFINAR reunió las pruebas necesarias para demostrar la autoría de Herrera y Guaymás en el delito de comercialización de estupefacientes. Al momento de allanar las viviendas de ambos, ubicadas en barrio Ceferino, se les secuestraron más de 400 dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes.

Corrupción en el Servicio Penitenciario: Requieren juicio para 20 personas

Se trata de funcionarios del Servicio Penitenciario, reclusos y familiares quienes desempeñaban un rol específico dentro de la organización narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1. 

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, en Unidad Fiscal requirieron juicio ante el Juzgado de Garantías 3 del Distrito Centro para 20 personas imputadas en la causa, de las cuales 12 de ellas se encuentran con prisión preventiva.

Tras una exhaustiva investigación, la Unidad Fiscal acusa a ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos penados alojados en la Unidad Carcelaria Nº1 y familiares de estos, de formar parte de una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas donde cada uno desempeñaba un papel especifico.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que señalaban que el personal de la Unidad Carcelaria Nº1 de Salta estaba involucrado en actividades ilícitas, entre las que se cuentan solicitar sobornos a cambio de beneficios para los internos o facilitar la introducción de elementos prohibidos y drogas al recinto de detención.

Más de 50 cuentas bancarias se analizaron, de las que se obtuvo un resultado de más de 1000 transferencias realizadas por familiares de presos Además se intervinieron más de 20 líneas telefónicas y se recopilaron 90 declaraciones testimoniales, durante el periodo investigado entre 2021 y 2023.

La Unidad Fiscal concluyó que los funcionarios del Servicio Penitenciario Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García con situación de revista en la Unidad Carcelaria Nº 1, haciendo uso abusivo de sus cargos y de las atribuciones y potestades que poseían, como así también de su jerarquía y antigüedad,  exigieron indebidamente dádivas a los internos penados que se encuentran allí alojados. Estas consistían en la entrega de sumas de dinero o de otro elemento de valor a cambio de ayudar a la obtención de beneficios comprendidos en el régimen progresivo de la pena como ser la elevación de calificaciones en concepto de conducta, acelerar trámites para la obtención de extramuros, salidas transitorias, otorgamiento de salida a granja y/o cambios de pabellón, entre otros. Además, el ingreso de otro tipo de elementos no permitidos por el reglamento interno de las Unidades Carcelarias, tales como celulares, cargadores, comidas y bebidas, entre otros,  sustancias estupefacientes y/o protección ante posibles abusos.

Las transiciones mencionadas, se realizaban de forma electrónica o mediante la entrega de dinero en efectivo, a través de encuentros entre los funcionarios penitenciarios y familiares de los internos.

En cuanto a la comercialización de estupefacientes, los investigadores identificaron tres vértices fundamentales para su consumación: la distribución de la sustancia en el interior de la Unidad Carcelaria;  los nexos externos que recibían dinero, distribuían y administraban cuentas bancarias, producto de la comercialización de estupefacientes;  y la participación y connivencia necesaria de funcionarios públicos, que por omisión o acción, permeabilizaban el sistema de seguridad e ingresaban la sustancia prohibida al establecimiento, brindando seguridad a la organización delictiva.

Con estos elementos probatorios, la Unidad Fiscal requirió juicio para:

  1. Sergio Faustino Moya, por los delitos de exacciones ilegales agravadas -concusión; considerándolo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Francisco Arturo Bisceglia, por los delitos de exacciones ilegales agravadas –concusión; considerándolo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. José Luis Alarcón, por los delitos de exacciones ilegales agravadas -concusión; considerándolo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Marcos Matías Bucotich García, por los delitos de exacciones ilegales agravadas concusión; considerándolo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Raúl Antonio Arjona, por los delitos de exacciones ilegales agravadas -concusión; considerándolo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Luis Roberto Castaño, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Marcelo Olguín Magno, por los delitos de exacciones ilegales agravadas- concusión;  y considerándolo miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Rubén Antonio Guaymás, por los delitos de exacciones ilegales agravadas-concusión; considerándolo miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Manuel Méndez, por ser coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. María Inés Méndez, considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Héctor Gustavo Banega, por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Ivana Marcela Gutiérrez, por ser considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Nicole Judith Ana Luna, por ser coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Yanina Alejandra Chaju, considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Patricia Daiana Del Rosario Flores, por ser coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Silvana Valeria Avendaño, por ser coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. María Cristina Galindo, por ser considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Josue Joel Valencia, por ser coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Baldomero Darío Córdoba, como partícipe necesario penalmente responsable del delito de exacciones ilegales agravadas -Concusión.
  1. Andrea Abigail Alba, por ser considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.

 

Condenan a una conocida vendedora de drogas de Ceferino

La mujer fue señalada a través del sistema de denuncias anónimas por presunta venta de sustancias estupefacientes. Se encontró en su poder cocaina y pastillas de medicamento con efecto ansiolítico. 

El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que María de las Mercedes Orquera fue condenada a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Tras conocer las pruebas que la Fiscalía había reunido en su contra, Orquera reconoció ante el Juzgado de Garantías 4 ser autora del delito de comercialización de estupefacientes.

La mujer fue detenida el 12 de abril pasado en su domicilio, en barrio Ceferino como resultado de la investigación encabezada por la UFINAR y que inició con una denuncia anónima efectuada en la web del Ministerio Público Fiscal.

Durante el allanamiento fueron secuestradas dosis de cocaína, 104 blisters de pastillas de clonazepam, elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización, dinero en efectivo y celulares.