Rosario de la Frontera: Piden juicio contra un policía que golpeó a un hombre con su cachiporra

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, requirió ante el Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa en la que el sargento Darío Hernán Francia Castedo, de 39 años, fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de severidades calificadas por el uso de la violencia en concurso ideal con lesiones leves.

Del requerimiento surgió que el acusado, cerca de las 9 del 7 de junio de 2017, en calle Belgrano al 300, frente de la Comisaria 31 de Rosario de la Frontera, ejercía un acto de servicio y con exceso de sus funciones, habría acometido contra la integridad física del denunciante, quien se encontraba a bordo del móvil 1741, a cargo del imputado.

Al descender del vehículo, el acusado le habría propinado al denunciante un golpe en la espalda y otro en el codo con su cachiporra, que le produjeron lesiones que fueron constatadas mediante certificados médicos.

Además, la oficial de Servicio en ese momento, observó el ingreso a la dependencia del denunciante en llanto, quien solicitó hablar con ella y le informó sobre lo ocurrido.

Por otra parte, de la nómina del personal de servicio y copias certificadas del libro de guardia de la División de Seguridad Urbana Rosario de la Frontera, surgió que el imputado integraba la nómina de personal en servicio y a cargo del móvil 1741, en el que desplazaron al denunciante.

Violencia Institucional
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, recordó que la Violencia Institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le han sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático.

A fin de contrarrestar esta histórica y tolerada práctica, resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos, que permita identificar y oportunamente en consonancia con los Instrumentos Internacionales con Jerarquía Constitucional, erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícitas, máxime cuando ellas son llevadas adelantes por aquellos titulares de la función de seguridad.

Estas prácticas violentas y en estos ámbitos, han sido históricamente toleradas, por lo que se debe tener presente que en los entornos en la que se produce se advierte un aprovechamiento de una posición ventajosa, que permite una dependencia absoluta o relativa de la autoridad de las personas, que da la condición de posibilidad para el despliegue de las mismas.

Irán a juicio los policías que pararon a un camionero en la ruta, lo patearon y le quebraron la nariz

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados al sargento ayudante Julio César Carrizo, de 43 años y al agente ayudante Israel José Escalante, de 25; ambos con revista en la División Caminera, acusados del delito de vejaciones calificadas con lesiones leves.

Del requerimiento surgió que el miércoles 26 de septiembre de 2018, cerca de las 8:15, los efectivos policiales mencionados, a bordo del móvil policial 1608, cometieron un exceso en sus funciones, sobre la ruta provincial 36, kilómetro 4, donde acometieron en contra de la integridad física de la víctima, a quien le causaron una quebradura con desviación del tabique nasal y numerosas excoriaciones y contusiones, que fueron corroboradas por exámenes médicos.

La intervención de la fiscalía se produjo tras la denuncia radicada por la propia víctima en la Oficina de Orientación y Denuncia, en la que detalló que en el día y horario señalados, conducía su camión Chevrolet para transportar áridos, por la ruta provincial 36, en dirección a Rosario Lerma.

En el lugar, el patrullero con dos policías que circulaba por detrás, lo sobrepasó y uno de ellos, le hizo señas para que se detuviera en la banquina. Allí le pidieron que exhibiera la documentación necesaria para el transporte, las balizas y el matafuego.

Luego, uno de los policías informó al conductor que le labraría una infracción por trasportar la carga sin estar cubierta con la lona protectora, a lo que el denunciante respondió que por favor, no le hiciera la multa y que solo quedara en un llamado de atención.

Tras esto, el conductor descendió del vehículo a colocar la lona, mientras el policía continuó labrando el acta.

Minutos después, pasó otro camión con áridos en sentido contrario, que fue detenido por el otro policía. Al observar que este dejaba al otro conductor continuar la marcha, a pesar de la falta de lona protectora, el denunciante preguntó por qué solo lo multaban a él y no al conductor del segundo camión.

En ese momento, el policía que dejó continuar al otro vehículo, se acercó a la víctima y tras un intercambio de palabras, golpeó al denunciante en el rostro.

En su relato, el denunciante sostuvo que intentó atinar una patada y que ambos policías lo arrojaron al suelo, donde lo golpearon, patearon y cortaron la respiración con una llave.

Durante el episodio, llegó otro móvil policial de la Comisaría de Campo Quijano, con una mujer policía que les dijo a los agresores que pararan la golpiza.

Entre los elementos obtenidos en la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, valoró la denuncia del damnificado y las declaraciones de testigos; además de los certificados médicos; el informe de relevancia, la copia del libro de guardia y la copia de la filmación, entre otros, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados en los hechos expuestos.

HIJOS y la Asociación de Pensamiento Penal piden un Comité de Seguimiento de Violencia Institucional

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo y la Fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, recibieron este miércoles a representantes de la Asociación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y de la Asociación Pensamiento Penal Salta. Las organizaciones presentaron un Registro de Casos de Violencia Institucional durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y la vigencia del Decreto Provincial 255/20 y solicitaron la conformación de un Comité de seguimiento de casos de violencia policial e institucional.

Durante el encuentro, al que asistieron Canela Álvarez y María José Castillo, de HIJOS Salta y Martín Plaza y Josué Díaz Cueto, de la Asociación Pensamiento Penal Salta, Cornejo informó sobre distintas medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal en pos de la investigación, esclarecimiento y sanción de hechos de violencia policial. Algunas de ellas fueron la auditoría realizada sobre la Fiscalía de Derechos Humanos; el sumario administrativo que se sustancia contra el extitular de dicha Fiscalía; el proyecto de Ley para que la Fiscalía en cuestión vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias; la formación de investigadores civiles a través del  Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público Fiscal y el aporte del MPF para la creación de cinco Juzgados Contravencionales en la Provincia y su pedido para que se constituya el Comité de la Prevención de la Tortura, entre otras.

Po su parte, la fiscal Simesen de Bielke, anunció la puesta en marcha del Sistema de Denuncias Web para denuncias de violencia policial e institucional, atento a las numerosas quejas de víctimas que alertan sobre la imposibilidad de denunciar a efectivos de la fuerza en las comisarías. La página web funcionará en breve, como  lo hace el sitio https://www.denunciasweb.gob.ar/landing, disponible para denunciar delitos contra la propiedad y microtráfico.

En el mismo sentido, anunció la Fiscal la aplicación de un Protocolo de Actuación Interna, desde “el momento cero” de una investigación y hasta que se concrete el juicio por hechos de abuso policial. Además, un Protocolo Externo será destinado a otros organismos y especialmente al Ministerio de Seguridad de la Provincia. Simesen de Bielke lo elaboró en base a la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” y al “Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes”, más conocido como el Protocolo de Estambul. El segundo consiste en el primer conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias.  El Protocolo establece buenas prácticas de actuación y especialmente las destinadas a evitar la revictimización.

Por su parte, Álvarez, Castillo, Plaza y Díaz Cueto, expusieron las acciones en las que vienen trabajando ambas organizaciones en  contra del abuso policial y denunciaron la sistematización de dichos abusos; el avasallamiento permanente sobre los Derechos Humanos y la falta de acceso a la justicia de los sectores vulnerables de la población; la obstrucción y entorpecimiento policial para que ciudadanas y ciudadanos denuncien y el MPF investigue; las demoras en imputaciones y las amenazas a denunciantes y testigos por parte de efectivos, entre otros temas abordados durante la reunión.

El Procurador ratificó su compromiso de trabajar conjuntamente con las organizaciones, para asegurar el cumplimiento de los derechos que la Constitución reconoce y “las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República y sus medios para hacerlas efectivas”.

Buscan testigos claves por el caso de Norte Grande

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos ordenó distintas diligencias tendientes a esclarecer los hechos ocurridos la madrugada del 24 de febrero, en los que un joven y dos policías resultaron heridos. La madre de la víctima se reunió con el fiscal a fin de conocer el avance de la causa.

Gentileza Diario El Tribuno

La Fiscalía investiga un hecho ocurrido en barrio Norte Grande, la madrugada del lunes 24 de febrero pasado, en el que resultaron heridos un joven identificado como Luciano Cruz y dos policías. Requirió la presencia de cuatro testigos, pero no comparecieron ante la Fiscalía.

Tanto el joven como los policías fueron internados y al ser puesto en conocimiento de la situación, tras la denuncia de la madre, el fiscal Gustavo Vilar Rey ordenó que el médico del CIF concurriera al hospital a fin de realizar una evaluación sobre el estado del joven, medida que se concretó al día siguiente del hecho.

Por otra parte, Vilar Rey y su equipo se trasladaron hasta el hospital al día siguiente de la evaluación médica para tomar declaración a Cruz y luego a su pareja, quienes dieron la versión de lo ocurrido en esa madrugada.

El pasado martes el fiscal recibió a la madre de la víctima a fin de ponerla al tanto de la investigación, ya que se busca poder dar con cuatro amigos de Cruz, conocidos como Nano, Pablo, Nico y Pancho, quienes habrían sido testigos de lo ocurrido.

La fiscalía lleva adelante otras diligencias tendientes a esclarecer el hecho.