La Fiscalía de Derechos Humanos dispuso medidas por reclusa que sufrió quemaduras

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, tomó intervención en el hecho que involucró a una mujer de 21 años alojada en la Unidad Carcelaria N° 4 de Villa Las Rosas, que sufrió quemaduras en distintas partes de su cuerpo el pasado 10 de mayo.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, dispuso una serie de medidas tendientes al esclarecimiento del hecho ocurrido el pasado martes 10 de mayo, en la Unidad Carcelaria N° 4 de Villa Las Rosas.

A fin de avanzar en la investigación, personal de la Fiscalía de Derechos Humanos se entrevistó con la joven en el Hospital San Bernardo, donde se encuentra hospitalizada. Además se solicitó la preservación de las cámaras de seguridad del lugar, la citación de testigos, pedido de informes, registro de sanciones de la detenida, entre otras medidas.

Inicialmente la causa fue llevada adelante por parte del fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, quien ordenó las primeras medidas, para luego realizar la derivación´ correspondiente a la Fiscalía de Derechos Humanos, que se encuentra abocada a la investigación.

Juicio a los cinco policías: se espera el veredicto para el próximo martes

Finalizada la ronda de testimoniales, se dio lugar a los alegatos en el juicio que se sigue contra cinco policías. Prestó declaración el médico oculista que emitió el informe con historia clínica del damnificado.

El fiscal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro.

El hecho ocurrió el 29 de julio de 2020, en inmediaciones de manzana 200 del barrio Norte Grande de la ciudad de Salta, cuando los acusados, a bordo de un móvil policial y en su rol de efectivos de la fuerza, efectuaron un disparo con un arma larga que impactó en la víctima, provocándole la pérdida del ojo izquierdo.

Pese a haber advertido que Néstor Ramón Ávalos (por entonces, soldado voluntario) se encontraba herido de gravedad, los efectivos policiales omitieron prestarle el auxilio necesario para su traslado a un centro de asistencia.

El fiscal González se refirió al testimonio del personal del CIF que reunió indicios, al tiempo que expresó que el cuadro probatorio se terminó de componer con la historia clínica que da cuenta del estallido del ojo y la herida en el párpado, con extirpación de ojo izquierdo. “Fue rayano en la alevosía”- dijo el fiscal en referencia al accionar policial, sosteniendo que existe un agravante por abuso funcional de la calidad de los sujetos intervinientes.

En su alegato, el fiscal afirmó que “atacaron a una persona, sin ninguna autorización legal” y que, en lo que debería haber sido un acto de servicio, procedieron a acometer en contra del damnificado, en un accionar contrario a sus deberes, ocasionándole a la víctima un daño desajustado y reprochable. Consideró que “se deshumanizaron”, al advertir que no le prestaron el auxilio necesario a una persona que se encontraba gravemente herida.

Otro agravante señalado por González, lo constituye el empleo de arma de fuego apta para el disparo, señalando que todos los partícipes necesarios han tenido un aporte en el hecho endilgado.

La fiscalía de Derechos Humanos solicitó se imponga la pena de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación especial por 8 años para el sargento Mario Alberto Funes e idéntica pena para el suboficial principal Luis Armando Quispe, el sargento ayudante Diego Alberto Cachi. En tanto, para el cabo Víctor Fabián Díaz y el agente Lucas Daniel González solicitó 4 años de prisión efectiva y 4 de inhabilitación especial.

Finalmente, el fiscal González, pidió a la jueza Norma Beatriz Vera, la prisión preventiva de los inculpados e inmediata detención, ante un eventual peligro de fuga. La querella adhirió a los fundamentos de la fiscalía.

Finalizados los alegatos, se pasó a cuarto intermedio hasta el martes 3 de mayo, a las 8:00, para dar lugar a los alegatos de la defensa y veredicto.

Dos policías condenados por apremios ilegales

Raúl Martínez, de 32 años, y Félix Castillo, de 35 años, pertenecían a la Dirección Seguridad Urbana del Valle de Siancas. Un médico legal constató las lesiones impartidas a los denunciantes.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio que tuvo lugar en la Sala VII del Tribunal de Juicio contra los policías, por un hecho que sucedió en marzo de 2020.

El juez Federico Diez los condenó a la pena de un año y seis meses de prisión, de ejecución condicional, más inhabilitación por tres años para el desempeño de empleo o cargo público y la imposición de reglas de conducta por el término que dure la condena. También deberán someterse al Programa de reinserción de presos y liberados, abstenerse de acercarse al domicilio de la víctima, de ejercer violencia física y psíquica, y someterse a tratamiento psicológico para tratar sus impulsos violentos, previo diagnóstico de un especialista.

Ambos acusados llegaron a juicio, habiendo siendo requerido por la Fiscalía de Derechos Humanos por apremios ilegales agravados y lesiones leves en concurso real, en calidad de autores.

El hecho sucedió el 13 de marzo de 2020, cuando encontrándose la víctima en Rio Saladillo junto a un amigo, se hizo presente un móvil policial del que descendieron los dos efectivos policiales, quienes iniciaron un interrogatorio por la procedencia de una motocicleta, para posteriormente pedirles sus datos y requisarlos.

Los efectivos policiales comenzaron luego a proferir amenazas y les dijeron a los dos hombres que se fueran. Al disponerse a acatar la orden, uno de los acusados tomó del cuello al damnificado, lo hizo caer al suelo, el otro efectivo le puso los “ganchos” (esposas) en ambas manos, tras lo cual comenzó a propinarle puntapiés en el rostro y diferentes partes del cuerpo, mientras el otro policía agredía a su amigo.

La víctima tenía en su poder 4 mil pesos que el acusado se los sacó del bolsillo del pantalón, mientras continuaban las amenazas, tras lo cual fueron subidos al móvil policial. “Cada vez que te veamos, te vamos a quitar plata”- le decían.

Allí no terminó todo, ya que una vez introducidos al móvil, le apuntaban con el arma en la cabeza, diciéndoles “te vamos a matar, a vos y la porquería que está al lado tuyo”, en referencia a su amigo. Luego uno de ellos lo escupió y volvió a golpearlo en el rostro y el cuerpo, mientras ambos efectivos se reían.

Un médico legal constató las lesiones consistentes en equimosis en párpado inferior izquierdo, en región lateral del cuello, región pectoral, brazo derecho e izquierdo, pierna izquierda y escoriaciones en la región cigomática izquierda, antebrazo, hemitórax izquierdo, rodilla izquierda, y pierna derecha.

En los fundamentos de la acusación, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos sostuvo que “los sujetos activos del delito, siendo funcionarios policiales y debiendo velar por la seguridad del detenido, llevaron a cabo conductas totalmente contrarias a lo que se espera de ellos, pues, en la situación de detención produjeron apremios hacia a integridad física del denunciante, resultando reprochable tal conducta, pues importaron un agravio a la dignidad de la persona, al exteriorizar a través de actos físicos (golpes) la determinación de producir el sufrimiento causado”.

Juicio a los cinco policías: La fiscalía amplió la calificación de la acusación

Este martes tuvo lugar la jornada de audiencia de debate prevista, en el juicio que se sigue contra los cinco policías acusados de vejaciones y lesiones contra un joven soldado, hecho ocurrido el 29 de julio de 2020.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la jueza Norma Beatriz Vera de la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro.

En la jornada de hoy, declararon una vecina y un empleado de la despensa de barrio Norte Grande y después fue el turno de personal policial, que tomó intervención en el hecho sucedido en barrio Norte Grande de la ciudad de Salta .

El fiscal Gabriel González solicitó la detención de uno de los efectivos que declaró en audiencia, por el posible delito de falso testimonio y, si bien la jueza no hizo lugar, sí hizo lugar a la remisión de copias del acta de debate y su informe policial para que se analice su conducta por parte de la fiscalía penal correspondiente.

La fiscalía hizo ampliación de la acusación por la calificación jurídica que finalmente se determinó de lesiones graves agravadas por abuso funcional y por el uso de arma de fuego y lo fue en los términos de los artículos 90,92, 80, inciso, 10 y 41 bis del Código Penal.

Al momento de la ampliación de acusación, los acusados se abstuvieron de declarar y los abogados de las partes solicitaron la suspensión del debate por tres días hábiles para preparar la defensa, a lo que la jueza Vera hizo lugar, pasando a un cuarto intermedio hasta el día 12 de abril, a las 16:00.

Para la jornada del miércoles 12 de abril, se continuará con declaración testimonial y en la oportunidad lo harán peritos del CIF, Criminalística y los médicos que intervinieron en la atención de la víctima.

Está previsto que el juicio finalice el día 13 de abril, con alegatos y lectura de veredicto.

Continúa el juicio contra cinco policías por vejaciones y lesiones

El juicio, en el que el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, continúa hoy martes, al mediodía.

Los cinco policías llegan acusados por haber ocasionado la pérdida del ojo izquierdo a un soldado voluntario del Ejército Argentino, tras dispararle con un arma larga. Ayer, durante la segunda jornada de la audiencia de debate, prestaron declaración cuatro testigos.

Las audiencias están presididas por la jueza Norma Beatriz Vera y representa al Ministerio Público, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González

Cabe recordar que, durante la primera audiencia de debate del pasado viernes, los imputados se abstuvieron de declarar, mientras sí lo hicieron la víctima, Néstor Ramón Ávalos, y su esposa.

El sargento Mario Alberto Funes, el suboficial principal Luis Armando Quispe, el sargento ayudante Diego Alberto Cachi, el cabo Víctor Fabián Díaz y el agente Lucas Daniel González están acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones graves, en concurso ideal.

Inicia el juicio a cinco policías por lesiones y vejaciones contra un soldado voluntario

Desde este viernes 1 de abril se desarrollará en la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, la audiencia de debate contra el sargento Mario Alberto Funes, el suboficial principal Luis Armando Quispe, el sargento ayudante Diego Alberto Cachi, el cabo Víctor Fabián Díaz y el agente Lucas Daniel González por vejaciones calificadas y lesiones graves en concurso ideal. El hecho ocurrió en julio de 2020.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra cinco efectivos policiales como autores de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones graves en concurso ideal, en perjuicio de Nestor Ramón Ávalos.

El hecho juzgado ocurrió en la noche del 29 de julio de 2020 en barrio Norte Grande, cuando los acusados ocasionaron las lesiones a Ávalos, quien, al momento del hecho, era soldado voluntario del Ejército Argentino.

La audiencia será presidida por la jueza Norma Beatriz Vera.

El sargento Mario Alberto Funes se encuentra imputado por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones graves en concurso ideal, en calidad de autor.

En tanto, el suboficial principal Luis Armando Quispe, el sargento ayudante Diego Alberto Cachi, el cabo Víctor Fabián Díaz y el agente Lucas Daniel González fueron imputados por vejaciones calificadas, y lesiones graves en concurso ideal y en calidad de partícipes necesarios.

En octubre de 2020, la por entonces fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, había requerido la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a los cinco efectivos policiales.

Los hechos

Los fundamentos de la acusación se basan en los informes policiales, la denuncia del damnificado, certificados médicos, entre otros elementos de convicción, cuyos contenidos resultan coincidentes respecto a la concurrencia de los hechos y de la autoría de los imputados, y surgen como suficientes para sostener que serán ofrecidos como elementos de cargo para probar en juicio que los hechos ocurrieron  tal y como fueron descriptos en el decreto de imputación.

La fiscalía penal de Derechos Humanos entendió que se encuentra acreditado que el 29 de julio de 2020, aproximadamente a las 21:30, en inmediaciones de manzana 200 del barrio Norte Grande de la ciudad de Salta, los acusados, a bordo de un automóvil y en su rol de efectivos policiales, efectuaron un disparo con un arma larga que impactó en la víctima, provocándole la pérdida del ojo izquierdo.

Luego de haber efectuado el disparo y pese a haber advertido que Ávalos se encontraba herido de gravedad, los efectivos policiales omitieron prestarle el auxilio necesario para su traslado a un centro de asistencia, surgiendo así un mayor reproche penal.

Se elevó a juicio una causa contra el diputado Orozco y dos policías

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, fue notificado por el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro sobre la elevación a juicio de la causa. El hecho ocurrió en 2015.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos había formulado requerimiento de juicio en contra de Gustavo Orlando Orozco, Rubén Darío Medina y Denis Arnaldo Coronel, por el delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, por un hecho ocurrido el 3 de febrero de 2015, en perjuicio de un vecino de Rosario de la Frontera.

Entre los considerandos para sostener la negativa al recurso de nulidad presentado por el defensor del imputado Orozco, y los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa de todas las partes, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González estimó que no corresponden, por tratarse de un hecho de gravedad institucional, que podría acarrear responsabilidad internacional del Estado si no se dilucida en la audiencia de debate.

Según consta en la investigación, las actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia radicada por un vecino, en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera,  debido a agresiones físicas. 

El denunciante fue víctima de un episodio a la salida de un festival al que había asistido en el Complejo Deportivo Municipal de la Candelaria, recibiendo un trato denigratorio y humillante, físico y verbal.

Imputarán a un policía acusado de lesionar a una mujer

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, abrió decreto de imputación para un cabo de la policía provincial. Es por la supuesta comisión del delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y coacción en concurso real.

La damnificada es una mujer que sufrió lesión en la región genital, producto de haber recibido una patada que la derribó. El accionar del efectivo policial, se originó cuando estaba en cumplimiento de un acto de servicio por incidente en la vía pública.

En la acusación, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, sostiene que el cabo excedió claramente su función acometiendo contra la integridad física de la víctima. Incluso indica que el efectivo “continuó desplegando un accionar abiertamente abusivo y delictivo hacia la misma”, puesto que, ya en sede policial, habría proferido términos intimidantes con el fin de que firmara un acta.

Según consta en la denuncia, la mujer habría sido obligada por el cabo a firmar papeles que no la dejaron leer, diciéndole que si no los firmaba, quedaría detenida.

El hecho sucedió el pasado 1 de agosto de 2021, oportunidad en la que la víctima caminaba en compañía de su pareja por una plaza de Barrio Palermo, cuando de repente se presentó un móvil policial, del que descendió el efectivo imputado y sucedió lo relatado.

El fiscal González dispuso la citación a audiencia de imputación del acusado para la próxima semana.

Requerimiento a juicio para tres policías por vejaciones calificadas y lesiones graves

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa en la que tres efectivos policiales con revista en la División Infantería fueron imputados por un hecho ocurrido en diciembre de 2019, a la salida de un baile en la localidad de La Silleta.

El sargento ayudante Sebastián Orlando Estopiñán y el sargento Carlos Alberto Ríos fueron acusados del delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, en calidad de autores.

Por su parte, el cabo Adrián Mauricio Maidana fue acusado de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones graves en concurso ideal.

Del requerimiento, surgió que el 9 de diciembre de 2019, los acusados, a bordo del móvil 1863, llegaron al Complejo La Silleta a realizar el despeje de los concurrentes a un baile y en exceso de sus funciones, habrían efectuado disparos a las personas que se encontraban en el exterior del predio.

En el caso del cabo Maidana, quien portaba arma marcadora, habría disparado al rostro de una víctima, lo que le habría provocado lesión permanente en uno de sus ojos, repercutiendo en el desarrollo normal de la vida de la víctima.

Por su parte, Estopiñán y Ríos habrían disparado con sus escopetas con cartucho a otra víctima, que le habrían provocado lesiones en parte posterior de tórax y abdomen.

En el requerimiento, el fiscal González sostiene que los acusados desplegaron conductas consistentes en causar un daño grave en la integridad física de los damnificados, destacando que “la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de derechos humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le ha sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático”.

Reflexiona el fiscal que “resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos que nos permita identificar y erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícitas”.

Se confirmó la prisión preventiva para un policía imputado por múltiples causas

La Sala IV del Tribunal de Impugnación rechazó el recurso de apelación interpuesto por los abogados de la defensa de Ignacio Esteban Zurita contra la resolución dictada por la Sala V del Tribunal de Juicio del distrito Centro, que desestimó el pedido de revisión de la prisión preventiva.

El Tribunal de Impugnación sostiene que tiene dicho en numerosos precedentes que el ordenamiento procesal ha otorgado al imputado la posibilidad de solicitar, de manera continua, su libertad mediante la revisión de la prisión preventiva ya dictada, pero supedita su procedencia a la incorporación de algún elemento que modifique, a favor de suposición, las bases en que se sustentó la medida.

El fallo sostiene que no surge de la presentación de la defensa, la invocación de algún elemento nuevo con entidad para modificar las razones que sustentaron elmantenimiento de la medida y que, por ende, autoricen a revocar la prisiónpreventiva impuesta a Zurita.

El imputado está acusado por los delitos de vejaciones en concurso real, con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad y sus acumuladas: por vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal; por vejaciones calificadas y falsedad ideológica, en concurso real; por severidades calificadas y lesiones leves en concurso ideal; por vejaciones calificadas en concurso ideal, con lesiones graves.

Por su parte, el Tribunal de Juicio Sala V del distrito Centro, notificó al fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, que la audiencia de debate pública por la causa en la que se encuentran imputados, además de Ignacio Esteban Zurita, otros dos efectivos policiales: Pablo Exequiel Toledo y Rómulo Segovia, fue fijada entre el 20 y el 27 de septiembre del presente 2022.

Cabe recordar que los tres efectivos policiales fueron detenidos el lunes 19 de abril de 2021, imputados en múltiples causas, mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.

De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas (entre las cuales se encontraban dos menores de edad), y en muchas situaciones y sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales. Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tenía comprometido el otro, según había trascendido en publicaciones periodísticas.