Violencia Institucional: Elevaron a juicio la causa contra Gustavo Orozco y once policías

El Juzgado de Garantías 7 elevó a juicio la causa que se sigue contra Gustavo Orozco y otros once policías, acusados de distintos delitos de violencia institucional.

El jueves 23 de febrero pasado, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, fue notificado de la elevación a juicio de la causa que se sigue contra doce policías por cinco actuaciones que se tramitan conjuntamente en esta fiscalía.

El fiscal González había solicitado la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, en junio de 2022, para Gustavo Orlando Orozco, Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, Nelson David Rojas, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Alejandro Luna, María Laura Soria, Andrea Alejandra Díaz, Darío Ezequiel Pérez y Denis Arnaldo Coronel por los delitos de imposición de torturas (5 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia (dos hechos), apremios ilegales agravados (dos hechos) y vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego.

En la resolución emitida, el Juzgado de Garantías 7, a cargo interinamente de la jueza Claudia Puertas, ordenó librar oficio a la Mesa Distribuidora Penal del Distrito Judicial de Metán, a fin de que proceda a realizar el sorteo para la designación del Tribunal de Juicio con competencia en Proceso Común.

En oportunidad de la presentación del requerimiento, el fiscal González había brindado detalle de las medidas probatorias que se produjeron durante la etapa de investigación y que generaron los hechos por los que llegan acusados Orozco y otros once policías por diferentes delitos cometidos cuando se desempeñaban como efectivos policiales.

Segunda reunión de intercambio entre el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Fiscalía Penal de DDHH

En el marco de un encuentro realizado por videoconferencia, se profundizó sobre conocimiento, experiencias e investigación de delitos de índole institucional, vinculados a violencia y tortura por parte de fuerzas de seguridad.

Se llevó adelante el segundo encuentro entre la Fiscalía Penal de Derechos Humanos y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre el abordaje integral en la investigación de delitos que encuadran violencia institucional, cometidos por las fuerzas de seguridad en establecimientos penitenciarios y comisarías.

El fiscal penal Gabriel González destacó que el procurador general de la Provincia Pedro García Castiella, mediante la Resolución 1339/22, instruyó a todos los fiscales para que, al detectarse o identificarse supuestos en los que efectivos de la Policía o del Servicio Penitenciario provincial pudieran violentar derechos fundamentales de personas involucradas en una investigación penal, se proceda a su inmediato y urgente abordaje, mediante la fiscalía especializada.

En el encuentro realizado por videoconferencia, el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos planteó también,  la necesidad de contar con guías y protocolos que prevean la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas. Resaltó, el beneficio  del aprovechamiento de herramientas tecnológicas que favorezcan diligentemente el conocimiento de un hecho ilícito, destacando el sistema de denuncias online del Ministerio Público Fiscal.

Cabe recordar que la primera reunión realizada en noviembre de 2022, fue el puntapié inicial para el intercambio de experiencias, tanto en lo que respecta al abordaje de la investigación de hechos judiciales de violencia institucional cometidos por fuerzas de seguridad, encuadrado en torturas y otros tratos y penas crueles e inhumanas; como así también para compartir información acerca de los registros que existen sobre estos hechos.

Fueron parte del segundo encuentro los comisionados Andrea Triolo y Gustavo Palmieri, Gonzalo Evangelista y Agustina Sánchez, por la Dirección de Litigios del Organismo; el fiscal penal Gabriel González y la auxiliar fiscal Celina Morales Torino, en representación del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Alto La Sierra: Tres policías acusados de aplicar métodos de tortura

Son tres los hombres que habrían sido detenidos y luego sometidos a métodos de tortura, tras haber sido acusados de sustraer y faenar una vaca, propiedad de una familia.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, imputó de manera provisional por la presunta comisión del delito de privación ilegítima de la libertad, en concurso real con el delito de imposición de torturas, a tres policías (un sargento y dos suboficiales principales), uno de los cuales además, está imputado también por el delito de falsedad ideológica.

Conforme a las denuncias radicadas por los damnificados, las declaraciones de testigos, certificados médicos, entre otros elementos de prueba, el hecho ocurrió al mediodía del pasado 19 de noviembre cuando dos hombres, padre e hijo, se hicieron presentes en el Destacamento Alto La Sierra, manifestando que les habían sustraído y faenado una vaca, acusando directamente a tres hombres.

Fue entonces que el sargento imputado posteriormente, se trasladó en el vehículo de uno de los propietarios del vacuno, en busca de los sospechosos, incurriendo en conductas ilícitas al privarlos de su libertad sin orden de autoridad competente, ni motivos que justifiquen la aprehensión, trasladándolos desde los lugares donde se encontraban, al Destacamento de Alto La Sierra.

Primero trasladaron a dos personas de las cuales una, no estaba denunciada, y luego al tercer damnificado.

En el Destacamento de Alto La Sierra, encontrándose el jefe de la dependencia y el jefe de guardia, los acusados habrían sometido a los detenidos, a un trato cruel e inhumano, haciéndolos desnudar para agredirlos físicamente con un látigo.

El sargento, habría colocado una bolsa en la cabeza hasta asfixiar a uno de ellos, con el fin de que firme un acta en la que se comprometía a devolverle una vaca a la familia propietaria. A otro, lo habrían desnudado y aplicado latigazos en la espalda para que se hiciera cargo de la supuesta sustracción del animal.

El accionar delictivo habría cesado, cuando dos de los hombres sometidos firmaron el acta en el libro de exposición, logrando el fin para el cual aplicaron los tormentos.

Por su parte, uno de los suboficiales principales imputado, incurrió en el delito de falsedad ideológica en calidad de autor, al insertar en un instrumento público (libro de guardia), declaraciones falsas en las que consignaba que los tres damnificados se retiraron de la dependencia en buen estado de salud, manifestando que no deseaban ser examinados por personal de salud, y que recibieron un trato adecuado durante su estadía en esa dependencia.

Durante la audiencia de imputación, los acusados se abstuvieron de declarar.

Se requirió juicio para un policía por lesiones y falsedad ideológica

El hecho ocurrió en barrio Libertad cuando un efectivo policial ,sin motivo alguno, efectuó tres disparos a la víctima. Posteriormente realizó una falsa declaración.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 3 del Distrito Centro, para el sargento ayudante Cristian Heriberto Guanca, de 41 años, por los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometido por un miembro de la fuerza de seguridad policial, con abuso de su función y agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con el delito de falsedad ideológica.

En los fundamentos de la acusación, el fiscal González sostiene que se halla lo suficientemente acreditada la existencia del ilícito, y la responsabilidad penal del imputado.

El hecho investigado se produjo en la mañana del 8 de agosto de 2021, cuando el damnificado volvía a su domicilio. Al pasar por la Escuela Juan José Valle, de Barrio Libertad, se hizo presente un móvil policial del que descendió el sargento ayudante Guanca y, sin motivo alguno, procedió a realizarle disparos con el arma reglamentaria 9 mm., ocasionándole lesiones en los dos tobillos.

La víctima, cuyas heridas fueron corroboradas mediante certificado médico e historias clínicas del Hospital San Bernardo, no había realizado acción alguna que habilitara al personal policial a hacer uso del arma reglamentaria y, menos aún, a efectuar disparos.

En el requerimiento, el fiscal González sostiene que la conducta del sargento ayudante encuadraría en la figura penal de lesiones leves, doblemente agravado por abuso funcional y por uso de arma de fuego, puesto que el imputado, en exceso de sus funciones, al ser miembro de las fuerzas de seguridad provincial, causó un daño en el cuerpo del denunciante, mediante el empleo de un arma de fuego, cuando no existía motivo alguno para su utilización.

Afirma, además, que dicha conducta no solo es ilícita, sino también contraria a la normativa que especifica cuándo se puede o no, hacer uso del arma de fuego.

Resulta reprochable, sostiene el fiscal, que a los fines de justificar su proceder, el sargento ayudante Cristian Guanca formuló denuncia, en su calidad de funcionario público, insertando en un instrumento público, una declaración falsa, tergiversando la mecánica de cómo sucedió el hecho, manifestando falsamente que la víctima tenía intenciones de agredirlo, incurriendo en el delito de falsedad ideológica. El fiscal de Derechos Humanos añade en el requerimiento que al damnificado no se le secuestró ningún arma en su poder.

Conforme al informe de la médica del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), quien realizó el análisis de la historia clínica de la víctima, esta ingresó al hospital San Bernardo el 8 de agosto de 2021 con diagnóstico de herida por arma de fuego en ambos tobillos; herida en maléolo tobillo derecho y herida de 0.5 en maléolo lateral tobillo izquierdo. Se hace referencia además, a la extracción de proyectiles, en los registros de enfermería de guardia.

El fiscal González destaca que el hecho se enmarca en un claro caso de violencia institucional, cometida por un efectivo perteneciente a las fuerzas de seguridad, que es también reconocida como una práctica estructural de violación de derechos humanos, por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario.

Concluye que la violencia institucional referida conlleva un plus de reproche, por cuanto es cometida por funcionarios públicos que, por sus responsabilidades y obligaciones, se encuentran autorizados en los supuestos legales para hacer uso de la fuerza pública, la que debe ser racional, cuya práctica se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de los miembros del Estado y que, como ya se dijo, se advierte en la presente causa.

Reunión de intercambio entre el Comité Nacional Contra la Tortura y la Fiscalía Penal de DDHH

Se trata de una serie de encuentros a través de los cuales se persigue el intercambio de experiencias en lo que a hechos de violencia institucional respecta.

En el marco del seguimiento de las visitas del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura y los informes emanados desde este organismo internacional, se concretó el encuentro de la Directora de Producción y Sistematización de Información del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Bernarda García, y miembros integrantes del organismo, con la Fiscalía de Derechos Humanos, representada por el fiscal penal Gabriel González y la auxiliar fiscal Celina Morales Torino.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, resaltó que la Procuración General de la Provincia dictó en el mes de abril, la Resolución 1339/22, mediante la cual se instruyó a la mencionada fiscalía y a los demás fiscales penales de la provincia, para el pronto abordaje de los casos, cada vez que se identifiquen supuestos en los que miembros de la Policía o del Servicio Penitenciario provincial violentaren derechos fundamentales de personas involucradas en una investigación penal o que estén bajo su custodia.

Este es el primer encuentro de otros tantos que están previstos, que tuvo como fin iniciar un intercambio de experiencias, tanto en lo que respecta al abordaje de la investigación de hechos judiciales de violencia institucional cometidos por fuerzas de seguridad, encuadrado en torturas y otros tratos y penas crueles e inhumanas, como así también para compartir información acerca de los registros que existen sobre estos hechos.

La reunión se desarrolló con un balance positivo en lo que respecta al trabajo que se viene realizando en pos de la articulación de medidas eficaces para la investigación y sistematización de la información referida a hechos de tortura.

Además, se compartió valiosa información acerca de los protocolos que existen para el monitoreo y seguimiento de los lugares de detención, en diferentes jurisdicciones provinciales que cuentan con registro.

Por su parte, Bernarda García destacó los avances en el abordaje de casos judiciales de Violencia Institucional en Salta. Señal´o que durante su visita el mes de septiembre pasado a diversas dependencias de la provincia, el Comité tomó conocimiento, por parte de personas detenidas, respecto al trabajo que viene llevando adelante la Fiscalía de Derechos Humanos.

Juicio a dos mujeres policías: El lunes 24 se conocerá el veredicto

Tras un cuarto intermedio, este viernes se reanudó la audiencia de debate contra dos mujeres policías, acusadas por un hecho ocurrido en 2018, cuando una mujer sufrió una fractura al ser reducida en un procedimiento policial. Hoy finalizó la ronda de alegatos.

El fiscal de Derechos Humanos, Gabriel González, solicitó la condena para la agente Judith Villanueva y la sargento ayudante Silvia Martínez, por considerarlas coautoras de los delitos de vejaciones calificadas, agravadas por el uso de la violencia y lesiones graves, agravadas por la función policial y la pena de 3 años de ejecución condicional, con prohibición de acercamiento a la víctima. Además, la inhabilitación especial para ejercer cargos en las fuerzas de seguridad del Estado por el doble de tiempo que dure la condena.

Durante los alegatos, el fiscal González solicitó que se valore el hecho en el contexto de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad policial del Estado, que le produjo lesiones de gravedad a la víctima. Pidió, además, que el testimonio de esta última también sea analizado en ese contexto, al igual que toda la prueba recibida.

Para ello, la Fiscalía de Derechos Humanos hizo la valoración de toda la prueba producida, los testimonios directos, indirectos e inmediatos.

Por otro lado, el fiscal González recordó que, oportunamente, se solicitó la remisión de copias a la Fiscalía Penal 1 por el posible delito de falso testimonio cometido en audiencia, del hoy Comisario Arias, que en aquel entonces revestía el cargo de suboficial principal, por parte del Ministerio Público Fiscal y de la defensa.

Al finalizar los alegatos, tanto de la fiscalía como de la defensa, la jueza Gabriela González dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 24 de octubre, para dar a conocer el veredicto.

Los hechos

El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2018 cuando la víctima fue agredida físicamente por personal policial femenino que se encontraba prestando servicio en el local bailable “Carpa El Gaucho La Florida”, de la localidad de La Merced. 

La denunciante se encontraba esperando el colectivo frente a la carpa sobre Ruta 68, cuando observó que había un incidente entre varias personas que se encontraban en el lugar y en el que intervino personal policial.

Al ver que el incidente se desplazaba hacia donde se encontraba junto a su pareja, le pidió a los efectivos que pararan. Fue entonces cuando una policía de sexo femenino le dijo que se retirara. Cuando procedían a abandonar el lugar, sintió que la tomaron del brazo izquierdo con fuerza, haciéndoselo hacia atrás, queriéndola reducir. En ese momento le propinaron un golpe de puño en el brazo desde atrás, e inmediatamente sintió un fuerte dolor.

La situación provocó a la víctima “el quiebre del brazo izquierdo (húmero por torsión), usando una fuerza desproporcionada y mayor a la requerida para la reducción de la víctima”, corroborado por el informe de Medicina Legal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF). 

Inicia juicio a dos mujeres policías por lesiones graves y vejaciones agravadas

Desde el miércoles 12, se juzgará a dos efectivas de la Policía de la Provincia por un hecho ocurrido en 2018, cuando una mujer sufrió una fractura producto de haber sido reducida en un procedimiento policial.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala III del Tribunal de Juicio, Distrito Judicial Centro, en la audiencia de debate contra la agente Judith Villanueva y la sargento ayudante Silvia Martínez como autoras de los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público y vejaciones agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público, todo ello en concurso ideal.

Según declaró la damnificada, quien en ese momento contaba con 26 años de edad, el hecho ocurrió el 4 de febrero de 2018 cerca de la medianoche cuando fue agredida físicamente por personal policial femenino que se encontraba prestando servicio en el local bailable “Carpa El Gaucho La Florida”, de la localidad de La Merced.

Conforme a su relato, la denunciante se encontraba esperando el colectivo frente a la carpa sobre Ruta 68, cuando observó que había un incidente entre varias personas que se encontraban en el lugar y en el que intervino personal policial.

Al ver que el incidente se desplazaba hacia donde se encontraba junto a su pareja, le pidió a los efectivos que pararan. Fue entonces cuando una policía de sexo femenino le dijo que se retirara. Según relata, cuando procedían a abandonar el lugar, sintió que la tomaron del brazo izquierdo con fuerza, haciéndoselo hacia atrás, queriéndola reducir. En ese momento le propinaron un golpe de puño en el brazo desde atrás, e inmediatamente sintió un fuerte dolor.

El fiscal González, al momento de elevar el requerimiento a juicio, entendió que existen elementos suficientes para imputar a la agente Judith Villanueva y a la sargento ayudante Silvia Martínez por los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público y vejaciones agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público, todo ello en concurso real, toda vez que ambas, ostentando su calidad de funcionario público y en cumplimiento de una función del servicio que le es propio, excedieron la fuerza necesaria para el ejercicio de la acción de reducción.

La situación provocó a la víctima “el quiebre del brazo izquierdo (húmero por torsión), usando una fuerza desproporcionada y mayor a la requerida para la reducción de la víctima”, corroborado por el informe de Medicina Legal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).

La audiencia de debate pública será presidida por la jueza Gabriela González y está previsto que se desarrolle durante los días 12, 13 y 14 de octubre, a las 9 de la mañana.

Metán: Se investiga de oficio un hecho de presunta violencia institucional

A partir de lo manifestado por el familiar de un interno de la Unidad Carcelaria, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, inició actuaciones de oficio para determinar lo sucedido.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos, a través de su Secretaría de Metán, Distrito Judicial del Sur, inició de manera inmediata actuaciones de oficio, al tomar conocimiento de un hecho de posible violencia institucional dentro de la Unidad Carcelaria N° 2 de esa ciudad.

Según manifestó un familiar de uno de los internos del penal, el hecho habría sucedido en horas de la mañana del pasado 27 de septiembre. Señaló que el recluso habría sido víctima de malos tratos por parte de personal policial, en virtud de que habrían solicitado realizar un reclamo vinculado al régimen de visitas.

La fiscalía solicitó una serie de actuaciones, como un informe de la situación, nómina de personal a cargo, detalles del presunto incidente con el recluso cuyo familiar denuncia, como cualquier otro si lo hubiere.

La Unidad Carcelaria respondió, elevando los informes, y una vez tomando conocimiento de quiénes habrían sido los damnificados en el hecho, se hizo comparecer a quienes estaban a cargo, previa autorización del Juzgado de Garantías en turno.

En principio, además del recluso cuyo familiar radicó la denuncia, habrían otros más relacionados con el hecho.

El fiscal Gabriel González, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Metán solicitó se amplíen las actuaciones, por lo que se enviaron muestras fotográficas, un médico del CIF revisó a quienes se hicieron presentes en la dependencia. También se realizó la inspección de la unidad carcelaria, se constató el estado de los internos y se actualmente se está procediendo al análisis de material de las videocámaras del penal.

El fiscal de Derechos Humanos dispuso la continuidad de las actuaciones, tendientes a clarificar la verdad de los hechos y así tomar conocimiento cabal de lo sucedido.

Policía fue condenado por vejaciones calificadas

Antonio Andrónico Guerra fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. En tanto, el resto de los imputados fueron absueltos por no mediar acusación fiscal.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Antonio Andrónico Guerra, Santiago Orlando Bejarano, Alfredo Walter Abán, Gustavo Martín Mamaní, Raúl Marcelo Cabrera y Gustavo Benjamín Monzón por vejaciones calificadas en perjuicio de Ricardo Tapia.

Finalizados los alegatos, la jueza Norma Beatriz Vera dio a conocer el veredicto por el que Antonio Andrónico Guerra fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por el término de seis años para tener y usar armas de fuego y para desempeñarse como funcionario de las fuerzas de seguridad provincial, por encontrarlo autor material y penalmente responsable del delito de vejaciones calificadas y agravadas por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Ricardo Tapia.

En tanto, los imputados Santiago Orlando Bejarano, Alfredo Walter Abán, Gustavo Martín Mamaní, Raúl Marcelo Caberera y Gustavo Benjamín Monzón fueron absueltos por no mediar acusación fiscal.

En el mismo fallo, la jueza dispuso reglas de conducta por el término que dure la pena.

En lo que respecta a la conducta de Antonio Andrónico Guerra, quien fuera dado de baja por la fuerza policial por sanciones disciplinarias, el fiscal de Derechos Humanos había ampliado la acusación por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia agravada por empleo de arma de fuego.

Durante los alegatos, el fiscal González solicito la condena en los términos que dictó la jueza Norma Vera y solicitó la absolución para el resto del personal policial.

Cabe recordar que Guerra llega condenado por un hecho sucedido durante la madrugada del 25 de diciembre de 2016, cuando vecinos de la plazoleta del barrio La Tablada, en medio de los festejos y saludos por Navidad y encontrándose chicos del barrio jugando, observaron a un móvil policial estacionado y efectivos uniformados que discutían con un vecino, en actitud autoritaria.

En un momento, comenzaron a hacerse disparos de ithaca (escopeta de corredera o repetición manual) en la zona de la puerta de la casa de un vecino. Fue así que salió la víctima (Tapia) a recriminar la situación y el oficial Guerra, quien portaba el arma según dichos del propio oficial y los vecinos, le apuntó en el pecho. Ante su desesperación, el damnificado tomó la punta del arma para que no le diera en el pecho y el impacto del disparo le dio en la entrepierna.

Juicio a seis policías: Finalizó la ronda de testimoniales y mañana es el veredicto

Hoy se desarrolló la última jornada de la audiencia de debate por el juicio que se sigue contra seis policías por un hecho ocurrido en 2016 en barrio La Tablada de esta capital.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio Distrito Centro, en la última jornada de audiencia de debate contra los policías Santiago Orlando Bejarano, Alfredo Walter Abán, Antonio Andrónico Guerra, Gustavo Martín Mamaní, Raúl Marcelo Cabrera y Gustavo Benjamín Monzón por vejaciones calificadas en perjuicio de un vecino.

Tras un cuarto intermedio, hoy se reanudó la audiencia de debate, oportunidad en la que declararon vecinos que manifestaron que la noche de Navidad había muchos niños jugando en la plaza y en la canchita de barrio La Tablada, cuando comenzó una discusión con miembros de una familia de la zona, y que se escucharon gritos y disparos.

Los testigos señalaron que después de lo acontecido vieron personas heridas, uno de ellos se encontraba tirado en el piso y lastimado y que otro vecino trasladó a su hija, que había sufrido un desmayo.

Por su parte, otro testigo se reconoció en fotografías y dijo que recibió un impacto de bala de goma señalándola en una de las fotos que se le mostraron. Indicó además el lugar donde se produjo la lesión al vecino que recibió el impacto de una ithaca.

Finalizada la jornada, la jueza Beatriz Vera dispuso un cuarto intermedio hasta mañana martes 20, oportunidad en la que se hará lugar a los alegatos y posterior lectura de veredicto al finalizar la jornada.