Requieren juicio para el policía acusado de agredir a un civil a la salida de un evento

Se investigó de oficio un hecho de violencia en un evento público que involucró a un policía y a un concurrente. La difusión de un video donde quedó registrado el incidente, lo convirtió en noticia críminis.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 8 del Distrito Centro, para un efectivo policial como autor del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia.

El 5 de febrero pasado, durante un operativo de despeje de rutina a la salida de un predio ubicado en avenida Paraguay en el que se realizaba el evento conocido como “Carpa de las Estrellas”, el acusado le dio un golpe de puño a un civil.

El hecho quedó registrado en un video, cuyas imágenes tomaron estado público a través de un medio local.

Inmediatamente después de tomar conocimiento de la noticia criminis, la Fiscalía de Derechos Humanos intervino de oficio e impartió las instrucciones para que se iniciara la investigación y esclarecer lo sucedido.

En el requerimiento, la fiscalía sostiene que, de los elementos de convicción reunidos, se pudo corroborar que el efectivo policial uniformado efectúa un golpe de puño hacia la integridad de un hombre vestido de remera y bermuda, a la salida del evento.

Además, la fiscalía arriba a la conclusión, en razón del informe de nómina del personal policial adicional para cubrir el evento “Carpa de las Estrellas”, que el subayudante acusado se encontraba prestando servicio en el lugar del hecho, a quien se identifica realizando el despeje en la parte externa, junto al resto de efectivos asignados.

Cabe recordar que la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de los derechos humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario.

La violencia institucional referida conlleva un plus de reproche, por cuanto son cometidas por funcionarios públicos que, por sus responsabilidades y obligaciones, se encuentran autorizados en los supuestos legales para hacer uso de la fuerza pública, el que debe ser racional.

El requerimiento detalla la prueba documental ofrecida, entre las que se cuenta la denuncia penal, la nómina del personal policial adicional, informe de la comisaría interviniente y del predio de avenida Paraguay, además del análisis de los videos, efectuado por el Cuerpo Especial de Investigadores (CEI). Estos elementos fueron considerados fundamentales para solicitar la elevación de la causa a juicio.

Imputan a policía por vejaciones tras incidente a la salida de un evento de avenida Paraguay

El incidente se produjo a la salida de la Carpa de las Estrellas. El hecho fue registrado en un video que se hizo público.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de vejaciones, a un subayudante de la Policía de Salta.

Las actuaciones se iniciaron de oficio, partir de la publicación de imágenes de un video en el que observa a un efectivo policial uniformado que efectúa un golpe de puño contra un hombre vestido de civil.

El hecho se produjo el 5 de febrero pasado, a la salida del predio ubicado en Avenida Paraguay, en el que se realizaba el evento Carpa de las Estrellas.

El efectivo policial se encontraba cumpliendo servicio adicional y, al momento del cierre y despeje del evento, habría propinado un golpe de puño a un turista que estaba presente en el lugar.

Se espera que en las próximas horas se concrete la audiencia de imputación.

 

Carpa de las Estrellas: Se investiga un hecho de agresión que involucra a un efectivo policial

Campo Quijano: Se investiga de oficio un presunto caso de violencia institucional

A partir de una noticia criminis, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos inició actuaciones de oficio a fin de determinar las circunstancias en que sucedieron los hechos.

La fiscalía penal de Derechos Humanos inició de oficio una investigación ante la denuncia a un medio local en el que estaría involucrado personal policial que habría intervenido en un enfrentamiento ocurrido en una carpa bailable, el cual resultó en una mujer lesionada.

Al tomar conocimiento de la noticia criminis, la Fiscalía impartió las primeras medidas a fin de iniciar una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

La noticia relata que, según lo manifestado por la denunciante, su madre se encontraba en una carpa bailable, acompañada de un amigo, cuando se habría producido un altercado con otros asistentes. En ese contexto, los efectivos policiales habrían sacado a la madre de la denunciante del lugar, tomándola del cabello y arrastrándola, además de propinarle golpes en diversas partes del cuerpo.

Carpa de las Estrellas: Se investiga un hecho de agresión que involucra a un efectivo policial

En las afueras del predio, mientras el personal de la Policía de Salta llevaba a cabo sus labores de rutina, ocurrió un incidente que está siendo investigado .

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos investiga un hecho de agresión que involucra a un efectivo policial y un asistente al evento Carpa de las Estrellas.

La intervención de la Fiscalía se produce luego de que se hicieran públicas las imágenes de un video en el que se observa el accionar de personal policial a la salida del predio, ubicado en avenida Paraguay, frente del Centro de Convenciones.

La Fiscalía de Derechos Humanos impartió las instrucciones pertinentes para investigar el incidente y esclarecer lo sucedido.

Policía condenado por disparar contra un hombre al que le ocasionó la pérdida de un ojo

El hecho juzgado sucedió en 2018, cuando tres jóvenes ingresaron a un domicilio particular seguidos de personal policial. Uno de los efectivos efectuó disparos, impactando un proyectil en el ojo derecho de la víctima, quien se encontraba en el interior de la vivienda, junto con su padre.

La Fiscalía penal de Derechos Humanos representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VI del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la audiencia de debate contra un suboficial mayor, un sargento y un cabo, por los delitos de vejaciones calificadas, en perjuicio de un hombre.

El 19 de agosto de 2018, la madre del damnificado recibió un llamado de su otro hijo, diciéndole que su hermano se encontraba en la guardia del hospital San Bernardo.

El hombre había ingresado a su casa a solicitarle dinero a su padre y había dejado entreabierta la reja del pasillo de entrada a la vivienda. En un momento dado escuchó un fuerte ruido y vio ingresar corriendo a tres de sus amigos, seguidos por personal policial que se quedó en la vereda.

El damnificado salió al exterior de la vivienda y luego de preguntar qué pasaba, un efectivo policial ejecutó disparos con un arma marcadora (conocida como paint ball), los que impactaron en distintas partes de su cuerpo y en su ojo derecho, para luego retirarse en el móvil policial.

El joven hombre fue auxiliado por un vecino que lo trasladó hasta la guardia del hospital. Al ser examinado por el oftalmólogo, le diagnosticó “estallido de ojo derecho” por impacto de proyectil. En ese momento le informaron que había perdido su ojo y que debía ser operado de urgencia ante el riesgo de pérdida del ojo izquierdo.

Durante la audiencia de debate, la Fiscal de Derechos Humanos solicitó el cambio de calificación de vejaciones calificadas a vejaciones calificadas agravadas, atento a que los profesionales médicos que prestaron declaración pusieron de manifiesto la pérdida, sin posibilidades de recuperación, del ojo de la víctima.

Finalmente, el Juez en su fallo condenó al sargento a la pena de 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de vejaciones calificadas agravadas.

El juez Guillermo Pereyra le impuso al condenado, además, una serie de reglas de conducta, entre las que se cuentan prohibición de acercamiento total a la víctima y a su grupo familiar, en un radio de 200 metros y abstenerse de cualquier tipo de contacto.

En tanto, el suboficial mayor y el cabo fueron absueltos del mismo delito.

Se investiga presunta agresión a periodista por parte de personal policial

El episodio se habría producido al término de un partido de fútbol que se disputó el pasado domingo y que tuvo lugar en las instalaciones del club Gimnasia y Tiro.

Al finalizar el encuentro deportivo, personal de la Policía de la provincia de Salta procedió al operativo de despeje, oportunidad en la que se habrían producido excesos en el accionar de los efectivos a cargo.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos investiga el presunto hecho de violencia que fuera denunciado por parte de un periodista de Salta.

La intervención de la fiscalía se produjo luego de recibir la novedad, el lunes 13 de noviembre e impartió, de inmediato, una serie de directivas que permitan esclarecer las circunstancias en las que se habría producido la presunta agresión.

En tanto, para hoy estaba citado en sede judicial el damnificado, a fin de escuchar su testimonio.

Orán: La Fiscalía de Derechos Humanos investiga supuestas acciones violentas en un desalojo

Un predio fue desalojado y durante el procedimiento, se habrían producido enfrentamientos.

La Fiscalía de Derechos Humanos tomó intervención a fin de esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades relacionadas con presuntas acciones violentas llevadas a cabo por personal policial durante un desalojo ocurrido el pasado viernes 3 de noviembre en un terreno ubicado en el barrio Abraham Balut de la ciudad de Orán.

La intervención de la Fiscalía se inició con la recepción de las correspondientes denuncias realizadas por las personas que se consideraron damnificadas durante el operativo policial, durante el cual se registraron enfrentamientos entre los efectivos policiales asignados al operativo y los ocupantes del predio. Además, se trabaja a fin de recopilar información, testimonios y pruebas que permitan esclarecer los hechos.

 

La Fiscalía de Derechos Humanos visitó los penales de la ciudad de Salta

La inspección a los diferentes centros de detención de la ciudad de Salta se concretó para conocer el estado general en diferentes aspectos vinculados con las condiciones de la población carcelaria.

En el marco de lo dispuesto por Ley provincial N° 7839, conjuntamente con  resolución de la Procuración General de la Provincia, la fiscal de Derechos Humanos, Claudia Geria, en representación del  Ministerio Público Fiscal, hizo efectiva durante el mes de octubre, la visita periódica a los diferentes penales de la ciudad de Salta.

El recorrido de inspección incluyó la Unidad Carcelaria N° 1, Unidad Carcelaria N° 4, Centro de Personas con Medidas de Seguridad, Alcaidía y Centro de Detención de Menores en conflicto con la ley penal.

El propósito de estas visitas periódicas es el de constatar tanto las condiciones de reclusión, incluyendo aspectos edilicios y la higiene de los detenidos, como el trato que reciben por parte del personal en cada centro.

La fiscal de Derechos Humanos, lleva a cabo entrevistas con los internos, a fin de tomar conocimiento sobre las causas en los casos en que los interesados manifiesten querer acceder a la misma. También, se interioriza sobre los motivos de derivaciones a hospitales de algunos penados.

Durante la visita, la fiscal Geria, acompañada de su equipo, mantuvo entrevistas con los jefes de pabellones con el propósito de recopilar información para un informe posterior que será presentado al Procurador General.

El protocolo establecido para estos casos, establece que, ante denuncia que se presentan, por parte de algunos de los internos, se procede a la toma de datos, juzgado interviniente y, de corresponder, se los cita a fiscalía para prestar declaración o radicar denuncia.

Cabe destacar que durante la asistencia a los diferentes centros de detención, se llevaron a cabo diversas verificaciones, que incluyeron aspectos como la capacidad real del centro en comparación con el número de detenidos; los casos de adopción de medidas de fuerza y motivos que las generaron; la identificación de reclusos que han recibido sanciones disciplinarias y las razones detrás de estas, como también la atención a internos que padecen alguna discapacidad; casos de presentación de recursos de Hábeas Corpus; régimen de alimentación; personal médico, psicológico y psiquiátrico disponible para asistencia a los penados; población LGBTIQ+; dictado de talleres, entre otros.

Cabe recordar que la Ley N° 7839 fue promulgada en septiembre de 2014 y, transformó las fiscalías denominadas de Causas Policiales y Penitenciarias, en Fiscalías de Derechos Humanos. En el inciso b) del artículo 2° establece que dichas fiscalías tendrán a su cargo la inspección de lugares de detención, conforme al programa que establezca la Procuración General de la Provincia.

Orán: La Fiscalía de Derechos Humanos investiga una denuncia contra personal policial

El hecho fue denunciado el pasado viernes, por un hombre que dice haber sido víctima de violencia por parte de personal policial.

La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, investiga las circunstancias en las que se habría producido un hecho en la ciudad de Orán, denunciado por un hombre, quien manifestó que el pasado jueves, policías de la Brigada de Investigaciones de esa ciudad lo habrían abordado en un taller mecánico y después se lo llevaron en una camioneta Toyota Hilux, hacia un calabozo.

El hombre, además, denuncia haber sufrido actos de violencia por parte de los efectivos.

La fiscal Geria impartió directivas al auxiliar fiscal de Orán, ante la envergadura del hecho denunciado.

Se requirió juicio para dos policías por violencia institucional y privación de libertad

Ambos efectivos policiales están acusados de agredir físicamente a dos hombres, la madrugada del 25 de noviembre de 2022, en el marco de un operativo de despeje que llevaban a cabo en el corredor Balcarce. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 5 del Distrito Centro, contra Gonzalo Rodrigo Wayar Gómez, de 31 años, por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica, todo en concurso real y contra Esteban Joel Yurquina, de 45 años, por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y privación ilegítima de la libertad.

El hecho denunciado ocurrió en la madrugada del 25 de noviembre de 2022 y, según consta en la denuncia, el damnificado caminaba junto a un amigo por calle Balcarce esquina Necochea cuando varios efectivos, que cumplían funciones de despeje, los interceptaron, cortándoles el paso, recibiendo insultos y golpes de puño.

En determinado momento, el acusado Yurquina le propinó golpes con la mano abierta y de puño en la cara al damnificado, lo que le provocó hematomas en rostro frontal y malar derecho, según quedó registrado en el certificado emitido por el médico legal y Hospital San Bernardo. En ese momento, apareció el oficial auxiliar Wayar Gómez, que también lo golpeó en el rostro, lo que fue filmado por el amigo del damnificado.

Respecto a este hecho, el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) analizó material fílmico, aportado por particulares, del momento exacto en el que el efectivo golpea a mano abierta a la víctima.

El denunciante manifestó que luego lo esposaron y lo llevaron a la Comisaría 1º, después a la Alcaidía, al Hospital San Bernardo, más tarde, nuevamente a Alcaidía y lo regresaron a la Comisaría 1º, no permitiéndole realizar llamada, ni solicitar un abogado. Según expresó, pudo reconocer a los dos efectivos que son los que le pegaron.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad, de cuyo análisis de las filmaciones, provistas por el Centro de Videovigilancia, ubicadas en calles Balcarce y Necochea, se observa a dos civiles, uno de ellos sujetando un teléfono móvil, mientras el otro mantiene un altercado con un efectivo policial que le propina un golpe de puño, que lo hace perder el equilibrio. Se pudo visibilizar, además, a dos oficiales que tomaron del cuello al mismo civil, para luego esposarlo.

En relación a la versión de lo sucedido, volcada en el informe policial realizado por el acusado Gonzalo Rodrigo Wayar Gómez, se advierte que no resulta coincidente con la brindada por el damnificado, el testigo y las filmaciones, tergiversando la verdad respecto al origen de la lesión del denunciante, razón por la cual el fiscal estima que su conducta encuadra en  el delito de falsedad ideológica, en virtud de haber insertado en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento debía probar.

En el requerimiento, el fiscal González afirma que ambos efectivos se encontraban ejerciendo un acto de servicio, excediendo claramente su función. Que, como consecuencia de ese ilegítimo proceder, le provocaron lesiones al damnificado, que fueron constatadas por el examen médico, expedido por el médico del Hospital San Bernardo, quien dejó constancia que, tras sufrir la agresión de terceros, el denunciante presenta hematomas en rostro, a nivel frontal y zona malar derecha. En historia clínica, el profesional médico diagnosticó traumatismo superficial que afecta la cabeza y el cuello.

Por otro lado, afirma el fiscal de Derechos Humanos, con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de la autoridad competente, se privó ilegítimamente de la libertad ambulatoria a ambos damnificados, a quienes retuvieron en la Comisaría 1°, sin causa.

El requerimiento expresa que “se advierte una práctica de violencia institucional, que corresponde erradicar mediante sanción del sistema policial de nuestra provincia y país”.

Continúa expresando que “es preciso destacar que la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de derechos humanos, por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario”.

Concluye que “la violencia institucional referida conlleva un plus de reproche, por cuanto es cometida por funcionarios públicos que por sus responsabilidades y deberes, se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer uso de la fuerza pública, el que debe ser racional y cuya práctica contraria se transforma en violatoria de derechos humanos”.