Las Carmelitas: Allanamientos por estafas inmobiliarias en Campo Santo

En una amplia investigación desplegada a partir de denuncias por operaciones de compraventa de terrenos en un loteo del municipio de Campo Santo, se concretaron secuestros de elementos y documentación probatoria.

La intervención de la fiscal Ana Inés Salias Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) se produjo tras las actuaciones giradas por la Fiscalía Penal de General Güemes en donde un funcionario del municipio de Campo Santo radicó denuncia en la que manifestó que en junio pasado tomaron conocimiento por vecinos, respecto a un supuesto proyecto de urbanización, mediante el cual se producía la venta de terrenos con el nombre de “Las Carmelitas”. El municipio desmintió el proyecto y advirtió a la comunidad sobre posibles estafas.

En agosto, una vecina denunció haber pagado por un terreno, mostrando un certificado de tenencia con membrete municipal, aunque la fecha indicaba noviembre de 2023, cuando la vecina afirmaba haber recibido el documento en julio de 2024. Otro vecino presentó documentación de compra de terreno realizada en julio de 2024 por 5 millones de pesos.

Durante la investigación preliminar, se recopilaron diversos documentos, como resoluciones municipales apócrifas y auténticas, cédulas parcelarias, tickets de transferencia bancaria y croquis del loteo “Las Carmelitas Campo Santo”. En base a esto, la fiscal Salinas Odorisio imputó provisionalmente a una mujer y dos hombres por estafas reiteradas (dos hechos) y falsedad de documento público, todo en concurso real. Los acusados, en connivencia y con distintas funciones, habrían ofrecido la venta de terrenos a nombre del municipio de Campo Santo, entregando documentación falsificada con sellos municipales. Según la fiscal, los tres sabían que los terrenos no serían entregados, ya que no estaban autorizados a venderlos y confeccionaron documentos falsos con el sello de la exintendenta.

A solicitud de la fiscal, se realizaron allanamientos este miércoles en General Güemes, Campo Santo y El Bordo, con el objetivo de secuestrar elementos clave para la investigación y evitar el vaciamiento de fondos de la cuenta bancaria de la acusada.

El procedimiento llevado adelante por la Unidad de Investigación UDEC, se realizó en el domicilio de la acusada, ubicado en barrio Luján, de Campo Santo, donde se procedió al secuestro de un teléfono celular, una tarjeta de crédito, cuatro tarjetas de débito, un sello con el nombre de la exintendenta de Campo Santo y un cuaderno. En El Bordo, en el domicilio de otro acusado, se incautaron siete chequeras emitidas por el Banco Macro a nombre de la Municipalidad de Campo Santo, una resolución con membrete del municipio relacionada al loteo “Las Carmelitas”, así como documentos de liquidación de pagos, tesorería, recibos de haberes y facturas de compra. En el allanamiento realizado en General Güemes, en el domicilio de otro acusado, se secuestraron un teléfono celular, un cuaderno con anotaciones, $936.250 en efectivo y una tarjeta de Mercado Pago.

 

Nueva imputación contra el abogado Martín Poma Ovejero

Es por una operación inmobiliaria efectuada en General Güemes. El acusado habría engañado al denunciante falsificado firmas, incluyendo las de una escribana fallecida en 2010. 

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al abogado Martín Poma Ovejero por los delitos de estafa y falsificación de documento, en concurso ideal.

Esta imputación surge de una denuncia presentada en enero de 2020, donde se acusó a Poma Ovejero de cometer una supuesta estafa en una operación inmobiliaria en General Güemes. El denunciante relató que encontró la oferta de terrenos en la página de Facebook «Martina Loteo Residencial» y se comunicó con el anunciante, quien afirmó tener terrenos disponibles para la venta.

Una vez acordada la operación, el afectado se reunió con Poma Ovejero y le entregó la suma de $187.000. El ahora imputado se comprometió a realizar el boleto de compra-venta ante un escribano público, en presencia del supuesto dueño del terreno.

Tras algunas demoras, el comprador fue citado en una Escribanía de la calle Lerma, donde firmó el contrato en presencia de la secretaria. Debido a la ausencia del propietario del terreno, Poma Ovejero pactó la entrega del documento en su domicilio. Días más tarde, el abogado entregó al comprador el contrato de compraventa firmado y la correspondiente Actuación Notarial.

Posteriormente, el denunciante descubrió irregularidades y al contactar al propietario del terreno, este negó haber autorizado la venta y afirmó que la firma en los documentos no era la suya.

Tras una investigación de la UDEC, se determinó que Poma Ovejero habría engañado al denunciante y falsificado firmas, incluyendo las de una escribana fallecida en 2010. Basándose en esta evidencia, la fiscal Salinas Odorisio decidió imputar a Poma Ovejero por estafa y falsificación de documento, en concurso ideal.

Cabe destacar que el abogado también enfrenta cargos por estelionato por la venta de un terreno en 2020 que ya había sido vendido en 2011. Además, en marzo pasado, la fiscal solicitó juicio para Poma Ovejero por su presunta participación en delitos como peculado, resistencia a la autoridad, lesiones, robo, daño agravado, y falsedad de instrumento público, entre otros.

Requieren juicio para Martín Miguel Poma Ovejero, Julio Conte y César Eduardo Acosta

Imputan a dos hombres por la sustracción de una camioneta

Se trata del abogado del fuero local y el empleado municipal detenidos el pasado miércoles. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó el mantenimiento de la detención de ambos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a dos hombres en el marco de la investigación que lleva adelante por la sustracción de una camioneta que se encontraba a resguardo de la Municipalidad de Salta en el canchón municipal de calle Artigas.

El primero de ellos, agente de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, fue imputado provisionalmente como autor del delito de peculado.

El segundo hombre, abogado del fuero local, fue imputado provisionalmente por como partícipe necesario del delito de peculado; autor de los delitos de falsedad de instrumento público; resistencia a la autoridad, lesiones, hurto y daño agravado en concurso ideal y daño agravado.

Durante la audiencia, ambos fueron asistidos por abogados particulares. El empleado municipal se negó a prestar declaración, mientras que el segundo imputado brindó su versión de los hechos. La fiscal Salinas Odorisio solicitó el mantenimiento de la detención de los dos hombres.

Otras dos personas vinculadas a la causa, continúan siendo buscadas por personal de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

La intervención de la Fiscalía especializada en Delitos Económicos inició luego de que la Jueza del Tribunal de Faltas del Municipio de Salta, 3º Nominación, y el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, denunciaran el 20 de enero pasado el faltante de una camioneta en el depósito de la Comuna. El vehículo había sido secuestrado el 5 de enero luego de estar involucrado en un siniestro vial y dado que su conductor no poseía la documentación reglamentaria, ni licencia de conducir, ni licencia verde y comprobante de seguro.

Tras revisar las filmaciones del Centro de Monitoreo de la Municipalidad y del Sistema de Emergencias 911, los investigadores de UDEC lograron determinar que el 18 de enero a las 13:36, tres hombres (el conductor de la camioneta el día del siniestro vial, el abogado y un hombre que habría participado de la agresión al agente de tránsito) llegaron al Complejo Artigas a bordo de un automóvil Renault Logan.

El abogado y el otro hombre bajaron del vehículo e ingresaron al depósito municipal. Luego, en las cámaras se puede observar cómo el abogado se encuentra tras el volante de la camioneta mientras el otro sujeto la empuja. Ya en la calle, los tres sujetos cambian de lugar: el que se encontraba en el Logan pasa a conducir el vehículo de mayor porte, el abogado pasa al lugar de acompañante y el tercer involucrado ingresa al automóvil blanco.

Además, desde UDEC se logró determinar que el abogado detenido había presentado ante el Tribunal de Faltas municipal, a fin de lograr la restitución de la camioneta cuya titularidad se encuentra a nombre de una empresa, un Poder General para Juicios y Asuntos Administrativos, que resultó ser falso.

Condenan al exintendente de Angastaco y a su esposa por peculado

La Auditoría de la Provincia presentó una denuncia en junio de 2020 sobre irregularidades en el manejo de fondos por parte del intendente saliente. La investigación de la Unidad de Delitos Económicos confirmó la acusación relacionada con la administración de la Hostería municipal.

Mediante juicio abreviado, el exintendente de Angastaco, Eduardo Ramón Díaz fue condenado por ser autor del delito de peculado en calidad de autor y Alicia Elvira Ríos, agente sanitaria y esposa del exjefe comunal como partícipe necesaria del peculado y como autora del delito de falsificación de instrumento público.

La fiscal Penal de la Unidad de delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio en el que tras la admisión de culpabilidad, Díaz fue sentenciado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y Ríos a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, más reglas de conducta en ambos casos.

Además, como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, el exintendente de Angastaco y su esposa deberán reparar el daño ocasionado al municipio, depositando en el día de la fecha, la suma de $1.000.000. Cabe recordar que el perjuicio auditado por la UDEC fue de $141.412,74 en el año 2018.

Los hechos

El 6 de junio de 2020, la Auditoría General de la Provincia (AGPS), presentó una denuncia en la que daba cuenta de irregularidades del manejo de los fondos del municipio de Angastaco por parte del intendente saliente.  En el relevamiento de información para la transición institucional en la Municipalidad de Angastaco, el organismo detectó que la Hostería municipal era administrada desde diciembre de 2017 por la esposa del ex intendente sin contrato de concesión, y el responsable de cobranzas del establecimiento no estaba registrado. Además la mujer, quien fuera designada Secretaria de Acción Social, utilizaba su cuenta personal de Mercado Pago para acreditar las cobranzas de tarjetas de crédito correspondientes a reservas efectuadas por los huéspedes mediante la página de Booking.

La investigación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos Complejos llevó a obtener pruebas de lo denunciado por la AGPS. Luego del análisis de datos y pruebas recolectadas, los investigadores del Gabinete de Delitos Económicos del CIF confirmaron que Alicia Elvira Ríos, recibió pagos por los servicios de hospedaje en la Hostería de dos formas: en efectivo, directamente de los huéspedes que se alojaban en el lugar; y a través de tarjetas de crédito utilizando una cuenta de Mercado Pago a su nombre. No se encontraron pruebas que indiquen que estos fondos hayan sido rendidos a la Municipalidad.

El entonces Intendente de la Municipalidad de Angastaco era responsable de la administración de la Hostería, incluyendo los gastos y la recaudación de los ingresos derivados de los servicios de restaurante y hospedaje, y designó a su esposa como encargada,  sin seguir los procedimientos administrativos necesarios. Además, según las declaraciones de la mujer ante las autoridades de la AGPS, ella se encargaba de administrar y recibir los ingresos generados por la explotación de la Hostería, circunstancias que determinaron que  Salinas Odorisio acuse a Eduardo Ramón Díaz por peculado y a su esposa como partícipe necesaria.

La fiscal de la UDEC también acusó a la mujer por falsificación de instrumento público. En su defensa, la mujer había presentado la Resolución 33/18 bis como prueba de su designación como encargada de la Hostería. Sin embargo, la Municipalidad de Angastaco informó la inexistencia de tal registro en el Libro de Actas de Resoluciones.

 

 

Licencias de conducir: ampliaron las imputaciones contra los acusados

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, amplió las imputaciones contra los acusados en el marco de la investigación iniciada tras distintas denuncias por la entrega irregular de licencias de conducir por parte de la exsubsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y de la actual Subsecretaría de Movilidad Ciudadana.

Con los elementos entonces colectados en la investigación, la Unidad de Delitos Económicos Complejos entendió oportunamente en junio del corriente año, que los acusados e imputados por el delito de asociación ilícita, participaron activamente de las maniobras y que no se trató de hechos aislados, ya que surgió claramente que sin la participación de todos en forma mancomunada, no se hubiera podido cometer el objetivo de llegar a la obtención irregular de las licencias de conducir de diversos ciudadanos a cambio de dinero.

La ampliación de la imputación concurrió entonces en forma real con la imputación ya formulada el 2 de junio del corriente, respecto de los encausados y de la siguiente manera:

El acusado Javier Fernando Martínez, fue imputado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, concusión –12 hechos- y falsedad material del instrumento público, en concurso real. Se desprendió del decreto de imputación que en el año 2017, con abuso de la función desempeñada como funcionario público municipal en la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Martínez requirió sumas de dinero a distintos contribuyentes, a quienes les entregó licencias de conducir falsas, creadas sin que aquéllos cumplimenten los requisitos legales ni se observara el procedimiento previsto para la obtención de dichas licencias, y sin que abonen los tributos para el trámite, lo que generó un importante perjuicio patrimonial a la Hacienda Municipal.

Los acusados Marianela Castro y César Martín Ganami, fueron imputados por los delitos de concusión y falsedad de instrumento público -2 hechos-, en carácter de partícipes necesarios, por captar en la vía pública a dos personas, a quienes les pidieron dinero para que, por medio de funcionarios municipales, se realizara el trámite de obtención de licencia de conducir sin los requisitos previstos.

En tanto, la acusada Carmen Nieves Campos, fue imputada por los delitos de falsedad de instrumento público -23 hechos- y concusión -1 hecho- en concurso real, ya que en su calidad de funcionaria pública municipal de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, consignó como aprobados 23 exámenes de licencia de conducir, que no se encontraban en condiciones de ser aprobados, a pesar de lo cual se emitió la correspondiente licencia, cuyos legajos fueron secuestrados.

Por otra parte, la acusada Gabriela Anahí Dagum, fue imputada por el delito de falsedad de instrumento público –7 hechos- y concusión -3 hechos – en concurso real, toda vez que la mencionada, en su calidad de funcionaria pública municipal de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, consignó como aprobados siete exámenes teóricos de licencia de conducir, los cuales no se encontraban en condiciones de ser aprobados, a pesar de lo cual se emitió la correspondiente licencia.

En relación al acusado José Fernando Vieria, fue imputado por el delito de falsedad de instrumento público –41 hechos- en concurso real, ya que en su calidad de funcionario público municipal de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, consignó en las planillas del Canchón Municipal que 41 ciudadanos aprobaron sin verificarse el ingreso del vehículo para el examen práctico.

El acusado Juan Carlos Conte, fue imputado por el delito de falsedad de instrumento público–47 hechos- en concurso real, toda vez que el mencionado, en su calidad de funcionario público municipal de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, consignó como aprobados exámenes prácticos de licencias de conducir, que no se encontraban en condiciones de ser aprobados, a pesar de lo cual se emitió la correspondiente licencia; como así también consignó en las planillas del Canchón Municipal que 41 ciudadanos aprobaron sin verificarse el ingreso del vehículo para el examen práctico.

Los acusados Ricardo Martín Miguel Nina, Julio Federico Barrientos Herrera y Ariel Ramiro Ruiz, fueron imputados por el delito de concusión, ya que se desprendió que abusaron de su cargo de funcionarios públicos municipales y solicitaron la entrega de dádivas para la realización de trámites ante el Organismo, con lo que convirtieron en provecho propio las sumas de dinero recibida y actuaron ilícitamente al requerir a los contribuyentes dinero para la obtención de la licencia de conducir, función para la cual no están facultados a recibir.

Por último, Griselda del Valle Royano, fue imputada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que la mencionada omitió controlar la regularidad en el procedimiento y posterior confección de las licencias de conducir, expedidas sin cumplimentar los requisitos legales, lo que debió realizar en su función de Directora de Educación Vial de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial.