A través de un documento, procuradores y fiscales generales de todas las provincias consideraron que la actual gestión de la justicia federal conduce a la impunidad del narcomenudeo, mientras que las provincias que han desfederalizado estos delitos, entre ellas Salta, obtuvieron resultados de éxito, por lo que sostuvieron que se debe dar este paso de manera urgente.
En el marco de las Primeras Jornadas de Narcocriminalidad, llevadas a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires -entre miércoles y viernes pasado- procuradores y fiscales de todas las provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pronunciaron a favor de que la lucha contra el “microtráfico” se aplique en todo el país.
Las jornadas contaron con la participación del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano y de expositores extranjeros y nacionales, entre ellos el Procurador General de Salta, Pablo López Viñals, quien además, preside el Consejo Federal de Política Criminal de Argentina.
Como conclusión de las jornadas, los procuradores y fiscales generales de todas las provincias manifestaron la necesidad urgente de que las justicias provinciales apliquen la desfederalización de drogas en sus jurisdicciones, puesto que se trata de una herramienta de gran valor en el combate de la venta de drogas a baja escala.
Al respecto, cabe señalar que Salta, desde primero de enero de 2014, implementó este recurso, que ataca directamente el microtráfico de drogas, y al cual, hasta el momento, solo se han adherido otras cuatro provincias: Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Formosa.
El modelo de desfederalización de Salta fue particularmente considerado como un caso de intervención exitosa de la justicia provincial contra el narcomenudeo, en razón de la cantidad de condenas que han pronunciado a partir del año 2014 los tribunales salteños, que ya llegan a trescientas de ejecución efectiva, que son aquellas en que se considera a los acusados incursos en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, un delito que tiene pena de cuatro a quince años de prisión.
“Una reacción urgente”
En un documento emitido al respecto, los Consejos Federales que agrupan a los procuradores y fiscales generales de todo el país, sostuvieron que la venta de droga al menudeo “demanda una reacción urgente” y “es necesaria una férrea y estable política de Estado sobre este tema”.
Asimismo, sostuvieron de manera contundente que “la actual gestión judicial de los delitos de tráfico de drogas en el ámbito federal conduce a la impunidad del llamado narcomenudeo o microtráfico”, puesto que la justicia federal está desbordad en esta materia.
A su vez consideraron que esta situación puede revertirse a partir de la “fortaleza” de los ministerios públicos de las provincias, ya que se encuentran mejor equipados científicamente, pues cuenta con laboratorios regionales de alta complejidad, y la capacidad de enfrentar el microtráfico.
En vista de ello, y en función del éxito obtenido a partir de de la desfederalización de drogas en las provincias que ya se adhirieron, los procuradores y fiscales generales “promueven” la aplicación de este sistema en todo el país.
También resaltaron el hecho de que “las provincias que han desfederalizado exhiben importantes logros en condenas de los venderores de drogas y no se han concentrado en la persecución de consumidores, que son convocados al proceso como testigos y no imputados”.
“Consideramos que es posible que la justicia provincial y la justicia federal ejecuten actividades coordinadas y efectivas, como ocurre en experiencias de otros países como los Estados Unidos de Norteamerica, donde se han adoptado modelos de intervención conjunta más flexibles que el vigente en nuestro ámbito, que pueden ser considerados para revisar el modelo de desfederalización Argentino.”, agregaron.
En este marco, los procuradores y fiscales generales bregaron para que “las autoridades competentes que provean el aporte económico que la ley establece de manera expresa” a fin de garantizar el desarrollo de este sistema, y por ende los resultados que del mismo se esperan.
Pronunciamiento unánime
En relación a este documento, al cual adhirieron los Consejos, López Viñals señaló que tiene “una importancia histórica”,ya que hasta el presente ningún bloque completo de autoridades implicadas directamente en la persecución penal se ha pronunciado unánimemente a favor de la desfederalización.
Asimismo, destacó que “ahora viene un largo camino por recorrer”, pues hay que trabajar para incluir a las diecinueve provincias que faltan y ciudad autónoma en la gestión judicial de la narcocriminalidad menor.
López Viñals, que preside el Consejo Federal de Política Criminal, sostuvo que lo que se ahora se espera es que el pedido“sea atendido en los ámbitos institucionales respectivos”, como así también explicó que se espera el inicio de un diálogo con las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación para fijar pautas de financiamiento que destraben el proceso de desfederalizacíon de lucha contra la el narcotráfico.
