La madre de una menor de 17 años realizó una denuncia en el mes de Abril, donde acusa a personal policial de agredir sin motivo aparente a su hija durante un procedimiento y provocar que días después se malograra su embarazo.
La Fiscalía Penal de Derechos Humanos, a cargo de Gustavo Vilar Rey, inició una investigación a partir de la denuncia radicada por una mujer en nombre de su hija de 17 años, donde da cuenta que el 17 de Abril de este año, la menor fue agredida por personal policial y que tras los golpes recibidos, días después se malogró su embarazo.
El confuso episodio se habría producido mientras el personal policial realizaba un procedimiento en barrio Democracia en procura de una persona vinculada al microtráfico de estupefacientes que intentaba huir.
Es en este marco que la joven, que cursaba el cuarto mes de embarazo habría resultado lesionada. Fue examinada en la oportunidad por un médico ginecólogo en el hospital Papa Francisco, donde le diagnosticaron que su embarazo seguía su curso normal.
La madre refiere en la denuncia que la menor tenía un embarazo de riesgo y que dos días antes del hecho había estado internada por pérdidas. Finalmente el día 4 de Mayo, tras permanecer internada en el hospital Materno Infantil, le confirmaron que la gestación se había interrumpido.
Desde la Fiscalía se recibió la declaración de la menor damnificada, fue revisada por un médico legal del CIF y se solicitó que se remita su historia clínica y los informes correspondientes al hospital Papa Francisco y al Materno Infantil a fin de ser analizadas.
Tres jóvenes fueron detenidos e imputados por un hecho ocurrido el pasado lunes en inmediaciones de barrio Democracia, donde arrebataron un celular a una mujer que esperaba el colectivo. Uno de ellos fue aprehendido en su vivienda y los otros dos intentando venderlo horas más tarde. Read more
Un hombre, su pareja y una hija de ésta, fueron detenidos e imputados tras tres allanamientos simultáneos en la zona Sudeste por vender estupefacientes. Uno de los puntos de expendio era un negocio mayorista y tenían droga en cajitas de caldo.Read more
Se centra en la experiencia personal de las participantes, promoviendo un aprendizaje que se construye a partir de sus propias historias. Se presentarán técnicas para que las mujeres puedan realizar el cambio actitudinal necesario para resignificar sus experiencias.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, presentó el «Programa de Intervención con Mujeres que atraviesan o atravesaron situaciones de Violencia en la Pareja», creado mediante la Resolución N° 1521. Bajo la dirección de las Licenciadas en Trabajo Social Silvana Lizárraga y María José Camaño, tiene previsto su inicio a mediados de abril.
Inicialmente, se implementará como Plan Piloto en los casos de violencia de género que se encuentren en trámite ante la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género Nº 4, a cargo de la fiscal Elisa Pérez, abarcando los barrios comprendidos bajo la jurisdicción de dicha dependencia. Esto incluye Solidaridad, San Ignacio, Santa Cecilia, Sanidad, Convivencia, Justicia, Santa Mónica, Democracia, Norte Grande, Siglo XXI, Fraternidad, entre otros. Está previsto que, en base a la experiencia obtenida, se haga extensible a otras jurisdicciones y, progresivamente, a toda la provincia.
El objetivo principal del Programa, es crear un espacio grupal para mujeres que han sufrido o sufren violencia de género, facilitando el intercambio de experiencias, reflexiones y aprendizajes. Esto les permitirá modificar patrones de comportamiento que las hacen vulnerables, y adquirir nuevas habilidades y recursos personales.
Para prevenir y detectar la violencia de género, el programa busca potenciar las capacidades de las participantes. Esto es fundamental para lograr un cambio actitudinal efectivo que les permita dar un nuevo significado a sus experiencias y vivencias, enfocadas en ampliar su red social de apoyo y fomentar el uso adecuado de los recursos comunitarios.
A través de talleres participativos, se brindarán herramientas para que las mujeres cuestionen ideas y creencias que hayan considerado como «naturales», promoviendo la toma de decisiones autónomas, fomentando su realización personal y la reconstrucción de sus proyectos de vida.
En esta fase, la convocatoria se llevará a cabo en el Nido “Gauchito Gil”, de Barrio Solidaridad (Etapa 5), destacando la colaboración brindada por el intendente de Salta, Emiliano Durand, con quien se coordinó para utilizar dicho espacio físico y sus instalaciones.
El Programa de Intervención con Mujeres que atraviesan o atravesaron situaciones de Violencia en la Pareja es una reafirmación del compromiso asumido por la Procuración General, que comenzó en 2018 con la presentación del Programa de Intervención con Hombres en Condena por Violencia Contra la Pareja (VCP). La experiencia acumulada en esta iniciativa, junto con la práctica profesional en Fiscalías Especializadas de Violencia de Género, resalta la necesidad de crear un espacio donde se promueva la construcción de una mujer protagonista de su propia vida y proyectos.
Especialistas, analizaron el desarrollo de estrategias con el fin de reducir la violencia y fortalecer el sistema de justicia ante los desafíos de la narcocriminalidad.
El procurador general de la provincia de Salta,Pedro García Castiella, junto a la fiscal de Graves Atentados contra las Personas del distrito judicial de Orán, Claudia Carreras, y el secretario de la Procuración, Gaspar Solá Usandivaras, participaron de las Jornadas sobre Lineamientos de la Política Criminal para la Reducción de la Violencia y el Sistema de Justicia frente a los Desafíos de la Narcocriminalidad.
Este evento, organizado conjuntamente por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Ministerio della Giustizia Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo de Italia y el BID, reunió a expertos nacionales e internacionales en un esfuerzo conjunto por abordar cuestiones críticas actuales en el ámbito de la política criminal.
Se realizaron dos jornadas, centradas en fortalecer las estrategias colaborativas necesarias para afrontar una problemática de suma importancia: la necesidad de una urgente reformulación de la política criminal, y pensar en una nueva planificación en el abordaje de la investigación de hechos provocados por las organizaciones criminales que operan a lo largo del territorio nacional, generando actos violentos de diversa índole, que incluyen homicidios vinculados al narcotráfico, así como extorsiones, secuestros, sicariato y robos.
Partiendo de la premisa crítica de que lo hecho no resulta suficiente en términos de resultados para enfrentar este desafío, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico, se destacó la importancia de un enfoque colaborativo que involucre a todos los actores pertinentes, la necesidad de insistir en una planificación coordinada y ordenada, junto a la revisión de las estrategias vigentes. Esto se debe a la comprensión de que la complejidad del crimen ha evolucionado con el tiempo, y las formas en que se comete y combate también han cambiado. Por lo tanto, resulta imperativo profesionalizar la investigación y proporcionar a fiscales e investigadores las herramientas y el conocimiento necesarios para enfrentar esta nueva delincuencia organizada en todas sus facetas. Esto incluye la formación actualizada de equipos especializados y el acceso a tecnologías avanzadas, así como la revisión y actualización de los marcos legales relacionados con delitos como el secuestro y la protección de testigos.
Un punto crucial resaltado, fue la necesidad de establecer métricas para identificar las áreas más afectadas y el contexto de estos delitos, a fin de dirigir estratégicamente las acciones y evaluar su efectividad.
Además, se enfatizó en la urgencia de reformar la gestión de los Servicios Penitenciarios para evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde las instalaciones de detención. Para lograrlo, se deben implementar medidas que garanticen que las prisiones no se conviertan en centros de operaciones criminales y que los reclusos no dirijan actividades delictivas desde su interior.
También se habló sobre estrategias de disuasión focalizada e intervención en Mercados Abiertos de Droga, así como su implementación en la ciudad de Buenos Aires.
En la apertura de la jornada, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti recordó que el año pasado en Rosario numerosos integrantes del Poder Judicial abogaron por la creación de una agencia de seguridad independiente y especializada en narcocriminalidad donde trabajen coordinadamente todos los poderes del Estado Federal. “La grieta más importante hoy es entre la sociedad y las instituciones. Se necesita una especialización de políticas de Estado para combatir el crecimiento de la narcocriminalidad”. Y destacó que “hemos dado muestras de la autodepuracion, el Poder Judicial ha sancionado y condenado dos jueces en el marco de la contaminación del narcotrafico en el Estado”.
En esa línea, Lorenzetti expresó que “hay una falta de coordinación del Estado y es lo que más me preocupa. Argentina tiene un grave problema de diseño institucional”. Y agregó que la narcocriminalidad fue creciendo en todo el país y se la debe abordar desde varios frentes, uno de ellos es trabajando sobre la prevención en donde se necesita recabar información sobre como las organizaciones criminales realizan el lavado de dinero, las actividades en la Aduana y priorizó el uso de la informática y tecnología en las investigaciones; abogó por una coordinación estrecha y colaborativa entre todas las agencias del Estado, tanto provinciales como federales, en la creación de una agencia de seguridad independiente para combatir el narcotráfico. Esta agencia debería contar con la participación de actores de la justicia y las fuerzas de seguridad, así como organismos de prevención y de lavado de activos.
A su turno, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques señaló que nuestro país se encuentra sumido en una coyuntura difícil, en la que las instituciones deben extremar los esfuerzos para implementar nuevas políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia. La sociedad reclama soluciones a problemas evidentes que perjudican seriamente su vida cotidiana. Y detalló que “el narcomenudeo no es una materia desglosada del narcotráfico: sus efectos son extremadamente dañinos en centros urbanos y barrios más pobres del país”.
Giovanni Melillo, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República de Italia señaló en tanto, que se debe tomar conciencia de que el narcotráfico es el desafío más serio y amenaza a las democracias, “existen las macromafias que son sistemas crimininales complejos, en las que las redes de cada país obran de forma coordinada y desafían la soberanía de los Estados, a veces vacían de poder a los países y hasta pueden derrotar las democracias”. Y continuó, “las macromafias usan las nuevas tecnologías para lavar el dinero y se convierten en consorcios económicos que les permite a las redes criminales tener grandes cantidades de dinero, que además apoyan el terrorismo”.
Melillo aseguró que Argentina es una de las principales vías de tránsito de estupefacientes a Europa Central y Asía. Pero también Argentina es un lugar nodal de articulación muy importante, por su tradición democrática, el prestigio de sus instituciones y la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. “El narcotrafico se debe enfrentar con estructuras de investigaciones especializadas y hay que realizar un análisis de información del patrimonio de cada país, para intervenir en el negocio tentacular que parece a veces impenetrable”.
El fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia recalcó que “no hay modo de luchar contra el narcotráfico de manera eficaz fuera del marco del estado de derecho. Los Ministerios Públicos Fiscales debemos ser el garante de las investigaciones y tenemos que contar con una policía judicial. Hoy la cooperación debe ser moderna, no limitada, hay que compartir información no solo entre estados europeos, sino también a escala internacional. Argentina es un socio muy importante y existe la cooperación ya que se puede hacer una gestión compartida de las investigaciones y también de los procesos judiciales. Es clave que se puedan realizar operativos simultáneos en distintos países en tiempo real”.
Por último Melillo hizo un reconocimiento al fiscal paraguayo Marcelo Pece, y recordó que lo mano que lo mató estaba en Colombia, pero la mano que ordenó su muerte estaba en Paraguay, en la Triple Frontera, y en países europeos también.
Luego expuso David Kennedy, director de la National Network for Safe Communities de la John Jay College of Criminal Justice, que afirmó que el narcotráfico es lo más tóxico que le puede ocurrir a una comunidad. “A partir de una investigación tradicional, así como también hablando con los integrantes de las comunidades. A los detenidos por narcomenudeo les pedimos que escuchen a los representantes de su comunidad, y les advertimos ‘salí del mercado, te vamos a apoyar y si volvés a vender te vamos a detener y llevar al fiscal en ese mismo momento’. Este método resultó muy efectivo para eliminar los puntos de venta callejeros”.
En la segunda parte del seminario se abordaron las estrategias de disuasión focalizada en la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas. Luis Ignacio Garcia Sigman, Coordinador del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos (UNODC) detalló que “el narcotráfico innova constantemente, se refleja con énfasis en el mercado de las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas que componen un mercado totalmente diverso y heterogéneo de estas sustancias”. Y advirtió que cuando hay drogas también hay corrupción y lavado de activos. Las organizaciones criminales se organizan en torno a matrices transnacionales. Para combatirlas hay que construir redes, sin cooperación interinstitucional e internacional es imposible afectar estas matrices.
Pedro García Castiella
Fiscal Claudia Carreras
Gaspar Solá Usandivaras
El Programa de Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y del Gobierno porteño explicaron la implementación de la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Nanzer, secretario general de Política Criminal y Asistencia a la Víctima MPF CABA, que sostuvo “durante la planificación de la política criminal contra la narcocriminalidad se estudió el impacto de los mercados abiertos de drogas. Son los más dañinos porque perjudican la vida de las comunidades, facilitan el acceso a personas que aún no empezaron a consumir, entonces decidimos trabajar preferentemente en ellos. Para esto, hicimos una distinción entre medidas de proactividad y reactividad del MPF. Algunas políticas de reactividad hay que mantener para dar respuestas como las Unidades de Flagrancia, pero después hay una dimensión proactiva que tenemos que profundizar”. Y explicó que “el programa Intervención en Mercados de Drogas (IMD) se utiliza para desarticular mercados abiertos drogas en los barrios. El programa se puso en marcha en 2021, la evaluación de los procesos da cuenta de que creamos un circuito de trabajo fuerte, logramos coordinar con todas las agencias del Estado que forman parte del sistema de justicia penal”.
A su turno, Cecilia Amil, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) detalló que “para la intervención de mercados abiertos en la CABA se suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno porteño y trabajamos además con la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad en zonas del Barrio 15 y de Constitución”. Además resaltó que se hizo un mapeo de narcocriminalidad de la Ciudad y se generó un proceso de trabajo, a partir de ahí impleméntanos técnicas especiales de investigación utilizando agentes reveladores propios e informantes”; especificó que “en la primera etapa trabajamos para analizar la parte administrativa de los lugares conflictivos y lograr obtener información sobre los puntos de venta. Luego se lanza la etapa judicial, en las que se hacen las solicitudes con autorización previa del juez. Y a las personas a las que se les va a dar la oportunidad, se le muestra la prueba y se le da una alternativa al proceso penal”. Asimismo, precisó que los bienes decomisados en operativos judiciales pueden utilizarse para actividades de prevención dentro de los mismos barrios, así como también pueden utilizarse para la construcción de merenderos que muchas veces se instalan en los que eran los puntos de venta de droga.
En tanto, Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Habitát de CABA explicó que “un rasgo distintivo de este proyecto tiene que ver con su carácter disruptivo, otra característica tiene que ver con la búsqueda de la articulación de diferentes agencias del Estado y quiero poner en especial en valor el trabajo del MPF con los agentes estatales”. Y continuó, “esta iniciativa produjo tres resultados que quiero enunciar y destacar : recuperación del espacio público , construcción de legitimidad pública, reivindica el accionar de la justicia y muchas personas que fueron parte de este proceso, quienes fueron señalados por este programa, están siendo parte de procesos de capacitación y de programas de reinserción laboral”.
Las jornadas concluyeron destacando la importancia de comprender que la violencia es un medio utilizado por las organizaciones criminales para alcanzar sus objetivos, y que esta violencia, relacionada con el delito y el narcotráfico, afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado y del sistema de justicia desarticularla para reducir la conflictividad en nuestras ciudades.
La Jornada Internacional ·Lineamientos de Política Criminal para la Reducción de la Violencia», se realizó el 6 de Septiembre en la Universidad de San Andrés, y la Jornada Internacional «El Sistema De Justicia Frente a los Desafíos de la Narcocriminalidad», el Jueves 7 de Septiembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires UBA.
Fueron detenidos tres hombres y una mujer e identificados dos reclusos involucrados en la venta de estupefacientes en el penal. Durante los allanamientos fueron secuestrados un kilo de marihuana, 800 dosis de pasta base de cocaína, 10 balanzas grameras y otros elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias, tres automóviles, un arma, celulares y 383.320 pesos.
En el marco de la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal de Salta, bajo la dirección del fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, fueron allanados dos pabellones de la Unidad Carcelaria 1 y seis viviendas ubicadas en los barrios Libertad, Solidaridad, Democracia, Limache, Villa Juanita y Villa Estela.
Del operativo participaron cincuenta efectivos, entre ellos investigadores del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, personal del GOPAR y SOEN.
Como resultado del operativo fueron detenidos tres hombres de 26, 33 y 34 años y una mujer de 38 años, además de identificados dos internos del penal involucrados en la causa. Durante los allanamientos fueron secuestrados más de un kilo de marihuana, 800 dosis de pasta base de cocaína, 10 balanzas grameras y otros elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias, tres automóviles, un arma, celulares y 383.320 pesos.
Desde febrero pasado, la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) lleva adelante una investigación en base a una denuncia realizada a través de la web del Ministerio Público Fiscal. A través del entrecruzamiento de información de los sospechosos, los investigadores de la Unidad de Investigación UFINAR obtuvieron elementos probatorios de actividades ilícitas en infracción a la Ley 23737.
De acuerdo a las pruebas recabadas a lo largo de los cinco meses que duró la investigación, los detenidos -que cuentan con antecedentes penales por distintos delitos- comercializaban dosis de marihuana y cocaína en distintos puntos de la ciudad. Además ingresaban sustancias estupefacientes a la Unidad Carcelaria 1, en donde dos reclusos también se encargaban de venderla.
Desde UFINAR se fijó fecha de audiencia de imputación para el lunes 14 de agosto para los cuatro detenidos y los dos reclusos.
Un conocido influencer salteño fue demorado hoy tras intentar ingresar por la fuerza al Centro Cívico Grand Bourg en el marco de una protesta.
En el día de hoy, un individuo que responde al alias “Michelo”, fue demorado por parte de la cobertura de seguridad, perteneciente a la Subcomisaría de Barrio Grand Bourg. El sujeto fue aprehendido en flagrancia tras trepar el vallado policial y arrojarse luego, para ingresar a la Casa de Gobierno incitando a la violencia a los manifestantes allí presentes y vociferando epítetos tales como “no ganaron con democracia”, “los muertos votaron”. Con posterioridad los manifestantes comenzaron a empujar la valla policial.
El móvil policial en el que debía ser trasladado, debió permanecer en el lugar hasta habilitarse su paso, debido a la presencia de manifestantes que se encontraban bloqueando el acceso.
Posteriormente, se realizó el trasladado a las dependencias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) a fines de realizar el correspondiente control médico, solicitándose la detención del mismo, al Juzgado de Garantías en turno y fijándose audiencia de imputación para horas de la tarde.
Interviene la Fiscalía penal N°1, a cargo interinamente del fiscal Gabriel González.
Se investiga el incidente para determinar los cargos precisos y llevar a cabo las acciones legales correspondientes.
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, requirió ante el Juzgado de Garantías, 4 la elevación a juicio de la causa en la que cinco efectivos policiales fueron imputados por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal.
Las imputaciones recayeron sobre el suboficial principal Andrés Sebastián Quipildor, el suboficial mayor Santos Gustavo Tejerina, los sargentos Enzo Aníbal Zerpa y Miguel Alejandro Cortez y el cabo Jorge Jerónimo García, en calidad de autores.
Del requerimiento surgió que el 30 de enero de 2020, cerca de las 21, cuando el menor víctima estaba junto a cuatro amigos sentado afuera del departamento en el que reside, ubicado en el Grupo 480 de Barrio Castañares, los acusados llegaron a bordo de un móvil de infantería, del que descendieron y se abalanzaron hacia ellos sin mediar palabras, por lo que los jóvenes corrieron asustados.
Tras alcanzarlos a pocos metros, los agarraron de mala manera y el menor damnificado gritó para que su madre lo ayudara. Si bien se resistió a la detención, al subir al móvil, lo tiraron al piso, lo que le produjo lesiones en un codo.
Una vez adentro, continuaron con el maltrato, al pegarle golpes de puño en el estómago y mientras lo tenían rodillas con los brazos hacia atrás. También le dieron cachetadas con la mano abierta y le pisaron los tobillos, mientras le decían “ahora llamá a tu mamá, maricón”.
En sus fundamentos, el fiscal penal Gabriel Alejandro González, sostuvo que los acusados desempeñando un acto funcional, acometieron con un claro exceso en sus funciones y mediante el uso abusivo de la fuerza, profirieron sendos golpes en la integridad física del menor, dejándolo lesionado, como también realizaron actos humillantes.
Violencia Institucional
La Fiscalía de Derechos Humanos recordó que la Violencia Institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le han sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático.
A fin de contrarrestar esta histórica y tolerada práctica, resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos, que permita identificar y oportunamente en consonancia con los Instrumentos Internacionales con Jerarquía Constitucional, erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícitas, máxime cuando ellas son llevadas adelantes por aquellos titulares de la función de seguridad.
Estas prácticas violentas y en estos ámbitos, han sido históricamente toleradas, por lo que se debe tener presente que en los entornos en la que se produce se advierte un aprovechamiento de una posición ventajosa, que permite una dependencia absoluta o relativa de la autoridad de las personas, que da la condición de posibilidad para el despliegue de las mismas.
El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Norte-Orán, rechazó la oposición y el cambio de calificación instada por la defensa de los acusados y ordenó la remisión a juicio de la causa en la que once efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad, fueron imputados por la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves y falsificación de documentos públicos. Interviene el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González.
De las tareas investigativas, surgió que los imputados citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo producido en el Supermercado Comodín de Orán. Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.
Con los elementos reunidos durante la investigación llevada adelante por la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, fueron imputados el oficial Enzo Anagua y los sargentos Gerardo Ricardo Páez alias “Caimán” y Carlos David Morales, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal.
El oficial Enzo Anagua también fue imputado por el delito de falsedad ideológica, en concurso real con los otros delitos endilgados, ya que en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo al Supermercado Comodín a las personas que los mismos efectivos policiales le habían dicho que incriminara.
Tras las detenciones producidas el 29 de abril, fueron posteriormente imputados el sargento Pedro Daniel Smiter y el suboficial principal Héctor Gustavo Calleja, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal, ya que los mencionados, en ejercicio de un acto de servicio, citaron a la víctima para que prestara declaración testimonial por el robo y una vez allí, con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de la autoridad competente, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante.
El accionar ilícito de los detenidos se extendió hacia el despliegue de conductas del delito de torturas, ya que infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidar al denunciante, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa.
Los actos se desarrollaron a través de múltiples golpes y la colocación en la cabeza de la víctima de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia.
Por último, fueron imputados el oficial auxiliar Pablo Ferrufino, quien se encontraba en el momento del hecho a cargo de la dependencia; el oficial Jesús Tárraga, quien se encontraba como oficial de servicio; el sargento ayudante Raúl Luna y el oficial César Pineda, quienes se desempeñaban como jefes de Guardia; y los sargentos Rodolfo Guerrero y Fredy Martínez, quienes se desempeñaban como cabos de guardia; por el delito de omisión de evitar el delito de tortura, ya que surgió del registro del libro de guardia y novedades de la dependencia policial, que estuvieron al momento en que sucedieron los hechos, sin que pudieran desconocer lo que estaba ocurriendo, porque los detenidos que se encontraban alojados en la Brigada 2, manifestaron que vieron a Páez, Calleja, Smiter y Anagua llevar a un hombre hacia la habitación de atrás que está en el patio interno de la dependencia, luego de lo cual escucharon música a alto volumen y después de ello los gritos de dolor de dicha persona.
En su condición de funcionarios públicos tenían la obligación de evitar la comisión del delito de tortura que se les endilga a los otros efectivos policiales, pero no lo hicieron.
El oficial César Pineda y el sargento Fredy Martínez, también fueron imputados por el delito de falsedad ideológica en calidad de partícipes necesarios, que concurre en forma real con el otro delito endilgado, ya que en su calidad de funcionarios públicos firmaron el acta de declaración como testigos.
A raíz de los pedidos de colaboración, la Unidad de Investigaciones del CIF llevó a cabo una serie de diligencias que permitieron identificar a los acusados y recopilar valiosa información para lograr esclarecer los hechos. Durante los procedimientos del pasado 29 de abril, fueron secuestrados el libro de guardia y un automóvil Ford K color gris, que se encontraba incautado previamente en una causa federal, entre otros elementos de interés para la causa.
Violencia Institucional
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, sostuvo que de lo recolectado durante la investigación penal preparatoria, se advierte el despliegue de una práctica de violencia institucional que corresponde erradicar mediante su sanción del sistema policial de nuestra provincia y país, tal compromiso no solo surge de la Constitución Nacional, sino de los tratados específicos de Derechos Humanos, como la Convención contra la Tortura, y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con jerarquía Constitucional, mediante su incorporación en el art. 75 inc. 22, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ley 23652).
La Violencia Institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le han sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático.
Por ello, se advierte que a fin de contrarrestar esta histórica y tolerada práctica, resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos, que nos permita identificar y oportunamente en consonancia con los Instrumentos Internacionales con Jerarquía Constitucional, erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícitas, máxime cuando ellas son llevadas adelantes por aquellos titulares de la función de seguridad.
Estas prácticas violentas y en estos ámbitos, han sido históricamente toleradas, por lo que se debe tener presente que en los entornos en la que se produce se advierte un aprovechamiento de una posición ventajosa, que permite una dependencia absoluta o relativa de la autoridad de las personas, que da la condición de posibilidad para el despliegue de las mismas.
Téngase en cuenta que la violencia institucional referida, conlleva un plus de reproche por cuanto son cometidas por funcionarios públicos que, por sus responsabilidades y deberes, se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer uso de la fuerza pública, el que debe ser racional, y cuya práctica contraria se transforma en violatoria de derechos humanos elementales por parte de los miembros del Estado y que como ya se dijo se advierte en la presente causa.
Y es pertinente traer a colación un párrafo del Considerando en la Sentencia “Bulacio Vs. Argentina” en sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “De ahí la importancia de la realización de la justicia. Contra los actos de violencia violatorios de los derechos humanos se erige el orden jurídico (nacional e internacional), para asegurar la prevalencia de la justicia y, de ese modo, extender satisfacción a las víctimas (directas e indirectas)”.
En el marco del Bicentenario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, este jueves a las 17, el Ministerio Público Fiscal realizará un homenaje al Héroe Nacional. Se realizará en barrio El Huaico, donde será emplazado un busto en su honor y con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado. El homenaje contará con la Banda Los Infernales y desfile de 21 agrupaciones y fortines gauchos
El homenaje del Ministerio Público en conmemoración de los
200 años del fallecimiento del Gral. Martín Miguel de Güemes, se centrará en la
fecha conmemorativa de hoy, ya que el 6 de mayo de 1815, el Cabildo de Salta y a
petición del pueblo de la ciudad, designó a Güemes «Gobernador de la
Intendencia de Salta», que entonces, comprendía las actuales provincias de
Salta y Jujuy y la región boliviana de Tarija.
Luego de la entonación de himnos por parte de la Banda Los
Infernales, será emplazado el busto del General Martín Miguel de Güemes y se
escucharán palabras alusivas del coordinador de la Comisión Provincial del
Homenaje al Héroe Nacional, Alberto Barros; de la presidenta de la Academia
Güemesiana de Salta, María Irene Romero y del procurador general, Abel Cornejo.
Las actividades concluirán con el desfile de gauchos que
protagonizarán la subcomisión Damas Gauchas de la Agrupación Tradicionalista
Gauchos de Güemes, del Centro Tradicionalista Campo Castañares, de la Agrupación
Gaucha Juan Carlos Dávalos, del Escuadrón Calixto Gauna La Peña y los fortines Santiago
Morales, Patria y Tradición, Martina Silva de Gurruchaga, Dr. Julio Cornejo
Campo Santo, Poncho Marrupe, Agustín Pascual Urquiza, Antonio López, El Tuscal
de Velarde, Potrero de Castilla, Batalla de Suipacha, Los Yacones, Pachi
Gorriti, San Francisco de Asís, Argentino Aybar, La Calderilla, 16 de Abril y Estrella
Tercera Defensa de Salta.
Asistirán el gobernador, Gustavo Sáenz y el vicegobernador, Antonio
Marocco; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; la asesora
General de Incapaces, Mirta Lapad; el defensor General de la Provincia, Pedro
García Castiella; la intendenta de la Ciudad, Bettina Romero; autoridades provinciales y municipales, legisladores
y público en general
El acto será en la plazoleta de avenida Democracia y calle
M, de barrio El Huaico, a partir de las 17.
La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a los agentes William Emanuel Arce, Cristian Ríos, Cristian Salva y Diego Almeda, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.
Las actuaciones iniciaron tras la denuncia radicada por la víctima en la Comisaría 1 de la Ciudad de Salta, donde expresó que en la noche del 2 de agosto de 2018, estaba afuera del Hospital Papa Francisco y cerca de un camión donde realizaban la entrega rápida de DNI, y que en un momento se le acercó un policía que cuidaba del vehículo.
Cuando el denunciante le preguntó sobre el horario de atención, el uniformado le contestó «qué puta te importa», a lo que el denunciante le respondió «qué te pasa a vos, gil», tras lo cual, ingresó al vehículo en el que estaban su amigo y su hermano. Seguidamente, apareció un móvil policial cual que descendieron cuatro uniformados, y a los pocos minutos llegó otro móvil, al que se sumó el primer policía.
En ese momento, abrieron la puerta del vehículo y sacaron al denunciante por la fuerza, a quien tiraron al piso, esposaron y patearon. Posteriormente, lo subieron en la caja de uno de los móviles, donde uno de los uniformados le pisó la cabeza y otro, la rodilla.
El denunciante también expresó que le tiraron gas pimienta y que su hermano y su amigo fueron subidos a otro móvil. Además, relató que primero fue llevado a la Comisaría de barrio Solidaridad, donde pararon unos minutos y que luego fue trasladado a la dependencia de Democracia, donde le volvieron a pegar.
Más tarde, fue llevado al Centro de
Contraventores, donde lo examinó un médico que lo derivó al Hospital San
Bernardo y luego fue ingresado en la Alcaidía General de la Provincia.
En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, destacó que el deber del personal policial es mantener el orden público y el resguardo físico y psíquico de las personas, por lo que se evidenció una actitud totalmente contraria y también la autoría responsable del hecho endilgado, ya que con su accionar, los acusados provocaron lesiones al damnificado, a quien oprimieron con medidas arbitrarias.
Tales conductas se agravan por la calidad especial que revisten los sujetos activos, quienes al ser funcionarios policiales, debían resguardar dicha integridad.
Por otra parte, la fiscal requirió el sobreseimiento del agente Paulo Tiziano Zenteno, luego de que no surgiera su participación en los hechos investigados.
El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó a cuatro personas acusadas del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda.
Se trata de Juan Carlos Alberto Bulacio Pereyra, de 36 años y José Matías Ángel, de 33, señalados como autores materiales; Braian Nicolás Liendro, de 18 años, imputado como autor intelectual y Jennifer Abigail García, también de 18, acusada de encubridora.
Las actuaciones de la fiscalía iniciaron tras la denuncia de la víctima, una comerciante de joyas, quien indicó que el 19 de mayo la citaron en una dirección de barrio Bancario para vender oro y que mientras esperaba, tres hombres armados llegaron en una moto, la agredieron violentamente y le sustrajeron un bolso con objetos personales y la suma de $ 60.000. También le arrancaron una cadena de oro del cuello y escaparon.
Diversas tareas investigativas permitieron determinar que se trataba de una banda delictiva integrada por cinco personas, tres de los cuales cumplieron una condena por delitos contra la propiedad y que recuperaron la libertad.
Tras reunir los elementos de prueba, se realizaron ocho allanamientos en domicilios ubicados en los barrios Democracia, Santa Ana, Castañares, Ampliación Parque la Vega, Juan Calchaqui y Manantial Sur, de la Ciudad de Salta, que permitieron la detención de Juan Carlos Alberto Bulacio Pereyra, José Matías Ángel, Braian Nicolás Liendro y Jennifer Abigail García.
En los procedimientos se logró el secuestro del teléfono celular con el que contactaron a la víctima, vestimenta utilizada al momento del atraco y la cadena de oro sustraída que fue reconocida por la víctima en fiscalía y le fue devuelta.
En tanto, continúa la investigación para dar con otra persona que estaría vinculada.
Se trata de una serie de medidas preventivas que la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ordenó en el marco de un amparo. Las demandadas: la Provincia, Municipalidad de Salta, Aguas del Norte y la firma Néstor Marozzi S.A. debían ejecutar acciones para evitar el avance de las aguas sobre las viviendas ubicadas en las márgenes del río.Read more
El fiscal de Cámara, Civil, Comercial y Laboral, Ramiro Michel Cullen, solicitó que los organismos públicos imputados y la empresa Néstor A. Marozzi S.A. sean condenados a cumplir con “las obras y acciones” tendientes a resolver los problemas de “inundación, limpieza y contaminación, y reubicación de las familias asentadas en zonas de riesgo”.Read more
