Según surge de la investigación que llevó a la fiscal penal 5, Gabriela Buabse, ha formalizado hoy una grave imputación penal contra los ochos policías detenidos ayer en un procedimiento antidroga, los acusados habían conformado una asociación ilícita que tenía como objetivo brindar protección a una familia de narcos de barrio Alta Tensión, como así también sacar del negocio a sus competidores a fin de acaparar el mercadode venta de estupefacientes.
Las acusaciones contra los ocho efectivos que integran el Sector 5 de la División de Drogas Peligrosas, detenidos ayer poco después de las 11 entre la calles San Martín y Mendoza y San Juan al 2000, fueron formalizadas esta tarde en la sede de la Fiscalía Penal 5, en calle Paraguay, al lado del Centro Cívico Municipal.
Al respecto, la fiscalía informó que las imputaciones se realizaron contra el subcomisario, Ricardo Enrique López; el oficial auxiliar, Daniel Vizgarra; el sargento ayudante, Rafael Siares; el agente, Sergio López; la sargento ayudante, Nancy Bruna; el cabo, Pedro Gustavo Carrizo, Carlos Alfredo Erazo y el cabo, Javier Ramón Costilla.
Asimismo, fueron imputados Sandra Elizabeth Serrudo y su hijo, Alfredo Thiz. Estos dos junto a los policías fueron imputados por los delitos de “asociación ilícita” y “confabulación”, cuyas penas, según lo establecido en el Código Penal y en la Ley 23.737, de drogas, ascienden a los 16 años de prisión.
Por otra parte, los policías también fueron imputados por los delitos de “Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización Doblemente Agravado por la Participación de tres o más personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos”, “violación de secretos”, “omisión de los deberes del oficio”, “tenencia simple de estupefaciente” e “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
Investigación preliminar
Al respecto, la fiscal explicó que la fiscalía dispuso dichas calificaciones penales a partir de la investigación preliminar que se llevó adelante, la cual se inició a partir de una intervención telefónica a la acusada Serrudo, de quien existían serias sospecha de su actividad como vendedora de drogas en barrio Alta Tensión.
Buabse explicó que las pesquisas fueron llevadas adelante por personal de la Delegación Salta de la Policía Federal, y que de las primeras escuchas obtenidas se pudo establecer que efectivamente Serrudo se dedicaba a la comercialización de drogas, como así también que contaba con protección policial de efectivos del Sector 5 de drogas Peligrosas.
El hecho de que el personal policial imputado brindaba protección a la boca de expendio de drogas que explotaba Serrudo en su vivienda, ubicada dentro de la jurisdicción territorial asignada a los acusados para combatir la venta de estupefacientes, surgió de diversas pruebas, entre ellas las intervenciones telefónicas y mensajes de textos.
Protección
Según informó la fiscal, los acusados se encargaban de que Serrudo “desarrollara sus tareas de comercialización de estupefacientes, sin contratiempos”. En ese sentido, Buabse deslizó que, entre otras maniobras, los acusadosponían en aviso a Serrudo cuando se iba a realizar un procedimiento en su vivienda a fin de que no tenga sustancias en el inmueble.
La protección, aludida por la fiscalía en su hipótesis criminal, no sólo se daba con los avisos previos a procedimientos, sino también los acusados velaban a fin de identificar a otros policías, ya sea de la propia fuerza o de otra, que merodeaban la casa de Serrudo.
De esta manera, explicó la fiscal, está probado que los policías conformaron una asociación ilícita mantenida en el tiempo, pues no se trata de un hecho aislado, sino de un accionar que, según las escuchas, era de larga data y del cual participaban todos los policías imputados.
En este sentido, la fiscal sostuvo que si bien Carrizo era el nexo más expuesto, dada su relación sentimental con Serrudo, afirmó que existen pruebas de que el resto de los policías acusados no sólo estaban al tanto, sino tomaron participación en las acciones de protección a favor de Serrudo.
Monopolio
Por otra parte, Buabse explicó que la “connivencia del personal policial con Serrudo y su actividad ilegal” llegó al punto tal que los acusados “realizaban registros domiciliarios” en las viviendas de otras personas que se“dedicarían también a la venta de estupefacientes” en ese mismo territorio.
El objetivo, agregó, consistía en reducir, mediantes estas maniobras, las otras “bocas de expendio” en beneficio de la que los acusados protegían, con lo cual la comercialización de drogas quedaba en manos de una sola persona: Serrudo.
Una prueba de ello, explicó la fiscal, es que el día en que los policías fueron detenidos se dirigían a realizar un allanamiento en la casa de un competidor de Serrudo, quien les había proveído la droga para “plantar” en la casa que pretendía allanar.
Para poder concretar esta acción, los acusados, encabezados por el subcomisario, solicitaron la orden judicial respectiva al Juzgado de Garantías 4, para lo cual aludieron tener pruebas de la supuesta venta de droga en dicho lugar, el cual fue allanado tras la detención de los efectivos, pero no se secuestró drogas.
Asimismo, la fiscal señaló, entre otras irregularidades, el hecho de que los policías llevaban droga en dos móviles policiales, varios teléfonos celulares y otros elementos, previo a dar cumplimiento a una orden de allanamiento para lograr el secuestro de estupefacientes.
Sólo declaró el subcomisario
Luego de seis horas, la fiscalía por concluida la jornada de audiencias de imputaciones. De los diez acusados, sólo prestó declaración indagatoria el subcomisario López, quien sostuvo que llegó al grupo de trabajo del Sector 5 hace pocas semanas y aseguró desconocer el accionar de sus compañeros.
López negó estar implicado en las acusaciones realizadas por la fiscalía. Todos los acusados declararon en presencia de sus respectivos abogados, tanto particulares como de la defensa pública. Una vez finalizadas la audiencia, la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 2, a cargo del juez, Ignacio Colombo, la mantención de la detención de los diez acusados. Asimismo, se dispusieron otras diligencias procesales a fin de proseguir con el trámite de la causa.