Se trata de once policías, incluido el jefe de la dependencia. La Fiscalía de Derechos Humanos pidió que sean juzgados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas, favorecimiento culposo de evasión, falsedad ideológica y encubrimiento. Las imputaciones giran en torno a la detención de un joven, quien resultó con graves lesiones.
La investigación penal que derivó en la imputación de cinco delitos en contra de los policías que conforman la dotación de la subcomisaría de Aguaray se originó a partir de la denuncia de Gustavo Daniel Cuellar, un hombre de 35 años que resultó con lesiones graves en su cuerpo, incluso desfiguración del rostro a causa de una serie de incidentes ocurridos tras ser detenido.
Por este hecho, denunciado el 21 de agosto del año 2015, la fiscalía de Derechos Humanos, a cargo del fiscal, Gustavo Vilar Rey, abrió una causa penal que poco a poco reunió los elementos de pruebas suficientes que derivaron en la imputación penal y el requerimiento de juicio para los once policías de la subcomisaría de Aguaray.
Cuellar, vecino del barrio Tuyunti, llegó derivado del hospital de la ciudad de Tartagal en grave estado, con diversas lesiones, pero sobre todo en el rostro y cráneo. Luego de unos días de recuperación, reveló que el 9 de agosto de 2015 había jugado un partido de fútbol en su pueblo, tras lo cual se dirigió a la casa de un amigo.
Contó que posteriormente, ya en la madrugada, surgió una discusión con sus amigos, por lo que fue golpeado en la vereda de dicha vivienda, tras lo cual la policía lo detuvo y lo trasladó hasta la dependencia, donde los policías siguieron dándoles golpes en el patio interno.
Cuellar reconoció que si bien había ingerido bebidas alcohólicas, no estaba ebrio, por lo que recordó que los policías los incitaban a pelear “si era machito”, pero que no reaccionó. Dijo que ya había caído preso por estar alcoholizado, pero que no fue agredido de esa manera.
Dado los fuertes golpes recibidos, Cuellar, que estaba descalzo, optó por darse a la fuga, puesto que lo había dejado sin esposas, así que ascendió por una torre hasta el techo, para luego lanzarse por una pared lateral, cayendo a la vereda, donde fue recapturado.
Graves lesiones
Contó que los policías volvieron a meterlo en el calabozo, y que recién lo llevaron para su atención médica en horas de la mañana, siendo derivado al hospital de Tartagal y de allí a esta capital, pues entre tras lesiones, presentaba fractura del maxilar inferior y pérdida de piezas dentarias.
A partir de este relato, el fiscal Vilar Rey inició una serie de diligencias en busca de establecer lo ocurrido con Cuellar con intervención del juzgado de garantías 8. En ese marco, se tomaron numerosas declaraciones testimoniales, peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizaron informes sobre las lesiones sufridas por la víctima, se realizó inspección en la dependencia y se secuestró documentación, entre otras medidas procesales.
Las imputaciones penales
Del análisis de estas actuaciones, la fiscalía determinó imputarle los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas a los siguientes efectivos: oficial subayudante, Claudio Cruz Paz; sargento, Gustavo Gómez; sargento, Aldo Sánchez; agente, David Segundo; subcomisario, Jorge Marcelo Frías y el sargento oficial principal, Roque Mamani.
El fiscal, en su pedido de juicio, sostuvo que estos efectivos “actuaron con arbitrariedad” al privar de su libertad a Cuellar. Asimismo, afirmó que “el damnificado fue detenido en la vía pública, que el mismo estaba lesionado y no fue trasladado a un médico para que lo revisaran, que lo llevaron a la sede de la comisaria sin poner inmediatamente en conocimiento de autoridad competente la demora del mismo.”.
Agregó que, según el libro de guardia, el detenido ingresó lesionado a la dependencia a las 4 de la madrugada del 9 de agosto de 2015, pero recién se realizó consulta judicial al respecto a las 7.30, sin poner en conocimiento de que el detenido presentaba lesiones de gravedad.
La fiscalía imputó también a estos policías el delito de vejaciones agravadas, pues agredieron a Cuellar dentro de la dependencia. A raíz de ello, la víctima resultó con lesiones, condición que “se encuentra acreditada por certificados médicos” de personal del CIF.
Para el fiscal, los policías incurrieron también en el delito de “favorecimiento de evasión culposo”, pues dejaron al detenido en el patio de la dependencia, sin la seguridad requerida, o sea esposado o dentro de una celda, lo que favoreció la fuga que Cuellar protagonizó luego.
En el caso del policía Mamani, la fiscalía le imputó el delito de “falsedad ideológica”, ya que sería “autor” de un informe de relevancia en el que se insertaron “actos accesorios falsos” respecto a lo ocurrido con el detenido.
“Actos humillantes”
Por otra parte, el fiscal imputó y requirió el enjuiciamiento de las suboficiales: Valeria Sosa, Virginia Vera, María Figueredo, Marta Rivero y Claudia Vaca por los delitos de vejaciones y encubrimiento. Para la fiscalía, las acusadas “habrían propiciados actos humillantes a Cuellar cuando se encontraba tirado en la verdea de la Comisaria luego de caer por la pared, poniendo el pie encima del cuerpo, no asistiendo al mismo quien se encontraba gravemente herido lo que se encuentra corroborado por los testigos presenciales del hecho.”.
Asimismo, el fiscal señaló que las imputadas “habrían procedido a lavar la vereda donde se encontraban los rastros de sangre del damnificado Cuellar ocultando de esta manera o haciendo desaparecer rastros o prueba del delito.”.
En vista de ello, Vilar Rey giró a la jueza de garantías 8, Claudia Puertas, el requerimiento de juicio a fin de que la causa sea elevada al Tribunal de Juicio para el juzgamiento de los policías por los delitos imputados en perjuicio de Cuellar.