A poco más de un mes de la detención del principal imputado por la adjudicación ilegal de lotes en el barrio Parque La Vega, las denuncias, que ya suman más de, no cesan de agregarse al expediente penal. La fiscal penal, Mónica Poma, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo del caso, confirmó que los acusados, entre ellos el ex subsecretario de Tierra y Hábitat, Diego Barreto, integraban una asociación ilícita que tenía como objetivo obtener lucro o apoyo político.
La investigación penal, en la cual se encuentran involucrados otras cinco personas más, entre ellas otro ex subsecretario de Tierra y Hábitat, Rodrigo Diez y un empleado, Roberto Nellenssen, sigue a paso firme en la Fiscalía de Delitos Económicos, pues se confirmó el pedido de prisión preventiva para tres de los acusados, como así también se amplió la imputación penal.
Esteban Clemente, Cintia Martínez y Nelson Salazar, sindicados como intermediarios y punteros políticos, son los otros imputados en la causa. Sobre ellos, como al igual que Barreto, Nellensen y Diez, pesan los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales, los que prevén penas de hasta diez años de prisión.
De los seis acusado, cuatro: Barreto, sindicado como “Jefe” de la organización ilícita, Salazar y Clemente se encuentran detenidos. La fiscalía sigue adelante con distintas diligencias, entre ellas se ordenó el peritaje de las computadoras secuestradas y testimoniales, durante los allanamientos realizados en varios domicilios y dependencias de Tierra y Habitat, en los primeros días de marzo pasado.
Asimismo, en la fiscalía se trabaja sobre documentación aportada oportunamente por el actual subsecretario de Tierra y Hábitat, Ángel Sarmiento.Este organismo es el encargado de la distribución de lotes fiscales en la provincia.
La investigación sigue su curso, pues aún resta analizar numerosas denuncias y documentación. En este marco, la fiscal penal, Mónica Poma, quien resaltó la tarea de los policías de la División Delitos Económicos, de la Brigada de Investigaciones, quienes tuvieron participación en varios procedimientos.
En la causa interviene el juzgado de garantías 5, a cargo del juez, Héctor Martínez, con quien la fiscalía llevo adelante una tarea coordinada respecto a las diligencias necesarias en busca de esclarecer lo sucedido con el loteo en el barrio Parque La Vega. En este sentido, la fiscal, Poma ahondó respecto a ciertos aspectos de la investigación en la siguiente entrevista:
– ¿Cuál era la maniobra utilizada por los acusados para sacar provecho de los vecinos que buscaban tener su propiedad?
– Básicamente la Fiscalía considera preliminarmente que a la gente con necesidades habitacionales se les prometía el terreno a cambio de apoyo político o bien se les exigía el pago de determinadas sumas de dinero, en algunos casos importantes, plata que los damnificados pagaban a los intermediarios, quienes señalaban al ex subsecretario, Diego Barreto, como la persona que requería ese apoyo para tramitar la adjudicación de un lote.
– Dentro de la acusación de “asociación ilícita”, ¿cuál era la función de Barreto?
– Para la fiscalía, el ex subsecretario ejercía la función de “jefe” de una asociación, cuyo objeto era el de concretar hechos ilícitos dirigidos a aprovecharse de la necesidad habitacional de los vecinos, utilizando para eso las funciones y acceso que el cargo que tenia le permitía.
– Entonces, ¿cuál es la imputación para los otros acusados?
– Los demás imputados son para la Fiscalía partícipes de una asociación ilícita, pues todos actuaban coordinadamente para lograr aquel objetivo. Tanto los que eran integrantes de la subsecretaría como los que hacía de “intermediarios” con la gente. No se trata de hechos aislados o que hayan sido cometidos por actores desconocidos el uno del otro, sino de un andamiaje que estaba conectado.
– ¿Se pudo establecer la cantidad de denuncias realizadas?
– Este es un caso que llamó mucho la atención, casualmente, por la cantidad de denunciantes, pues hasta la fecha se siguen recibiendo denuncias de personas que señalan haber sido estafados o engañados por este mismo grupo de acusados en muchos casos y otras que señalan diferentes maniobras que están siendo investigadas. La fiscalía tiene recibidas más de 300 denuncias que están siendo analizadas. Se recibieron algunas en dependencias policiales y la mayoría en la sede de la Unidad de Delitos Económicos.
– ¿Qué tan complejo es la tarea que le cabe a la fiscalía para determinar el accionar de esta banda?
– Al tratarse de un accionar coordinado de varias personas, que cumplían roles específicos y distintos la investigación es esencialmente compleja, se tuvo que hacer un intenso y minucioso trabajo de análisis de documentación y distintos testimonios para poder descubrir cómo se operaba. Para ello, y desde que se inició la investigación, la fiscalía dispuso diversas medidas a fin de poder asegurarse los elementos e indicios necesarios para ello, como ser allanamientos y secuestro de documentación. Por otro lado se han pedido informes a distintos organismos, entre ellos la subsecretaría de Tierra y Hábitat. Cabe mencionar al respecto que el actual titular de ese organismo, Ángel Sarmiento, se presentó en la fiscalía de manera espontánea y entregó una importante cantidad de documentación, lo que obviamente sirve para poder continuar con el análisis.
– Al momento de prestar declaración, ¿algunos de los acusados reconocieron su responsabilidad en los hechos?
– Al respecto solo puedo señalar que desarrollaron argumentos que forman parte de su propia estrategia defensiva, negando la imputación que se le formulara.
– ¿Se puede decir que la investigación se cierra solamente en estos acusados?
– Eso todavía es muy prematuro asegurar, pues aún hay medidas de pruebas en trámite, como las pericias a las computadoras secuestradas y otras diligencias más, así que no se descarta nada.