Para la fiscal penal, Gabriela Buabse, el sindicalista actuó acompañado de numerosos manifestantes para lograr “mayor poder de amedrentamiento y asegurarse impunidad”. Desde hoy, Serrudo y los otros imputados deberán presentarse en la fiscalía penal 5.
Hasta el momento, la fiscalía recibió diez denuncias de empleados municipales, de las cuales siete se refieren a los incidentes ocurridos en las instalaciones del Centro Cívico, mientras que las restantes son de trabajadores y funcionarios del Tribunal de Cuentas, como así también de la encargada de la galería Mitre, donde funciona este órgano de contralor, y donde también se registraron destrozos.
Buabse explicó que los denunciantes, cuyas identidades se mantiene en reserva ante el temor a ser blanco de represalias, fueron coincidentes en señalar a Serrudo como la persona que “encabezaba” el grupo de manifestantes que irrumpieron de manera violenta, tanto en el Centro Cívico como en el Tribunal de Cuentas.
“Las personas que denunciaron fueron coincidentes en sostener que el imputado Serrudo era quién daba órdenes al resto”. Explicó que los manifestantes generaron mucho miedo, pues avanzaron armados con palos, banderas, con fuegos de artificio y a su paso, causaron destrozos e incluso agredieron a dos mujeres.
Buabse sostuvo que entre los imputados hay, al menos, dos mujeres ya identificadas. Se trata de Zulma Medina y Marisa Orosco, como así también otros sujetos que fueron reconocidos por los empleados, pues se desempeñarían en otras áreas del municipio, como en la Dirección de Tránsito.
Por estos incidentes, la fiscal imputó a Serrudo, Marcelo Gamboa, Pablo Orozco, Oscar Orozco, Roberto Garnica, Lucas Arce, entre otros. Los delitos por los que se los acusa son los de incitación pública a la violencia, daños agravados, amenazas, compulsión coactiva, atentado a la autoridad, lesiones leves y robo agravado, en grado de tentativa.
Fundamentos
Al momento de argumentar la acusación penal contra Serrudo y los otros imputados, Buabse sostuvo que “el grupo de personas encabezadas por Alberto Pedro Serrudo ingresó violentamente -arrojando bombas de estruendo, petardos, portando palos- dentro de las instalaciones del Centro Cívico Municipal, incitando los causantes a la violencia dentro de las instalaciones municipales, en perjuicio de quienes desarrollaban normalmente su labor diaria y el normal desarrollo de la administración pública”.
Agregó que “en ese contexto violento, y en una secuencia ininterrumpida, provocaron daños a bienes que integran edificios públicos, prestando con los mismos un servicio para la comunidad; lesionando y amenazando a diversos empleados de las distintas oficinas municipales. Todo esto en miras de compeler coactivamente –en contra de su voluntad- a quienes no formaban parte de la protesta y a quienes no eran miembros de la asociación sindical liderada por el imputado Serrudo a tomar parte de la misma.”.
Por otra parte, señaló que el propio Serrudo incurrió en el delito de amenazas, pues “efectuó anuncios de hacer sufrir un mal grave futuro e inminente, con carácter compulsivo, y con la finalidad de compeler a la víctima (Sokrates Papoutsaskis), a hacer abandono de su lugar de trajo, atacando así, la libertad del funcionario público”.
Buabse indicó que todo esto sucedió “en un contexto de violencia generalizada en la oficina amparado además por el numeroso grupo de personas que lo acompañaban y aseguraban su impunidad y poder de amedrentamiento”. Los disturbios causados, a criterio de la fiscal, “ha generado una notable conmoción social y en particular, en los empleados municipales”.