A pesar del alto grado de conflictividad que existe en esa zona, el funcionamiento de una fiscalía penal, ubicada a pocas cuadras, permitió a la justicia actuar más de cerca y con mayor rapidez, lo que generó confianza en los vecinos a la hora de denunciar esta actividad considerada ya un flagelo dentro de la sociedad.
En los últimos años, la zona Sudeste de la ciudad se convirtió en un área de alta conflictividad en materia delictiva, y ante el número creciente de hechos, la descentralización del Ministerio Público Fiscal llevó a ese lugar, fiscalías penales que trabajan para actuar frente al delito.
En ese marco, y como política criminal, la Procuración General ha priorizado la necesidad de que los fiscales penales estén cerca de la gente en esa ardua tarea de lograr la tranquilidad en el vecindario. Este programa de descentralización se aplicó tanto en la capital, como en las localidades del Valle de Lerma y en el interior de la Provincia.
La fiscalía penal en esa zona, hoy a cargo de Santiago López Soto, funciona desde el 16 de junio de 2014 en la planta alta del edificio que ocupa la Comisaría Cuarta, y tiene jurisdicción en el acceso a la ciudad de Salta, Parque Industrial, Villa El Sol, Juanita, Lavalle y zonas aledañas, donde los hechos delictivos no dan tregua y se encuentran vinculados en su mayoría al consumo y venta de estupefacientes
A los seis meses de su creación, los delitos contra la propiedad bajaron en un 30 % en la zona, donde se destaca, por sobre todo, una gran cantidad de hechos vinculado a la venta al menudeo de estupefacientes, casos que son como un disparador para otros tipos de delitos.
Al respecto, cabe señalar que a los pocos meses de habilitada la fiscalía, se logró neutralizar al principal vendedor de drogas al menudeo en la zona. Se trata de Abel Gallardo, quien fue llevado a juicio por el fiscal, Ramiro Ramos Ossorio, y condenado a una pena de seis años de prisión.
Por otra parte, López Soto reconoció como positivo la creación de un Centro de Mediación que funciona en la fiscalía y que vino a descongestionar la gran cantidad de casos pasibles de ser resueltos por esta vía, que a diario se presentan y que se traducen en la pacificación de la zona y la economía procesal.
– La jurisdicción de su fiscalía es amplia y dada la conformación socio cultural y económica, presenta diversos focos de conflictividad. ¿Cuál es la zona más compleja?
– Hay diversos sectores con alto nivel de conflictividad pero donde el personal de policial se encuentra con mayor dificultad para realizar sus tareas es en la denominada “la laguna” que está situada en Villa 20 de Junio, en un predio baldío donde se refugian malvivientes y adictos.
– ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en su jurisdicción y qué relación tienen con la venta y consumo de estupefacientes?
– Los delitos más usuales son los derivados de microtráfico y los delitos contra la propiedad. En los primeros, hay lugares emblemáticos como 20 de Junio y Lavalle pero se da en general en toda la jurisdicción. En los segundos, se dan casos desde hurtos, modalidad motochorros, y robos con armas. Sin hablar con una estadística, se puede decir que hay una alta relación entre la comisión de delitos y la venta y consumo de drogas.
– ¿Cuál es el principal inconveniente con el que se encuentran a la hora del combate del microtráfico?
– La principal problemática es la dinámica de la modalidad delictiva, ya que si bien la modalidad de venta en su mayoría es en la vía pública o a través de boca de expendio, quienes venden y consumen, permanentemente buscan burlar a la ley ideando formas para no ser encontrados en flagrancia. La venta en la vía pública es la más compleja a la hora de la prueba.
– Además de estos delitos más frecuentes, sin duda la conflictividad se traduce también en delitos que pueden ser solucionados a través de la mediación.
– Si, la creación del Centro de Mediación del Ministerio Publico trajo descongestionamiento a la tarea de la fiscalía, ofreciendo que en casos donde la ley lo permita y las partes estén de acuerdo, el conflicto se solucione en forma rápida y con la conformidad de ambas partes. Esto trae tranquilidad a las relaciones vecinales y genera economía procesal.