La inspección a los diferentes centros de detención de la ciudad de Salta se concretó para conocer el estado general en diferentes aspectos vinculados con las condiciones de la población carcelaria.
En el marco de lo dispuesto por Ley provincial N° 7839, conjuntamente con resolución de la Procuración General de la Provincia, la fiscal de Derechos Humanos, Claudia Geria, en representación del Ministerio Público Fiscal, hizo efectiva durante el mes de octubre, la visita periódica a los diferentes penales de la ciudad de Salta.
El recorrido de inspección incluyó la Unidad Carcelaria N° 1, Unidad Carcelaria N° 4, Centro de Personas con Medidas de Seguridad, Alcaidía y Centro de Detención de Menores en conflicto con la ley penal.
El propósito de estas visitas periódicas es el de constatar tanto las condiciones de reclusión, incluyendo aspectos edilicios y la higiene de los detenidos, como el trato que reciben por parte del personal en cada centro.
La fiscal de Derechos Humanos, lleva a cabo entrevistas con los internos, a fin de tomar conocimiento sobre las causas en los casos en que los interesados manifiesten querer acceder a la misma. También, se interioriza sobre los motivos de derivaciones a hospitales de algunos penados.
Durante la visita, la fiscal Geria, acompañada de su equipo, mantuvo entrevistas con los jefes de pabellones con el propósito de recopilar información para un informe posterior que será presentado al Procurador General.
El protocolo establecido para estos casos, establece que, ante denuncia que se presentan, por parte de algunos de los internos, se procede a la toma de datos, juzgado interviniente y, de corresponder, se los cita a fiscalía para prestar declaración o radicar denuncia.
Cabe destacar que durante la asistencia a los diferentes centros de detención, se llevaron a cabo diversas verificaciones, que incluyeron aspectos como la capacidad real del centro en comparación con el número de detenidos; los casos de adopción de medidas de fuerza y motivos que las generaron; la identificación de reclusos que han recibido sanciones disciplinarias y las razones detrás de estas, como también la atención a internos que padecen alguna discapacidad; casos de presentación de recursos de Hábeas Corpus; régimen de alimentación; personal médico, psicológico y psiquiátrico disponible para asistencia a los penados; población LGBTIQ+; dictado de talleres, entre otros.
Cabe recordar que la Ley N° 7839 fue promulgada en septiembre de 2014 y, transformó las fiscalías denominadas de Causas Policiales y Penitenciarias, en Fiscalías de Derechos Humanos. En el inciso b) del artículo 2° establece que dichas fiscalías tendrán a su cargo la inspección de lugares de detención, conforme al programa que establezca la Procuración General de la Provincia.