Así lo consideró el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, durante la apertura Primer Encuentro Interprovincial sobre “La revictimización de la Infancia – Políticas de Protección y Procedimientos Judiciales en Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes”. Cornejo instó a una reacción ética de la sociedad y el necesario convencimiento de los tres poderes del Estado en prevenir, sancionar y erradicar el abuso sexual infantil.
Cornejo consideró que “la dignidad de la sociedad se basa en la protección de las niñas, niños y adolescentes, porque ellos son nuestra continuidad” y advirtió que si no los protegemos “tendremos un futuro caótico, sin haber solucionado las heridas lacerantes del abuso sexual infantil que humillan a la sociedad”. En ese sentido, citó a una especialista forense e invitó a pensar que “si se comete un abuso y la sociedad no se siente integralmente abusada, no habrá reacciones éticas de la contundencia necesaria para revertir los hechos aberrantes”. Entonces, insistió en destacar la tarea del procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, por lograr la condena en el caso de las atrocidades sexuales cometidas por religiosos a alumnos sordomudos e hipoacúsicos del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, porque “fue una condena ejemplar para uno de los hechos más oprobiosos de la historia judicial argentina”.
El Procurador también apuntó a la necesidad de articular y potenciar acciones entre poderes del Estado. “Es imposible que uno solo de los poderes pueda llevar a cabo acciones eficientes, porque si los tres no están convencidos de que se trata de un oprobio que nos humilla, avergüenza, posterga y somete como sociedad, nada cambiará”, advirtió. Y agregó que los funcionarios “tenemos la obligación de revertirlo, para dignificar a las personas abusadas porque a pesar de todos los esfuerzos de las víctimas, las personas no vuelven a ser las mismas”. Según Cornejo, ese abordaje “no puede ser coyuntural y sí a través de políticas públicas sostenidas en el tiempo, con voluntad inquebrantable de provocar un cambio estructural en los poderes públicos”.
Por su parte, la presidenta de la Red PAPIS, Lucrecia Miller consideró que a la gravedad de un abuso sexual infantil, se suma que “el problema empieza con la denuncia, porque además de una víctima, hay una familia estallada y que debe ser reconstruida”, especialmente cuando el abusador se encuentra en el entorno de la víctima. Recordó la necesidad de avanzar en la creación de la figura de Defensor del Niño en la Provincia y por otra parte, en discutir el proyecto de ley mediante el cual se impulsa la jerarquización de la víctima infantil con respecto de las otras. En el mismo sentido, Miller celebró que a partir de la sanción de la Ley 27.455, el abuso sexual en la Infancia se haya convertido en un delito de instancia pública. La norma modifica el artículo 72 del Código Penal y obliga al Estado a actuar de oficio ante los delitos de abuso sexual infantil.
En tanto, el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano dijo que el derecho debe tender a restablecer la paz social, pero que en muchos casos, “se olvidó de la víctima”, y especialmente cuando se trata de una niña, niño o adolescente. “No se dio un remedio integral a la problemática en la provincia y allí es cuando la sociedad civil pide que se revea”, porque la infancia necesita tutela efectiva, finalizó.
Durante la apertura estuvieron con Cornejo, Catalano y Miller, la defensora general de la Provincia, María Inés Diez; el ministro Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias, la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, fiscales, autoridades e invitados especiales.