El finquero, demandado por 171 millones de pesos para recomponer el terreno desmontado ilegalmente, se presentó ayer en la Procuración General acompañado de sus abogados, dos hijos y una asesora técnica, a fin de plantear una propuesta técnica alternativa, la cual ahora será objeto de estudio.
La posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio, alternativa contemplada por la jueza civil de Tartagal, Claudia Yance al momento de iniciar el juicio civil impulsado por la fiscal civil de esa ciudad, Griselda Beatriz Nieto y el Procurador General, Pablo López Viñals, fue solicitada formalmente por el finquero, Juan José Karlen, principal demandado por el desmonte ilegal de 11.875 hectáreas en la localidad de Dragones, en el departamento San Martín.
Por este hecho, Karlen fue condenado a la pena de seis meses de prisión condicional por el delito de desobediencia judicial, fallo dictado por la jueza, Azucena Vázquez, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, a instancia de un proceso llevado adelante por el fiscal penal, Pablo Cabot.
Como consecuencia de esta condena, la fiscal Nieto y López Viñals interpusieron una demanda civil en busca de restaurar los bosques nativos desmontando, para lo cual un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales del INTA y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, entre otros, confeccionó un Plan de recomposición ambiental.
En vista de ello, se entabló una demanda por la suma de 171.413.473 pesos, eje central del juicio civil que comenzó a sustanciarse la semana pasada, y en el cual se realizaron audiencias en la ciudad judicial de Tartagal y en el destacamento de Dragones, en donde se escuchó a los pobladores afectados por el desmonte.
El viernes pasado, en tanto, Karlen, asistido por sus abogados, Julio Chávez y Pedro Arancibia, solicitaron de manera formal una audiencia en la Procuración General a fin de presentar una propuesta técnica dentro del marco conciliatorio, recurso de solución de conflicto contemplado por el código procesal y abierto por la jueza Yance al iniciar el juicio.
En vista de ello, ayer Karlen, sus abogados, dos hijos del finquero, Juan José y Darío, acompañado de una asesora técnica, mantuvieron una audiencia en las oficinas de la Procuración General, en la ciudad judicial. De la misma, participaron, la Fiscal ante la Corte 1, Patricia Di Paolo, el Secretario Relator en Asuntos Ambiental e Intereses Difusos, Sebastián Lloret, y la Asesora Técnica del CIF, ingeniera, Leonor Barrenechea.
Durante la reunión, los funcionarios de la Procuración y la parte demandada abordaron distintos aspectos técnicos relacionados al desmonte y las distintas acciones a llevar a cabo para la restauración de los bosques nativos, tras lo cual Karlen hizo entrega formal de una propuesta técnica.
Dicha alternativa será ahora motivo de estudio por parte del equipo de peritos de la Procuración, los que deberán dictaminar si la propuesta puede ser viable y cumple con el objetivo de recomposición ambiental de las 11.875 hectáreas arrasadas.