Se enfatizó en la necesidad de que toda reforma procesal debe estar acompañada de consensos que contemplen una visión completa de la política de persecución penal; en cuyo contexto, las bondades de la oralidad y un sistema de litigación profundizado atienden solo una parte de la conflictividad penal.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, acompañado por funcionarios del Ministerio Público Fiscal, expuso ante el Senado Provincial su perspectiva respecto del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia instado por la Corte de Justicia. Resaltando que sin la debida transferencia y reasignación de recursos financieros y humanos, generará un mayor impacto en el MPFS, recargando de sobremanera la tarea de los fiscales y el sistema carcelario provincial.
“Si hay una predisposición a marchar hacia un modelo adversarial, tenemos que tomar las previsiones presupuestarias, logísticas, edilicias y de transformación tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, pero eso demanda consensos, tiempo, análisis y también acompañar una política carcelaria que en algún momento debemos afrontar. Quizá el tiempo histórico y político de hoy no sea el más propicio para eso”, indicó el Procurador General.
En el transcurso del encuentro, se destacó que si bien se comparte avanzar hacia paradigmas de oralidad, ello demanda abordar consensos sobre una reforma integral del modelo procesal penal, por cuanto resultaría incompatible un tránsito hacia un concepto puramente adversarial en determinados aspectos del Código, en contradicción con el resto del articulado cimentado en filosofías y principios de difícil compatibilidad con una adversidad profundizada; lo imperativo es una revisión completa, sistémica y coherente con el resto del Código, pensado y diseñado bajo otros paradigmas de investigación criminal basada en un consenso genuino y reflexivo, que refleje una política de persecución penal más efectiva y acorde con las demandas presentes de la sociedad y la conflictividad actual.
Además, se hizo notar que una reforma de las características propuestas necesariamente debe ir acompañada por dos aspectos indispensables: una inversión carcelaria que al menos duplique la capacidad actual del sistema provincial; ya que la lógica del sistema se sostiene en el auspicio del incremento del logro de procesos abreviados (pena negociada), lo que acelera sensiblemente las condenas a prisión efectiva; y por otro lado, la profundización de modelos de especialización y perfeccionamientos de cuerpos de investigación que fortalezcan las investigaciones penales que ayuden a llevar a juicio infracciones criminales de mayor entidad con un potencial dañino a la paz y seguridad social de imprescindible atención, tales como una policía especializada en investigaciones.
Los logros obtenidos hasta el momento con el plan piloto de oralidad se concentraron en juicios de relativa simplicidad y sin mayores complejidades probatorias. Según la perspectiva de la Procuración General, la política de persecución penal, así como las herramientas para su juzgamiento, deben también comprender la delictividad compleja, el creciente incremento de la violencia, los delitos contra la integridad sexual y el crimen organizado, para lo cual se requiere un consenso de todos los actores del sistema, incluido el Poder Ejecutivo, a través de las infraestructuras penitenciarias que deben acompañar con la infraestructura suficiente que contenga los efectos de esta aceleración de procesos con condena.
Acompañaron al Procurador, el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; el Secretario de Política Criminal de la Procuración, Gaspar Solá Usandivaras; la directora del CIF, Gabriela Buabse; la Fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke, y el titular de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid.
Representando al Senado, estuvieron presentes el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, junto a los presidentes de ambas comisiones, Javier Mónico por Legislación General y Jorge Soto por Justicia. La reunión contó con la participación de los senadores Walter Wayar, Leopoldo Salva, Gonzalo Caro Dávalos, Juan Cruz Curá, Sergio Saldaño, Miguel Calabró, Walter Cruz, Alejandra Navarro, Luis Altamirano, Esteban D’Andrea, Sonia Magno y Diego Cari.
