Legisladores provinciales y funcionarios nacionales se reunieron en forma virtual con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, y abordaron la situación de conflictos territoriales que involucran a pueblos originarios y especialmente, el caso de la comunidad wichí El Algarrobal, en Pichanal.
El encuentro contó con la participación del director Jurídico del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Julián Celso Fernández Duarte; el coordinador Norte y la directora de Tierras de la Secretaria de Agricultura Familiar Campesina Indígena, Ignacio Garzarón y María José Castillo; la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Salta, Jorgelina Juárez y el diputado de Orán, Iván Mizzau; los abogados Chyntia Flores y José Castro Videla y la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro.
El director de Asuntos Jurídicos del INAI, Fernández Duarte, manifestó al procurador Abel Cornejo, la necesidad de que se respete la normativa nacional vigente; y especialmente la Ley nacional 26160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas, que fue sancionada a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. Dicha Ley fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en 2013 a través de la Ley 26.894, y en 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extendió su vigencia hasta noviembre de 2021. Es una ley de emergencia y de orden público.
Específicamente sobre la comunidad El Algarrobal, el funcionario recordó el reconocimiento de la ocupación hecho por el INAI, en 2018, a través de la Resolución 323/2018, que en el Artículo 2°, indica: “Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Wichi El Algarrobal, perteneciente al pueblo wichi, asentada en el Depto. Orán, provincia de Salta, respecto de la superficie georreferenciada, que como Anexo I (IF-2018-40132113-APN-INAI#MJ) forma parte de la presente medida”. La superficie comprende 622 hectáreas y las que actualmente están en conflicto son menos de cinco, comprendidas en dos lotes no productivos. El conflicto se originó cuando la comunidad empezó a limpiar ese sector para establecer una huerta.
En ese marco, el Procurador recordó la propuesta de conformar una Mesa de Concertación para el uso de la Tierra y la Emergencia Habitacional y su instrucción al cuerpo de fiscales de llamar a mediaciones y evitar el uso de la fuerza o la represión “como alternativa ante los conflictos que agravan situaciones generadas por la emergencia social y el escándalo moral, que es la pobreza”, porque ello, “solo echaría nafta al fuego”. Insistió en que la única solución posible, debería “adoptarse desde un punto de vista humanitario, de los derechos humanos y político, sostenido por el equipo de mediadores del MPF.
También señaló la necesidad de que se cumpla con el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Lotes Fiscales 14 y 55.
Fernández Duarte y María José Castillo coincidieron en que la vía de solución es política y la funcionaria manifestó su preocupación por la criminalización de una situación que no requiere una definición penal. También pidió que el Ministerio Público Fiscal establezca un protocolo para que prohibir desalojos cautelares y que se prorroguen los previstos, tal como lo establece la normativa vigente.
Finalmente, Fernández Duarte compartió que preparan un anteproyecto de Ley para que todos los poderes del Estado se capaciten en Derecho Indígena, tal como sucede con Ley Micaela porque “se necesitan seriamente políticas públicas y una mirada intercultural, además de la capacitación de fiscales en esa rama del derecho”.