El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Ramón Guerrero Camisay, Luis David Cala Guaymás, Cristian Alejandro Pérez y Gimena Belén Guerrero, acusados del delito de tenencia de estupefaciente con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.
En base a los elementos obtenidos de tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado de los allanamientos realizados el pasado 22 de julio, pudo determinarse que los imputados formaban una organización que tenía a su disposición sustancia estupefaciente que destinaba a la venta.
Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, que indicó que en un inmueble ubicado en calle García Lorca, de Villa Los Sauces, vendían sustancias estupefacientes de manera continua.
Vecinos de la zona que no quisieron identificarse por temor a represalias, manifestaron que uno de los vendedores de estupefacientes era un tal Luis, alias “Cascarudo”, quien posteriormente fue identificado como Luis David Cala Guaymás.
Se pudo constatar que en el mismo domicilio también residía Cristian Alejandro Pérez, quien ya tenía antecedentes por infracción a la ley 23.737.
Posteriormente, otro vecino, que tampoco quiso identificarse por temor a represalias, expresó que otro individuo que también se encargaba de vender estupefacientes era Ramón Guerrero, quien recientemente había recuperado la libertad, tras ser detenido por infracción a la ley 23.737.
También indicó que éste participaba de las maniobras junto a su hija Gimena y que ambos residían en un domicilio ubicado en calle Juan XXIII.
Para completar la investigación, se realizó consultas con el Sistema del Ministerio Público y se advirtió la existencia de denuncias anónimas que indicaban que la hija de Ramón Guerrero Camisay también vendía drogas, posteriormente identificada como Gimena Belén Guerrero.
Con la información recabada tras tareas de vigilancia, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento para los domicilios, el secuestro y la detención de los mencionados.