Los hechos de abuso se iniciaron cuando la madre de las menores vivía en la provincia de Jujuy junto a sus hijas y el acusado. El individuo aprovechaba las ausencias de su expareja para llevar a cabo su propósito.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro contra un hombre de 22 años. El individuo llegó acusado de abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor de 16 años, agravado por la guarda y convivencia preexistente; abuso sexual con acceso carnal continuado, también agravado por la guarda y la convivencia preexistente; y abuso sexual gravemente ultrajante, también agravado por la guarda y convivencia preexistente en perjuicio de una menor de 14 años, hijas de su expareja de 42 años.
En agosto de 2022, una empleada de un Centro de protección integral para personas en situación de violencia por razones de género en la localidad de La Merced, denunció que durante una charla con las hijas de una de las mujeres que asiste al hogar, las menores revelaron haber sido abusadas por la pareja de su madre.
Puesta en conocimiento sobre la situación, la mujer dialogó con sus hijas, quienes le contaron que los abusos habían comenzado cuando vivían en la provincia de Jujuy y se reiteraron en varias ocasiones, cuando ella quedaba internada por problemas de salud.
Una de ellas, le manifestó que por miedo a que le sucediera algo por su culpa, no le había contado que el acusado la obligaba a someterse a tocamientos. La otra menor, le confirmó que sufrió abuso con acceso carnal.
En el requerimiento a juicio, el fiscal González Miralpeix sostuvo que el accionar delictivo del acusado se corrobora además en los informes técnicos del Gabinete de Informática del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde constan mensajes a la madre de las víctimas en relación a los hechos investigados, como así también en los informes de entrevista preliminar de las menores, en los que se vislumbra la afectación anímica y emocional de estas, tras los hechos mencionados.
El juez Martín Fernando Pérez condenó a la pena de 12 años de prisión efectiva al hombre de 22 años. En el mismo fallo, el Juez dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular, del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
