La conformación del Comité de Estudio de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, el funcionamiento de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 3 en el Polo de la Mujer, más la decisión del Procurador de incluir la perspectiva de género en el Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal, son algunas de las acciones desplegadas en estos seis meses de gestión. Solo en el Distrito Judicial del Centro se radicaron 4631 denuncias en lo que va del año.
Entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de este año, se radicaron 4631 denuncias en las Fiscalías de Violencia Familiar y de Género del Distrito Centro. En el mismo período de 2018, las mismas fiscalías recibieron 4404 denuncias.
En toda la provincia, el año pasado las Fiscalías de Violencia Familiar y de Género, recibieron 7286 denuncias. Al desglosar la información, se obtiene que poco más del 49% se radicaron en el distrito judicial centro, el 17%, en Orán y un 14,5% en Tartagal. Según los datos de las mismas fiscalías, el delito más identificado es amenazas (con 3448 denuncias), seguido de lesiones (con 2565 denuncias).
La vigencia de la emergencia por violencia de género en Salta fue determinante para el procurador general, Abel Cornejo, quien en septiembre pasado dejó conformado el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, que es responsable, entre otras acciones, de elaborar un protocolo para la investigación de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios) y aquellos perpetrados en contra de personas en razón de su orientación sexual e identidad de género, además de trabajar en la unificación de criterios para la elaboración de un registro de femicidios, todo ello conforme las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes. Entre otras acciones, el Comité definió que el Ministerio Público Fiscal incluya la perspectiva de género en su Plan Estratégico; impugnó el pliego del postulante Juan Marcos Ezequiel Molinati, ternado para el cargo de fiscal penal del Distrito Judicial del Centro y solicitó al Ejecutivo provincial que retire el pliego con el que lo propuso. Además, se dispuso de una pestaña en la web del Ministerio Público Fiscal, donde se puede acceder a información valiosa como los “Consejos para la cobertura periodística sobre hechos de violencia de género y femicidio y ESI para periodistas”, entre otras.
En el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, Cornejo ratificó que dicha violencia constituye un fenómeno que por su caracterización como violación a los derechos humanos ya definida en tratados internacionales a los que la Argentina está adherida, ha sido especialmente enfocado desde el Estado provincial como un problema de prioritaria atención. Y ello demanda que se adopten todas las medidas necesarias para optimizar la intervención que cabe cumplir en la materia a cada uno de los organismos estatales competentes.
Otra de las acciones del Ministerio Público Fiscal para optimizar la atención a las víctimas, fue la habilitación de la Fiscalía Penal 3 de Violencia Familiar y de Género en el edificio del Polo de la Mujer, a partir del 11 de noviembre pasado.
Al Comité lo preside Cornejo y lo coordina Ana Cecilia Carraro. Lo integran las fiscales de Violencia de Género, Claudia Geria; de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín y de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet; la directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic), Matilde Alonso; la directora del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto; la vicedirectora del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Gabriela Rodríguez; la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; la subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura Gareca y el subsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia, Leandro Ramos. También son integrantes las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Nieves Kiriaco, María Pía Ceballos y Ana Pérez Declercq; la abogada especializada en Derechos Humanos, Yesica Montagna y la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández.