Reincidente condenado a prisión efectiva por amenazar a su expareja y desobedecer a la justicia

El hombre tenía prohibición de acercamiento pero insistía en tener contacto con la víctima.

La fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que Iván Maximiliano Torres fue condenado por los delitos de amenazas y desobediencia judicial en concurso ideal y desobediencia judicial en concurso real. El juez de Garantías N.º 7, Pablo Zerdán, impuso a Torres una condena de siete meses de prisión efectiva y lo declaró reincidente por tercera vez.

La actuación de la Fiscalía se inició a partir de la denuncia de una mujer, quien relató que el 14 de julio pasado, tras una discusión en la vía pública con su expareja debido a que le manifestó su intención de separarse, este la amenazó con atentar contra su vida si la veía acompañada de otra persona. Asustada por la amenaza, la víctima buscó refugio en la casa de una amiga, quien también escuchó lo sucedido.

Dos días después, el acusado volvió al domicilio de la denunciante en el Barrio Castañares, intentando hablar para «solucionar malos entendidos». Ante la negativa de la mujer, un vecino intervino y llamó al 911 en tres oportunidades, alertando a las autoridades sobre la presencia del acusado, quien tenía vigentes medidas cautelares que le prohibían acercarse a la víctima.

La fiscal Simesen de Bielke destacó que el acusado profirió amenazas futuras que generaron un fuerte temor en la víctima y que, además, violó en dos ocasiones las medidas judiciales de las que ya había sido debidamente notificado.

Periodista salteño condenado por desobediencia judicial en causa de violencia de género

El fallo se emitió el pasado 22 de octubre. El acusado deberá cumplir pena condicional y respetar las reglas de conducta impuestas.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal de Juicio, Sala IV, en el juicio contra Martín Grande Durand, acusado de desobediencia judicial. La causa se originó por la denuncia de la fiscal Verónica Simesen de Bielke, quien en julio de 2022 informó que el acusado había publicado un video en su perfil de Facebook, violando una medida cautelar vigente.

Dicha medida, dispuesta en junio de 2021 y ratificada en noviembre del mismo año, le prohibía realizar actos de violencia simbólica y mediática en redes sociales o medios masivos en contra de la denunciante. Grande Durand ya había descalificado públicamente a Simesen en mayo de 2021, cuando era legislador.

La Jueza Cecilia Flores Toranzos condenó a Grande Durand a 20 días de prisión de ejecución condicional y le impuso la obligación de realizar un curso sobre violencia de género, además de prohibirle ejercer nuevos actos de violencia simbólica y mediática, bajo apercibimiento de revocar la pena condicional.

Condenado por violentar bajo amenazas a su expareja y madre de sus hijos

La damnificada expresó que el acusado es una persona muy violenta y controladora.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 45 años de edad por el delito de coacción (dos hechos).

Uno de los hechos se produjo cuando la damnificada, expareja del acusado, con quien tiene cinco hijos en común y de quien se había separado hacía tres meses, recibió una llamada del individuo.

La denunciante se encontraba en su lugar de trabajo, y le informó al acusado que no podía hablar en ese momento. Ante esto, él reaccionó amenazándola, diciéndole que no colgara, o de lo contrario iría a su trabajo y le causaría problemas.

Poco más de una hora después, el hombre se presentó en la dependencia policial donde trabaja la damnificada, quien salió a atenderlo al frente.

Al negarse la mujer a dialogar con él, el sujeto se molestó, la empujó y la amenazó, diciéndole que si lo denunciaba, debería atenerse a las consecuencias.

A pesar de estar ya separados, ambos continuaban residiendo en el mismo domicilio, pero en habitaciones separadas. La mujer le había solicitado en diferentes oportunidades que se fuera del hogar, a lo que el sujeto respondía con amenazas.

Del informe de riesgo realizado por la perito de la Fiscalía surgió que la damnificada presentaba un alto grado de vulnerabilidad, con indicadores de riesgo de violencia cronificada, violencia verbal, violencia física, violencia sexual, conductas de control y dependencia emocional.

El Juez Ángel Amadeo Longarte, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional y, en el mismo fallo, le impuso reglas de conducta por el término de 2 años, tales como prohibición de ejercer actos de violencia física y psíquica en contra de la víctima y abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.

Condenado por amenazar a su expareja e incumplir medidas judiciales

El sujeto había sido notificado respecto a medidas cautelares vigentes que no cumplió. Se unificó en una única pena.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal  ante el Tribunal de Juicio, Sala IV, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre mayor de edad, acusado de los delitos de amenazas y desobediencia judicial, todo en concurso real.

El acusado se presentó en el domicilio de su expareja, en el barrio El Recreo de la ciudad de Cafayate, y la amenazó diciéndole que, si no lo atendía, rompería el portón para entrar. Posteriormente se retiró, pero regresó más tarde para insultarla y volver a amenazarla.

El individuo había sido notificado respecto de las medidas cautelares dispuestas por el Juzgado de Familia de esa localidad, de prohibición de acercamiento.

La Jueza Norma Vera, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de amenazas y desobediencia judicial y unificó condena con una pena anterior por coacción y fijó una pena única de 2 años de prisión de ejecución en suspenso.

En el mismo fallo, la jueza le impuso reglas por el plazo de 2 años, tales como someterse al control del Patronato de Presos  y Liberados, prohibición de cometer actos de violencia psicofísica, económica y/o verbal, por cualquier medio o vía hacia la damnificada.

Condenado por coaccionar a su expareja

El hecho ocurrio este 5 de octubre. La mujer pudo distraer al acusado hasta poder llegar a la comisaría.

La fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia de juicio abreviado donde se dictó sentencia contra Rafael Gastón Alexis Paz, de 29 años. El acusado fue condenado a dos años de prisión condicional por los delitos de desobediencia judicial y coacción, en el marco de un concurso real de dos hechos. Además, se le impusieron reglas de conducta a seguir durante el período que dure la condena.

La denuncia fue presentada por la expareja del acusado, quien relató que el 5 de octubre de 2024,  se encontraba en la casa de un amigo cuando el acusado irrumpió, vociferando y amenazando con un comportamiento intimidante. 

Ante el temor, la denunciante optó por abandonar el lugar. Durante este incidente, el acusado le mordió el labio superior y la amenazó nuevamente, diciéndole que si no estaba con él, no podría estar con nadie, mientras sostenía un ladrillo como símbolo de intimidación. La víctima, buscando una salida, logró distraerlo para poder llegar a la comisaría y presentar la denuncia correspondiente.

La Fiscal Simesen de Bielke subrayó la gravedad de los actos cometidos por el condenado, quien intentó doblegar la voluntad de la víctima mediante el uso de amenazas. A pesar de haber sido notificado de las medidas cautelares dictadas en junio de 2024, el acusado desobedeció dichas disposiciones, llevando a cabo conductas prohibidas y violentas.

Embarcación: Imputado por amenazas y lesiones agravadas

Una mujer denunció que su expareja la golpeó. Además amenazó con atentar contra su vida. 

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, imputó provisionalmente a un hombre por los delitos de amenazas en contexto de violencia de género y lesiones agravadas por vínculo y el género.

La intervención de la Fiscalía se activó tras la denuncia de una mujer que narró un angustiante episodio de violencia de género. Relató que su expareja ingresó sin permiso a su vivienda y la agredió físicamente.

Posteriormente, el agresor se comunicó con una de las amigas de la víctima, mientras le manifestaba a la damnificada que lo hacía para que escuche que estaba en peligro, y llame a la policía.

El informe médico realizado a la víctima confirmó la gravedad de las lesiones, indicando que presentaba policontusiones, resultado del ataque, respaldando lo manifestado por la mujer.

 

Violó el arresto domiciliario y fue detenido

Días antes, su expareja lo había denunciado por desobedecer la prohibición de acercamiento dictada por la Justicia.

La fiscal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, María Lorena Martínez, imputó provisionalmente a un hombre por desobediencia a la autoridad, tras violar la orden de restricción de acercamiento a su expareja. El hombre no declaró y permanece detenido.

El 13 de octubre, el hombre fue detenido cerca de un boliche en General Mosconi por incumplir tanto esta medida, como el arresto domiciliario ordenado por el Juzgado de Garantías 2.

La denuncia fue presentada el 6 de octubre, cuando la mujer afirmó haber sido interceptada en la vía pública por el acusado, quien presuntamente la sujetó del brazo y la amenazó, advirtiéndole que no lo denunciara porque lo perjudicaría.

 

Condenado por amenazar, lesionar y privar de la libertad a su expareja

Hacía meses que la damnificada venía atravesando situaciones de violencia por parte de su expareja, que incluían encierro durante días, agresiones físicas y amenazas con arma.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal  ante el Juzgado de Garantías 2, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 29 años acusado de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y género (dos hechos), privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas y amenazas con arma, todo en concurso real.

La damnificada, quien es expareja del acusado, mantuvo una relación de ocho años y tienen tres hijos en común. Denunció que la noche del pasado 30 de agosto, encontrándose en el domicilio que compartía con el hombre en barrio Santa Clara de Asís, este llegó bajo los efectos de sustancias y la acusó de estar con otra persona, para luego golpearla.

Luego, el individuo se retiró para regresar a la madrugada, despertarla y volver a golpearla delante de los menores.

Al día siguiente, por la mañana, la denunciante decidió trasladarse a la casa de su madre junto con sus hijos, buscando refugio tras el episodio. Sin embargo, al no poder permanecer allí por más tiempo debido a limitaciones de espacio y recursos, la mujer se vio obligada a regresar al domicilio donde convivía con su expareja.

Días después, en la madrugada, el agresor regresó a la vivienda y consumió sustancias frente a sus hijos, para posteriormente, atacarla nuevamente hasta que su hermana debió intervenir. Fue en ese momento cuando la mujer aprovechó para llamar al Servicio de Emergencias 911.

La damnificada fue asistida por personal de guardia de la Oficina Hospitalaria de Violencia Contra la Mujer (OHVM) del Hospital San Bernardo. El informe oficial destacó la presencia de indicadores de riesgo y vulnerabilidad que afectaban a los hijos, además de señalar el consumo de sustancias en la relación de pareja. Por su parte, el examen médico legal realizado a la mujer confirmó las lesiones que presentaba en el rostro, brazos y piernas.

En sede fiscal, la damnificada declaró que llevaba seis meses soportando hechos de esta naturaleza. Relató que el acusado incluso la había mantenido privada de su libertad, bloqueando la salida de la vivienda con objetos y, en una ocasión, la amenazó con un cuchillo. Estos detalles fueron corroborados por la madre de la denunciante, quien también fue testigo de la situación.

El juez Ignacio Colombo, tras recibir la confesión del acusado, lo condenó a una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional. En el mismo fallo, le impuso una serie de reglas de conducta por el término de 2 años, que incluyen la exclusión del hogar, la prohibición de ejercer violencia física o psíquica contra su expareja, someterse a tratamiento de rehabilitación por sus adicciones, y realizar un tratamiento psicológico. Además, deberá ingresar al Programa de Intervención con Agresores de Violencia de Género.

Golpeó a su pareja por no activar una notificación de WhatsApp

La víctima denunció que el hombre le reclamó no poder ver si estaba «en línea». La sometió a una brutal golpiza.

La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, a cargo de la fiscal Lorena Martínez, imputó provisionalmente a un hombre por el delito de lesiones agravadas por el vínculo y por el género.

La intervención de la Fiscalía comenzó tras la denuncia de una mujer que declaró haber sido agredida físicamente por su pareja, quien además es el padre de sus seis hijos. Según el relato de la víctima, el motivo del ataque fue que no tenía activada la notificación de «en línea» en la aplicación WhatsApp, lo que habría desatado  una violenta reacción por parte del agresor.

Ante la gravedad de los hechos y la situación de vulnerabilidad de la víctima y sus hijos, la Fiscalía actuó rápidamente, solicitando la detención del acusado, quien fue aprehendido y trasladado a la comisaría de Tartagal, a donde fue alojado.

Además, se solicitaron medidas de protección para la mujer y sus hijos, con el fin de garantizar su seguridad y evitar nuevos episodios.

 

 

Condena por amenazas contra su expareja y morosidad alimentaria

La mujer lo había denunciado en diferentes oportunidades por violencia, además de que no cumplía con la cuota alimentaria, régimen de comunicación y demás medidas dispuestas.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 38 años por los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y el género, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas, desobediencia judicial, desobediencia judicial (dos hechos) y amenazas, todo en concurso real.

En noviembre de 2023, la damnificada, expareja del acusado y con quien tiene un hijo en común de 12 años, fruto de la relación, radicó denuncia, manifestando que el hombre le había enviado un mensaje para que fuera a su domicilio de  barrio Palermo II para que retirara unos certificados del menor. La mujer le solicitó en esa oportunidad que le pasara el dinero correspondiente que habían acordado tras una mediación. El individuo reaccionó, alterándose y agrediéndola físicamente.

El certificado emitido por el médico legal que la examinó daba cuenta que la mujer presentaba inflamación en mitad izquierda del labio inferior, con hematoma en tercio correspondiente a comisura labial y escoriación en mucosa yugal y equimosis debajo de región clavicular izquierda.

En mayo de 2024, la expareja del acusado volvió a denunciarlo, expresando que, tras denuncias anteriores, ya había sido notificado de medidas cautelares en noviembre de 2022 y 2023, entre ellas la de prohibición de acercamiento. No obstante, la damnificada dijo que el individuo, luego de buscar a su hijo de la escuela, se hizo presente en su domicilio, desobedeciendo la medida dispuesta por el juzgado.

Finalmente, en septiembre pasado, la expareja del acusado radicó nueva denuncia, esta vez debido a que había agredido a su hijo con un rebenque en la zona de la espalda porque le había sustraído dinero para ir a la peluquería. Al no encontrar la billetera, el individuo se tornó violento y agredió al menor.

El juez Antonio Pastrana, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional y, en el mismo fallo, le impuso una serie de normas de conducta por el término de 3 años, entre ellas la prohibición de acercamiento, la prohibición de ejercer actos de violencia y someterse a tratamiento médico y/o psiquiátrico por su adicción al alcohol.

Por último, el juez lo obligó al condenado, por su responsabilidad parental, a cumplir con la cuota alimentaria por el 75% del Sueldo Mínimo Vital y Móvil (SMVM).