Solicitan condenas de prisión efectiva para acusados de estafas con adjudicación de viviendas

Son acusados de llevar a cabo un esquema delictivo en el que engañaron a personas con la promesa de acceder a viviendas del IPV. Utilizando sellos y membretes falsos, los acusados habrían estafado a las víctimas, exigiendo importantes sumas de dinero a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó que Daniela Alejandra Espinosa Paredes sea condenada a siete años de prisión como autora de 14 hechos de falsificación de instrumento público y 14 hechos de estafa. Asimismo, pidió una pena de tres años y medio de prisión para Sebastián Cruz, acusado como partícipe necesario de 13 hechos de estafa.

El pedido fue realizado esta mañana ante la Sala 3 del Tribunal de Juicio, a cargo del juez Pablo Farah. Según expuso la fiscal, la investigación permitió acreditar que los acusados utilizaban documentos oficiales con sellos y membretes de instituciones del Estado para llevar adelante maniobras fraudulentas. De esta manera, habrían engañado a personas que entregaron importantes sumas de dinero con la promesa de acceder a viviendas del Instituto Provincial de Vivienda de Salta (IPV).

De acuerdo con la acusación, Espinosa Paredes y Cruz se hacían pasar por funcionarios públicos o aseguraban tener contactos en el IPV para gestionar adjudicaciones de viviendas en el barrio Pereyra Rozas. Como parte del ardid, entregaban documentación con sellos y firmas falsas a las víctimas como constancia de pago.

Según las denuncias, Cruz se presentaba como intermediario de un supuesto empleado del IPV, quien facilitaría la entrega de las viviendas. A las víctimas se les exigía el pago de una suma de dinero, con la promesa de que la adjudicación estaba asegurada y se concretaría en el corto plazo. Para generar confianza, los acusados brindaban detalles sobre el avance de las obras y, además, ofrecían la inclusión en el Plan Conectar para la obtención de calefones y cocinas, lo que implicaba un pago adicional.

Como parte de la maniobra, los acusados proporcionaban un número de teléfono que atribuían al supuesto empleado del IPV. En todos los casos investigados, el dinero era entregado a un cadete, quien presuntamente lo remitía al organismo, y luego las víctimas recibían carpetas con documentación de adjudicación de vivienda.

El esquema se completaba cuando, tras recibir el dinero, los acusados entregaban a las víctimas una carpeta con documentos firmados y sellados que aparentaban ser oficiales, reforzando la credibilidad de la maniobra.

Informes de la Unidad de Investigación de UDEC confirmaron la existencia del fraude y establecieron que el número de celular atribuido al supuesto funcionario del IPV, en realidad, era utilizado por Espinosa Paredes.

 

Fue detenido tras sustraer un teléfono celular en una galería comercial

Ingresó simulando ser un cliente y en un descuido, se apoderó del teléfono de un comerciante y fue demorado cuando intentaba huir. Solicitaron su prisión preventiva.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó de forma provisional a un hombre de 25 años como autor del delito de hurto. 

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, su prisión preventiva, en atención a los antecedentes del acusado. 

El hecho sucedió el miércoles 26 de febrero, cuando un comerciante de una galería ubicada en calle Ituzaingó de la ciudad de Salta, notó que, en un descuido, una persona que fingía ser un cliente, se apoderó de su celular. 

El propietario logró demorarlo en las inmediaciones del local.  En la requisa realizada, se le encontró al sospechoso, el teléfono sustraído. 

Tartagal: Condena a 18 años de prisión efectiva por el homicidio de un tarotista

El hombre falleció a causa de las heridas recibidas luego de una discusión en su domicilio. A solicitud de la defensa, la audiencia de juicio ordinario se resolvió en juicio abreviado.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que se condenó a Juan Manuel Peinado a 18 años de prisión efectiva por el homicidio de un hombre de 52 años, conocido por su actividad como tarotista.

El hecho ocurrió el 7 de agosto de 2023 en un domicilio de Villa Saavedra, en Tartagal, donde la víctima fue gravemente herida con un arma blanca durante una disputa con el acusado. El hombre falleció a causa de un shock hipovolémico derivado de las lesiones.

La audiencia fue presidida por la jueza Azucena Vásquez, quien, luego de la confesión del imputado y tras la solicitud de un juicio abreviado por parte de la defensa, aprobó el proceso judicial.

 

Tartagal: Comienza el juicio a un joven por el homicidio de un hombre

Elevan a juicio la causa contra el ex juez Claudio Parisi y otros acusados de entorpecer una investigación por homicidio

Claudio Parisi, el abogado Roberto Ortega Serrano y el exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, enfrentarán un juicio por presuntas maniobras para obstaculizar una investigación penal.

En una audiencia flexible y multipropósito, realizada en el marco del Plan Piloto de Oralidad establecido por acordada de la Corte, el juez Raúl López, a cargo interinamente del Juzgado de Garantías N° 1 de Orán, rechazó los pedidos de sobreseimiento y nulidad presentados por las defensas de los imputados y dispuso la elevación de la causa a juicio, en línea con el requerimiento del Ministerio Público Fiscal. En la acusación, se le imputan al exmagistrado los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional, mientras que al abogado Roberto Ortega Serrano y al ex intendente destituido de Aguas Blancas Carlos Alfredo Martinez, se les atribuyen los dos últimos delitos mencionados.

El juez Raúl López consideró que el Ministerio Fiscal reunió los elementos suficientes para acreditar en un debate que el exjuez Parisi, en violación de la normativa procesal vigente, extrajo copias del legajo de investigación de la Fiscalía y las incorporó indebidamente al expediente a su cargo. Además, permitió que el abogado Roberto Ortega Serrano lo compulse y extraiga copias sin la debida autorización.

Una vez que el abogado obtuvo dichas copias, las remitió a Carlos Alfredo Martínez, cuyo domicilio la Fiscalía pretendía allanar para secuestrar su teléfono celular. Esto le permitió modificar su contenido y ejercer influencia sobre testigos para que modificaran sus declaraciones.

Estas acciones obstaculizaron la investigación en curso para identificar a los responsables del homicidio de César Daniel Martínez, hermano del exintendente, quien fue acribillado de 12 balazos en la puerta del domicilio donde cumplía prisión domiciliaria. Dicho beneficio había sido concedido por el exjuez Parisi a cambio de dinero, motivo por el cual el magistrado recientemente destituído, también enfrenta una acusación por cohecho.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales del Distrito Orán, Daniela Murúa y Mariana Torres, y el fiscal penal de Salta, Daniel Espilocín.

Quedo conformada la Unidad Fiscal que impulsara la nueva etapa investigativa por el crimen de las turistas francesas

El Ministerio Público Fiscal de Salta dispuso la creación de una Unidad Fiscal Especializada para continuar con la investigación del crimen de las turistas francesas, Cassandre Bouvier y Houria Moumni, asesinadas en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo. Esta decisión se tomó luego del fallo del Tribunal de Impugnación Sala IV, que el 30 de diciembre de 2024 resolvió el sobreseimiento de Santos Clemente Vera, invocando la figura de la insubsistencia de la acción penal debido al transcurso del tiempo y su impacto en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Este fallo se dictó en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 7 de diciembre de 2023 dejó sin efecto la condena impuesta por el Tribunal de Impugnación Sala I, y confirmada por la Corte de Justicia de Salta en el año 2016. La Corte Suprema no se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia de Santos Vera, sino que cuestionó irregularidades procesales y dispuso que la justicia salteña dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a la normativa vigente en el Código Procesal Penal. En respuesta, la Corte de Justicia de Salta remitió la causa al Tribunal de Impugnación, que finalmente dictó el sobreseimiento de Vera por los motivos antes señalados.

Ante este escenario, el día lunes 17 de febrero la Procuración General de la Provincia dictó la Resolución N° 1594/25 disponiendo la creación de una Unidad Especial, conformada por la fiscal penal  María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Unidad de Femicidios (UFEM);  el Fiscal Penal de Transición, Pablo Rodrigo Paz; y el Fiscal Penal UGAP,  Gabriel González,

Ya con anterioridad la fiscal de Impugnación, en fecha 10 de febrero había requerido la extracción de copias y formación de incidente para que las actuaciones bajen al juzgado correspondiente lo que permitiría continuar con su tramitación. 

La investigación deberá estar a cargo de un Juez de Instrucción en Transición, en cumplimiento de la normativa procesal vigente al momento de la comisión de los hechos. La Unidad Fiscal deberá profundizar un análisis integral que contemple no solo la recolección de nuevas evidencias, sino en la reevaluación de las pruebas existentes, bajo un enfoque exhaustivo y multidisciplinario. Esto con la finalidad de agotar todas las líneas de pesquisas disponibles.

Se tuvo en cuenta además, que se encuentra vigente la Ley 26196, que aprueba el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa. Este convenio compromete a ambos Estados a brindarse mutuamente la más amplia asistencia judicial posible en todo procedimiento relativo a delitos penales (art. 1 del convenio), lo que constituye un mecanismo válido aplicable al caso, sobre todo en función de posibles solicitudes en materia de prueba científica.

Destaca la Resolución, que el acceso a la justicia y la protección de las víctimas no solo constituyen principios fundamentales del derecho internacional, sino que también imponen a los Estados la responsabilidad de garantizar investigaciones exhaustivas, imparciales y eficientes, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido, considera que la investigación debe mantenerse activa, utilizando herramientas de análisis científico y tecnológico actualizado, colaborando directamente con el Juez de Instrucción.

En ese sentido, cabe tener presente que el caso tuvo inicio el día 29 de julio de 2011 (fecha de hallazgo de los cuerpos), es decir, bajo la vigencia del Código Procesal Penal de Salta según Ley 6345 y modificatorias. La actual normativa procesal, sancionada por Ley 7690 (8 de diciembre de 2011), recién comenzó a regir el 06 de junio de 2012 para delitos cuya pena no superara los 6 años de prisión, mientras que para la totalidad de los ilícitos, el nuevo régimen entró en vigor al año y medio siguiente (conforme art. 7 de las normas complementarias, Ley 7590). Por otro lado, las normas generales del Código, según Ley 7690, establecen que sus disposiciones se aplicarán a causas que se inicien a partir de su vigencia, salvo ante el supuesto de opción por el nuevo sistema procesal formulado por todos los imputados (art. 3, CPP y art. 2 de las normas complementarias), lo que no ocurrió en este caso.

Por último, la Resolución de Procuración General, instruye a la unidad fiscal a merituar la necesidad de la conformación de un equipo de investigadores especiales para coadyuvar con las diligencias de investigación a proponer, con la sola condición de que entre los seleccionados no hayan tenido intervención previa en el caso.

El procurador general de la provincia,  Pedro García Castiella, afirmó que «la vida de la acción penal está vigente y corresponde garantizar su continuidad», asegurando que la investigación seguirá activa puesto que no acontecieron los plazos legales de prescripción.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) brindará asistencia prioritaria en todas las pericias que sean necesarias, aplicando tecnología de vanguardia y técnicas científicas avanzadas. 

Operativo Serenata: Detienen a un hombre con marihuana y cocaína en la terminal de Cafayate

El procedimiento fue realizado por la División Drogas Peligrosas de esa localidad. Luego se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, investiga las circunstancias derivadas de un procedimiento llevado a cabo por la División de Drogas Peligrosas de esa localidad, en el marco del Operativo de Seguridad por la edición 51 de la Serenata a Cafayate.

El hecho ocurrió a las 11:30 horas de hoy, en la terminal de ómnibus de Cafayate, cuando el personal policial advirtió un fuerte olor a marihuana al paso de un hombre de 20 años de edad, oriundo de esa localidad.

Tras proceder a su identificación y requisar un bolso negro que llevaba consigo, se encontraron sustancias estupefacientes, procediéndose a su demora en presencia de testigos civiles, un empleado de la terminal y un agente de tránsito municipal. El sospechoso habría arribado en un colectivo de la empresa Flecha Bus con destino Salta – Cafayate.

En el procedimiento se secuestró una bolsa plástica blanca que contenía 495,5 gramos de marihuana compactada y un envoltorio de plástico blanco con 149,7 gramos de clorhidrato de cocaína.

El procedimiento estuvo a cargo del subcomisario Jorge Figueroa, el oficial auxiliar Luis Gerónimo, el sargento Pablo Reyes y el agente Jonathan Cardozo, quienes trasladaron al sospechoso y los elementos incautados a la sede policial para continuar con las diligencias de rigor.

Además, se realizó un allanamiento en el domicilio del detenido, quien será imputado en las próximas horas, donde se encontraron elementos de corte, fraccionamiento y otros objetos de interés para la causa.

La Fiscalía continúa con la investigación para determinar la procedencia de la sustancia y posibles vínculos con la venta de estupefacientes. 

Atocha: Detenido por el violento robo a una menor 

Una adolescente fue abordada por una persona desconocida, quien, usando un cuchillo, la amenazó y la despojó de su mochila, para luego huir. Al ser perseguido, se apoderó del celular y arrojó los otros elementos. 

La fiscal penal Elisa Pérez, interina en la Fiscalía Penal 2, a través de la delegación San Lorenzo, imputó de forma provisional a un hombre de 22 años como autor del delito de robo calificado por el uso de arma. 

Tras la audiencia de imputación, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que el imputado continúe detenido. 

En inmediaciones de barrio Nueva Esperanza, una adolescente de 16 años, fue despojada de su mochila por un individuo armado con un cuchillo, quien tras el hecho emprendió la huida.

Durante la persecución, el asaltante tomó el celular de la mochila de la víctima y arrojó el resto de las pertenencias.

Las investigaciones permitieron identificar al sospechoso, conocido en el ámbito delictivo. Con una orden judicial, se procedió al allanamiento de su domicilio, donde fue detenido. En el lugar, se secuestraron elementos de interés para la causa.

Orán: Detenida por intentar introducir estupefacientes en un lugar de detención

Ocurrió este jueves, cuando una mujer llevó marihuana oculta en un recipiente con comida, que tenía doble fondo. 

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a una mujer de 29 años como autora del delito de tentativa de suministro de estupefacientes agravado por ser realizado en lugar de detención. 

Tras la audiencia de imputación, donde fue asistida por defensa oficial, desde la Fiscalía se solicitó que permanezca detenida. 

El hecho ocurrió este jueves en una dependencia policial de esa ciudad, cuando una mujer se presentó a dejar alimentos para un detenido. Fue en ese momento que un efectivo policial advirtió que el recipiente tenía doble fondo. 

Al revisar, llevaba oculta sustancia vegetal disecada (marihuana), por lo se dio intervención a personal de Drogas Peligrosas y se solicitó su detención. 

Rosario de la Frontera: Dos hermanos imputados por comercializar sustancias estupefacientes

Tras una denuncia anónima por la actividad ilícita que estarían desplegando en esa ciudad, se inició una investigación y en un allanamiento realizado en su domicilio, se secuestró marihuana y plantas de cannabis sativa. 

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó de forma provisional a dos hermanos de 27 y 29 años como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. 

Tras la audiencia de imputación, se solicitó al Juzgado de Garantías en turno, que ambos permanezcan detenidos. 

Personal de la División de Drogas Peligrosas de esa ciudad, inició tareas investigativas a partir de la denuncia anónima realizada sobre la supuesta comercialización de sustancias estupefacientes en barrio Santa Clara, que estarían realizando dos hermanos bajo la modalidad delivery y boca de expendio. 

Luego de realizar tareas de campo, se individualizó el domicilio y en un allanamiento realizado, se secuestró sustancia vegetal disecada (marihuana) y dos plantas de cannabis sativa, elementos de corte y fraccionamiento, dinero y otros elementos de interés. 

Las Lajitas: Detenido e imputado por lesionar y amenazar con un arma a su pareja 

La denuncia fue realizada por la madre de una adolescente, en contra del hombre con quien convivía en una finca alejada, por hechos de violencia física y psicológica en su contra. 

El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, imputó de forma provisional a un hombre de 35 años como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y amenazas con arma de fuego, en concurso real con tenencia y/o portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. 

La detención del acusado se produjo a partir de la denuncia realizada por una mujer en nombre de su hija de 16 años, quien se encontraba conviviendo con el acusado en una zona rural y le manifestó que su pareja ejerce constante violencia sobre ella, tanto física como psicológica. Además señaló que el acusado llegó a amenazarla usando un arma de fuego que tiene en su poder. 

Al constatarse las lesiones en la mujer, se solicitó la detención del ahora imputado. Durante la intervención policial, se le secuestró un arma de fuego, proyectiles y un arma blanca.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención, y según señaló el fiscal Saravia, no se descarta que, del avance investigativo, se amplíe la acusación por otros delitos.