El Procurador General tomó juramento a una nueva fiscal y dos auxiliares

El acto se realizó este viernes en el auditorio de la Escuela del Ministerio Público, con la participación de magistrados y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial, familiares e invitados.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, tomó juramento a Celina Morales Torino como reemplazante del cargo de Fiscal Penal del distrito Centro, en carácter temporario, mientras dure la ausencia y hasta tanto se cubra la vacancia; y como auxiliares de fiscalía penal, a María de Lourdes Cornejo Arrechea y a Verónica Patrón Uriburu.

La nueva Fiscal Penal y las Auxiliares Fiscales se desempeñarán en el distrito judicial Centro y fueron elegidas mediante un concurso público de antecedentes y oposición.

La fiscal penal Morales Torino recibió acuerdo del Senado Provincial y fue designada por decreto 123/25 del Poder Ejecutivo Provincial, mientras que las auxiliares fiscales Cornejo Arrechea y Patrón Uriburu fueron designadas por Resolución 23196 del Colegio de Gobierno.

Acompañaron el acto de asunción el presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Martín Diez, junto a magistrados y funcionarios del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como familiares.

Encuentro entre el Procurador de la Provincia y la Ministra de Educación

El encuentro se realizó en la Procuración General, donde se analizaron diversos temas, entre ellos las iniciativas presentadas por la Ministra, orientadas a generar instrumentos y normas que impidan el acceso a ámbitos de la docencia y el trato cotidiano con niños, niñas y adolescentes a personas con condenas por delitos contra la integridad sexual.

El procurador general, Pedro García Castiella y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore coincidieron en la necesidad de un trabajo coordinado que permita agilizar las medidas administrativas y judiciales necesarias para resguardar el bienestar de la comunidad educativa, y en particular, prevenir situaciones de abuso de cualquier índole contra niños, considerando su natural condición de vulnerabilidad propia de la edad.

En especial, se abordó la preocupación por la situación de algunos agentes educativos con condenas o procesos pendientes por delitos contra la integridad sexual y el impacto que esto genera en la comunidad escolar.

En este marco, el Procurador destacó la importancia de articular esfuerzos entre el Ministerio Público Fiscal y la cartera educativa para garantizar entornos seguros y propiciar medidas que refuercen la prevención y el control, en procura de la protección de los estudiantes en el ámbito educativo. 

El Procurador General reafirmó el compromiso del Ministerio Público Fiscal en la lucha contra los delitos de abuso y violencia sexual, subrayando la importancia de estas acciones conjuntas para proteger a los estudiantes, prevenir el delito y garantizar que los espacios educativos sean entornos seguros y libres de violencia. En particular, destacó la necesidad de trabajar en la implementación de normas e instrucciones generales que fortalezcan las medidas preventivas necesarias para la seguridad de estos espacios, donde se forma y desarrolla la infancia.

 

Procuración y Secretaría de Justicia trabajan en conjunto para fortalecer la asistencia a víctimas

Se trata de un marco de acción conjunta para fortalecer la respuesta ante hechos de gravedad y asegurar el acompañamiento a las personas afectadas.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, mantuvo un encuentro con la secretaria de Justicia, Verónica Saicha, con el propósito de fortalecer la articulación entre el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Justicia. El objetivo central es optimizar los mecanismos de asistencia, contención y acceso a derechos para las víctimas de delitos graves, garantizando una intervención eficiente y coordinada entre los organismos involucrados.

Como parte de esta labor conjunta, se busca desarrollar un protocolo de actuación que establezca lineamientos claros para la atención de víctimas en casos graves, como abuso sexual y femicidio. La iniciativa tiene como ejes principales la intervención temprana, la prevención de la revictimización y la consolidación de un esquema de trabajo integral que brinde respuestas efectivas a quienes atraviesan estas situaciones.

El protocolo se enmarca en el Programa de Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves, que tiene como misión principal garantizar el acceso a la justicia, el acompañamiento interdisciplinario y la asistencia jurídica a quienes han sido afectados por hechos de extrema gravedad. La implementación de esta herramienta permitirá mejorar la articulación entre los equipos de trabajo, reforzar la contención y agilizar los procesos de asistencia, priorizando siempre el bienestar de las víctimas y sus familias.

Durante la reunión, se analizaron diversas estrategias para fortalecer el abordaje de estos casos, incorporando una mirada interdisciplinaria que contemple el trabajo de fiscales, equipos legales y profesionales especializados en asistencia a víctimas. También se destacó la importancia de continuar capacitando a los operadores judiciales y administrativos para garantizar una atención con enfoque de derechos y perspectiva de género.

En el encuentro participaron la secretaria de la Superintendencia de la Procuración General, Belén Rubio; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; el secretario letrado Aldo Saravia;  la directora del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal de Salta, Matilde Alonso; la secretaria a cargo de la Oficina de Coordinación y Antecedentes de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, Laura Salas Machuca; el coordinador de la Secretaría de Justicia, Mauro Valente; la directora de Asistencia a Víctimas, Carla Tiano; y la subcomisario Cintia Mastrandrea. 

Caso turistas francesas: el Ministerio Público Fiscal busca garantizar la continuidad de la investigación

En conferencia de prensa, el Procurador General informó sobre las acciones tomadas en el marco de la causa por el homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Se busca garantizar la continuidad de la investigación y el respeto al derecho de las víctimas.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, anunció la decisión del Ministerio Público Fiscal de solicitar la continuidad de la investigación en la causa por el homicidio de las turistas francesas.

En relación con el caso, García Castiella señaló la importancia de «hablar con la claridad que la cuestión amerita y merece, sin tapujos y dejando en claro a la sociedad y a la opinión pública en qué estado se encuentra actualmente el trámite y las consecuencias derivadas del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que provocó esta situación que ahora nos toca presentar».

El Procurador recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras haber tenido el expediente a su disposición durante siete años, resolvió que Santo Clemente Vera había sido condenado de manera incorrecta, ya que no se había cumplido con el artículo 550 del Código Procesal Penal de la provincia. Explicó que el máximo tribunal no se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia de Vera, sino sobre el procedimiento judicial, indicando que, en caso de corresponder una condena, se debía realizar un nuevo juicio.

Luego del fallo, el expediente fue remitido a la Corte de Justicia de Salta, que dispuso que la determinación quedara a cargo de otra Sala del Tribunal de Impugnación. Dicha sala tenía dos alternativas: ordenar un nuevo juicio o aplicar el principio de la duda y confirmar la absolución. Sin embargo, el 30 de diciembre pasado, el Tribunal de Impugnación optó por una tercera vía: declaró la insubsistencia de la acción penal y sobreseyó a Vera.

El Procurador General explicó que el principio de insubsistencia de la acción penal es una construcción derivada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aceptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que un imputado tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable. No obstante, aclaró que «el plazo de prescripción de la acción penal para un delito de homicidio agravado es de 15 años a partir de 2011, por lo que aún está vigente». En este sentido, enfatizó que «el principio de insubsistencia de la acción penal y el principio de extinción de la acción penal son conceptos diferentes. La insubsistencia es un beneficio para el imputado y se aplica en su caso particular, mientras que la extinción de la acción penal cancela por completo la posibilidad de continuar con la investigación».

Ante esta situación se presentó un escrito incidental ante el Tribunal de Impugnación solicitando la extracción de copias del expediente para radicar las actuaciones en el juzgado de transición correspondiente y permitir la continuidad de la investigación.

El Procurador destacó, el compromiso del Ministerio Público Fiscal con la transparencia del proceso y aclaró que no se trata de una reapertura de la investigación por cuanto existe un proceso válido y con un condenado que nadie cuestionó, sino de garantizar el derecho de las víctimas y permitir que las querellas aporten elementos de su interés. Es por eso que también se solicitará la colaboración del laboratorio de Francia para analizar pruebas genéticas y de biología molecular pendientes.

Finalmente, el Procurador General señaló que «el planteo efectuado está supeditado a lo que resuelva el Tribunal. No obstante, consideramos que la aplicación del principio de insubsistencia de la acción penal para impedir la continuidad de la persecución penal respecto de Santo Clemente Vera es un argumento jurídicamente atendible, debidamente fundado y sostenido por lo que el concepto de insubsisencia de la acción penal y derecho a juzgar en plazos razonables, pero también mezcla en algunos puntos insusbsitencia con extinción de la acción penal, que es lo que nosotros como Ministerio Publico Fiscal, debemos defender. La vida de la acción penal está vigente y corresponde garantizar su continuidad».

Finalmente ante la consulta periodistica sostuvo: «Quien quiera decir o aportar algo, que venga, se siente y diga todo lo que tenga que decir, pero en el marco institucional, constitucional y procesal que corresponda».

 

El Procurador General acompañó en las acciones de refuerzo de la seguridad fronteriza y asistencia a víctimas de delitos

Este avance refleja el compromiso de los distintos niveles del Estado Nacional y Provincial en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de las víctimas de Trata, asegurando presencia y acción concreta en una de las zonas más sensibles del país.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, acompañó a la ministra de Seguridad de la Nación Argentina, Patricia Bullrich, al gobernador de Salta Gustavo Sáenz y demás autoridades en la inauguración del Sitio Seguro para Víctimas de Trata, que funcionará en la Oficina de Migraciones de Puerto Chalanas, en Aguas Blancas.

“Hace tres años instalamos en la agenda pública la urgente problemática del narcotráfico y el crimen organizado en el norte de la provincia. Desde entonces, llevamos este reclamo a cada espacio de debate, incluso desde el Concejo Federal de Procuradores, exigiendo una estrategia coordinada que involucre a Nación, Provincia y a las fuerzas federales y provinciales”, expresó el Procurador General.

“La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es un desafío global que exige respuestas concretas y articuladas. Luego de dos décadas, por primera vez en la provincia se logra que el gobierno nacional y provincial, junto con sus respectivas fuerzas de seguridad y fueros provincial y federal, trabajen de manera coordinada. Ver este esfuerzo convertido en una realidad es una enorme satisfacción y un paso fundamental en la construcción de una respuesta efectiva contra este flagelo”, destacó García Castiella.

En el marco de la visita, las autoridades participaron en la inauguración del Sitio Seguro para Víctimas de Trata de Personas o delitos conexos en el predio de Migraciones de Aguas Blancas.. Asimismo, hicieron entrega de equipamiento donados por una empresa de Estados Unidos, que incluyó dispositivos BITMAP para la identificación biométrica de personas con antecedentes de delitos transnacionales. Posteriormente, recorrieron el Puesto 28 de Gendarmería Nacional, donde supervisaron el funcionamiento de los nuevos escáneres y equipamientos recibidos.

El Procurador General participó del egreso de la LXV Promoción de la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia

Este viernes, se realizó el acto de egreso de más de 170 cadetes como técnicos superiores en Seguridad Publica y Ciudadana, quienes se desempeñarán como oficiales subayudantes de la Policía de la Provincia.

El procurador general, Pedro García Castiella, acompañó al ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras y al jefe de Policía, comisario General, Diego Antonio Bustos, en la ceremonia de egreso de la 65 Promoción de la Escuela de Cadetes General Martín Miguel de Güemes.

El acto se realizó en el Centro de Convenciones de Limache, y contó con la participación del secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, la secretaria de Justicia, Verónica Saicha; la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, fiscal penal Gabriela Buabse, el secretario letrado de la Procuración General, Marcos Rubinovich, autoridades policiales, docentes y familiares de los egresados.

Cabe destacar que se trata de la Promoción más numerosa que egresó de la Escuela de Oficiales y que durante los tres años de cursado, recibió formación de profesionales del Ministerio Público Fiscal en distintas áreas del conocimiento jurídico.

Durante el acto se hizo entrega de los diplomas y sables a los egresados y se realizó un agradecimiento especial al Ministerio Público Fiscal por su compromiso en la formación de los flamantes oficiales.

El Procurador General tomó juramento a cinco Fiscales

Este lunes, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento a tres Fiscales de Impugnación, un Fiscal Penal para el Distrito Judicial del Sur y una Fiscal Penal Juvenil. Participaron además, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial, familiares e invitados.

El procurador general, Pedro García Castiella, tomó juramento a los fiscales de Impugnación Ana Inés Salinas Odorissio, Mónica Susana Poma y Ramiro Hernán Ramos Ossorio; al fiscal Penal del distrito Judicial del Sur César Saravia y a la fiscal Penal Juvenil Mercedes de la Cuesta.

Los Fiscales Penales concursaron sus respectivos cargos, recibieron acuerdo del Senado Provincial fueron designados por decreto del Poder Ejecutivo Provincial oportunamente.

Acompañaron durante el acto de asunción, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; los jueces de Corte Fabián Vittar, Gabriel Chibán, María Edit Nallím y Guillermo Catalano; la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial y familiares.

Mesa contra el Narcotráfico

En la Casa Rosada, referentes de los tres poderes del Estado, remarcaron el propósito de abordar de manera integral las problemáticas del narcotráfico y el crimen organizado, promoviendo la cooperación interinstitucional», para enfrentar un flagelo que afecta al país desde hace décadas.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, asistió junto a sus pares en representación del Consejo Federal de Fiscales y Procuradores de la República Argentina a la presentación de la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico, un evento que fue encabezado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El acto se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, reuniendo a destacados referentes judiciales, legislativos y de las fuerzas de seguridad.

Durante su discurso, la ministra Bullrich destacó la importancia de fortalecer la lucha contra el narcotráfico con medidas como la destrucción de drogas decomisadas y la asignación de parte de los bienes incautados por lavado de dinero a las fuerzas de seguridad. «Queremos que, como sucede con el FBI, las fuerzas de seguridad reciban un porcentaje por su trabajo. Otro porcentaje debería destinarse al Sedronar. Este es un esfuerzo compartido, y los recursos también deben distribuirse», afirmó la funcionaria.

Asimismo, Bullrich subrayó los avances en la eliminación de estupefacientes: «Droga que se incauta, droga que se destruye». Informó que ya se han realizado 120 procedimientos de destrucción, eliminando más de 190 toneladas de sustancias prohibidas.

El ministro Cúneo Libarona en tanto, resaltó el compromiso en la lucha contra el crimen organizado. Pidió «terminar con el delito, tener leyes adecuadas, e imponerse sobre la inseguridad», también combatir al narcotráfico, los robos, las violaciones, los homicidios. «Tener una Argentina en que no tengamos miedo de caminar por la calle», definió el funcionario.

Además, destacó la implementación del Sistema Procesal Penal Federal Acusatorio, ya vigente en 12 provincias, entre las que se encuentra Salta, como una herramienta fundamental para fortalecer la justicia y enfrentar el narcotráfico con mayor eficacia.

Por su parte, el secretario de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, exhortó a no temer a utilizar terminologia, como «una guerra global» en términos de definir la lucha que se sostiene en todo el planeta con el narcotráfico y el crimen organizado, fenómeno global que se replica en todo el mundo y también en Argentina. Subrayó la importancia de abordar esta problemática desde todos los frentes por cuanto la finalidad de estas prganizaciones «multinacionales» del crimen organizado es la destrucción de los estados.

Participaron del acto el secretario de relaciones institucionales y actas de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Otamendi; el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de Argentina, Jorge Canteros; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y el procurador general, Eduardo Casal, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo ConteGrand.

El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó al juez de Garantías de Orán, Claudio Parisi

Este jueves 12 de diciembre, el Jurado de Enjuiciamiento, tras deliberar, hizo lugar a lo solicitado por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, durante sus alegatos, y destituyó de su cargo, por decisión unánime, al magistrado. Asimismo, se dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 8 años.

Durante la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones, este jueves se llevaron a cabo los alegatos de las partes.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, como titular de la promoción de la denuncia, comenzó su alegatos refiriéndose en forma individual a cada una de las cinco causas que la integran y apoyado en soporte multimedia, detalló cada una de las irregularidades detectadas y expuestas a lo largo de la audiencia de debate.

Al concluir sus alegatos, García Castiella sostuvo la acusación y pidió al Jurado de Enjuiciamiento un fallo ejemplar, solicitando la remoción del cargo del suspendido juez Claudio Parisi y su inhabilitación por el período que se considere adecuado. Por su parte, la defensa de Parisi solicitó su absolución.

Tras un cuarto intermedio, el Procurador General ejerció su derecho a réplica, y realizó aclaraciones sobre cuestiones introducidas por la defensa en sus alegatos.

Finalizada la contrarréplica del defensor, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados, pasó a deliberar.

En su resolución, el Jurado de Enjuiciamiento, haciendo lugar a lo solicitado por el Procurador General, destituyó a Claudio Parisi como juez de Garantías 2 de Orán y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por un período de 8 años. Los fundamentos de la decisión serán dados a conocer el próximo 19 de diciembre.

En representación del Ministerio Público Fiscal, además del Procurador General, Pedro García Castiella, estuvieron los fiscales penales Pablo Rivero y Daniel Espilocín, y los secretarios letrados Aldo Saravia y Marcos Rubinovich.

Alegatos en el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Parisi

Este miércoles se recibió la declaración de los testigos citados por la acusación y se dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 12 para dar lugar a los alegatos.

Al reanudarse la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encuentra suspendido en sus funciones, se procedió a la recepción de la declaración de los testigos citados por la acusación promovida por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella.

Entre los testigos que comparecieron, brindó su testimonio la abogada Sandra Domene, quien ratificó en todas sus partes la denuncia realizada oportunamente por cohecho, en vinculación a su entonces defendido, en la causa que investiga el robo en perjuicio de la empresa Abra del Sol. Además, la letrada expuso con precisión las circunstancias en las que la familia de José Dimas Ruíz debió abonar las sumas de 10 mil y luego 5 mil dólares, bajo la amenaza de que éste sería víctima de abuso sexual en su lugar de detención.

Otro testimonio de relevancia fue el de la Secretaria del Juzgado de Garantías 2, Mariana Ferreira, quien se refirió a los procedimientos que se cumplían el Juzgado y reconoció irregularidades en trámites realizados en el expediente de Rebeca Pereyra, en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Un oficial de la Policía Federal relató que estuvo a cargo de la detención de César «Oreja» Martínez en noviembre de 2021 y refirió que éste le manifestó abiertamente que «ya le había pagado al Juez» y, posteriormente, le precisó que se trataba del suspendido magistrado.

También declararon empleados administrativos que cumplieron funciones en el Juzgado, quienes se refirieron a los procedimientos que se aplicaban en la tramitación de causas, así como un técnico informático que realizó la extracción de datos de teléfonos celulares secuestrados.

Finalizadas las testimoniales, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados, dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 12 a las 8.30 para dar lugar a los alegatos.