El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Lucía Mariela Giménez, de 40 años, acusada del delito de tentativa de entrega de estupefacientes a título gratuito agravado por cometerse en un establecimiento carcelario, en perjuicio de la salud pública.
Las actuaciones iniciaron luego de que el pasado 3 de febrero, se practicara una requisa a la acusada, quien iba a visitar a su hermano detenido en la Alcaidía General de la Provincia.
Durante el procedimiento se le secuestró sustancia vegetal disecada en forma de picadura, acondicionada en 8 envoltorios de papel, ocultos entre las hojas de un rollo de papel higiénico. Además, se le secuestró un teléfono celular.
El narcotest sobre la sustancia secuestrada, dio resultado positivo para Cannabis Sativa.
Entre los elementos colectados durante la investigación, el fiscal penal Santiago López Soto, valoró las testimoniales del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y del Servicio Penitenciario, la prueba documental, la pericia toxicológica, el informe de antecedentes penales y los datos extraídos del teléfono celular.
En sus fundamentos, el fiscal sostuvo que se trató de un intento de entrega ocasional de estupefacientes, agravada por tratarse de un lugar de detención de personas.
El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Gloria Jorgelina Ríos, de 37 años, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se advirtió que la acusada comercializaba estupefacientes en las inmediaciones de su vivienda.
De tareas de vigilancia, el control documentado de compradores y el allanamiento realizado el 5 de febrero último en el domicilio de la acusada, en barrio Norte Grande, pudo corroborarse que la mujer tenía en su poder estupefacientes que destinaba a la venta.
Durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente, la acusada entregó sustancia vegetal disecada y sustancia blanquecina, en forma voluntaria y dinero en efectivo, por la suma de $1.265.020 (un millón doscientos sesenta y cinco mil con veinte pesos). El narcotest realizado a la sustancia vegetal disecada, dio resultado positivo para cannabis sativa; y el hecho sobre la sustancia blanquecina, fue positivo para clorhidrato de cocaína.
La mujer contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes.
Por instrucción de la Procuración General de la Provincia, el fiscal penal Santiago López Soto requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la afectación del 30% del dinero secuestrado, en virtud de lo dispuesto por la ley provincial 7838, que establece que “el Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el 30 % del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, para solventar gastos vinculados a las investigaciones contra los delitos de su competencia”.
Un hombre y una mujer, ambos empleados municipales, fueron detenidos tras una investigación realizada por personal de Drogas Peligrosas. Se pudo constatar que la pareja comercializaba estupefacientes en esa ciudad.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Cristian Jesús Valdez y a Erika Amanda Flores como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La investigación se inició a partir de la denuncia anónima de un vecino del barrio Ramón Abdala, quien señaló que los acusados comercializaban estupefacientes en la zona como boca de expendio y bajo la modalidad delivery.
Personal de la División Drogas Peligrosas desplegó las tareas investigativas y de inteligencia y reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal solicitó orden de allanamiento y detención para dos domicilios vinculados a los acusados.
Como resultado de las medidas, se detuvo a los investigados y se logró secuestrar sustancia estupefaciente, semillas y planta de cannabis sativa, dinero en efectivo, celulares, un arma de fuego tipo hechiza y otros elementos de interés para la causa.
Un hombre de 25 años será llevado a juicio por comercializar sustancias estupefacientes en Las Lajitas, a donde viajaba en forma periódica para desplegar la actividad ilícita. En el allanamiento realizado, se logró secuestrar sustancia estupefaciente, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, requirió juicio ante el juez Héctor Sebastián Guzmán, para José Oscar Albano Matorras como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La investigación se inició en el mes de enero de este año a partir de una denuncia anónima que daba cuenta que el acusado, oriundo de Tartagal, viajaba en forma periódica a Las Lajitas, se hospedaba en un hotel y tras recibir una encomienda en la terminal, comercializaba estupefacientes bajo la modalidad «pasamanos».
Tras las tareas investigativas y de inteligencia desplegadas por personal de la División de Drogas Peligrosas de Joaquín V. Gonzpalez, se reunieron elementos de convicción necesarios para solicitar orden de allanamiento y detención para el acusado.
En el cumplimiento de la medida, se logró secuestrar a Matorras, sustancia estupefaciente, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Andrea del Valle Chocobar, de 29 años, acusada del delito de tentativa de entrega de estupefacientes agravado por cometerse en un establecimiento carcelario, en perjuicio de la salud pública.
Las actuaciones iniciaron con la recepción de un acta suscripta por el Grupo de Drogas del Sector 1C, en la que se precisó que el 24 de diciembre de 2020, cerca de las 16.30, la comisión policial a cargo se dirigió a la Unidad Carcelaria 1, donde una oficial precisó que durante una requisa practicada minutos antes a la acusada que concurría a visitar a un interno, se secuestró del interior de su vagina, un envoltorio de polietileno color verde. Ese bulto contenía 25 envoltorios con sustancia blanquecina pulverulenta, cinco con sustancia amarillenta compacta, uno con sustancia vegetal compacta, 16 con 10 pastillas cada uno y un pendrive.
El narcotest realizado a la sustancia pulverulenta dio positivo para cocaína, mientras que el hecho sobre la sustancia vegetal dio positivo para cannabis sativa.
En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, destacó que la sustancia secuestrada estaba acondicionada y fraccionada en distintos envoltorios, lo que indicó que estaba destinada a la distribución interna dentro del establecimiento carcelario y no dirigido al consumo directo por parte del interno que debía recibir los estupefacientes.
El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó provisionalmente a Gloria Jorgelina Ríos, de 37 años, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A su vez, el fiscal requirió ante el Juzgado de Garantías 6, el mantenimiento de su detención y la afectación del 30% del dinero secuestrado al Ministerio Público Fiscal, con destino a la lucha contra el microtráfico.
Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se advirtió que la acusada comercializaba estupefacientes en las inmediaciones de su vivienda.
De tareas de vigilancia, el control documentado de compradores y el allanamiento realizado el 5 de febrero último en el domicilio de la acusada, en barrio Norte Grande, pudo corroborarse que la imputada tenía en su poder estupefacientes que destinaba a la venta.
Durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente, la acusada entregó sustancia vegetal disecada y sustancia blanquecina, en forma voluntaria y dinero en efectivo, por la suma de $1.265.020 (un millón doscientos sesenta y cinco mil con veinte pesos)
El narcotest realizado a la sustancia vegetal disecada, dio resultado positivo para cannabis sativa, por un peso de 61 gramos. En tanto, la prueba realizada a la sustancia blanquecina, arrojó positivo para clorhidrato de cocaína, por un peso de 106 gramos.
Durante la investigación, se comprobó que la mujer contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737.
Por instrucción de la Procuración General de la Provincia, el fiscal penal Santiago López Soto requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la afectación del 30% del dinero secuestrado, en virtud de lo dispuesto por la ley provincial N°7838, que establece que “el Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el 30 % del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, para solventar gastos vinculados a las investigaciones contra los delitos de su competencia”.
El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Pedro Nicolás Quinteros, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con un informe policial de 2020, que precisó que el 7 de julio de ese año, cerca de las 19 y en inmediaciones del pasaje Los Cóndores de barrio Cabildo, personal de Drogas Peligrosas interceptó a tres jóvenes. Les secuestraron cuatro envoltorios con sustancia vegetal disecada, un cigarrillo armado con la misma sustancia y cinco semillas de cannabis sativa. Uno de los demorados sostuvo que conseguía la sustancia en un domicilio de calle Zuviría, de Villa Floresta. Vecinos señalaron a Quinteros como vendedor de drogas y sobre todo los fines de semana.
Además, efectivos policiales documentaron el permanente arribo de personas, la mayoría jóvenes, quienes adquirían las sustancias y las consumían en el lugar o cerca de él. Varios compradores fueron interceptados por la policía.
En base a los elementos obtenidos, pudo confirmarse que el investigado llevaba a cabo actividades ilícitas de fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes, por lo que se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la autorización para su allanamiento.
El allanamiento se produjo el 11 de diciembre de 2020, donde terminada la identificación de los residentes, el imputado entregó un envoltorio verde con sustancia vegetal. De la requisa personal al imputado, se secuestró la suma de $8800. Y de su habitación, con la intervención de un perro antinarcóticos, se incautó un envoltorio rectangular con cinta de embalar, con sustancia vegetal disecada; un teléfono celular; $44.900 escondidos en un ropero y $10.910 de un chiffonnier.
De la habitación del hijo del imputado, se secuestró la suma de $ 21.000, seis cartuchos anti tumulto calibre 12 y cinco postas de guerra calibre 16. De la que utiliza la hija del imputado, se secuestró la suma de $ 21.100, un cigarrillo con sustancia vegetal disecada en forma de picadura y un teléfono celular.
En la cocina fue encontrada una balanza gramera gris, tres cajas de papel para armar cigarrillos, un picador con restos de sustancias, ocho semillas de cannabis sativa y $220.
Por último, de una habitación que funcionaba como almacén, se secuestraron envoltorios de plástico blanco con sustancia vegetal disecada de forma compactada, 69 cigarrillos armados con sustancia vegetal disecada en forma de picadura y la suma de $10.330. Del patio, se secuestraron tres plantas de cannabis.
El narcotest sobre la sustancia secuestrada dio positivo para cannabis sativa, con un pesaje total de 453 gramos.
Luego de una minuciosa investigación, iniciada por denuncias anónimas, se logró la detención de dos hombres dedicados a la actividad ilícita. Operaban en las inmediaciones de barrio El Naranjito.
El fiscal penal Pablo Rivero, interino en la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, imputó a José Humberto Liquín, «el rey», y a Mario Alberto Marteareana, «Pepo», como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La investigación se inició a partir de denuncias anónimas realizadas en contra de estas dos personas, a quienes señalaban como comercializadores de sustancias estupefacientes en la plaza y en la cancha de barrio El Naranjito de la ciudad de General Güemes.
Realizadas las tareas de investigación e inteligencias pertinentes, se solicitó orden de allanamiento y detención para dos domicilios vinculados a los acusados y en ambos se logró secuestrar sustancia estupefaciente, dinero en efectivo, celulares y otros elementos de interés para la causa.
Tras la imputación de estas personas, desde la UFINAR se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga la detención de los acusados.
Dos jóvenes de 20 años fueron detenidos e imputados por cultivar marihuana en un domicilio y fraccionarla para la venta. La investigación inició a partir de una denuncia anónima.
El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, interino en la Fiscalía Penal 1 de Metán, imputó a Agustín Ismael Nazareno Arancibia y a Isaac Lautaro Delgado por los delitos de cultivo de cannabis sativa y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La investigación se inició por una denuncia anónima que daba cuenta de la actividad ilícita que desarrollaban en un domicilio de calle Maipú del barrio San Martín de esa ciudad.
Se realizaron recorridos, patrullajes y tareas de inteligencia en la zona, que permitieron corroborar lo denunciado y con los elementos de convicción necesarios, se solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento y detención.
Como resultado de la medida, se secuestraron elementos de interés para la causa y se detuvo a los dos jóvenes que cultivaban plantas de cannabis sativa y luego la fraccionaban para su comercialización.
El fiscal penal interino de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Federico Jovanovics, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Rodrigo Ezequiel López, Walter Gastón Martínez y Sergio Luis Robin, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada. En la misma causa están imputados Santiago Savas Flores y Martín Gustavo Carrillo, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
De las actuaciones realizadas, que incluyeron vigilancia, análisis telefónicos y allanamientos, surgió con grado de certeza que los imputados participaron activamente en la venta de sustancias estupefacientes, de la que se supo a través de denuncias anónimas.
Con los elementos probatorios reunidos, se constató que en el bar “Kaetano III”, propiedad de Sergio Luis Robin, tanto el imputado Rodrigo Ezequiel López, alias “Gordo Sativa”, como Walter Gastón Martínez, se dedicaban a la venta de estupefacientes. Además, mediante análisis telefónicos, se establecieron los precios a los que López vendía las sustancias. Con respecto a Martínez, su participación quedó acreditada con la explotación de redes sociales, en las que realizaba publicaciones ofreciendo “crippy”.
Durante el allanamiento realizado en el bar Kaetano III el 15 de noviembre de 2019, a Rodrigo Ezequiel López, mencionado en las denuncias anónimas, se le secuestró de un bolsillo del pantalón, un envoltorio con sustancia vegetal disecada amarronada en forma compacta y dinero en efectivo; y del suelo, al momento de descartarse, 15 envoltorios con sustancia blanquecina pulverulenta en forma granulada; cuatro envoltorios con sustancia vegetal disecada amarronada en forma de picadura; tres envoltorios con sustancia vegetal disecada amarronada en forma compacta; dos balanzas grameras; dos envoltorios con sustancia vegetal amarronada en forma compacta y $1075 en efectivo.
Durante la investigación se logró establecer que Martínez se dedicaba a la venta de sustancias con Rodrigo López, como parte de una organización. Durante el allanamiento antes mencionado, se le secuestraron a López, cuando intentaba descartarse, cinco envoltorios con sustancia pulverulenta granulada. En el bar se corroboró que hubo “pasamanos” el 8 de octubre de 2019.
En cuanto a Sergio Robin, tercer integrante de la organización criminal, se determinó que su rol, al ser el dueño del local comercial, consistía en facilitar las instalaciones, permitir la actividad allí dentro, así como el consumo de drogas que, de acuerdo a las tareas de investigación y de la declaración de los mismos imputados, era libre y sucedía de forma natural. Robin contaba con un monitor en la sala de control, por lo que podía observar todo lo que sucedía en el bar. Entonces, no sólo era consciente, sino parte interesada.
La cantidad de sustancia, las balanzas grameras y el dinero en efectivo secuestrados confirmaron la hipótesis de la investigación.
Por otro lado, al registrarse el bar, se detectaron otras personas con sustancia estupefaciente para comercialización, entre quienes se encontraba el imputado Santiago Sava Flores, quien fue sorprendido en el baño de varones, donde se le secuestró de una riñonera, 22 envoltorios con sustancia vegetal amarronada en forma de picadura; un frasco de plástico cilíndrico con un envoltorio con sustancia blanquecina pulverulenta en forma compacta y, del bolsillo del pantalón, una bolsa con 26 envoltorios con sustancia blanquecina pulverulenta granulada.
Martín Gustavo Carrillo también fue sorprendido en el baño de varones mientras arrojaba al suelo una media negra con 10 envoltorios con sustancia blanquecina en forma compacta y otra media negra con cinco envoltorios con sustancia blanquecina en forma compacta; un envoltorio con otros dos que contenían sustancia vegetal amarronada en forma compacta y tres envoltorios con sustancia blanquecina en forma granulada.
En el requerimiento, se pidió el sobreseimiento de Gastón Alfredo Montellano, Emiliano Hernán Parodi, Soe Antonella Limay y Nahir del Valle Villa, imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pues los elementos iniciales fueron insuficientes para mantener la acusación.
