Imputaron a un exinterno de la Unidad Carcelaria 1 y su pareja en la causa de Jefes del Servicio Penitenciario

La pareja se negó a prestar declaración. Se les acusa del delito de comercialización agravada de estupefacientes en un lugar de detención.

La Unidad Fiscal integrada por el procurador General de la Provincia de Salta Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Santiago López Soto imputó provisionalmente a un hombre y una mujer por el delito de comercialización agravada de estupefacientes por ser cometida en lugar de detención.

Durante la audiencia, ambos fueron asistidos por un abogado particular y se negaron a prestar declaración. Desde la Unidad Fiscal se solicitó la prisión preventiva de la pareja.

El hombre y la mujer fueron detenidos el jueves 25 de enero en el marco de la causa en la que el Ministerio Público Fiscal investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.

Los imputados son un exinterno de la Unidad Carcelaria 1 y su pareja. Ambos se encuentran alojados en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

 

Dos nuevos detenidos en la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario

 

 

Revocan arresto domiciliario a cinco funcionarios del Servicio Penitenciario y otros cuatro involucrados en una causa

Se hizo lugar a la apelación presentada por la Unidad Fiscal, que investiga las presuntas maniobras en las cuales se solicitaba dinero a cambio de conceder determinados beneficios o permitir la introducción de elementos prohibidos y sustancias estupefacientes a individuos privados de su libertad.

En el marco de la investigación por presunta corrupción en el Servicio Penitenciario, la fiscal de Impugnación en feria, Karina Holmquist Moreira fue notificada acerca de la decisión del Juez Pablo Mariño de revocar parcialmente el arresto domiciliario concedido a cinco funcionarios de dicha institución y a otros cuatro individuos vinculados con la investigación en curso. La medida comprende a cinco funcionarios del Servicio Penitenciario, destacando la presencia de tres jefes. Además, se encuentra la madre de un individuo privado de la libertad, quien se presume desempeñó un papel crucial en la fragmentación y entrega de sustancias estupefacientes a un guardia carcelario. Sumado a esto, se identifican otras tres personas que habrían llevado adelante roles significativos dentro de la organización bajo investigación.

La decisión sobre otras cuatro mujeres imputadas en la causa, es que permanezcan bajo arresto domiciliario.

En su escrito, el magistrado recomienda que, dado que la prisión preventiva afecta a personal penitenciario encargado de la custodia de los internos en el penal de la UUC Nº 1, el Tribunal de origen debe tomar las medidas con el propósito de prevenir posibles afectaciones a la integridad física de los encausados. Sugiere su reubicación en una dependencia donde no tengan contacto con los internos ni con sus colegas de trabajo. En caso de no ser posible, se recomienda su alojamiento en alguna dependencia bajo la jurisdicción del Gobierno Federal. Asimismo, se insta a aplicar estas mismas precauciones para los acusados civiles.

La medida obedece a la presentación de un recurso de apelación presentado por parte de la Unidad Fiscal, conformada por el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Santiago López Soto. Este recurso fue reiterado, planteando en la decisión adoptada de conceder el arresto domiciliario, un riesgo potencial de entorpecimiento durante la fase inicial de la investigación, incluso antes de obtener las declaraciones de posibles testigos. Esto resulta esencial para el desarrollo adecuado del proceso judicial, ya que se busca garantizar que las declaraciones se realicen sin temores ni presiones, preservando así la integridad del testimonio y contribuyendo a una resolución justa de la investigación. 

 

Por una nueva amenaza se reiteró el pedido de revocatoria al arresto domiciliario otorgado a los jefes del Servicio Penitenciario.

Dos nuevos detenidos en la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario

Se trata de un exrecluso y su pareja. Es en el marco de la investigación sobre facilitación de beneficios a cambio de dinero. 

Esta mañana se llevaron a cabo dos nuevas detenciones en el contexto de la investigación relacionada con funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de conceder beneficios o facilitar la introducción de elementos prohibidos y estupefacientes a personas privadas de la libertad.

Los detenidos son un exinterno de la Unidad Carcelaria 1 y su pareja, quienes fueron trasladados y alojados en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

La solicitud de allanamiento y detención fue presentada al Juzgado de Garantías interviniente por la Unidad Fiscal a cargo de la investigación, integrada por el procurador General de la Provincia de Salta Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto.

En las próximas horas, tanto el hombre como la mujer serán imputados.

 

Imputaron a los detenidos en la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial

 

Por una nueva amenaza se reiteró el pedido de revocatoria al arresto domiciliario otorgado a los jefes del Servicio Penitenciario.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta recibió una denuncia de amenazas a una persona vinculada a la causa. Cabe destacar que el 29 de diciembre pasado, la Unidad Fiscal interviniente ya había presentado un recurso de apelación al Juzgado de Garantías 3 solicitando la revocación de las medidas sustitutivas.

Pedro García Castiella, procurador General de la Provincia de Salta; Ana Inés Salinas Odorisio y Santiago López Soto, integrantes de la Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas, interpusieron ante el Juzgado de Garantías 3, una reiteración  del recurso de Apelación en contra de las Resoluciones adoptadas por el Juez de Garantías 4, quien ordenó la medida sustitutiva de detención domiciliaria de 13 de los involucrados.

Así, desde la Unidad Fiscal se ratificaron y ampliaron los fundamentos del pedido de revocatoria de arresto domiciliario ya solicitado en fecha 29 de diciembre de 2023 y se requirió se ordene la detención de los imputados.

En la mañana de hoy, la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta recibió una denuncia de amenazas a una persona vinculada a la causa. Además se destacó que se logró advertir que las lineas telefónicas pertenecientes a los teléfonos secuestrados fueron activadas en otros aparatos telefónicos, ocasionando con ello el entorpecimiento de la investigación.

En el escrito, también precisaron que “no se pueden detallar los nombres y apellidos de los testigos citados, toda vez que los mismos son interceptados días antes de declarar, en sede de esta Unidad Fiscal”.

Con todo ello, y dado el estado de la investigación, consideraron que “existe riesgo de entorpecimiento previsto por el Art. 389 del C.P.P., en tanto aún no se le ha recibido declaración a los posibles testigos de los hechos, siendo necesario cautelar su testimonio tanto en esta etapa como en el plenario, en donde en definitiva se constituirán en prueba” y que “deviene imprescindible asegurar que los testigos concreten su declaración de manera segura, libre, y veraz, en el transcurso del presente proceso”.

 

El Ministerio Público Fiscal apeló la decisión del juez que negó la prisión preventiva y otorgó el arresto domiciliario a los jefes del Servicio Penitenciario

Comunicado tras el brutal ataque contra el fiscal César Suárez en Ecuador

En respuesta al reciente y brutal ataque llevado a cabo por miembros de grupos vinculados a organizaciones narco criminales contra el fiscal César Suárez, encargado de investigar graves atentados contra instituciones de la República de Ecuador, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, junto con el Consejo Federal de Política Criminal, expresaron su más enérgico repudio.

Con las firmas del presidente del Consejo Federal de Política Criminal Jorge Luis Miquelarena, y el presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina Jorge Omar Canteros,  reiteraron, mediante un comunicado,   la convocatoria realizada hace años a las distintas administraciones de los tres poderes del Estado Nacional, con el objetivo de planificar estrategias que se erijan como verdaderas políticas de estado, con el fin de prevenir que organizaciones criminales atenten contra las autoridades democráticas, comprometiendo la gobernabilidad y la paz social.

 

COMUNICADO

Ante el brutal ataque perpetrado por integrantes de grupos pertenecientes a organizaciones narco criminales en contra del fiscal César Suárez, quien investigaba graves atentados contra instituciones de la República de Ecuador, el Consejo de Procuradores ,Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, asociaciones integradas por los Procuradores y Fiscales Generales de todas las Provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresan su más enérgico repudio y reiteran la convocatoria efectuada hace años atrás a las distintas administraciones de los tres poderes del nuestro Estado Nacional , con el objeto de planificar estrategias que se erijan en verdaderas políticas de estado, a fin de evitar que organizaciones criminales atenten contra las autoridades democráticas y comprometan la gobernabilidad y la paz social.

Desde tiempo atrás, nuestras organizaciones vienen reclamando colocar en agenda nacional la situación por la que atraviesan algunas provincias argentinas en razón del avance de la distribución de drogas en sus territorios.

Visualizamos el flagelo del narcotráfico y el narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad y corruptor de todos sus estamentos.

Es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de estado que sean generales, fuertes y sustentables en el tiempo. Las medidas coyunturales que se adoptan de manera espasmódica, se erigen en soluciones paliativas temporales que sólo retrasan un resultado indefectiblemente negativo.

Es necesario un abordaje integral del conflicto mediante la creación de un sistema inclusivo de lucha que abarque tres aspectos: prevención, asistencia médica – social y punición del fenómeno criminal. Atacar directamente las consecuencias sin actuar sobre las causas no soluciona el problema.

Venimos advirtiendo que la situación que atraviesa hoy Rosario es de máxima gravedad y que puede desembocar en hechos lamentables como los que está viviendo el país hermano de referencia. Las muertes de este último año y las amenazas a fiscales, funcionarios y hasta al propio gobernador constituyen un triste reflejo de lo que exponemos.

Quede claro que este panorama, con diferentes matices, no es patrimonio exclusivo de esta importante ciudad argentina. Lamentablemente estamos percibiendo que, con distintas modalidades, se está extendiendo hacia otros horizontes de nuestro país.

Es necesario e imperioso articular y armonizar los recursos materiales y el capital humano del Estado Nacional y los Estados Provinciales, trabajandode manera conjunta sin escatimar esfuerzos, y optimizando la tarea de todos los organismos que asumen las investigaciones y el combate de las actividades que desarrollan estas organizaciones narco criminales .

Es propósito de nuestros Ministerios expresar la absoluta disponibilidad para toda convocatoria encaminada a la concreción de estos fines. Creemos que nuestra Nación está a es tiempo de enfrentar esta modalidad delictiva de manera ordenada y conjunta, en pos de sostener nuestro sistema democrático de gobierno, asegurando la paz social y una sana convivencia de todos los argentinos.

 

El Procurador General se reunió con el intendente Durand

Durante el encuentro se abordó la problemática de la contaminación en río Arenales y sus consecuencias para la salud de la población, la posibilidad de realizar trabajo coordinado del Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad a través de los Centros Integradores Comunitarios y en la agilización de los trámites pertinentes para que el municipio pueda dar cumplimiento a la tarea de eliminar baldíos en terrenos privados.

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, mantuvo este lunes una reunión con el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, donde se abordaron distintos temas vinculados a problemáticas  del ejido municipal.

En relación a la problemática de contaminación del río Arenales y a cuyos fines se creó una Unidad Fiscal Ambiental, el intendente Durand fue puesto en conocimiento de las tareas que se llevan adelante y se planteó la posibilidad de que la Municipalidad, a través del área de Bromatología, pueda realizar controles administrativos de los productos (frutas y verduras) que se venden en el mercado local.

En relación a las problemáticas barriales, se analiza la posibilidad de mediante convenios, realizar un trabajo integrado entre el Ministerio Público Fiscal con la Municipalidad para que en los Centros Integradores Comunitarios, se brinde asistencia a víctimas de violencia familiar y de género y los jóvenes en relación a la comisión de delitos menores, a fin de realizar un abordaje socioeducativo.

Finalmente se planteó la necesidad de agilizar los trámites judiciales para lograr el ingreso del Municipio a terrenos baldíos particulares en función de la higiene y el orden público que se requiere, a lo que el Procurador comprometió su colaboración.

Ficha Limpia: El Procurador General presentó una iniciativa legislativa para incorporar a los delitos de narcotráfico

En la misma propone una línea de acción institucional en el marco de las funciones propias del Ministerio Público, tendiente a impulsar las medidas necesarias para promover todo tipo de acciones preventivas direccionadas al mantenimiento del ejercicio de la autoridad y el control de la legalidad en sus territorios.

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, presentó este lunes ante la Presidencia de la Cámara de Diputados de Salta,  un proyecto de ley que propicia la incorporación del inciso G al artículo 1º de la Ley Nº 8275, considerando que la sanción de una ley como la propuesta, implica un freno a uno de los mecanismos utilizados por el narcotráfico para intentar infiltrar estamentos del Estado, para luego avanzar con la infiltración del sistema político.

García Castiella explica en los motivos que la iniciativa legislativa se propone abordar con mayor profundidad y fundamentación las preocupaciones cruciales asociadas a la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Salta, que ha pasado de ser una mera hipótesis para convertirse en una probabilidad cruda y cierta, impactando en la seguridad y paz ciudadana y de manera preocupante en las instituciones.

En el proyecto de ley, el Procurador General plantea la necesidad de ampliar el artículo 1º de la Ley 8275, incorporándose aquellos delitos previstos y reprimidos en la Ley de Estupefacientes y la penalización del tráfico de sustancias y sus precursores químicos, Ley 23737, mientras que aquellos que reprimen el lavado de activos de origen delictivo, previstos en leyes 25246 y 26683 ya se encuentran contemplados en el artículo 1º inciso B de la norma.

En el inciso G propuesto, se establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure el doble de la condena por delitos de tráfico de estupefacientes previstos en la ley 23737, en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24 y 29 bis y 44 bis y sus respectivos agravantes, además los enumerados en los otros incisos ya sancionados.

Esta presentación se articula en el marco de la política criminal que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal para el combate del narcotráfico y el crimen organizado, considerando que en nuestra provincia estamos muy a tiempo para construir lineamientos que impongan valladares para evitar irrupciones que aún parecen lejanas, pero para ello resulta indispensable la implementación de claras y contundentes acciones del estado afines a ello.

El Ministerio Público Fiscal aclara sobre declaraciones de una Diputada Nacional por Salta

El Ministerio Público Fiscal, en el marco de las previsiones del Art. 263 del Código Procesal Penal, aclara información incorrecta que fuera divulgada los últimos días.

En el marco del plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, que se realiza por el debate de la Ley Ómnibus impulsada por el Ejecutivo Nacional, la legisladora Emilia Orozco se refirió de manera errónea a una causa judicial tramitada en la justicia provincial y donde se encuentran con condena los autores materiales e intelectuales.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, ante la divulgación de información errónea y que no se corresponde con los trámites cumplidos y en el marco de las facultades que lo asisten, considera oportuno realizar aclaraciones ante los dichos de la diputada nacional por Salta, Emilia Orozco en relación al caso Liliana Ledesma.

Destaca además que la causa penal que investigó la justicia de la provincia de Salta por la muerte violenta de la productora rural Liliana Ledesma fue calificada como delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, descartando que se tratara de una situación de trata de personas, como afirmó en el plenario la Legisladora por La Libertad Avanza.

En este contexto se sometió a juicio en primer lugar a quienes se consideraban autores materiales del hecho y con sentencia firme del año 2010 de la Corte de Justicia se condenó  -conforme lo solicitado por el M.P.F. y la querella entonces interviniente- a María Gabriela Aparicio, Aníbal Ceferino Tárraga, Lino Ademar Moreno (prófugo) y a Casimiro (“Nene”) Torres a la pena de prisión perpetua y a Patricia Guerra, a la pena de diez años de prisión y Juan Moreno por encubrimiento a la pena de cuatro años de prisión efectiva.

En segundo lugar, y luego de varias postergaciones, en septiembre de 2023 finalmente se pudo realizar en Orán el juicio a los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo “Hula” Castedo como autores intelectuales del crimen y el pasado 3 de noviembre, la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, condenó a los hermanos a la pena de prisión perpetua por el hecho.

García Castiella fue enfático en resaltar la política criminal adoptada por el Ministerio Público Fiscal en la lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado y todas las consecuencias que produciría en el territorio provincial. En tal sentido, se realizaron acciones concretas como la creación de la Unidad Especial de Investigación para Orán y Tartagal y la puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado para la Investigación de Casos Graves ocurridos en el Norte de la Provincia.

En el marco de las acciones necesarias para evitar que la narcocriminalidad se instale en la zona norte de la provincia y produzca consecuencias negativas en la sociedad, como la comisión de hechos ilícitos de diferente naturaleza, se realiza un trabajo continuo, intensivo y con reconocida valentía por parte de los y las fiscales intervinientes,  y se produjeron importantes avances, como lo fue la detención de Cristian “El Gringo” Palavecino, quien se encontraba prófugo y fue detenido e imputado por diversos hechos ilícitos vinculados al crimen organizado en la zona de frontera; como así también se encuentran privados de la libertad la mayor cantidad de los hasta ahora visibilizados y sospechados de algún grado de pertenencia al crimen organizado.

También otro accionar de singular relevancia para el combate del flagelo del crimen organizado ha sido el accionar  desplegado por la unidad conjunta de UNIDADES DE DELITOS ECONOMICOS Y UFINAR para desmantelar la red de corrupción carcelaria; punto sensible si los hay, para la lucha contra el narcotráfico y las cárceles; actualmente se encuentra tramitándose la instancia de apelación en contra de la medida judicial que les otorgara detenciones domiciliarias a los imputados por el riesgo que ello impone al avance de la totalidad de la investigación, y tramitándose paralelamente las investigaciones por amenazas de muerte a las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial.

Otra tarea prioritaria que se cumple es lograr la recaptura de Lino Ademar Moreno, acusado de ser el autor material del homicidio de Liliana Ledesma, quien se encuentra prófugo desde el pasado mes de julio, cuando no regresó a la unidad carcelaria luego de una salida transitoria.

Finalmente, cabe recordar que el procurador García Castiella en este contexto, el pasado 28 de septiembre, en ejercicio de las facultades que la Constitución y la Ley le confieren, acusó ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Edgardo Laurenci por considerar que su actuar constituyó mal desempeño e incumplió sus deberes como magistrado jurisdiccional, en relación con la fuga de Lino Ademar Moreno, solicitando su destitución.

La Procuración General de la Provincia, saluda con beneplácito la preocupación de todos los sectores de la sociedad civil y el arco político en general, en la visibilización y puesta en práctica de todas las medidas y acciones que resulten necesarias para impedir el avance del crimen organizado, esfuerzo que debe estar enraizado en una lógica de interés común y núcleo básico de coincidencias, y disgregado por tanto de la agonalidad discursiva, mas aun cuando se esgrimen argumentos imprecisos.

Corrupción en el Servicio Penitenciario: Dictan prisión preventiva para dos mujeres imputadas en la causa

Se trata de dos hermanas de 18 y 21 años, quienes integran el grupo de 16 personas imputadas en la causa en la que se investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.

El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, como miembro de la Unidad Fiscal creada para la investigación de la causa, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 8 del distrito Centro en feria, en la audiencia multipropósito para resolver el pedido fiscal de prisión preventiva para dos mujeres de 18 y 21 años, imputadas como coautoras del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La jueza Claudia Puertas hizo lugar a lo solicitado por la Unidad Fiscal y dictó la prisión preventiva de las dos mujeres.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, no hizo lugar a la solicitud de prisión preventiva realizada por los miembros de la Unidad Fiscal para 13 funcionarios del Servicio Penitenciario imputados y ordenó su arresto domiciliario, medida que se encuentra recurrida ante el Tribunal de Impugnación, a la espera de una resolución.

El Ministerio Público Fiscal apeló la decisión del juez que negó la prisión preventiva y otorgó el arresto domiciliario a los jefes del Servicio Penitenciario

El Ministerio Público Fiscal realizó una presentación ante el Tribunal de Impugnación en relación a la apelación por el arresto domiciliario a los jefes del Servicio Penitenciario

Es en referencia al recurso presentado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella; y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, donde se requirió al Juzgado de Garantías se revoquen las resoluciones dictadas en audiencias multipropósitos del 18 y 19 de diciembre y se disponga la prisión preventiva de los 13 imputados.

Pedro García Castiella, procurador general de la Provincia de Salta y el fiscal penal Gustavo Torres Rubelt (interino), integrantes de la Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas, realizaron este miércoles una presentación ante el Tribunal de Impugnación en donde acompañan actuaciones remitidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia, donde se da cuenta de la situación de vulnerabilidad expresada por personas que manifiestan temor por amenazas que habrían recibido de parte de los penitenciarios involucrados y que gozan del beneficio de prisión domiciliaria.

Cabe destacar que idéntico trámite se realizó ante el Juzgado de Garantías del distrito Centro donde tramita la causa.

Esta presentación suma elementos de convicción al recurso de apelación interpuesto oportunamente por la Unidad Fiscal en contra de las Resoluciones adoptadas por el Juez de Garantías 4 del distrito Centro, quien ordenó la medida sustitutiva de detención domiciliaria de 13 de los involucrados.

En el extenso recurso presentado el pasado mes de diciembre por el Procurador General de la Provincia y los fiscales Salinas Odorisio y Torres Rubelt, se hace hincapié en el riesgo procesal que representa la prisión domiciliaria de los investigados y se resaltan que “los costosos esfuerzos dispuestos por el Ministerio Publico Fiscal, en el contexto de una clara e irrenunciable política criminal direccionada al firme embate en contra de cualquier tipo de criminalidad organizada, requiere indefectiblemente de un acompañamiento en los objetivos de dicha política desde los otros estamentos del Estado; lo que no significa de manera alguna pretender abdicación alguna en cuanto a resguardo de derechos y garantías individuales, pero sí una prudente ponderación de la vista del conjunto y del todo en las delicadas consecuencias de cada decisión en el proceso”.

En definitiva, la Unidad Fiscal aseguró que “SOBRARON Y SOBRAN FUNDAMENTOS PARA EL PEDIDO Y DICTADO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, cuya finalidad es el análisis de mérito de riesgo procesal y no de elementos convictivos de participación y calificación” y que “que ante la gravedad y cantidad de hechos que están en curso de investigación se puede prever que la condena va a ser inexorablemente de cumplimiento efectivo, tanto por las exacciones ilegales agravadas, más allá de su mínimo legal conminado en abstracto, como sin duda alguna por la escala penal de los delitos relacionados con estupefacientes cuyo mínimo legal es de 6 años conforme las agravantes imputadas. El sr. Juez más allá de sus yerros, dijo que el mínimo de las exacciones permitiría una condena en suspenso, pero entonces ¿Cuál es la lógica con los mínimos de los hechos de comercialización doble y triplemente agravada? Para ello recurrió a la mera afirmación que no acreditamos el riesgo procesal”

Por otra parte, la Unidad Fiscal dijo que “lo que persigue el proceso como último fin, es averiguar la verdad de los hechos, el daño que ocasionó, salvaguardando los derechos e intereses que le asisten a quienes resultan damnificados por el actuar contrario a la ley y que esperan respuesta de la Justicia, en el afianzamiento de la misma, por lo que resulta necesario garantizar que no se frustre la eventual aplicación de una condena de ejecución efectiva, máxime teniendo en consideración el tenor y la multiplicidad de los sucesos que se le endilgan a los causantes, circunstancia que debe ser valorado como peligro de fuga” y destacó “que el encarcelamiento de los imputados es el único medio idóneo a fin de garantizar los fines del proceso penal. En efecto, si bien el estado de privación de la libertad es revisable en todo momento, la ley procesal sujeta la modificación de la medida restrictiva en atención a que probadas circunstancias expongan que hubo una modificación de aquellas que determinaron su imposición, y ello justifique que el riesgo procesal pueda neutralizarse con otra medida de menor intensidad, lo que no ha ocurrido en las presentes, al contrario, entendemos que subsisten a la fecha las circunstancias que fundaron el pedido de prisión preventiva”.

 

El Ministerio Público Fiscal apeló la decisión del juez que negó la prisión preventiva y otorgó el arresto domiciliario a los jefes del Servicio Penitenciario