Senadores visitaron el Cuerpo de Investigaciones Fiscales

Los legisladores provinciales visitaron las instalaciones del Ministerio Público Fiscal, donde pudieron conocer de cerca la tecnología y los recursos utilizados en las investigaciones penales. Durante la visita, los senadores se familiarizaron con el procedimiento interdisciplinario que se sigue desde que se detecta un delito hasta que se esclarece, involucrando a investigadores y peritos.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió en el día de hoy a una delegación de senadores provinciales, quienes fueron invitados con el propósito de conocer las instalaciones y la tecnología con la que cuenta la provincia de Salta en materia de investigación penal. 

Durante el encuentro, García Castiella agradeció la presencia de los legisladores y subrayó la importancia de la colaboración entre las instituciones del Estado. En este sentido, destacó la apertura del Ministerio Público Fiscal para hacer conocer el servicio que se brinda a la sociedad, y para que los representantes del ciudadano conozcan detalladamente cada uno de los procedimientos. Esto les permitirá, al tratar cuestiones relacionadas con su labor legislativa, tener pleno conocimiento y conciencia de las acciones que se llevan a cabo en materia de investigación penal. 

El procurador general destacó la importancia de la colaboración entre todas las instituciones estatales para abordar los cada vez mayores desafíos actuales en seguridad, que incluyen la prevención y esclarecimiento de delitos, así como la lucha contra la impunidad para que la sociedad se sienta cuidada por las instituciones.  Subrayó que estos objetivos requieren el esfuerzo conjunto, y la necesidad de que la ciudadanía esté informada sobre estas acciones.

Por su parte, el vicepresidente del Senado, Mashur Lapad, agradeció la invitación y celebró la oportunidad de participar de la actividad, expresando su acuerdo en que en la actualidad es fundamental que todas las ramas del Estado estén interconectadas. Además, afirmó que desde el Senado están comprometidos en trabajar en este sentido.

La directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, expresó su satisfacción por la visita de los senadores y destacó la importancia de que la población conozca el trabajo que realizan diariamente. Explicó que en la provincia se aplica el sistema acusatorio, donde la responsabilidad de investigar los delitos recae en los fiscales. Resaltó la importancia de actuar con rapidez y eficacia en la investigación de los hechos delictivos, ya que cada momento es de suma importancia para preservar pruebas y garantizar la justicia.

Un equipo de profesionales del CIF,  les presentó a los legisladores un caso testigo para mostrar la dinámica diaria de trabajo del equipo de investigación, resaltando que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso en feriados. Explicaron el proceso de preservación de la escena del crimen y la importancia de seguir protocolos para garantizar la integridad de las pruebas. Además, destacaron el trabajo interdisciplinario de investigadores y peritos bajo la dirección de los fiscales, donde se analiza la evidencia y se comparten opiniones para brindar una visión completa del caso, buscando una efectiva resolución.

Durante la visita, los senadores realizaron un recorrido por las instalaciones del CIF, donde pudieron observar de primera mano cómo se llevan a cabo las investigaciones, desde la recolección de pruebas hasta el análisis forense. Se destacaron los avances tecnológicos, como el uso de equipos especializados para la recolección y el análisis de evidencia digital, así como las técnicas de análisis de ADN y balística.

Además, los senadores tuvieron la oportunidad de conocer cómo se gestionan y preservan las pruebas para garantizar la integridad y la cadena de custodia en los procesos legales. La visita sirvió como una oportunidad para discutir posibles mejoras y apoyar los esfuerzos para fortalecer el sistema de justicia penal en la provincia.

Participaron los senadores Mashur Lapad, Jorge Pablo Soto, Juan Cruz Curá, Héctor Calabró, Walter Cruz, Manuel Pailler, Leopoldo Salva, Gonzalo Caro Figueroa, junto con el Secretario Legislativo Guillermo López Mairau y el Secretario Institucional Daniel Porcelo.

Ademas del Procurador General Pedro García Castiella, y directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, estuvieron presentes en el encuentro el secretario de la Procuración General, Aldo Saravia, secretario de Política Criminal de la Procuración, Gaspar Solá, auxiliar fiscal del CIF Nicolás Montaldi y equipo de profesionales de distintas disciplinas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) 

 

 

El Procurador dictaminó a favor de la admisibilidad formal de acusación contra jueces de la Sala III del Tribunal de Impugnación

Aclaró imprecisiones interpretativas por parte del denunciante, destacando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dejó sin efecto la condena a prisión perpetua dictada por los jueces de la Sala 3 de la Sala de Impugnación de Salta que enjuiciaba a Santos Clemente Vera. Analizó tambien, el proceso y sus implicancias, siendo este el motivo por el cual la Procuración General fue consultada sobre la conducta de los jueces denunciados.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, respondió el día 26 de abril de 2024 a la vista dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento en el marco de la acusación popular efectuada por el diputado José Miguel Gaufin en contra de los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nallar, realizando una extensa valoración sobre las normas aplicables al caso, los antecedentes históricos que explican la particular forma de redacción del legislador provincial y la interpretación que tuvo la jurisprudencia a lo largo del tiempo.

En su dictamen, el Procurador fijó posiciones, aclarando imprecisiones interpretativas por parte del denunciante quien sostuvo erradamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto la condena a prisión perpetua dictada por los jueces de la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta, en contra de  Santos Clemente Vera, como así también que habría ordenado se haga un nuevo juicio.

Destaca García Castiella, que esta afirmación constituye un error técnico en la lectura del fallo dictado por el Superior Tribunal el 7 de diciembre de 2023, y aclara que la Suprema Corte no dispone dejar sin efecto la sentencia de condena dictada contra Vera por la Sala III del Tribunal de Impugnación, sino que resuelve revocar la sentencia de la Corte de Justicia de Salta por una cuestion vinculada al instituto de la arbitrariedad de sentencia. Aclara también que el Máximo Tribunal no se introdujo en el fondo de la cuestión y solo se limita a verificar la existencia de una causa de arbitrariedad por parte de la Corte de Justicia de Salta, sin tratar los restantes agravios. Por otra parte, tampoco se ordena la realización de un nuevo juicio como lo afirma la acusación popular. Es así que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia se limita a formular alusiones respecto del pronunciamiento de la Corte de Justicia local y el mérito de esta última en respuesta al agravio de la defensa, pero no se extiende en el resto de su contenido a las resoluciones del Tribunal de Impugnación.

También aclara que cuando la Corte Suprema de Justicia menciona la afectación del debido proceso y del derecho a defensa en juicio, no lo hace en relación con la aplicación o no, del Artículo 550 del Código Procesal vigente en ese momento, sino a la frustración de la vía utilizada por el justiciable, rechazada sin una fundamentación idónea o suficiente.

En este sentido, delimita su opinión al trámite recursivo asignado al caso y sus implicancias, constituyendo esto el ámbito conceptual por el cual la Procuración General fue convocada a fijar posición respecto a la conducta de los magistrados denunciados. Entiende, que los jueces cuestionados podían y aún debían analizar y expedirse sobre las críticas a la valoración probatoria, no existieron cuestionamientos al respecto, ni se advirtió impedimento ontológico para llevar a cabo esa actividad.

Ademas, realiza una valoración sobre si el Tribunal de Impugnación se encontraba legalmente habilitado para dictar la sentencia condenatoria, abordando cuestiones recursivas como la casación positiva en nuestro ordenamiento jurídico. Lleva a cabo un análisis de la jurisprudencia al momento de dictarse la sentencia cuestionada, tratando casos de revocación de absoluciones y reenvió de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyendo con una interpretación del Código Procesal Penal de Salta, teniendo presente la normativa vigente aplicable al caso, así como un análisis de los artículos 550 y 551 del Código Procesal Penal, la ley 7690, y sus diferentes supuestos. Dejando a salvo el impedimento normativo existente, que no debio soslayarse si no era con una motivación suficiente o declaracion de inconstitucionalidad.

A la luz de lo expuesto, el Procurador entiende que la forma en que se pronunciaron los jueces de la  Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta, si bien no se alejaba de la interpretación general y la hermenéutica respecto del instituto de la casación positiva y del reenvío en el momento de la fecha de la sentencia, la cuestio critica  radica en que, junto a toda esta interpretación, en la provincia de Salta regía una normativa diferente que debía sortearse mediante la declaración de inconstitucionalidad y otra argumentación posible, especialmente en el último párrafo del Artículo 550 del Código Procesal Penal, constituyendo a su entender, que dicha falencia resulta un aspecto susceptible de ser materia de  examen y control por parte del Jurado de Enjuiciamiento, al menos en este caso, conforme la inteligencia que aparentaría sugerir la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este caso puntual.

Por último, el procurador García Castiella sostiene que los magistrados deben tomar decisiones que se encuentren fundadas, y no actuar por mero costumbrismo, ya que la falta de justificación en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, equivaldría a prescindir de la norma y no aplicarla sin declaración de inconstitucionalidad previa, expresando así su opinión favorable a la admisibilidad formal de la acusación en el Jurado de Enjuiciamiento por las razones expuestas.

Juró la nueva Fiscal Penal Juvenil del distrito Centro

El acto de jura de la nueva Fiscal Penal Juvenil estuvo presidido por el Procurador General, con la participación de magistrados y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial. Además asistieron familiares e invitados. 

Este miércoles, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento a Carolina Mateo Bellini como fiscal penal juvenil del distrito judicial del Centro, en el salón auditorio del Ministerio Público.

Carolina Mateo Bellini fue elegida mediante concurso público y recibió el acuerdo del Senado Provincial para su designación, en sesión celebrada el 7 de marzo de 2024, mediante Decreto 193/24 del Poder Ejecutivo Provincial.

Luego del juramento de la nueva funcionaria, se procedió a la rúbrica del libro de actas, con el que se dio por concluido el acto.

Orán: Allanamientos en la investigación por el homicidio de César Martínez

Este viernes se realizaron 6 allanamientos en domicilios vinculados al grupo familiar e íntimo del fallecido César Martínez. Se secuestraron diversos elementos de interés para la causa. La Unidad Fiscal había solicitado al juez de Garantías Francisco José Oyarzú un total de 9 allanamientos y el secuestro de los numerosos celulares, uno correspondiente al actual Intendente de Aguas Blancas.

Los fiscales penales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, informaron que en el marco de la investigación que llevan adelante por el homicidio calificado de César «Oreja» Martínez, ocurrido el pasado mes de noviembre, se concretaron un total de 6 allanamientos con orden de secuestro en domicilios vinculados a personas del grupo familiar e íntimo del fallecido.

El pedido realizado al Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, a cargo del juez Francisco José Oyarzú, era para allanar 9 domicilios, tres de los cuales considerados claves, fueron denegados, siendo uno de ellos, ubicado en la zona de frontera, atribuible al hermano de Martínez, el actual Intendente de Aguas Blancas. El Juez también rechazó el pedido realizado por los Fiscales para secuestrar su celular.

Los integrantes de la Unidad Fiscal resaltaron la complejidad de la investigación que llevan adelante y el entorpecimiento que representa para la misma la denegación por parte del Juez de allanamientos, secuestros y otras medidas consideradas fundamentales para el esclarecimiento del hecho. En ésta misma investigación el Juez de Garantías 2 de Orán había denegado en fecha 28/11/23 allanamientos solicitados por los Fiscales y luego el Juez de Garantías 1 en fecha 19/01/24 denegó autorización para extraer datos de un teléfono celular secuestrado, retrasando considerablemente el avance de la investigación, modificándose ésta situación ante la apelación instada por la unidad fiscal, que fue favorablemente resuelta por el Tribunal de Impugnación de fecha 21/03/24.

En cumplimiento de la medida, personal de la Unidad Especial de Investigación Norte, dependiente del CIF, secuestró un total de 16 teléfonos, 2 DVR, una notebook y un cargador de un arma de fuego que serán analizados.

En relación a los secuestros efectuados en la causa, aclararon los Fiscales que uno de los celulares corresponde al Jefe Comunal y hermano de la víctima y que ante la negativa del juez Oyarzú para su secuestro, mantuvieron el mismo en uso de las facultades que les confiere el artículo 310 tercer párrafo del Código Procesal Penal, ya que la sentencia que rechaza el allanamiento de los tres domicilios denegados y el secuestro del teléfono no está firme y será recurrida por el Ministerio Público Fiscal, ya que se considera que la misma impide el avance de la investigación.

Robo de medidores: Definen equipos de trabajo conjunto para abordar la problemática

En la sede de la Procuración General se reunieron  los representantes de la Fiscalía de Distrito Salta, Ministerio Público Fiscal de la Nación, empresa de distribución eléctrica EDESA, Aguas del Norte, Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Jefatura de Policía de Salta, Municipalidad de Salta, UNICROH y representantes de la Procuración General de la Provincia de Salta.

En el marco de la política conjunta que se viene implementando desde el año 2023 para abordar el robo de transformadores en el norte provincial y teniendo presente el éxito de dichas actuaciones, el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, amplió la convocatoria original a nuevos sectores con el fin de abordar, en forma conjunta, la lucha contra el robo de medidores de agua que aqueja a los usuarios de la Ciudad de Salta.

La comercialización de cobre, sustrato común de los diversos hechos delictivos, afecta a empresas y usuarios en ámbitos municipales, provinciales y nacionales, revistiendo carácter interjurisdiccional e interinstitucional. Es por ello que el Ente Regulador remarcó que la problemática afecta a todos los ciudadanos impidiendo la normal prestación de los servicios públicos.

Durante la reunión los representantes de la empresa EDESA remarcaron que, gracias a las acciones conjuntas “se pudo frenar el fenómeno delictivo” vinculado a los transformadores en el Norte Provincial.

En el encuentro, se acordó en la necesidad de evitar que las investigaciones por estos hechos ilícitos queden dispersas y sean tratadas como casos aislados, impidiendo entender la magnitud del delito. Para ello se establecieron dos grupos técnicos operativos de trabajo. Uno de ellos se encargará de desarrollar estrategias, llevar a cabo operativos y realizar el entrecruzamiento de datos. Por otra parte, se conformará un grupo técnico jurídico que realizará propuestas para la actualización normativa.

Uno de los objetivos principales de la mesa de trabajo es lograr que las investigaciones no queden acotadas al eslabón primario de la cadena y se diluyan antes de llegar a los grandes responsables de que el metal robado sea acopiado y transportado. Es por eso que se acordó fortalecer la colaboración mutua para el desarrollo de iniciativas y el intercambio de bases de datos y acciones, mediante un protocolo que permita optimizar los recursos y las tareas involucradas, buscando aumentar la eficiencia en las investigaciones y actuaciones.

En la reunión estuvieron representantes de la Fiscalía de Distrito Salta, Ministerio Público Fiscal de la Nación, empresa de distribución eléctrica EDESA, Aguas del Norte, Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Jefatura de Policía de Salta, Municipalidad de Salta, UNICROH y representantes de la Procuración General de la Provincia de Salta.

Se acordó ampliar la convocatoria invitando a representantes de la empresa GASNOR, la Dirección General de Aduanas, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta (DGR), empresa LUSAL y fuerzas federales.

 

Se capacitó a operadores policiales en el Sistema Informático de Denuncias y Directivas Fiscales del Ministerio Público

El personal policial interactuará de forma virtual con las Fiscalías utilizando una aplicación móvil. Este sistema les permitirá registrar, dar seguimiento y responder a las directivas fiscales, además de adjuntar documentación relevante de manera digital.

La mejora continua de las herramientas informáticas del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS), la digitalización y la vinculación electrónica entre los organismos involucrados en la investigación penal son prioridades del procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, y este paso se enmarca en la planificación estratégica hacia una gestión digital más eficiente en la investigación penal.

Es por ello que desde la Dirección de Informática del Ministerio Público de Salta se capacitó hoy, a 300 operadores policiales, tanto de manera presencial como virtual, sobre las nuevas funcionalidades del Sistema Informático de Denuncias y Directivas Fiscales del Ministerio Público.

Durante la formación, se explicaron los mecanismos para visualizar y responder a las directivas fiscales a través del sistema, que permite adelantar respuestas digitalmente, adjuntar documentos en formato PDF y compartir imágenes para complementar el trabajo de los operadores.

La iniciativa es parte de las acciones progresivas del Ministerio Público Fiscal para mejorar y potenciar el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, como una herramienta que  contribuye a un mejor aprovechamiento de los recursos de ambos organismos.

La jornada contó con la presencia del Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, y el Secretario Relator de la Procuración General, Aldo Saravia. La capacitación estuvo a cargo de la Coordinadora Informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay.

Autorizan acceso a datos de un teléfono celular considerado clave para una investigación por homicidio

El pedido se había realizado a principios del mes de diciembre. Se negaron allanamientos solicitados para avanzar en la investigación.

A partir del recurso de apelación interpuesto por los Fiscales Penales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, el Tribunal de Impugnación hizo lugar al mismo y en consecuencia revocó una sentencia del Juez de Garantías N° 1 de Orán que habia rechazado la autorización para extraer datos de un teléfono celular, lo que impedía avanzar en la investigación del homicidio calificado en perjuicio de César Daniel Martínez.

Si bien el Juez de Garantías 1 oportunamente hizo lugar al secuestro del teléfono solicitado por la Unidad Fiscal,  en dicha oportunidad rechazó la autorización para extraer datos, argumentando que sería desproporcionado y permitiría «reconstruir prácticamente la historia de vida del propietario del aparato». Ante esta sentencia, los Fiscales de la Unidad de Litigio Estratégico interpusieron un recurso de apelación, a lo cual hizo lugar el Tribunal de Impugnación autorizando la extracción de datos.

La solicitud inicial de secuestro del teléfono, considerado fundamental para la investigación, se realizó el 6 de diciembre pasado. La medida resuelta el 22 de marzo permitirá recolectar pruebas de manera más efectiva.

Con fecha anterior, el Juez de Garantías 2 de la misma ciudad, no hizo lugar a la petición efectuada por los fiscales en el marco de la misma causa, para allanar ocho domicilios.

 

En abril entra en funcionamiento la aplicación móvil para el registro y gestión de directivas fiscales

Una nueva aplicación móvil facilita la comunicación entre fiscales y operadores policiales en investigaciones penales, permitiendo registrar, seguir y responder a directivas de manera ágil y eficiente, así como adjuntar documentación relevante de forma digital.

El procurador general, Pedro García Castiella, junto a profesionales de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal, presentaron ante todos los fiscales de la provincia de Salta el Sistema Informático para el registro y seguimiento de directivas y medidas en el Sistema Único de Denuncias.

Se trata de una aplicación móvil que permite a los fiscales penales registrar las directivas y medidas hacia los operadores policiales que colaboran en las investigaciones penales, así como al personal policial dejar registro de las respuestas a estas instrucciones y adjuntar documentación útil y urgente en la investigación penal. Esta herramienta también permite hacer un seguimiento de las directivas y sus respuestas por parte de la policía, facilitando la comunicación y el intercambio de información de manera ágil y eficiente. Además, el personal policial puede responder de manera informática e inmediata, adjuntando documentos como imágenes y archivos en formato PDF, que formarán parte de las actuaciones fiscales en sus legajos de investigación.

El procurador general García Castiella agradeció y reconoció el trabajo de los profesionales de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal, destacando que «su labor ha sido fundamental en el avance del desarrollo de nuevos programas informáticos y tecnologías, necesarios para adaptarse a los nuevos tiempos y realidades».

«Este paso es clave para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público, el trabajo de los fiscales y nuestro resguardo en términos de aseguramiento y garantía del trabajo que se realiza, así como la vinculación en general con la Policía de la Provincia, como auxiliar de justicia», destacó.

Añadió el Procurador: «Seguimos apostando desde el Ministerio Público por la informatización y el avance en todas sus implicancias. Uno de nuestros objetivos en la Procuración es la vinculación tecnológica entre los organismos que administran justicia. En el encuentro de hoy, vamos a profundizar en la informatización de las directivas que emitimos a los operadores policiales desde todas las fiscalías y delegaciones penales, así como en las respuestas que recibimos desde el sistema policial. De esta manera, tendremos un registro de lo que se envía y recibe desde el momento en que se toma lectura de la misma. Esto representa un paso más hacia la digitalización de las actuaciones fiscales, ya que estamos encaminados hacia la implementación del legajo digital».

Por su parte, el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, destacó que la aplicación móvil estará disponible a partir del 5 de abril y que el personal policial ya ha acordado recibir la capacitación necesaria. Rivero explicó: «Esta aplicación marca el comienzo del proceso de digitalización del legajo. Es el punto de partida para digitalizar toda la actuación policial y su comunicación con la fiscalía. Es hora de trabajar para que los papeles desaparezcan, o al menos, que se reduzcan a aquellos documentos que representan alguna prueba instrumental que necesitaríamos en el juicio».

«Con la implementación de este sistema, desaparece el concepto de ingreso físico. Cualquier requerimiento o denuncia que llegue a las Fiscalías será a través del ingreso digital. Algunas fiscalías ya han comenzado a trabajar en la reducción del uso del papel y en la implementación de directivas digitales. Además, es importante tener en cuenta que el personal policial ya no tendrá que pasar por la Fiscalía para retirar las directivas en papel, ya que estas se incorporarán directamente a las actuaciones de forma digital», agregó.

La presentación y capacitación de los fiscales y auxiliares fiscales estuvo a cargo de la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, y el secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia.

 

 

 

Los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y Federal de Política Criminal requieren convocatoria del Gobierno Nacional para efectuar un abordaje integral sobre el problema del narcotráfico

En una reunión de los Titulares de los Ministerios Públicos de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrada en Puerto Madryn los días 21 y 22 de marzo de 2024, los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal manifestaron su posición sobre la gestión judicial de los delitos relacionados con drogas en Argentina.

Destacan que, durante años, las organizaciones han intentado destacar en la agenda nacional la situación de algunas provincias argentinas con respecto al avance de la distribución de drogas en sus territorios. El federalismo, afirmaron, es una herramienta para facilitar la persecución penal, no un obstáculo. Por ello, insistieron en la necesidad de desfederalizar la Ley 26.052, ampliando el número de provincias adheridas y la interacción de todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para lograr un eficaz combate contra el narcomenudeo, bloqueando los canales de distribución de droga.

Asimismo, señalaron la importancia de establecer mapas del delito, enfocar con precisión la acción policial, fortalecer la presencia del Estado y evitar la ocupación territorial por parte de los narcotraficantes en barrios y zonas propicias para el desarrollo clandestino de organizaciones criminales.

Enfatizaron la necesidad de profundizar las acciones coordinadas y efectivas con autoridades federales, aplicando modelos de intervención convergentes que tiendan a abarcar la problemática de modo integral, reduciendo los márgenes de impunidad, especialmente en relación con el fenómeno del narcotráfico.

Además, destacaron la importancia de aprovechar las fortalezas de los Ministerios Públicos Fiscales locales para la persecución del narcomenudeo, teniendo presente que se cuenta con regímenes procesales modernos, eficaces y ágiles, con capacidad e infraestructura para abordar las actividades periciales que requieren este tipo de causas mediante la red de Laboratorios Forenses distribuidos en todo el territorio nacional.

Se entiende al flagelo del narcotráfico y el narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad y, por tanto, es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de Estado que sean generales, fuertes y sustentables.

Es crucial señalan,  adoptar un enfoque integral, que incluya la prevención, la asistencia social y la sanción del fenómeno. Esto implica abordar tanto el problema en sí mismo como sus causas y consecuencias de manera global. En este sentido, es necesario profundizar en conceptos como la prevención, la disuasión, la persecución penal y el tratamiento del adicto.

Se aporta que para lograr esto, es fundamental promover la construcción y el fortalecimiento de políticas que abarquen: una verdadera política de prevención, publicidad y desintoxicación con lugares de tratamiento adecuados; la organización, capacitación y modernización de una policía de investigaciones con integrantes meticulosamente seleccionados y bien remunerados; la institucionalización de una inteligencia criminal; la organización y cooperación entre todas las autoridades estatales, municipales, provinciales y nacionales; máximos controles en puertos y fronteras; y un ataque decidido al lavado de dinero mediante legislación adecuada.

Y se remarca, que debe concretarse un diálogo efectivo entre los Ministerios de Seguridad y de Justicia de la Nación, los poderes ejecutivos de la Provincias adheridas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definiendo los aportes económicos que se deben asignar conforme las previsiones de la Ley 26.052, aportes que son vitales para una correcta investigación del delito.

Finalmente, se requiere una convocatoria del Gobierno Nacional, con una amplia participación de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales, para poder efectuar un abordaje integral del asunto y definir políticas de Estado que definan un camino hacia la convivencia pacífica, asegurando la prevención, control y punición de los delitos, especialmente los vinculados al narcotráfico y las infracciones penales colaterales.

comunicacdo_madryn

 

El Procurador valoró la aprobación unánime para incluir delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia

Se trata de la modificación de la Ley Nº 8.275 para prohibir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes sean candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales, estableciendo también la duración de la prohibición. 

En una sesión histórica, la Cámara de Diputados de la provincia de Salta dio media sanción por unanimidad a la iniciativa que modifica la Ley Nº 8.275 para incluir las condenas por delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia. Esta medida, impulsada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, tiene como objetivo principal fortalecer la integridad del sistema democrático y prevenir intrusiones que puedan comprometer la seguridad y estabilidad del Estado por parte del crimen organizado. 

La modificación aprobada establece que las personas condenadas en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes, según la Ley Nº 23.737, no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales. Además, indica la prohibición de participar en un acto eleccionario será por el plazo que dure la condena y la mitad más del tiempo de su duración, computado a partir del momento en que el tribunal de segunda instancia dicte la sentencia confirmatoria.

En este sentido, el Procurador García Castiella expresó su satisfacción por la aprobación de esta medida, que busca prevenir la infiltración del crimen organizado en el sistema político y judicial de la provincia. «Esta medida es un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La inclusión de los delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia nos permitirá contar con herramientas más efectivas para proteger nuestra democracia y nuestra sociedad», afirmó García Castiella.

El Procurador también destacó la importancia de fortalecer las instituciones estatales para evitar la influencia del narcotráfico y el crimen organizado. «Es fundamental que el Estado cuente con las herramientas necesarias para enfrentar estos desafíos. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere de un trabajo conjunto de todas las instituciones del Estado», señaló García Castiella.

Por último, el Procurador hizo hincapié en la importancia de seguir trabajando en la prevención y el combate del narcotráfico y el crimen organizado. «Esta medida es solo un paso en la dirección correcta. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestras instituciones y proteger nuestra sociedad del flagelo del narcotráfico», concluyó García Castiella.