Institucional

 Institucional

El Procurador participó del acto de asunción de autoridades del Servicio Penitenciario

Se tomó juramento al nuevo director general, el prefecto mayor Enrique Daniel Torres, y a la nueva subdirectora general, la prefecto mayor Valeria Romina Calisaya. También se realizó un reconocimiento a las autoridades salientes.

El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella acompaño al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, en el acto de traspaso de mando y asunción del nuevo director General del Servicio Penitenciario de Salta, prefecto Mayor Enrique Daniel Torres, y la subdirectora General prefecto Mayor Valeria Romina Calisaya.

En el acto, se informó sobre los avances en las gestiones para mitigar la sobrepoblación carcelaria mediante nuevas obras de infraestructura, las cuales mejorarán tanto las condiciones de alojamiento como el desempeño profesional del personal penitenciario.

El ministro Domínguez agradeció la presencia del representante del Ministerio Publico Fiscal e instó a las nuevas autoridades a continuar su labor con un firme compromiso hacia las normas constitucionales y las disposiciones legales y reglamentarias del servicio. Enfatizó la importancia de los pilares fundamentales de la Institución, como el respeto a la dignidad humana y el trato a las personas privadas de su libertad, promoviendo siempre su reinserción en la sociedad.

Por su parte, García Castiella destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y las Fuerzas de Seguridad en todos los órdenes. Subrayó que esta cooperación es esencial para mejorar la eficacia y eficiencia en la seguridad de la provincia. Consideró auspicioso haber podido acompañar estas nuevas asunciones y reconoció a la gestión saliente de la prefecta Carina Torres, quien siempre estuvo dispuesta a apoyar todas las necesidades del Ministerio Público. Enfatizó que los recambios y renovaciones son habituales y necesarios en los organismos de seguridad para continuar trabajando de manera mancomunada.

Asimismo, resaltó los esfuerzos del Ministerio de Seguridad para mitigar la superpoblación penitenciaria mediante nuevas obras de infraestructura, las cuales mejorarán tanto las condiciones de alojamiento como el desempeño profesional del personal penitenciario. En este sentido, destacó el proyecto de ampliación de la Alcaldía provincial, que aliviará significativamente la situación crítica actual. También mencionó la situación en el complejo de Metán, donde se espera una mejora notable. Reiteró el compromiso del Ministerio Público Fiscal de apoyar todos los esfuerzos necesarios para mitigar este problema, que afecta tanto a los internos como al personal penitenciario.

Participaron del acto el coordinador General del Ministerio, Oscar Loutayf, la coordinadora Jurídico Técnica, Nelly Giménez, y la coordinadora Administrativa, Soraya Dipp, el secretario de Seguridad, Fernando Acedo, el subsecretario de Políticas Penales, Javier Salgado, la directora General de Políticas Penales, Georgina Storniolo Pons, el director General de Asuntos Jurídico de la cartera, Agustín Bonari, el director General del Sistema de Emergencias 911, Víctor Claros, entre otras autoridades.

 

 

 

290
 Institucional

Se avanza en la investigación por el homicidio de Oreja Martínez

Esta semana se pudo avanzar en los allanamientos sobre tres inmuebles requeridos oportunamente. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la investigación.

En el marco de la investigación que llevan adelante por el homicidio calificado de César «Oreja» Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas , ocurrido en noviembre de 2023, los fiscales penales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, fueron notificados de la resolución de la Sala III del Tribunal de Impugnación en relación al recurso de apelación interpuesto oportunamente.

El juez Pablo Mariño hizo lugar a la presentación del Ministerio Publico Fiscal que solicitaba la ampliación de los allanamiento denegados por el Juez de Garantías, también dispuso el apartamiento del magistrado Francisco Oyarzú, al considerar que existen circunstancias de gravedad objetiva que atentan la imparcialidad con la que debe dictaminar en sus funciones, quien de manera sistemáticas rechaza los pedidos de diligencias de la Unidad Fiscal, generando dilaciones indebidas y que perjudican la investigación por el tiempo que genera tratar los recursos fiscales.-

Los nuevos allanamientos fueron cumplidos este miércoles 5 de junio, sobre dos inmuebles en la localidad de Orán y uno cercano al paso fronterizo de la localidad de Aguas Blancas, perteneciente éste último a intendente local Carlos Martinez, procediendo al secuestro de notebooks, teléfonos celulares, computadoras, tablets y equipos DVR que serán analizados por las áreas tecnológicas y de investigación

Tanto los Fiscales de la Unidad en su recurso, como el Juez del Tribunal de Impugnación, en su sentencia resaltaron la demoras que tuvo que enfrentar la actividad de investigación. Se tiene en cuenta que los allanamientos a éstos tres inmuebles fueron solicitados en fecha 09 de abril de 2024 y por la negativa del Juez Oyarzú y merced a la actividad recursiva de los fiscales recién pudieron ejecutarse casi dos meses después.

Cabe resaltar que en esta investigación en fecha 25 de enero de 2024 el Juez Oyarzú había negado a los Fiscales de la Unidad la autorización para extraer datos de un celular secuestrado, supuestamente utilizado por la víctima. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por un recurso de apelación interpuesto por los Fiscales de la Unidad, también resuelto favorablemente por el Tribunal de Impugnación en fecha 21 de marzo de 2024, retrasando la investigación casi dos meses.

Por último, el Tribunal de Impugnación apartó al juez del conocimiento de la causa, resaltando que se trata de un hecho particularmente grave al entender que: “es dable destacar que el hecho investigado refiere a un homicidio calificado dado que cuatro masculinos, con el rostro tapado, desplazándose en dos motos, lograron herir mortalmente a la víctima, usando para ello armas de fuego y disparando en reiteradas ocasiones contra aquél, y todo esto mientras Martínez se encontraba a disposición de un juez de la provincia, puesto que el asesinato ocurrió en la vereda de la vivienda de su hermana mientras cumplía arresto domiciliario por una causa seguida en su contra”.-

 

 

Orán: Allanamientos en la investigación por el homicidio de César Martínez

686
 Institucional

El Ministerio Público Fiscal capacitó a personal de la Policía Federal Argentina en técnicas de investigación en causas de narcomenudeo

La actividad tuvo como objetivo proporcionar herramientas, promover el trabajo en red y en equipo, y fomentar el intercambio de experiencias para mejorar las investigaciones. Esta cooperación busca hacer más eficiente el trabajo al establecer pautas comunes.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta, se promueve la colaboración entre la justicia y las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales, con el fin de crear mecanismos de asistencia, coordinación y cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos. Esta colaboración incluye brindar asistencia en materia de capacitación.

Por esta razón, los fiscales penales de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, junto al auxiliar fiscal de la dependencia, Joaquín Costello, fueron los encargados de impartir un taller destinado al personal de la Policía Federal Argentina. El encuentro tuvo lugar en la tarde del 5 de junio en el salón «Luis Clemente D’Jallad», ubicado en la Ciudad Judicial de Salta.

El evento contó con la participación de aproximadamente 40 integrantes de la fuerza. El cuerpo policial estuvo encabezado por el Subcomisario Alfredo Jesús Carabajal y el Oficial Principal Gonzalo Ariel Rosale, jefe y segundo jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Salta, respectivamente.

Durante la capacitación, se intercambiaron experiencias relacionadas con la investigación del narcomenudeo en Salta desde la creación de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad en el marco del Ministerio Publico Fiscal. 

Posteriormente, se abordaron diversas cuestiones prácticas en materia procesal, como la confección de informes y actas, así como la solicitud de información a empresas privadas.

Además, se exploraron distintas técnicas especiales de investigación en materia de narcocriminalidad, con el objetivo de distinguir los requisitos y finalidades de cada una, y comprender cómo pueden aplicarse en este tipo de investigaciones.

La capacitación tuvo como objetivo fortalecer las habilidades y conocimientos del personal policial en la lucha contra el narcomenudeo, proporcionando herramientas para agilizar las investigaciones y optimizar los recursos, promoviendo así una mayor eficacia en la persecución de estos delitos.

322
 Institucional

El Procurador General informó al Senado sobre la propuesta de inclusión de delitos por narcotráfico en la ley de Ficha Limpia

Explicó que la modificación propuesta a la Ley, consiste en que no puedan ser candidatos aquellos que hayan tenido alguna condena penal confirmada en materia de narcotráfico. Además de los aspectos técnicos de la Ley, hizo hincapié sobre la territorialidad del crimen organizado, el trasvasamiento de las instituciones del Estado y la necesidad de combatir el lavado de activos.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, acudió ante la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado a fin de exponer sobre la necesidad de modificar el artículo 1° de la Ley provincial Nº 8.275, conocida como «Ficha Limpia». La modificación propuesta busca prohibir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de narcotráfico o lavado de activos puedan ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales.

La iniciativa, con media sanción de la Cámara de Diputados, agrega un ítem al artículo 1° de la Ley vigente, estableciendo que quienes hayan sido condenados por sentencia judicial en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes o lavado de dinero no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales por el plazo que dure la condena. Este plazo se computará a partir del momento en que el Tribunal de segunda instancia dicte la sentencia confirmatoria. En el caso de los condenados que no hayan recurrido la sentencia condenatoria, el plazo se computará a partir del dictado de dicho fallo.

García Castiella explicó que «La propuesta consiste en incorporar al catálogo de delitos contemplados en la ley de Ficha Limpia, la imposibilidad de que sean candidatos a cargos públicos aquellos condenados por delitos vinculados al narcotráfico, según la ley 23.737, y el lavado de activos de origen delictivo».

Destacó la importancia de que la inhabilitación se inicie únicamente cuando la sentencia esté firme, ya que actualmente se cuenta desde la fecha de comisión del delito, lo que hace prácticamente inaplicable la ley porque ese tiempo se consume hasta que llega la confirmación, o sea, la segunda instancia.

Apuntó a esta modificación basada en una necesidad urgente para nuestra sociedad: «Sería muy interesante que, a nivel nacional, dada la diversidad de ideas e iniciativas legislativas existentes, se aborde este flagelo del narcotráfico, que avanza infiltrándose en los Estados y las fuerzas de seguridad. Además de la pena por el delito de narcotráfico, se debería incorporar una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos en la ley 23.737. Hasta el momento, nadie ha planteado esto en el Congreso, por lo que sería interesante avanzar en esa línea»- afirmó.

El Procurador resaltó la importancia de prevenir estos problemas, ya que «Existen antecedentes en otras provincias, como Jujuy, donde se ha incorporado la figura de los delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia. Este flagelo está causando cada vez más preocupación y acción. Nadie resolverá estos problemas por nosotros; es nuestra responsabilidad tomar medidas preventivas. Los que estamos en ámbitos de toma de decisiones o sugerencias legislativas debemos activar las alertas y alarmas ante situaciones que nos afectan tanto en nuestra provincia como en distintos puntos del país, con diversos niveles de intensidad. Debemos prevenir».

Participaron de la reunión ampliada los senadores Mashur Lapad, Javier Mónico, Jorge Soto, Walter Wayar, Leopoldo Salva, Héctor Calabró, Diego Cari, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Walter Cruz, Dani Nolasco y Luis Altamirano. Por el Ministerio Publico Fiscal asistieron también el secretario de Política Criminal, Gaspar Solá Usandivaras y el Coordinador Gral de Fiscales, Pablo Rivero.

 

 

 

El Procurador valoró la aprobación unánime para incluir delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia

358
 Institucional

El Procurador participó de la apertura de las XXIX Jornadas del Grupo de Habla Española y Portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense

En el acto de apertura, el Procurador General de Salta destacó la importancia de la colaboración internacional para resolver casos que trascienden fronteras, subrayando la posición estratégica de la provincia y los desafíos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. También resaltó el compromiso de Salta con la investigación penal a través de la ciencia forense, mencionando la creación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la calidad de sus profesionales.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, participó en la apertura de las XXIX Jornadas del Grupo de Habla Española y Portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense. En su discurso, destacó: «Quiero felicitarlos por el logro de este tan nutrido, podría decir, ecuménico Congreso, con tanta calidad, cantidad y diversidad de científicos que ha logrado reunir. Es un verdadero honor para mí darle la bienvenida a Salta, a estas Jornadas. Nos reunimos hoy para explorar y debatir uno de los campos más apasionantes y vitales de la ciencia moderna como lo es la genética forense. Estas jornadas están reuniendo a expertos, investigadores y profesionales de diversas partes del mundo con un objetivo común: continuar avanzando en el uso de la genética como una inestimable herramienta en nuestro caso y en lo que nos ocupa, para la resolución de crímenes y el esclarecimiento de causas judiciales».

Asimismo afirmó: «La genética forense ha transformado la manera en que la justicia resuelve los casos en el ámbito de la investigación penal. Desde la identificación de las víctimas hasta la liberación de inocentes y captura de culpables, su impacto es innegable, erigiéndose como una herramienta indispensable que ha permitido que la justicia sea más precisa y eficiente. En este aspecto, es de enorme trascendencia resaltar la solución y el acompañamiento vital que significa la genética forense para el proceso penal, porque se convierte en una garantía de verdad no solo para el imputado, el acusado que llega a ser condenado, sino también para el inocente que no es responsable del delito y, esencialmente, para la víctima. El resultado que aporta la ciencia de la genética forense se convierte para la víctima, en una garantía de verdad y sirve para validar el contenido de verdad de la conclusión del proceso penal, que es una sentencia judicial».

Señaló también: «Uno de los aspectos más importantes de la genética forense es su capacidad para proporcionar evidencia incontrovertible en las investigaciones. Las huellas genéticas son únicas en cada individuo, lo que permite vincular a sospechosos con escenas de crimen o a víctimas con sus familiares. Esto no solo ayuda a resolver casos actuales, sino también a esclarecer aquellos que han estado sin resolver durante décadas. Además, puede desempeñar un papel crucial en la identificación de víctimas en desastres naturales, conflictos y accidentes masivos, permitiendo la identificación de restos humanos y brindando cierre a los ciclos de la victimología en las familias, asegurando que estas víctimas reciban el respeto y reconocimiento que se merecen. Sin embargo, su alcance trasciende el mismo proceso penal, encontrando aplicaciones igualmente importantes en otros campos, como la genealogía y el estudio de la migración humana. La genética forense nos permite recrear los orígenes y movimientos de poblaciones a lo largo de la historia.»

«En este sentido, es una gran satisfacción, orgullo y honor que desde Salta y la Argentina misma, que la puesta en valor al aporte de la genética forense es también recordar, rescatar y reconocer el papel crucial que ha desempeñado en superar difíciles situaciones de nuestra historia reciente. Un ejemplo de ello es el aporte inconmensurable en la época post dictadura militar, en el drama de los desaparecidos, así como en el atentado a la sede de la AMIA, en desastres naturales, y en el reconocimiento de personas en casos de catástrofes de gran impacto colectivo»- remarcó el Procurador.

Expresó que, «Más allá del objetivo científico de estas jornadas, esperamos que este espacio sirva para estrechar vínculos entre pares de distintos lugares de Latinoamérica, España y Portugal, y para potenciar el desarrollo de trabajos colaborativos. La importancia de la genética forense en el ámbito de la investigación penal no puede ser subestimada. Estamos hablando de evidencia fiable y precisa, que actúa como una garantía de verdad para todas las partes involucradas. Esto se traduce en el reconocimiento y la puesta en valor de la dignidad humana, que se materializa en los distintos actores de un proceso penal, desde el imputado acusado, el imputado inocente, hasta las víctimas de los delitos, que ven asegurado el resultado de la condena al efectivo responsable del hecho. La puesta en valor, defensa y respeto por la dignidad humana son fundamentales, y la genética forense juega un papel esencial en este aspecto.»

«En este punto, también deseo resaltar que la colaboración internacional resulta indispensable. Los crímenes no conocen fronteras y la cooperación entre países es esencial para resolver casos que trascienden límites geográficos. Nuestra provincia de Salta no es solo un punto en la geografía de Argentina; limita al norte con Bolivia, al oeste con Chile y al este con Paraguay. Además, cuenta con seis jurisdicciones interprovinciales vecinas: Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Esta posición geográfica estratégica nos enfrenta a una serie de desafíos no solo en la investigación de delitos complejos, muchos de los cuales tienen un carácter interjurisdiccional, sino también en lo concerniente a la problemática fronteriza relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado, especialmente en el norte de la provincia. En este aspecto, el aporte de la genética forense es invalorable»- destacó.

Agregó que, «durante más de una década Salta ha apostado firmemente al desarrollo de la investigación penal a través de la ciencia forense y la tecnología. Un claro ejemplo de este compromiso es la creación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la significativa inversión realizada para su funcionamiento, así como el mantenimiento continuo de todos sus laboratorios. Tampoco podemos pasar por alto la destacada calidad de los profesionales que lo integran. Todos ellos son ejemplos no solo de su especialización, sino también de su dedicación y entrega al servicio de la comunidad».

Finalmente, García Castiella expresó su más profundo reconocimiento «a todos quienes estuvieron detrás de la organización y el logro de estas jornadas, y en especial a la jefa del Servicio de Biología Molecular Forense, Alejandra Yudinic, al jefe del Departamento Técnico Científico, Pedro Villagrán, y a la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gabriela Buabse: «Su compromiso y entusiasmo por la ciencia y la justicia son la fuerza que nos impulsa a tomar decisiones adecuadas y correctas en este sentido. Bienvenidos, y esperamos que las conclusiones científicas que logren al finalizar estas jornadas nos sirvan para seguir brindando cada día un mejor servicio a la comunidad, que es para lo que trabajamos todos».

Cabe destacar que las jornadas cuentan con la presencia de disertantes de prestigio como Lourdes Prieto, Doctora en Biología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y perito del Laboratorio de ADN de la Comisaría General de Policía Científica (Madrid, España); Pedro Barrio, Doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y facultativo del Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF, España); Nádia Pinto, investigadora asistente en el grupo de Genética y Evolución de Poblaciones del i3S – Instituto de Investigação e Inovação da Universidade do Porto, con Máster en Ingeniería Matemática y Doctorado en Matemática Aplicada por la Universidad de Oporto; Leonor Gusmão, profesora asociada en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, con diploma en Biología por la Universidad de Oporto, Portugal, Máster en Biología Celular de la Universidad de Coimbra, Portugal, y Doctorado en Biología/Genética de Poblaciones de la Universidad de Oporto, Portugal; Manuel Crespillo Márquez, jefe del Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF, Ministerio de Justicia, España) del Departamento de Barcelona, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada y doctorado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, Máster en Bioingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y miembro de la Comisión Técnica Permanente Nacional para el uso forense del ADN (CNUFADN); y Nidia Modesti, actual presidente de la SAGF, investigadora principal de CONICET y directora del Instituto de Genética Forense del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

 

Expertos en genética forense se reunirán en Salta para jornadas científicas internacionales

233
 Ciberdelincuencia, Institucional

El Ministerio Público Fiscal firmó un convenio de colaboración y cooperación con la empresa Telecom

En la interacción público privada que plantea este convenio marco, el Ministerio Público Fiscal utilizará un sistema desarrollado por la empresa Telecom para la autogestión de requerimientos judiciales de información en el marco de las causas penales que tramitan a su cargo. Se desarrolló además un encuentro donde se expuso en tres paneles sobre los desafíos y estrategias en el ámbito del cibercrimen y la ciberseguridad.

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, firmó este miércoles un convenio marco de colaboración y cooperación con Pablo Cesar Casey, en carácter de Director de Asuntos Legales e Institucionales de la empresa Telecom, que tiene por objeto la adopción de medidas de coordinación y acción común para la generación de un canal directo de comunicación, consistente en establecer un sistema de consultas de requerimientos judiciales de información en el marco de causas penales y sus respectivas respuestas por parte de la empresa a través de medios electrónicos.

A continuación se desarrolló en la Escuela de la Magistratura, el encuentro denominado «Ciberdelito y Ciberseguridad. Cooperación público – privada, edición Salta», donde empleados del Ministerio Público Fiscal, funcionarios, magistrados y de la empresa Telecom, realizaron una actualización sobre los desafíos que enfrenta la Justicia salteña ante delitos cometidos en entornos digitales.

El acto de apertura estuvo a cargo del procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella y de la gerente de Relaciones institucionales de la empresa Telecom, Susana Menéndez.

García Castiella a su turno destacó como sumamente auspiciosa la generación de espacios de coordinación y colaboración entre el sector privado y el interés público, en este caso representado por la Procuración y el Ministerio Público Fiscal. Destacó el compromiso social del grupo empresarial en su constante colaboración con la investigación penal y subrayó la importancia de esta cooperación, del aporte a la investigación criminal, de las empresas que manejan bases de datos para la investigación en todos los ámbitos, respaldando la evidencia física que se necesita para el esclarecimiento de los hechos delictivos.

Agregó que en los últimos años y al día de hoy,  la investigación criminal  ha tenido un giro de 180 grados en donde toda investigación por lo general nace a partir de la investigación de un teléfono celular o cualquier entorno, digital. No solamente respecto a los ciberdelitos, sino cualquier tipo de delitos, la investigación nace, para la investigación reviste una fundamental importancia la cooperación y vinculación con todos aquellos que posean bases de datos de diferentes características. 

«Esto demuestra, sin lugar a dudas, la importancia de mantener una vinculación fluida entre el sector público y privado, en aras de un mejor servicio de justicia para toda la comunidad salteña” destacó, Sofía Cornejo, fiscal especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de Salta.

“En Telecom consideramos de fundamental importancia la colaboración con los operadores de la justicia, tales como Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, como así también la relación entre el sector público y privado. Estamos en colaboración permanente, facilitando y agilizando los requerimientos judiciales y poniendo a disposición nuestro expertise tecnológico” destacó Sergio Piris Gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos, Antipiratería y Requerimientos Judiciales

La agenda del encuentro

En el primer panel, Adrián Judzik, Especialista en Estrategias de Ciberseguridad en Telecom, realizó una recorrida por las principales tendencias en el mundo del cibercrimen y las medidas de prevención y tratamiento que empresas, gobiernos y ciudadanos pueden tomar para protegerse. La tecnología ha transformado el panorama de la delincuencia, introduciendo nuevos delitos y ampliando las modalidades de ataque. En este contexto, la democratización del conocimiento y el acceso creciente a tecnologías avanzadas han incrementado las potenciales amenazas en el ámbito digital. Para sobrevivir y prosperar en esta nueva realidad, es esencial desarrollar capacidades de adaptación, promover el aprendizaje continuo, fortalecer la resiliencia y fomentar la colaboración entre los distintos actores sociales.

El segundo panel se centró en la articulación público-privada en investigaciones penales, a cargo del equipo Legal de Telecom. Sergio Piris, Gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos, Antipiratería y Requerimientos Judiciales y Carolina Bertola, Coordinadora de Antipiratería e Intervenciones Judiciales, tipificaron distintos delitos y su tratamiento dentro de la compañía, así como los canales establecidos con los distintos ministerios públicos fiscales de todo el país, que permiten acelerar su tratamiento y  prosecución

El tercer y último panel estuvo destinado a ofrecer detalles del ciberdelito en Salta, a cargo de Sofía Cornejo, fiscal penal especializada en la materia, quien realizó un exhaustivo panorama de la situación en la provincia en relación al crecimiento que se evidencia en este tipo de criminalidad, especialmente poniendo foco en delitos de carácter patrimonial y sus diferentes modalidades. Puntualmente enfatizó en la vinculación constante que desde la Fiscalía a su cargo se mantiene con empresas del sector privado para la obtención de los datos (evidencia digital) que le permitan resolver las investigaciones por ciberdelitos, y remarcó la importancia de mantener y reforzar esas colaboraciones.

367
 Institucional

Corrupción en el Servicio Penitenciario: Requieren juicio para 20 personas

Se trata de funcionarios del Servicio Penitenciario, reclusos y familiares quienes desempeñaban un rol específico dentro de la organización narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1. 

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, en Unidad Fiscal requirieron juicio ante el Juzgado de Garantías 3 del Distrito Centro para 20 personas imputadas en la causa, de las cuales 12 de ellas se encuentran con prisión preventiva.

Tras una exhaustiva investigación, la Unidad Fiscal acusa a ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos penados alojados en la Unidad Carcelaria Nº1 y familiares de estos, de formar parte de una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas donde cada uno desempeñaba un papel especifico.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que señalaban que el personal de la Unidad Carcelaria Nº1 de Salta estaba involucrado en actividades ilícitas, entre las que se cuentan solicitar sobornos a cambio de beneficios para los internos o facilitar la introducción de elementos prohibidos y drogas al recinto de detención.

Más de 50 cuentas bancarias se analizaron, de las que se obtuvo un resultado de más de 1000 transferencias realizadas por familiares de presos Además se intervinieron más de 20 líneas telefónicas y se recopilaron 90 declaraciones testimoniales, durante el periodo investigado entre 2021 y 2023.

La Unidad Fiscal concluyó que los funcionarios del Servicio Penitenciario Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García con situación de revista en la Unidad Carcelaria Nº 1, haciendo uso abusivo de sus cargos y de las atribuciones y potestades que poseían, como así también de su jerarquía y antigüedad,  exigieron indebidamente dádivas a los internos penados que se encuentran allí alojados. Estas consistían en la entrega de sumas de dinero o de otro elemento de valor a cambio de ayudar a la obtención de beneficios comprendidos en el régimen progresivo de la pena como ser la elevación de calificaciones en concepto de conducta, acelerar trámites para la obtención de extramuros, salidas transitorias, otorgamiento de salida a granja y/o cambios de pabellón, entre otros. Además, el ingreso de otro tipo de elementos no permitidos por el reglamento interno de las Unidades Carcelarias, tales como celulares, cargadores, comidas y bebidas, entre otros,  sustancias estupefacientes y/o protección ante posibles abusos.

Las transiciones mencionadas, se realizaban de forma electrónica o mediante la entrega de dinero en efectivo, a través de encuentros entre los funcionarios penitenciarios y familiares de los internos.

En cuanto a la comercialización de estupefacientes, los investigadores identificaron tres vértices fundamentales para su consumación: la distribución de la sustancia en el interior de la Unidad Carcelaria;  los nexos externos que recibían dinero, distribuían y administraban cuentas bancarias, producto de la comercialización de estupefacientes;  y la participación y connivencia necesaria de funcionarios públicos, que por omisión o acción, permeabilizaban el sistema de seguridad e ingresaban la sustancia prohibida al establecimiento, brindando seguridad a la organización delictiva.

Con estos elementos probatorios, la Unidad Fiscal requirió juicio para:

  1. Sergio Faustino Moya, por los delitos de exacciones ilegales agravadas -concusión; considerándolo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Francisco Arturo Bisceglia, por los delitos de exacciones ilegales agravadas –concusión; considerándolo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. José Luis Alarcón, por los delitos de exacciones ilegales agravadas -concusión; considerándolo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Marcos Matías Bucotich García, por los delitos de exacciones ilegales agravadas concusión; considerándolo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Raúl Antonio Arjona, por los delitos de exacciones ilegales agravadas -concusión; considerándolo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Luis Roberto Castaño, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Marcelo Olguín Magno, por los delitos de exacciones ilegales agravadas- concusión;  y considerándolo miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Rubén Antonio Guaymás, por los delitos de exacciones ilegales agravadas-concusión; considerándolo miembro penalmente responsable por el delito de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  1. Manuel Méndez, por ser coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. María Inés Méndez, considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Héctor Gustavo Banega, por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Ivana Marcela Gutiérrez, por ser considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Nicole Judith Ana Luna, por ser coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Yanina Alejandra Chaju, considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Patricia Daiana Del Rosario Flores, por ser coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Silvana Valeria Avendaño, por ser coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. María Cristina Galindo, por ser considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Josue Joel Valencia, por ser coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  1. Baldomero Darío Córdoba, como partícipe necesario penalmente responsable del delito de exacciones ilegales agravadas -Concusión.
  1. Andrea Abigail Alba, por ser considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.

 

10993
 Institucional

El Procurador solicitó la intervención penal ante resultados bacteriológicos de estudios recientes por presunta contaminación del río Astilleros

La decisión se enmarca en las atribuciones de la Unidad Fiscal Ambiental, de la cual forma parte. Tiene como objetivo investigar y abordar la contaminación microbiológica en la zona de San Lorenzo Chico.

El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella en el marco de las competencias de la Unidad Fiscal Ambiental,  dispuso la intervención del fiscal penal  5, Federico Jovanovicz, a partir del conocimiento de los resultados arrojados por estudios bacteriológicos adjuntados a las actuaciones que viene sosteniendo el fiscal en lo Civil y Comercial 1 Rodrigo Erazo Schmidt, en relación con la presunta contaminación del río Astilleros; las que se suman a las actuaciones que invetisgan la contaminación de la cuenca del Rio Arenales. El objetivo es determinar las fuentes de emisión, así como las posibles responsabilidades – no solo ambientales sino también funcionales y penales- y las medidas de remediación necesarias para abordar la defensa ambiental urgente y necesaria.

La decisión se refiere a los posibles hechos de contaminación derivados de dos plantas de tratamiento en las orillas de los ríos Astilleros-Peñalva confirmados por el INIQUI/UNSA, el área ambiental del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y el laboratorio de Recursos Hídricos provincial.

En dichas determinaciones técnicas se concluyó que existe una contaminación microbiológica muy elevada en general y con un importante componente coliforme fecal y que el valor obtenido para el parámetro supera ampliamente lo establecido en la normativa legal, por lo cual no se encuentra apto para su vuelco en los ríos arriba mencionados.

Las colectas de muestras referidas se efectuaron en las plantas depuradoras de las urbanizaciones “Praderas” (Res. SRH N* 137/17) y “Los Invernaderos” (Res. SRH N° 23/22), implantadas ambas en la zona de San Lorenzo Chico.

Un informe pericial emitido por el INIQUI/UNSa, hace constar un relevamiento con resultados ambientalmente negativos en una muestra obtenida en el Río Astilleros. Destaca que se han autorizado dos vuelcos de líquidos cloacales desde plantas de tratamiento hacia los ríos Arias-Peñalva-Astilleros, habilitadas mediante Resoluciones de la Secretaría de Recursos Hídricos.

Se suma una inspección, muestreo e informe técnico practicado por el Servicio de Ingeniería y Química Forense -Área Ambiente- del CIF, que confirma los resultados del Instituto de Investigaciones para la industria Química (INIQUI-CONICET) y concluye que existe una contaminación microbiológica muy elevada en general y con un importante componente coliforme fecal significativo.  El parámetro coliformes fecales supera ampliamente lo establecido en la normativa legal por lo cual no se encuentra apto para su vuelco.

El informe del C.I.F. resalta que la zona, ha sido caracterizada en dictámenes técnicos de la administración competente como de riesgo, en tanto el río Peñalva forma parte del sistema de abastecimiento de Finca Las Costas e impactaría en la Toma 3 Palmeras, de abastecimiento de la Ciudad de Salta.

Posteriormente, en fecha 3 de abril de 2024, personal de la Secretaria hídrica realizo una inspección y colecta de muestras en las plantas depuradoras de las urbanizaciones “Praderas” y “Los Invernaderos” ubicadas en San Lorenzo Chico, resultando que la primera no cumple los parámetros debido a la concentración de bacterias de coliformes fecales por encima del límite permitido y la segunda, por presentar concentraciones significativamente elevadas de amoníaco y bacterias coliformes fecales, todas superiores a los límites máximos permitidos.

Una tercera muestra colectada por la administración de aguas en el río Astilleros, en la zona inferior a los puntos de descarga de las urbanizaciones y previa a la planta de toma para potabilización de agua, muestra que las bacterias coliformes totales no cumplen con los valores de referencia para el uso de agua como fuente para potabilización con tratamiento convencional, destinada al consumo poblacional.

El Procurador General analizó también en su disposición los precedentes ambientales emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a una causa sobre contaminación producida por la firma SAMEEP, que descargaba líquidos cloacales sin tratamiento en el arroyo Correntoso, afluente del río Oro y del río Paraguay. La Administración Provincial del Agua  y la Unidad Fiscal del Medio Ambiente Federal determinaron en aquella causa con repercusiones forenses, que los niveles de coliformes fecales no cumplían con los máximos admisibles, clasificando los residuos como peligrosos según la ley 24.051.

En su disposición, el Procurador General destaca que las circunstancias recopiladas podrían presentar una similitud penal con la jurisprudencia mencionada. Esta consideración, sumada a las acciones que se vienen llevando a cabo, deberán ser materia de investigación penal a ser instada por el Ministerio Público Fiscal, lo que motiva la intervención de la Fiscalía Penal 5; todo ello por advertir los elevados niveles de contaminación que se presume afectan a la cuenca, la individualización de las causas o causantes, y de esta forma preservar el bien jurídico que la legislación pretende proteger, en el caso la salud pública, la vida humana misma y el medio ambiente en general.

La competencia y jurisdicción ambiental de la Procuración General y el Ministerio Público se encuentran impuestas por la Constitución Provincial en su artículo 166, inciso F.

Emplazan a urbanizaciones de San Lorenzo Chico y Organismos de control por la contaminación de un río

682
 Institucional

El Procurador dispuso correr vista a un Fiscal Penal por una amenaza gremial de bloqueo al CIF

La medida fue comunicada por los delegados del gremio de seguridad privada en Orán. Denuncian incumplimientos de parte de la empresa Guardian. 

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, dio intervención al fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, para investigar un hecho de gravedad institucional relacionado con una amenaza que constituiría un hecho delictivo en grado de tentativa contra el funcionamiento del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), delegación Orán.

La directora fiscal del CIF, Gabriela Buabse, informó al Procurador sobre una nota presentada por la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (U.P.S.R.A.) a la Coordinadora Operativa del Gabinete de Medicina Legal del CIF – Delegación Orán, en la cual se comunica que debido a conflictos gremiales con la empresa Guardian SRL, se procederá al bloqueo de los accesos a las instalaciones del CIF por tiempo indeterminado.

En la nota firmada por el Delegado Regional de U.P.S.R.A. Orán, Marcelino Romero, y el Delegado de Base, Hernán José López, se manifiesta que el gremio “lamenta notificar” que realizará medidas de acción directa el jueves 23 de mayo. Consisten en la asistencia del personal a sus puestos de trabajo, sin actividad laboral, y el bloqueo de los accesos al establecimiento del CIF, por tiempo indeterminado, hasta que se logre una solución a la problemática planteada.

La medida de coacción anunciada afecta de manera inmediata la prestación de un servicio esencial y a un organismo que actúa como órgano del poder público, ejerciendo funciones de autoridad en nombre del Estado. Esto implica que el servicio esencial necesario para hechos delictivos, que requieren el traslado de cuerpos a la morgue y la toma de muestras, tanto para Orán como para Tartagal, no se podría concretar o se vería afectado por la decisión de un tercero, impactando directamente el servicio de Justicia.

829
 Institucional

Prestó juramento el Secretario de Política Criminal de la Procuración

Gaspar Solá Usandivaras fue designado por resolución y previo concurso publico. Se destacó el trabajo que ya viene realizado en la materia.

En la sala de reuniones de Procuración General, se constituyó el Colegio de Gobierno, representado por el procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella, con el objeto de tomar juramento como lo prescriben los artículos 61 de la Constitución Provincial y 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, previo concurso público y designado por resolución 22.790/24 en el cargo de Secretario de Política Criminal a Gaspar Javier Solá Usandivaras.  

Luego de la jura, el Procurador expresó su agradecimiento a Solá Usandivaras por su continuo compromiso y colaboración. Destacó el papel clave y determinante que desempeña como secretario de Política Criminal en los nuevos desafíos que se enfrentan y en la  firme decisión de abordarlos. García Castiella afirmó que esta expresión de reconocimiento y agradecimiento simplemente formaliza y destaca el valioso trabajo que viene realizado Solá Usandivaras, quien ha demostrado sólidos principios profesionales, éticos y morales al servicio de la Procuración General.

En el acto estuvieron presentes magistrados, funcionarios, familiares e invitados especiales.

899