Formalizaron la creación de la Unidad Fiscal Contravencional

Fue creada la Unidad Fiscal Contravencional, que tendrá a su cargo las actuaciones relativas a las faltas y contravenciones cometidas en el Distrito Judicial del Centro, de acuerdo a la ley 7135 y modificatoria. La UFICO estará a cargo de la fiscal penal, Gabriela María Buabse. La resolución cristaliza lo abordado con distintos funcionarios sobre la necesidad de concentrar las contravenciones en un solo ámbito.

Según consta en la resolución firmada por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, “la reforma del Código Contravencional de la Provincia le asignó un rol preponderante al órgano acusador en materia contravencional, poniendo en cabeza de los Fiscales Penales la dirección del proceso, con intervención del Fiscal a lo largo de todo su desarrollo, con colaboración de los auxiliares fiscales”. Y tiene en cuenta que “datos estadísticos dan cuenta de la creciente demanda que en materia contravencional reciben periódicamente las fiscalías penales del Distrito Judicial del Centro, “lo que demanda que se generen nuevos criterios de actuación del Ministerio Público Fiscal para optimizar el tratamiento de estos casos”.

Además, se aclara que la tramitación de todas las causas sobre la materia iniciadas con anterioridad a la fecha de vigencia de la resolución, estarán a cargo de la Fiscalía Penal donde se encuentran radicadas, hasta su finalización. Y en casos complejos, la Fiscal Penal a cargo de la unidad podrá solicitar al Procurador General de la Provincia que conforme un equipo de fiscales que colaboren en la tramitación de las actuaciones.

La copia de la resolución fue remitida al Ministro de Seguridad y Jefatura de Policía de la Provincia.

Un órgano colegiado será el nexo entre el Procurador, los fiscales y el CIF

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, creó la Coordinación General de Investigaciones del CIF. El órgano colegiado actuará como delegado de la Procuración General ante la Dirección del CIF y supervisará las tareas que desde allí se lleven a cabo. Al anuncio lo realizó en el marco de una nueva reunión del Consejo Asesor de Fiscales.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales fue creado con el fin esencial de asistir a las fiscalías penales durante la tramitación del proceso penal, bajo el concepto de órgano de funcionamiento interdisciplinario y técnico. En virtud de esa función esencial es que el Procurador entendió la conveniencia de crear la Coordinación General de Investigaciones del CIF, que sirva de nexo entre los fiscales y los integrantes del Cuerpo de Investigaciones y que asegure la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos disponibles y el cumplimiento de las funciones y misiones propias del CIF.

Entre los considerandos, se destaca que la “complejidad y diversidad de las funciones llevadas a cabo por los núcleos del CIF, conllevan la necesidad de coordinar la utilización de los recursos humanos, materiales e inmateriales, bajo un concepto integral e integrado, armonizando aspectos técnicos y procesales”.

A la Coordinación la integran el fiscal Pablo Rivero; el director del Cuerpo Especializado de Investigaciones, Omar Dávila; el jefe del Departamento Científico del CIF, Pedro Villagrán y las secretarias letradas de la Procuración, Ivana Flores y Sofía Cornejo. Durante un año, el titular de la Coordinación será Rivero, quien fue elegido por los demás miembros.

Otros temas analizados durante la reunión del Consejo Asesor, -que preside Cornejo y cuya vicepresidenta es la fiscal Penal 1, María Gabriela Buabse-; fueron los aportes al Plan Estratégico 2020; el Primer Encuentro Provincial de Fiscales (que tendrá lugar el 8 de agosto próximo); las características de la formación del Cuerpo Especializado de Investigaciones; la optimización de la Oficina de Orientación y Denuncia (O.O y D) y la elaboración de los protocolos que garanticen el cumplimiento de las medidas y pericias obligatorias, ante la posible comisión de un delito y que eviten posibles pérdidas de tiempo y de evidencia.

El Consejo está conformado por fiscales de distintas materias y la representación del interior es rotativa. Este viernes estuvo el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot. La secretaria general del Consejo de Fiscales es Ana Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila. Hoy participaron las fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, María Luján Sodero, Claudia Geria, Mónica Poma, Carolina Hernández, Josefina David de Herrera. También estuvieron los fiscales Gabriel Portal, Santiago López Soto, Federico Jovanovics, Pablo Rivero y Federico Obeid.

El Procurador recibió a un matrimonio que espera el juicio a médicos de Güemes

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a Marta Eugenia Braga y Carlos Javier Argañaraz. Por el fallecimiento de su hijo, hay dos imputados por supuesto abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esperan que se defina la fecha de juicio.

Durante el encuentro con el Procurador, la pareja indicó que llevan cuatro años esperando la realización del juicio. “Fue buena la reunión con el Procurador. Nosotros lo que buscamos es que se agilice la causa y que podamos tener una fecha de juicio. Queremos que el Procurador vea la causa porque llevamos cuatro años buscando justicia”, sostuvo Marta Braga.

Por su parte, Carlos Argañaraz indicó que la causa se encuentra con elevación a juicio desde febrero de 2018 en el Juzgado de Garantías N° 1 y “desde entonces quedó ahí”. “Son cuatro años de lucha y de espera de este juicio que no llega”, insistió Argañaraz.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2015, cuando Marta Braga llevaba 38 semanas de gestación se presentó en el hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, con complicaciones en el embarazo, por lo que los profesionales indicaron que debía que ser sometida a una cesárea de emergencia. Sin embargo, por falta de anestesista fue trasladada a un hospital de la Capital, donde posteriormente su bebé nació sin vida.

El matrimonio denunció al Gerente General y al Gerente de Atención a las Personas del hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, por abandono de persona. Intervino la entonces fiscal penal de General Güemes, Verónica Simesen de Bielke, quien posteriormente agravó la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, contra el gerente General, Jorge Barni y el de Atención a las Personas, Marcelo Quiroga, ambos del hospital Joaquín Castellanos.

Las actuaciones en la fiscalía surgieron a partir de la denuncia que Carlos Argañaraz realizó el 18 de junio de 2015, en nombre de su esposa, Marta Eugenia Braga, quien, embarazada de 38 semanas y con los controles médicos realizados en forma normal, llegó al nosocomio de Güemes con contracciones y problemas de presión y por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde el bebé nació sin vida.

Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicaron que la paciente sufrió desprendimiento de placenta lo que ocasionó que la criatura llegara sin vida y que hubo sufrimiento fetal, debido a que no se practicó la cesárea de urgencia que la condición médica de la madre requería. Esto es, porque el hospital Castellanos, no contaba con el anestesista que se encontraba asignado a cubrir esa guardia.

Jorge Farfán se reunió con el Procurador General de la Provincia

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a Jorge David Farfán, padre del fallecido Jorge David “Gurí” Farfán Vera, de 24 años. Farfán manifestó su disconformidad con la investigación llevada adelante desde el fallecimiento de su hijo, ocurrido en febrero pasado y pidió que se revisen actuaciones y se encaren nuevas averiguaciones.

“La reunión con el Procurador fue muy productiva”, afirmó Farfán al término del encuentro, en el que relató las medidas que él mismo tomó a partir de la muerte de su hijo, ocurrido el 8 de febrero último en barrio Santa Ana. Recordó que en marzo pasado, el fiscal penal Pablo Paz, descartó el homicidio de su hijo, cuando le informó que del análisis del informe de autopsia realizado, se pudo obtener que el joven murió por edema agudo de pulmón, asociado al consumo de drogas. Sin embargo, Farfán pidió que se convoque a una Junta Médica para determinar fehacientemente la causa de muerte, ya que un perito de parte elaboró un informe que contradice lo informado oportunamente e indica que habría fallecido producto de los golpes recibidos la noche del hecho.

Cuando descartó la comisión del delito de homicidio, el fiscal Paz giró las actuaciones a la Fiscalía Penal de la jurisdicción y a la de Derechos Humanos para que investigue las posibles responsabilidades ante las lesiones que presentaba Farfán Vera.

“Desestimo totalmente que mi hijo haya muerto por alguna droga. Ninguna droga puede generar traumatismo de cráneo, ni traumatismo cerrado de tórax ni de abdomen”, enfatizó Farfán, quien concurrió este miércoles a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, para denunciar que se investigue a los presuntos homicidas de su hijo.

“Hicimos una nueva denuncia ante la nueva fiscal Verónica Simesen de Bielke, que llevará adelante las investigaciones. Acá las cosas están claras porque mi hijo murió por traumatismos múltiples, dentro de una comisaría. Y los responsables están a la vista; son cuatro efectivos de la Policía de la Provincia”, afirmó el padre del joven fallecido, quien también busca que la familia vecina que lo habría atacado en primer lugar, sea investigada.

Sistema acusatorio y cooperación interinstitucional: Cornejo recibió a Casal

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal. Durante el encuentro, se abordaron aspectos de las tareas conjuntas que llevan adelante Nación y Provincia, y especialmente a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, desde el 10 de junio pasado.

Se trata del ordenamiento que introduce el sistema acusatorio en la justicia federal, por el cual el fiscal asume la investigación en las pesquisas penales. La implementación será progresiva y se dará por etapas en las distintas regiones del país. Empezó en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

En ese marco, el Procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, consideró “altamente positivo” el encuentro y la conveniencia de la cooperación interinstitucional, dada la incidencia de la implementación del sistema acusatorio en el ámbito de la provincia. También celebró la posibilidad de continuar con los canales de colaboración y de actuación conjunta y coordinada de los equipos federales y provinciales, en materia de prevención de trafico de drogas; aspecto que de acuerdo a Casal, “se viene desarrollando muy bien”.

“Son todos aspectos de preocupación común”, dijo Casal y destacó la experiencia de la Provincia en el sistema acusatorio. “No es casualidad que Salta y Jujuy hayan sido elegidas para lanzar la primera etapa de la implementación”, afirmó, al tiempo que recordó que las tres relaciones fundamentales del estado federal son “la subordinación al orden federal y luego la coordinación y la cooperación; porque el país es uno solo y tenemos que ver de qué forma sumamos esfuerzos para que se multipliquen los resultados en beneficios de la comunidad”.

En ese sentido, agregó Casal que “el ciudadano común no distingue si algo es competencia de la Nación o de la Provincia: la distinción de competencias está hecha en función de una organización descentralizada y en beneficio de la comunidad y de las autonomías provinciales, pero en última instancia de lo que se trata es de que toda la población acceda a la justicia y viva mejor”, finalizó.

El sistema acusatorio asegura la división de roles entre jueces y fiscales. Desde el 10 de junio, la investigación de los delitos quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que promueve la acción penal contra los autores y partícipes de un hecho criminal. Todo debe ser probado, luego, en un juicio oral y público.

Junto a los procuradores General de la Nación y General de la Provincia, estuvieron el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Casanovas y el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel.

En Salta no hay información sistematizada sobre Ciberdelitos

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, mantuvo una reunión con especialistas en seguridad digital, especialmente de menores. Estuvieron el integrante de Grooming Argentina, Diego Comba y el creador de @Conectados_Arg Lab y representante del Gobierno de la Provincia ante el Ente Nacional de Comunicaciones y del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, Federico Dada.

Durante el encuentro con el Procurador, los presentes coincidieron en la necesidad de sistematizar la información sobre causas y sentencias referidas a ciberdelitos; para avanzar en la investigación y definición de políticas públicas sobre la temática.

Diego Comba manifestó el desconocimiento de la mayor parte de la sociedad sobre los Ciberdelitos y remarcó la necesidad de contar con estadísticas específicas para abordar la problemática.

Por su parte, Federico Dada destacó la necesidad de crear una fiscalía especializada en Ciberdelitos y consideró que el fiscal que intervenga en este tipo de delitos, deberá ser respaldado por el trabajo de una unidad especializada en la Policía de la Provincia.

Tras asumir como Procurador, Abel Cornejo recibió a integrantes del Colegio de Abogados. En esa oportunidad, el titular del Colegio, Pedro Burgos, consideró “absolutamente necesaria” la puesta en marcha de una fiscalía de Ciberdelitos, para contar con procedimientos especiales en esas causas y la custodia para validar las pruebas en los procesos. “La tecnología genera una recolección de pruebas muy importantes que pueden facilitar muchos procesos penales, sobre todo en la investigación, imputación y eventual condena”, sostuvo Burgos.

Posteriormente, el Procurador recibió al ministro de Seguridad, Carlos Cayetano Oliver y al secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, quienes también se refirieron a la creación una fiscalía especializada y destacaron la necesidad de profundizar la capacitación de los agentes de la Policía de la Provincia, quienes actúan bajo la dirección de los fiscales en la investigación.

Por su parte, la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi, también habló con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, sobre el proyecto de fiscalía de ciberdelitos, dado el avance y las diferentes modalidades de la amenaza que afecta a la comunidad. Dijo Iradi que “los delitos informáticos o ciberdelitos van en crecimiento y llegan a la población de distintas edades según el fin fraudulento de cada delincuente (bullying, grooming, estafas, robos de datos) y es por eso que requiere de profesionales específicos en constante capacitación”.

El análisis sobre las posibilidades que brindaría una Fiscalía de Ciberdelitos para investigar delitos específicos y otros, conexos; también fue parte de un encuentro de Familiares de Víctimas contra la Impunidad con Cornejo.

Leyes vigentes

Argentina cuenta con la ley 26388, sancionada en 2008 y conocida como la Ley de Delitos Informáticos, la cual introdujo nuevos tipos penales al Código Penal de la Nación, vinculados al uso de la tecnología.

En 2013, se sancionó la Ley 26904 -ley de Grooming- para hacer frente al delito que afecta a gran cantidad de menores de edad; y en 2018, la ley 27436, que penaliza la tenencia de pornografía infantil. Algunos de los delitos informáticos son: Pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos; Violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica; Intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones; Acceso a un sistema o dato informático; Publicación de una comunicación electrónica; Acceso a un banco de datos personales; Revelación de información registrada en un banco de datos personales; Inserción de datos falsos en un archivo de datos personales; Fraude informático; Daño o sabotaje informático y Ciberacoso a un menor y/o Grooming.

Inscriben para el Primer Encuentro Provincial de Fiscales, Auxiliares Fiscales y Secretarios

Este lunes se habilitaron las inscripciones para el Primer Encuentro Provincial de Fiscales, Auxiliares Fiscales y Secretarios del Ministerio Público Fiscal de Salta. El jueves 8 de agosto habrá paneles sobre distintas temáticas, con el fin de propiciar una instancia de reflexión y colaboración para el Plan Estratégico 2020.

La Procuración General de la Provincia invitó a todos los fiscales, auxiliares fiscales y secretarios a participar del Primer Encuentro, organizado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, que se llevará a cabo el jueves 8 de agosto próximo, de 15 a 18, en el Centro Cultural América, en Mitre 23.

El programa prevé cuatro ejes temáticos para inscribirse, los cuales tendrán un cupo limitado. Los participantes podrán elegir uno de los paneles. El primero será: “Promover la unidad de actuación en el Ministerio Público Fiscal”, y estará a cargo de los fiscales María Luján Sodero Calvet y Federico Jovanovics Torino. El segundo se referirá a la “Gestión Institucional” y será responsabilidad de los secretarios letrados, Ivana Flores y Leandro Flores.

En tanto, el tercero será: “Fortalecer los procesos investigativos del Ministerio Público Fiscal”, que será responsabilidad del fiscal Santiago López Soto y el director de Investigaciones, Omar Dávila. Finalmente, el panel sobre “Sociedad, transparencia y políticas de comunicación”, estará a cargo de las secretarias letradas María Cecilia Coria Conesa y Fátima Silvina Ruiz.

Las inscripciones se recibirán desde este lunes 22 y hasta el viernes 2 de agosto próximo, a través del link “Inscripciones”, disponible en Intranet del Ministerio Público Fiscal.

Las consultas pueden resolverse llamando al teléfono 4258000, interno 5040.

Cornejo: “Hay un clamor de justicia, para que las investigaciones sean más rápidas”

El procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, presentó la capacitación de profesionales que podrán sumarse luego al Cuerpo Especializado de Investigadores. La destacó como otra posibilidad de otorgar a los fiscales “todas las herramientas posibles” para responder a la demanda de justicia. El CEI será un cuerpo auxiliar de los fiscales.

Durante la presentación, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, resumió que en los dos meses de gestión que lleva en el Ministerio Público Fiscal, todos los familiares de víctimas de delitos cometidos en Salta, -que solicitaron audiencia y fueron recibidos por él-, coincidieron en la “enorme demanda de justicia”. Y destacó que las democracias más avanzadas del mundo, suman a sus cuerpos de investigación a profesionales de las distintas ramas para reforzar las averiguaciones sobre delitos.

Con el Procurador, estuvieron la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; el director del Cuerpo Especializado de Investigadores, Omar Dávila, y la coordinadora del Curso de Capacitación, Sofía Cornejo Solá.

“El trabajo de investigación en el Ministerio Público Fiscal no descansa ni tiene pausa. Y hay un clamor de justicia por parte de familiares; un clamor de verdad para que las investigaciones sean más rápidas”, dijo a los presentes el procurador, Abel Cornejo. Recordó que la decisión de conformar Unidades de Investigación Fiscal, permitirá que la investigación compleja no recaiga sobre un solo fiscal. “Necesitamos que los fiscales no sientan presiones ni estén acotados o limitados en la acción”, afirmó el Procurador.

Sobre el CEI, Cornejo anticipó que la formación será minuciosa, con ensayo y error, y que la mayoría de los fiscales conformarán el plantel docente. También se incorporarán profesionales externos del Ministerio Público Fiscal. Se analizarán casos resueltos y cómo se investigaron; para que el adiestramiento sea completo y que al momento de adjuntar información a una Unidad Fiscal, ésta cuente con todos los elementos necesarios, sin descartar el rol de las fuerzas de seguridad.

En tanto, el director del CEI, Omar Dávila destacó que la importancia del nuevo cuerpo de investigadores profesionales, será la capacitación profesional e interdisciplinaria, a la que accederán con un plantel docente que integrarán el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo; fiscales, profesionales del CIF y externos del Ministerio Público Fiscal; y particularmente, por investigadores que actualmente desarrollan su tarea las unidades fiscales especiales.

El CEI responderá exclusivamente al Ministerio Público Fiscal y será constituido íntegramente por profesionales, lo que beneficiará la relación entre el CIF y la dirección de la investigación. “Se constituirá en un nexo natural para lograr un mejor rendimiento”, explicó Dávila. Y agregó que los profesionales aportarán su conocimiento desde las distintas especialidades y se logrará lo que se busca desde hace tiempo: la interdisciplinaridad. “Toda la ciencia que aporten desde sus respectivos ámbitos, colaborará directa y exclusivamente con el fiscal”, cerró el director del CEI.

Finalmente, Sofía Cornejo Solá precisó sobre los profesionales que podrán convertirse en investigadores civiles, y que luego de concluir la capacitación, tendrán la posibilidad de una eventual incorporación al Departamento de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Los profesionales informáticos, licenciados en seguridad, en criminalística y criminología, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, comunicadores sociales, contadores y licenciados en administración de empresas, que aspiren a integrar el Cuerpo Especializado de Investigadores, podrán inscribirse desde el lunes 22 del corriente al viernes 16 de agosto próximo.

Los interesados deberán presentar sus antecedentes curriculares, de lunes a viernes, de 8 a 12, en Mesa de Entradas de la Procuración General, ubicado en el Edificio Anexo Norte, segundo piso, en Ciudad Judicial.

Piden que se investigue al juez Figueroa por presunto mal desempeño y que cese en sus funciones

La fiscal penal 1, Gabriela Buabse deberá averiguar si existió comisión de delito por parte del juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, al dictar una resolución que denegó un recurso judicial, y al pronunciarse sobre un asunto sobre el que ya lo hizo; sin permitir que se ejercite la garantía de la doble instancia judicial. Lo hará a instancias del Procurador, quien también pidió que se interponga “con carácter de urgente” una medida cautelar innovativa, para que el magistrado cese de inmediato en sus funciones.

El procurador general de la Provincia de Salta, Abel Cornejo, pidió que se investigue si existió comisión de delito a través de la fiscalía que por turno corresponda, por parte del juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa. En este caso, correspondió a la Fiscalía Penal 1, a cargo de Gabriela Buabse.

El decreto firmado por el Procurador, pidió que sea investigado, atento que ha tomado estado público que el juez mencionado, “convocado transitoriamente en razón de su estado judicial, según lo previsto por el artículo 16 inciso a) de la ley 24.018, norma que debe ser conjugada con el artículo 1º de la ley 7717, que establece como plazo máximo de duración del mandato provisorio los dos años de duración en el cargo toda vez que excedió con creces ese límite de su desempeño funcional”; ha dictado una resolución de manera unipersonal denegando un recurso judicial y pronunciándose sobre un asunto sobre el que ya tuvo oportunidad de hacerlo anteriormente, sin permitir que se ejercite la garantía de la doble instancia judicial. Y agrega la presentación que lo hizo “en abierta contradicción a precedentes sentados expresamente al efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación – particularmente en los casos Llerena y Casal; como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”; y que, a la vez, “revela interés en el resultado del pleito”.

En su presentación, Cornejo sumó “la posible inobservancia de las prescripciones de la ley 27.206, que es de orden público, más la gravedad de los hechos que se investigaron en la causa, cuya prescripción dispuso, lo cual imposibilita absolutamente que las víctimas ejerzan sus derechos en plenitud, como así también desalienta a otras posibles víctimas a denunciar los abusos que pudieron haber padecido”. Y destaca que el pronunciamiento del Juez, “contradice abiertamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en el precedente Ilarraz, Justo José s/promoción de la corrupción agravada-incidente de extinción pro prescripción s/impugnación extraordinaria, del 7 de junio de 2018”. Ese día, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desestimó el recurso interpuesto por la defensa del clérigo Justo José Ilarraz por medio del cual se solicitó el sobreseimiento del cura al entender que la acción penal estaba extinguida por prescripción. Ilarraz fue condenado en mayo de 2018 a 25 años de cárcel por abusos contra menores cometidos en el Seminario de Paraná. A la presentación se adjuntaron todos los fallos recientes que rechazaron las prescripciones de acciones penales por delitos contra la integridad sexual, entre ellos los de Entre Ríos, Neuquén y Catamarca.

En otro sentido y sin perjuicio de lo anterior; el Procurador dijo en su presentación que deberá interponerse con carácter de urgente una medida cautelar innovativa, para que el juez Figueroa, convocado transitoriamente en razón de su estado judicial, “cese de inmediato en sus funciones, dándole inmediata noticia a la Corte de Justicia de la Provincia, para que oficie al Poder Ejecutivo Provincial y el Consejo de la Magistratura, con el fin de llamar a concurso de oposición y antecedentes para cubrir la vacante en forma perentoria, atento el tiempo transcurrido”.

De esa manera, se cumpliría con lo dispuesto por los previsto en el artículo 159 de la Constitución de la Provincia y 12 de la ley 7016, “habida cuenta que tal como lo dispone el artículo 16 inciso a) de la ley 24.018 en función del artículo 1º de la ley 7717, la ocupación del cargo tiene carácter transitorio no imperecedero”.

Presentan la capacitación de Investigadores Fiscales Civiles

La formación de investigadores civiles fue uno de los primeros compromisos asumidos por el Procurador General de la Provincia, al inicio de su gestión. Podrán acceder profesionales de distintas aéreas, interesados en asumir el rol del investigador especializado en investigación de delitos. La presentación será este viernes, en la Escuela de Capacitación del Ministerio Público.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que se ponga en marcha la formación de investigadores civiles, a través del Centro de Capacitación y Gestión del Ministerio Público Fiscal. Los egresados serán seleccionados para una eventual incorporación al Departamento de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Sofía Cornejo Solá y Omar Dávila serán responsables del plantel de capacitación específica, que estará integrado por fiscales, auxiliares, profesionales de distintas áreas y personal policial que se desempeña en el Ministerio Público Fiscal; en universidades y otros organismos. Estará orientado a fortalecer el área de investigaciones de las fiscalías de la provincia.

Por qué capacitar a civiles

El rol del investigador especializado en investigación del delito, fue comprendido como una función que se constituye con exclusividad en el campo de la praxis. Sin embargo, ante los ineludibles avances tecnológicos, la dinámica del contexto social y la mutación de las tipologías delictivas, se hizo necesario profundizar en las técnicas de apoyo que se utilizan para la resolución de los casos. También fue necesario elaborar metodologías de intervención propias que otorguen un saber específico a los investigadores.

El plan se estructura en dos niveles de capacitación: uno de Formación Inicial, destinado a profesionales informáticos, licenciados en seguridad, abogados, comunicadores sociales, licenciados en criminalística y criminología, trabajadores sociales, psicólogos, contadores y licenciados en administración de empresas y que aspiren a integrar el Cuerpo Especializado de Investigadores.

Cualquier aspirante al CEI deberá tener cursado y aprobado el Plan de Capacitación Inicial, y su ingreso será a través de concurso público de antecedentes y oposición, como condiciones excluyentes.

El segundo nivel, será el de Capacitación Continua, de cumplimiento obligatorio y dirigido a los profesionales que integren el CEI. Se estima un cupo máximo de 30 alumnos por año, con el dictado de materias mensuales. Las clases se dictarán dos veces por semana, con un total de 24 horas por materia y una duración final de 264 horas la capacitación completa. La duración estimada será de 11 meses.

La formación se presentará este viernes 19, a las 10, en la Escuela de Capacitación del Ministerio Público, ubicada en el edificio Anexo Norte, 1er piso de Ciudad Judicial.