Fue el eje de la nueva reunión del Procurador con los responsables de las distintas áreas del CIF. El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, emitió nuevas directivas e intercambió aportes con la coordinadora de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; la comisionada, Ivana Flores, el coordinador administrativo, Mauricio Chaneton y los directores de Departamentos del CIF.
Durante la reunión, los presentes discutieron sobre el destino de bienes secuestrados en la lucha contra el microtráfico, para que lo obtenido se invierta exclusivamente en dotar de mayor tecnología al CIF. Previamente, en el Consejo Asesor de Fiscales, el Procurador instó a los fiscales a coordinar reuniones con los jueces de Garantías, con el objetivo de establecer un protocolo para el uso de vehículos y dinero secuestrados.
Es que desde junio pasado, cuando se promulgaron las modificaciones del artículo 2 de la ley 7782 y de los artículos 5, 23 y 25 de la ley 7838, quedó establecido que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y producto de la venta provenientes de la narcocriminalidad se destinarán a solventar investigaciones de los delitos del mismo ámbito. También, a la prevención, asistencia y rehabilitación de personas afectadas por el consumo de estupefacientes.
Por otra parte, se actualizó sobre la incorporación de médicos legales al CIF, que se concretará a través del concurso nacional para cubrir al menos 12 cargos. También se analizó un proyecto que propone la creación de un laboratorio y una morgue judicial para Tartagal.
Con Cornejo, Carraro, Flores y Chaneton, estuvieron el jefe del Departamento Técnico Científico del CIF y director operativo de la Red Nacional de Ciencias Forenses, Pedro Villagrán, el jefe del Departamento de Criminalística, Washington González y el jefe del Departamento de Investigaciones, Omar Dávila.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al diputado Arturo Borelli y su asesor técnico, Luis Segovia, para conocer detalles del proyecto de Ley que propone modificar distintos artículos del Código Procesal Penal y agregar uno, con el objetivo de ampliar derechos de las víctimas de homicidios, femicidios o causas ambientales en los procesos investigativos. Cornejo remitió su adhesión al proyecto a la Cámara de Diputados de Salta.
Después de recibir al diputado del bloque Planifiquemos Salta, Arturo Borelli y su asesor, Luis Segovia, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados de Salta, un documento en el que expresó su “categórico apoyo” al proyecto que propone modificar los artículos 1° inciso e), 5°, 98, 99, 106, 107, 108, 241, 242, 243, 244 (Libro Primero), 489, 492, 493, 494 y 502 (Libro Tercero) y agregar el artículo 244 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, “en virtud de que dicha reforma redundará en un claro mejoramiento del acceso a la justicia y una ampliación de los derechos de las víctimas de delitos”.
El diputado Arturo Borelli consideró que el encuentro con el Procurador fue “muy positivo” porque se discutió un proyecto de ley presentando junto a Luis Segovia, para “otorgar más derechos y participación a las víctimas en proceso penal, algo que a todas luces, hasta hoy está vedado”.
El legislador explicó que el avance permitirá que las víctimas de delitos tengan la posibilidad de presentar pedidos de investigación, realizar trámites y constituirse como querellantes en las causas. Y agregó que el Procurador consideró que se debe avanzar en ese sentido, como lo hizo el resto del país. “Es un paso adelante y aunque en la Cámara de Diputados nadie rechazó el proyecto ni lo objetó, se esperaba primero la opinión de la Procuración General de la Provincia y del Colegio de Abogados”, entre otros actores del sistema judicial.
En tanto, el abogado Segovia explicó que actualmente “la víctima tiene vedado el acceso a la justicia desde el primer momento y sólo puede participar de la investigación cuando el fiscal imputa”. En cambio, al modificarse el Código y de acuerdo a lo establecido por la iniciativa legislativa, “permitiríamos a las víctimas constituirse como querellantes desde el primer momento y que cuenten con amplias facultades” para intervenir en las causas.
Los consejeros aportaron este viernes información sobre el estado de las fiscalías de la Provincia, para avanzar en un diagnostico que permitirá conocer fehacientemente el estado de cada dependencia. Con información concreta, se avanzará en los ajustes estructurales necesarios para avanzar en la optimización de la gestión.
El funcionamiento y la disponibilidad de recursos materiales y humanos en Unidades Fiscales fue uno de los ejes de análisis de la reunión del Consejo de Asesores Fiscales celebrada este viernes. Los consejeros aportaron información sobre las necesidades y fortalezas de cada unidad fiscal, al margen de que la recientemente creada “Unidad de Control de Gestión Interno del Ministerio Público Fiscal”, lleva adelante visitas periódicas, y a cuyo relevamiento se sumarán los informes de los jefes de dependencias.
“El diagnóstico permitirá realizar ajustes estructurales en la organización de la Procuración General, y obtener un desempeño eficiente y eficaz de las funciones que se cumplen en el organismo”, afirmó el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, al tiempo que destacó la posibilidad de que esos ajustes optimicen la gestión pública y se asegure el adecuado funcionamiento de cada unidad, con mayor fluidez y celeridad en sus actuaciones. Cornejo no desconoció las carencias de las fiscalías, las que serán contempladas al momento de definir cambios y proyectar el Presupuesto 2020.
La Unidad de Control verifica, evalúa y fiscaliza el cumplimiento de las políticas, instrucciones, resoluciones y procedimientos determinados por la Procuración General en materia de unidad de actuación funcional; y por supuesto, informa al Procurador las observaciones y recomendaciones que permitan implementar mejoras de los procedimientos.
Hasta fin de mes están programadas las visitas a la Unidad Fiscal Contravencional, las seis fiscalías penales, las dos de Menores; cuatro de Violencia Familiar y de Género; cuatro de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, las tres de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, la Fiscalía de Derechos Humanos; las tres Fiscalías de Impugnación, las dos Fiscalías Civiles, Comerciales y Laborales; la de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral; la Unidad de Delitos Económicos y Complejos; la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos y las fiscalías de Cerrillos, Rosario de Lerma, Cafayate y General Güemes.
Este viernes, participaron en la reunión del Consejo Asesor que preside Abel Cornejo y coordina Ana Cecilia Carraro, las fiscales Gabriela Buabse, Josefina David de Herrera, Carolina Hernández, Claudia Geria y María Luján Sodero Calvet, además de los Federico Obeid, Pablo Rivero, Gabriel Portal y Gustavo Vilar Rey.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, explicó este miércoles ante legisladores de la Cámara de Diputados de Salta, las razones por las cuales decidió emprender cambios de organización en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. También se refirió al proyecto del Poder Ejecutivo Provincial, de creación de tres fiscalías: una para Cachi, otra para Rosario de la Frontera y la tercera, especializada en Ciberdelitos.
Cornejo celebró el contacto cercano con legisladores porque de esa forma todas las dudas pueden aclararse con amplitud y detalle; junto a representantes de distintas bancadas y de ambas cámaras. El Procurador estuvo con senadores provinciales antes de que se aprobara en esa Cámara, el 19 de septiembre pasado. “El diálogo siempre es positivo, porque se pueden acordar mejoras importantes en instituciones y especialmente, en contra de la impunidad”, opinó el Procurador. Destacó la posibilidad de intercambiar opiniones y análisis desde el punto de vista constitucional, jurídico y operativo.
En ese marco y luego de precisar sobre el proyecto que propone la modificación de un artículo de la Ley Orgánica del CIF para que la dirección se encuentre a cargo de un fiscal penal y sobre la creación de tres fiscalías (una en Cachi, otra en Rosario de la Frontera, y la tercera, de Ciberdelitos), Cornejo recordó algunas situaciones en particular que empujaron la decisión de cambios internos en el CIF. El 31 de agosto pasado, por orden del Procurador, fue exhumado el cuerpo de Cristian Gallardo y se realizó una segunda autopsia con junta médica, después de que el funcionario considerara que fue “escandaloso y absolutamente inaceptable” que el informe de autopsia no determinara la causa de muerte.
Un día después, el 1 de septiembre, apareció muerta la docente Sandra Palomo. La autopsia llevó al menos cuatro horas y media. Ante los diputados, el Procurador recordó que “en cualquier caso, quien estaba a cargo del CIF en ese momento, no estuvo ni durante la realización de las autopsias ni en los desplazamientos y operativos que ordenaron y realizaron los fiscales”. Entonces, decidió desplazar a la exdirectora, quien fuera designada por concurso interno de la Procuración y sin llamado a concurso público.
El lunes 2, Cornejo reestructuró el CIF y pidió al Poder Ejecutivo cambiar la ley para que lo dirija un fiscal penal. Asumió la dirección del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en forma provisoria, aprobó su reestructuración, designó a una comisionada y dispuso la apertura de un sumario administrativo. El martes 3, el Poder Ejecutivo impulsó la creación de tres fiscalías y la modificación orgánica del CIF. La iniciativa obtuvo media sanción en el senado el 19 de septiembre pasado.
Cambios en el CIF
Entre otros cambios producidos para mejorar el funcionamiento del Cuerpo, Cornejo, quien asumió en el cargo hace cinco meses, dispuso que se aplique el Protocolo de Minnesota, que indica que no puede iniciarse una autopsia después de las dos horas de hallado el cuerpo. Además, las autopsias empiezan en el lugar de los hechos o donde se halla a la víctima. “Eso sucedió con el caso Palomo, lo que permitió encontrar más rastros e información y desactivar versiones periodísticas sobre las circunstancias de muerte de la docente”, recordó el Procurador.
Informó que hoy el CIF cuenta con cuatro médicos legales y una especialista anatomopatóloga, faltan genetistas y que la dotación mínima de médicos debería ser de doce personas. Para cubrir esos cargos, se está llamando a concurso nacional. En tanto, en el interior, hay un solo médico para el Distrito Judicial Sur y en el del Norte, también uno, quien además es ginecólogo. Desde la primera semana de septiembre se realizan reuniones semanales entre el Procurador, los directores de departamentos y todo el equipo del CIF. Otro paso importante fue el de conformar unidades fiscales de investigación para lograr mayor eficiencia en la resolución de los casos y despersonalizar las investigaciones. Además, se modificó el esquema de turnos de forenses y afectación de especialistas al interior. “El CIF debe proveer la mayor cantidad de datos científicos posibles para investigar un delito de la mejor y más rápida forma posible”, finalizó el Procurador, quien destacó la posibilidad de que un fiscal penal, que conoce las pruebas y elementos científicos que requieren las investigaciones, dirija el CIF y se aboque especialmente a esa tarea.
En la reunión encabezada por el procurador general, Abel Cornejo, participaron la defensora general, María Inés Diez; la asesora general y presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Mirta Lapad; el presidente de la Cámara Baja Provincial, Manuel Santiago Godoy; los diputados por Capital, Arturo Borelli, Héctor Chibán, Claudio del Plá, Javier Diez Villa, Guillermo Martinelli, Mario Moreno, Silvia Varg y Humberto Vázquez, junto los diputados Mario Ábalos (Cerrillos), Antonio Otero (Metán), Emilia Figueroa (Rosario de la Frontera), Marcelo Oller Zamar (Cachi), Sergio Cisneros (Cafayate) y los diputados por Orán Sebastián Domínguez y Baltasar Lara Gros.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el fiscal federal Eduardo Villalba, autoridades de Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También participó el abogado de la familia Cash, Pedro García Castiella. Acordaron la integración de una comisión especial que investigará la desaparición de María Cash.
Tal como fue anunciado en septiembre pasado por el Ministerio Público Fiscal, la comisión será conformada por el Departamento de Investigaciones del CIF, junto a Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cristalizó en la reunión de este martes la decisión de aportar desde la cartera nacional los nombres de los oficiales de las fuerzas nacionales, que oportunamente fueron sugeridos por la familia Cash.
Uno de ellos es el actual director Antidrogas de Gendarmería Nacional, comandante Gabriel Riveros, especializado en inteligencia criminal y quien se desempeñó en las primeras etapas de la causa. En ese marco, Bullrich se comprometió personalmente este con las autoridades y la familia Cash, a autorizar la afectación del oficial a la investigación.El aporte del Ministerio Público Fiscal de la Provincia será a través del jefe del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar Dávila y su equipo. Dávila es abogado especializado en investigación criminal y su nombre también fue sugerido por la familia Cash para integrar la comisión que buscará dar con el paradero de María Cash.
Para avanzar en la constitución de la comisión investigadora, solo se requería la autorización de la cartera de Seguridad para afectar a los investigadores de Gendarmería y PSA. Por lo demás, los presentes coincidieron en que la investigación articulada con la Procuración General de la Provincia, no afectaría ni violaría jurisdicciones porque está vigente un convenio de asistencia recíproca con el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que permitió que el Gobierno Nacional aportara fondos para la adquisición del equipamiento para el CIF.
La investigación es de competencia federal porque se sospecha que María Cash fue víctima de una red de trata de personas. En el caso, el juez federal Miguel Medina delegó parcialmente la investigación en el fiscal Eduardo Villalba, de acuerdo a lo establecido por el Art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación.
La diseñadora María Cash desapareció a los 29 años. Fue vista por última vez en Salta, el 8 de julio de 2011, en el acceso a la capital provincial, donde funcionaba la estación de peaje de la empresa Aunor.
Los disertantes del ciclo de conferencias “Ciencia y Justicia. Un diálogo complejo” coincidieron en la necesidad de fortalecer los equipos de investigación a través de la multidisciplinariedad científica, porque ninguna especialidad puede llegar a la verdad por sí sola. También fue eje el objetivo de mejorar el diálogo entre científicos y abogados, -fiscales o jueces-, y generar protocolos federales para mejorar investigaciones. Sostienen la importancia que tiene que la Procuración de la Provincia cuente con un laboratorio científico para evitar la impunidad.
El ciclo de conferencias organizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) e Innocence Project Argentina, que contó con el auspicio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y la colaboración del Ministerio Público Fiscal, fue inaugurado por el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, quien destacó la trayectoria de los especialistas e instó a los presentes a aprovechar su conocimiento, porque es no habitual que disertantes de esa talla se reúnan en un mismo espacio. Entre los más de 130 asistentes (entre funcionarios del MPF, fiscales, médicos, psicólogos, antropólogos y otros científicos), estuvieron los integrantes del Cuerpo Especializado de Investigadores.
El presidente de Innocence Project Argentina, Manuel Garrido, contó que esa red nació en Estados Unidos en 1992, con la misión de liberar a personas encarceladas o condenadas a la pena capital por crímenes que no cometieron y de reformar el sistema penal responsable por las condenas injustas. Y que la aplicación de las ciencias forenses (a través de pruebas genéticas, por ejemplo), permitió revocar un 44% de condenas que ya estaban firmes. También apuntó a otras causas de condenas injustas, tales como el desconocimiento o prejuicios de los operadores de justicia, los límites éticos de los testigos, la falta de herramientas de control en juicios, las confesiones falsas y las irregularidades policiales o fiscales. Garrido reconoció que “dar vuelta una condena es una tarea titánica” y recomendó que los científicos forenses argentinos cuenten con autonomía, protocolos sólidos y estándares de calidad.
Por su parte, el director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fonderbrider apuntó a la necesidad de mejorar el diálogo entre abogados y científicos, porque una tarea depende de otra para lograr una investigación exitosa. “La ciencia es importante, pero tiene limitaciones”, afirmó Fonderbrider, además de destacar la tendencia de la interdisciplinariedad en la investigación de delitos, porque se suman a diario nuevas disciplinas y herramientas. El antropólogo dijo que debe desterrarse el “aura de infalibilidad” cuando se admiten pruebas científicas en pruebas judiciales y que además del arduo trabajo, los científicos deben contar con espacios de investigación y reflexión, formar comités de revisión de métodos de pruebas y elaborar manuales de buenas prácticas forenses, además de producir protocolos únicos federales, que sean una guía en cada uno de los 24 distritos federales.
Posteriormente, el director del Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense, Carlos Vullo describió cómo la genética modificó parámetros de las ciencias forenses. Habló sobre los problemas reales de la genética forense y la necesidad de contar con datos de genética poblacional para avanzar en investigaciones complejas. Por ejemplo, los perfiles genéticos pueden comprarse con la base de perfiles genéticos poblacionales. Es que los mapas abren la posibilidad de realizar cálculos de probabilidad estadísticos, algo muy útil para investigar crímenes complejos, delitos sexuales y juicios de filiación, entre otros.
En tanto, el director de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Jorge Herbstein, dijo que “la estrella” de cualquier investigación, es el trabajo en equipo, porque cuando falla una parte, lo hace la maquinaria completa. Remarcó la tarea aunada del fiscal y los científicos y consideró que debería existir un Manual Federal de Guías Practicas para las autopsias médico-legales. Antes, deberían unificarse los criterios de exploración tanatológica, consensuarse un protocolo marco de autopsia federal, implementarse estándares mínimos por patología, crearse un Foro Forense Federal y firmarse un convenio de Capacitación Tanatológica Federal.
Finalmente, la directora de Laboratorio Sueño y Memoria del CONICET, Cecilia Forcato, describió cómo la memoria puede modificarse por distintas circunstancias y citó que según estadísticas de Estados Unidos, un 70% de las condenas erradas se originaron en reconocimientos errados de sospechosos. Forcato investigó cómo viejas memorias pueden desestabilizarse y modificarse durante la vigilia y se especializó en la reactivación y modificación de memorias durante el sueño. Por supuesto, todos los recuerdos de víctimas y testigos, influyen en el resultado de las investigaciones.
Lo harán este miércoles 9, desde las 14, en el marco del ciclo de conferencias sobre “Ciencia y Justicia. Un diálogo complejo”; organizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) e Innocence Project Argentina. La actividad cuenta con el auspicio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y la colaboración del Ministerio Público Fiscal. Fue declarada de interés por el Procurador General.
Especialistas reconocidos a nivel internacional dictarán conferencias hoy, a partir de las 14, en el Salón Auditorio “Dr. Facundo de Zuviría”, de Ciudad Judicial. Serán disertantes el presidente de Innocence Project, Manuel Garrido; el director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fonderbrider y el director del Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense, Carlos Vullo. Luego se sumarán las charlas que ofrecerán la abogada Natalia Lippmann Mazzaglia, de Innocence Project Argentina; el director de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Jorge Herbstein; y la directora de Laboratorio Sueño y Memoria del CONICET, Cecilia Forcato.
El ciclo de conferencias fue declarado de interés por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, quien consideró que “resulta de especial interés para el organismo el intercambio de experiencias y conocimientos que se producirán, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de los objetivos fijados por la nueva gestión institucional”.
Los especialistas de renombre internacional • Fonderbrider fundó en 1984 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El objetivo fue documentar científicamente las violaciones a los derechos humanos perpetradas en Argentina durante la última dictadura militar. Fue consultor forense en organismos estatales, internacionales y organizaciones de la sociedad civil en más de 35 países de América, África, Europa Medio Oriente y Asia. • Vullo integra el Grupo de habla Hispana y Portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense GHEP-ISFG y miembro de la International Society for Forensic Genetics (ISFG) desde 1998. Es miembro de la Sociedad Argentina de Genética Forense (SAGF) y especialista en Genética Forense, otorgado por la SAGF. Fundó el Laboratorio de Inmunogenética del Hospital Nacional de Clínicas, de Córdoba. Dirige el Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (LIDMO) desde 1985 y el Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Participó en la identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos en más de 20 países • Herbstein es Director Interino de la Morgue Judicial de la Nación, además de ser docente y coautor de los libros “Investigación Medico legal de la Muerte” y “Forensic Analysis of Gunshot Residue, 3D-Printed Firearms, and Gunshot Injuries: Current Research and Future Perspectives”. • Forcato realizó su formación posdoctoral en la Universidad de Tübingen, Alemania, donde se especializó en la reactivación y modificación de memorias durante el sueño. Es Investigadora Adjunta de CONICET. • Garrido fue diputado nacional; Jefe de Investigaciones y Litigio en la Commission Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la Organización de las Naciones Unidas (CICIG – ONU) y perito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Director de los Programas de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas; Director de Investigaciones y Jefe de la Oficina Anticorrupción y Secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. • Lippmann Mazzaglia es magistrada en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Coordina las oficinas regionales de Cuyo y el NOA de Innocence Project Argentina.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, mantuvo una reunión con el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en la que se refirió a objetivos concretos del Plan Estratégico 2020. El Procurador estuvo acompañado por la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; la comisionada, Ivana Flores, los jefes de Departamentos del CIF y los médicos legales.
En este marco, el Procurador instó a conformar “un gran equipo científico de trabajo”, tras anunciar que se llevará adelante un concurso nacional para cubrir al menos 12 cargos médicos para el CIF.
“Todo esto entra en el Plan Estratégico y el potencial es inmenso. El año que viene tendremos la oportunidad de participar del Congreso Mundial de Ciencias Forenses y será un orgullo mostrar un cuerpo de estas características”, sostuvo Cornejo.
El Procurador también se refirió al proceso de reforma del CIF e hizo hincapié en la necesidad de lograr una mayor integración de cada uno de los departamentos. “La ventaja de que un fiscal penal esté a la cabeza del CIF, es que se trata de alguien imbuido en la investigación criminal y que será el responsable a todo evento. Estamos avanzando con los futuros investigadores, para terminar de completar la parte investigativa que faltaba”, afirmó Cornejo.
Vale recordar que el proyecto de Ley remitido por el Ejecutivo Provincial para que un fiscal dirija el CIF obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores de Salta el 19 de septiembre pasado. Pasó en revisión a Diputados, donde debe tratarse todavía. Además de las reformas al CIF, el proyecto establece la creación de fiscalías en Cachi y Rosario de la Frontera y una fiscalía en ciberdelincuencia.
El procurador general Abel Cornejo mantuvo una reunión con Mario Rolando Rosillo, destacado especialista en Odorología Forense a nivel internacional y tras intercambiar experiencias, se acordó que durante el próximo año, capacitará a los profesionales que se perfeccionan en el Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, mantuvo una reunión el pasado viernes con el médico veterinario Mario Rosillo, especialista en Odorología Forense y adiestramiento canino. Durante el encuentro, intercambiaron experiencias y acordaron que brindará capacitación a los integrantes del Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público, como lo hiciera oportunamente con personal del Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigadores Fiscales.
La Odorología Forense es una técnica científico pericial forense aplicada a la identificación y comparación de indicios moleculares de huellas odoríferas humanas que son de interés criminal, lo que permite contar con información muy precisa acerca de la identidad del individuo del cual procede el indicio.
Una vez colectada la huella odorífera y conservada en condiciones adecuadas, puede ser comparada con los diferentes sospechosos que surjan de la investigación, pues, el olor humano tiene características únicas en cada individuo y es dejado en cada objeto, locación o camino donde un sujeto ha estado en contacto.
En una nueva reunión del Consejo Asesor de Fiscales, los integrantes analizaron la disposición de bienes secuestrados para ser afectados en la lucha contra el microtráfico y el uso de pulseras electrónicas en causas de violencia de género.
En este marco, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, instó a los fiscales a coordinar reuniones con los jueces de Garantías, con el objetivo de establecer un protocolo para el uso de vehículos y dinero secuestrados que serán afectados para combatir el narcotráfico.
Es que desde junio pasado, cuando se promulgaron las modificaciones del artículo 2 de la ley 7782 y de los artículos 5, 23 y 25 de la ley 7838, quedó establecido que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y producto de la venta provenientes de la narcocriminalidad se destinarán a solventar investigaciones de los delitos narcocriminales. También, a la prevención, asistencia y rehabilitación de personas afectadas por el consumo de estupefacientes.
Para ello, se creará un fondo de garantía, el que estará conformado por un porcentaje de los fondos depositados producto de incautaciones. Hasta junio pasado, el Poder Ejecutivo había estimado unos 5 millones de pesos depositados en una cuenta judicial.
Por otra parte, los consejeros analizaron el uso de pulseras electrónicas en causas de violencia de género. La fiscal penal 1 de Violencia de Género, Claudia Geria, indicó que en la última partida llegaron de Nación nueve pulseras y advirtió que en lista de espera hay unos 400 casos.
Las pulseras de monitoreo son provistas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde marzo de 2017, cuando se implementó el sistema UNMOVI (Unidad de Monitoreo para Víctimas de Violencia) en Salta y otras cuatro provincias elegidas por la cartera nacional.
En la reunión de este viernes, participaron la vicepresidenta del Órgano, la fiscal Penal 1, María Gabriela Buabse; el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto; el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos y de General Güemes, Pablo Rivero; la fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria y el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.
También estuvieron las fiscales penales 2 y 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet y Gustavo Torres Rubelt; la fiscal penal de Menores 2, Carolina Hernández, la fiscal de Impugnación 1, María Josefina David de Herrera y la fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma. Se sumó por el interior, la fiscal penal de Orán, Mónica Viazzi. La secretaria general del Consejo de Fiscales es Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila.
