Fiscales y Procuradores de todo el país se reunieron en la AMIA

Se suscribió una declaración en contra del terrorismo, fomentando la paz, el ejercicio de la memoria, la defensa de los derechos humanos, y el combate contra toda acción de odio y discriminación; promoviendo acciones destinadas a transmitir valores de educación, respeto, concordia, y solidaridad, generando conciencia sobre el impacto del terrorismo y la violencia en la sociedad.

El acto se celebró en la plaza seca de la sede de la AMIA -donde se encuentra el memorial que recuerda a las 85 personas que fueron asesinadas el 18 de julio de 1994-,Participaron funcionarios judiciales de varias provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; entre ellos también el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella. 

La iniciativa fue organizada por la Federación de Comunidades Judías de la República Argentina, y participó por la ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Asociación Internacional de Fiscales; el acto contó con la participación del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, el director ejecutivo de AMIA Daniel Pomerantz, Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA; y el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra. 

Seguidamente el evento continuó dentro del edificio de la AMIA, donde se firmó la declaración conjunta entre las organizaciones y los funcionarios del Poder Judicial.

En la declaración, titulada “Unidos contra el terrorismo”, los firmantes se comprometieron a promover acciones destinadas a transmitir valores de educación, respeto y solidaridad, para generar conciencia sobre las consecuencias que trae aparejada la violencia terrorista, auspiciar iniciativas que fomenten la paz, el ejercicio de la memoria, la defensa de los derechos humanos, y que combatan toda acción de odio y discriminación; promover acciones destinadas a transmitir valores de educación, respeto, concordia, y solidaridad, para generar conciencia sobre las graves consecuencias que el terrorismo y la violencia dejan en la sociedad; fomentando la importancia que tiene para todo sistema republicano la apropiada administración de justicia, para la construcción de una sociedad justa y equitativa; como también auspiciar la colaborar en la preservación del patrimonio cultural y de la vida judía en todas las provincias del país, garantizando la continuidad de sus costumbres, valores y tradiciones, en el marco de una convivencia armónica con la sociedad en su conjunto.

Durante el evento, estuvieron presentes también el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de Argentina a Jorge Canteros, (Chaco); el Presidente del Consejo Federal de Politica Criminal Jorge Miquelarena, (procurador general de Chubut); Alejandro Gullé, procurador general de Mendoza; Luis Marcos Martínez, procurador general de San Luis; Carlos Giménez, procurador general de Misiones; Jorge García, procurador general de Entre Ríos; Juan Agustín García, fiscal general subrogante de Neuquén; Eduardo Urquiza, procurador general de Tierra del Fuego; y presidente del Consejo Federal de Política Criminal; y Javier Ramón Vallejos, fiscal general de La Rioja.

El Procurador General de Salta expone ante la Asamblea de Procuradores los avances en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento institucional

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, participó en la Asamblea Ordinaria del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la asistencia de diecisiete jurisdicciones.

Durante su intervención, García Castiella agradeció el firme apoyo institucional brindado por el Consejo de Procuradores, como así también de otras asociaciones de fiscales; expresado en un Comunicado , ocasión en que se repudiara cualquier intento de amedrentamiento, perturbación  o injerencia en el accionar de la Justicia, reafirmaron su compromiso con la defensa del estado de derecho y subrayaron la necesidad de mantener la independencia de los organismos judiciales frente a presiones externas que buscan minar su autonomía.

El Procurador presentó un análisis detallado de la situación institucional en Salta, poniendo énfasis en los esfuerzos significativos que se llevan adelante en la lucha contra el crimen organizado. Remarcó la relevancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar de manera decidida a las organizaciones criminales que buscan socavar las estructuras democráticas.

Destacó las oportunas respuestas institucionales ante las diversas situaciones planteadas por la Procuración General, incluyendo la intervención en el municipio de Aguas Blancas y la ampliación de la Ley de Ficha Limpia. También mencionó  iniciativas destinadas a fomentar la transparencia en el Poder Judicial, como el impulso de procesos de jury, con el objetivo de fortalecer un sistema de justicia sólido y confiable. Relató las acciones dirigidas a investigar irregularidades en los ámbitos carcelarios, preservando el orden constitucional en el sistema republicano. Asimismo, resaltó los esfuerzos significativos de los fiscales provinciales, quienes han trabajado en diversas causas a través de las Unidades Fiscales contra el crimen organizado que  ha llevado al encarcelamiento y sometimiento al proceso penal de los sospechosos de ser responsables de los actos violentos en el norte provincial.  Subrayó la importancia de la colaboración del Estado en su conjunto para enfrentar con firmeza a las organizaciones criminales que intentan desestabilizar las estructuras democráticas.

Finalmente, el Procurador General hizo hincapié en el trabajo mancomunado entre  las distintas áreas estatales, tanto del Ministerio Público Fiscal como las cámaras legislativas Jurado de Enjuiciamiento, Poder Judicial, y en particular el firme acompañamiento del Poder Ejecutivo provincial, con el respaldo convergente del Ministerio de Seguridad de la Nación, expuestas claramente durante la apertura de la reunión del Consejo Federal de Seguridad, realizado recientemente en la Provincia de Salta. 

La reunión cerró con la aprobación de balances, la confirmación de sedes para próximas jornadas, contemplándose la posibilidad de la realización de una jornada en la Provincia de Salta, y la insistencia en el planteamiento del fortalecimiento de los laboratorios forenses con infraestructura regional y provincial, fortaleciendo la capacidad técnica para enfrentar delitos complejos de manera efectiva.

Participaron lo representantes de diecisiete jurisdicciones del país, Jorge Canteros, presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de Argentina y procurador general de Chaco; Jorge Miquelarena,  presidente del Consejo Federal de Política Criminal y procurador general de Chubut ; Juan Bautista Mahiques, presidente de la Asociación Internacional de Fiscales y fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Luis Marcos Martínez, procurador de San Luis; Alejandro Gullé, procurador de Mendoza; Jorge Alberto Barraguirre, procurador de Santa Fe,; Carlos Giménez, procurador de Misiones; Jorge García,  procurador de Entre Ríos; Luis Alberto De la Rúa procurador de Santiago del Estero, Tristán Lobos procurador de Catamarca, Mario Oscar Bongianino procurador de La Pampa, Eduardo Urquiza, procurador de Tierra del Fuego; Javier Ramón Vallejos, fiscal general de La Rioja,; Juan Manuel Delgado, Fiscal general de Cordoba, y Juan Agustín García, fiscal general subrogante de Neuquén.

 

Se imputó al exfuncionario Benjamín Cruz por tráfico de influencias

Fue acusado en el marco de la causa que investiga visitas irregulares en la Unidad Carcelaria de Orán a partir de elementos surgidos durante la audiencia de debate que se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges. 

La Unidad Fiscal conformada por la fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres y el fiscal penal 2 de la ciudad de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, hizo conocer este viernes el decreto de citación a audiencia de imputación de fecha 1 de octubre de 2024 a Benjamín Cruz como supuesto autor del delito de tráfico de influencias.

El imputado, al conocer los cargos de investigación, optó por presentar su declaración por escrito.

Se trata de un delito contra la administración pública, donde un funcionario público utiliza su posición, cargo o comisión, para inducir a que otro funcionario público efectué, retrase u omita algún acto de su competencia a cambio de un beneficio, y que tiene previsto como pena, la inhabilitación perpetua.

La imputación procede, según señalan los Fiscales, a partir de elementos obtenidos del debate que se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges, de donde surge que el exfuncionario habría facilitado el ingreso del fallecido a la Unidad Carcelaria de Orán, diciendo ser asesor del Ministerio de Seguridad, para entrevistarse con el entonces  el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz.

También recordaron que la causa que se sigue contra Ángel Sarmiento, ex director General de Políticas Penales de la provincia de Salta, como posible autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificado en perjuicio de la administración pública, se encuentra requerida a juicio.

El hecho investigado ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando Darío Esteban Monges se hizo presente en la unidad penitenciara de la ciudad de Orán, identificándose como asesor del Ministerio de Seguridad e invocando al entonces Secretario de Seguridad, solicitando entrevistarse con el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz, lo cual se sospecha que se concretó con la autorización del Director General de Políticas Penales pudiendo exceder con tal decisión, el ámbito de su competencia funcional.

El Ministerio Público Fiscal prestó conformidad al traslado de Cristian Gabriel Palavecino a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad

La solicitud fue realizada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, conformada por las fiscales penales Soledad Filtrin, Claudia Carreras, Luján Sodero y Pablo Cabot, emitió el pasado lunes 30 un dictamen favorable al pedido de traslado de Cristian Gabriel Palavecino, solicitado a la Sala II del Tribunal de Juicio.Esta medida propuesta por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, implica que el detenido sea trasladado a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.

Los representantes del Ministerio Público consideraron que la medida mencionada es viable, destacando los indicios vehementes resaltados por el Ministerio de Seguridad sobre el riesgo de una posible fuga del detenido. Advirtieron que dicha situación podría comprometer los objetivos del proceso judicial y frustrar el debate en el que se busca que se imponga una condena a Palavecino por los delitos que se le imputan.

Asimismo, invocando antecedentes del juicio contra los hermanos Delfín y Raúl Castedo, los fiscales subrayaron que, gracias a los medios tecnológicos disponibles, es posible continuar con las etapas restantes del proceso penal sin restringir los derechos del imputado, incluso si este se encuentra alojado en un establecimiento penitenciario distinto fuera de la provincia.

Investigación por irregularidades cometidas por funcionarios públicos en el ámbito de sus funciones en la Unidad Carcelaria N° 3 de la ciudad de Orán

Traslado de detenido Díaz solicitado por el propio Servicio Penitenciario.

Ante la pretensión de instalación de información inexacta, que podría generar confusión en la opinión pública, el Código Procesal Penal de Salta en su art. 263 contiene la manda de “…formular aclaraciones ante la divulgación de informaciones erróneas o que no se corresponda con los trámites cumplidos…”. –

El traslado del hoy penado Oscar Alberto Díaz a la Unidad Carcelaria N° 1 de la ciudad de Salta, materializado el día 5 de junio de 2022 se produjo a requerimiento y ante la alerta efectuado, el día 27 de mayo de 2022 por parte  del Alcaide perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial Jurisdicción Orán, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia,  Sr. Manuel Alejandro Zoilo,  habiendo sido  elevado dicho informe al Director de la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán, Alcaide Mayor Cristian Rivero Urquiza, en donde comunicaba la imposibilidad logística y de seguridad de las instalaciones que albergaban al hoy condenado Díaz en la ciudad de Orán, capturado y  entregado por las autoridades Bolivianas el día anterior  26 de mayo del 2022, y en tal sentido pedía “canalice el traslado del interno Provincial a la UC N° 1, Villa Las Rosas”. En dicho instrumento consignaba: “…Así mismo es imperioso recalcar que esta unidad en su estructura arquitectónica se asemeja a una alcaidía y no a un penal de seguridad, al no contar con altos muros de contención con la altura suficiente, y que el vallado Olímpico que posee la unidad no sería apto para contener ataques externos, con intenciones de fuga y que pudieren atentar contra la seguridad institucional, volviéndose esto un factor negativo considerando a su vez que el interno en mención al ser oriundo de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su familiares prácticamente habitan en cercanía de la Unidad. Además, es oportuno destacar que nuestra unidad se encuentra rodeada de sectores con montes tupidos y de baja visibilidad en las horas nocturnas lo que a su vez vuelve vulnerable a la seguridad. Por otro lado, téngase en cuenta que actualmente ante el inminente crecimiento de la población penal, la cual a la fecha oscila en un total (458), entre procesados y penados existe una sobre población por encima de los parámetros normales, por lo que, no existe un espacio físico para albergar internos de alta peligrosidad… Por todo lo expuesto, precedentemente, esta instancia sugiere a Ud. Canalice el traslado del interno Proc. Prov. Días Oscar Alberto Alejandro, a U.C. N° 1 Villa Las Rosas…”. –

En atención a ello, el mismo 27 de mayo de 2022, al día siguiente de anoticiada de la falta de condiciones de seguridad de la institución carcelaria comunicada por el Director de la Unidad Carcelaria N° 3, es que la fiscal actuante Dra. Claudia Carreras le solicita al Juez de Garantías N° 2 Dr. Francisco Oyarzú, (Interino) el traslado a la ciudad de Salta a un alojamiento que brinde mayor nivel de seguridad. Esta primera información de suma importancia dentro de la causa, fue develada a partir de los propios informes presentados por los máximos responsables del Servicio Penitenciario Provincial de Orán. Es decir, que fue el propio Servicio Penitenciario Provincial quien obligó a gestionar al Juez encargado de su detención el traslado a la ciudad de Salta, debido a las limitaciones de infraestructura reconocidas y consignadas en las actuaciones. – 

La nota de carácter reservado de fecha 8 de junio de 2022 dirigida por el entonces Ministro de Seguridad que refería a una supuesta situación irregular producida en el ámbito funcional de ese Ministerio,  y que había sido comunicada al titular de esa  cartera  el día  1 de junio de 2022 relacionada al ingreso irregular por parte del ciudadano Darío Monges en visita al detenido Oscar Alberto Díaz dentro del sistema carcelario de Orán, fue cursada a la Procuración General, después de siete días de haber tomado conocimiento de ello. –

Dicha irregularidad, en términos de sus consecuencias jurídicas provoca dos niveles diferentes de responsabilidad susceptibles de ser investigada, la administrativa por un lado y la penal por el otro. En lo que refiere y compete al Ministerio Público Fiscal la investigación penal fue producida inmediatamente en tiempo y forma, mediante la remisión del día 10 de junio de 2022 a la fiscalía Penal N° 2 de la ciudad de Orán a cargo de la Dra. Mariana Torres, que por jurisdicción territorial correspondía. – 

El hecho informado, en lo que al proceso penal corresponde consistió en haberse permitido el ingreso de un supuesto abogado que pretendía tener contacto con un preso provincial, impostando tanto una condición administrativa representativa del propio Ministerio de
Seguridad y Justicia de la Provincia, como así también calidad de abogado.-

En el contexto de esta circunstancia histórica, el Ministerio Público Fiscal generó inmediatamente la Averiguación Preliminar N° 66/22, por parte de la fiscal zonal. En dichas actuaciones, la magistrada sin dilación alguna solicitó cámaras del interior del penal el día 16 de junio de 2022, informe al Colegio de Abogado, entre otras diligencias. Con posterioridad se dispuso la creación de la unidad fiscal sumando la intervención de la Fiscalía Penal N° 2 de Salta capital, a cargo del Dr. Ramiro Ramos Ossorio.  La referida investigación actualmente se encuentra en plena tramitación, habiéndose efectuado incluso en el año 2023 requerimiento parcial acusatorio en contra uno de los imputados por haber emitido una supuesta orden administrativa ilegítima para autorizar el ingreso del Sr. Monges a la Unidad Carcelaria N° 3 de la ciudad de Orán.

Como es de público conocimiento la investigación y juzgamiento del homicidio del Sr. Dario Monges, se lleva a cabo en el ámbito de la Justicia Federal y en atención al trabajo mancomunado que se viene desarrollando con el titular de la Procunar, en fecha 2 de agosto de 2024, se recepcionó actuaciones complementarias en el marco del caso caratulado “HOMICIDIO DE MONGES” N° 49382/22, consistentes en aspectos que podrían interesar a la investigación del ingreso irregular del penal.  Ante ello, a fin de develar acabadamente las circunstancias, producidas en el interior de dicho Ministerio se profundizaron las tareas de investigación y se dispuso el día 1 de octubre del cte. año, formular Decreto de Imputación en contra de Benjamín Andrés Cruz, ex Secretario de Seguridad por el delito de Tráfico de Influencias, Art. 256 Bis del C.P. ello en atención a que el ingreso del Sr. Darío Monges al entrevistarse con el condenado Díaz se habría producido por orden de otro coimputado, previa intermediación del Secretario de Seguridad de ese momento, factor señalado por el compañero de causa Sarmiento ex Director de Políticas Penal y de otros elementos de cargo existentes en la causa, haciendo valer indebidamente su influencia de funcionario público, en procura de garantizar el perfeccionamiento del compromiso o acuerdo previamente asumido con dicho sujeto.- 

Es importante señalar, que la investigación propia del homicidio del Sr. Darío Monges, se inició en el ámbito provincial quien debió declinar su competencia. Las tareas de investigaciones iniciales que se llevaron a cabo en la jurisidicción provincial ya arrojaban sospecha fundada sobre la intervención de los imputados Bejarano en el homicidio, habiéndose formulado decreto de imputación en tal sentido, no obstante, luego y del avance de la investigación surgieron elementos que hicieron necesaria la intervención de la Justicia federal. –

En conclusión, resulta necesario aclarar que por las irregularidades del ingreso del Sr. Darío Monges a la Unidad Carcelaria N° 3 de Oran, a cargo del Servicio Penitenciario de la Provincia, se encuentra activa una investigación en curso en la jurisdicción provincial  y en permanente coordinación con los avances y estado procesal de la investigación que lleva adelante la Procuraduría de Narco Criminalidad de la Procuración General de la Nación, puesto que se tratan de procesos complejos que podrían involucrar organizaciones criminales y toda injerencia de terceros ajenos a la investigación resultan pretensiones infundadas que intentan provocar confusiones e interferencias perniciosas contrarias a la finalidad del proceso penal.- 

  

Detienen al juez Claudio Parisi tras ser acusado de entorpecer una investigación penal

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de hoy. Quedó alojado en la Comisaría de Hipólito Yrigoyen.

Tras el levantamiento de inmunidad resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento y a requerimiento de la Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murua y Carlos Alberto Salinas, el Juzgado de Garantías N° 1 del Distrito Judicial Norte de Orán, a cargo del juez Raúl López, emitió una orden de allanamiento con el objetivo de proceder a la inmediata detención del juez Claudio Alejandro Parisi.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la causa en la que se investiga al magistrado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. En el contexto de esta misma investigación, Roberto Ortega Serrano y Carlos Alfredo Martínez se encuentran imputados como cómplices primarios por entorpecimiento de acto funcional y violación de secretos.

La medida fue ejecutada por la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) del Norte y la UEI de Salta Capital, dependientes del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Los efectivos se presentaron en el domicilio del magistrado, quien, al ser notificado, acompañó voluntariamente al personal a cargo del operativo hacia el móvil oficial, a fin de llevar adelante todas las diligencias correspondientes.

Tras el control de legalidad realizado por el Juzgado de Garantías, Parisi quedó alojado en la Comisaría de Hipólito Yrigoyen.

El Procurador se reunió con autoridades de fuerzas federales

El encuentro se llevó a cabo durante unas jornadas de capacitación sobre delitos económicos, tecnológicos, trata de personas y análisis criminal.

El Procurador General, Pedro García Castiella,  mantuvo este lunes un encuentro con autoridades de Gendarmería Nacional, encabezadas por el Comandante General Luis María Cané, en el marco de las jornadas de capacitación sobre “Delitos Económicos, Tecnológicos, Trata de Personas y Análisis Criminal” que se están llevando a cabo en el salón Facundo de Zuviría de la Ciudad Judicial de Salta. Durante este evento, más de 120 integrantes de distintos escuadrones de Gendarmería de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán participan activamente en las actividades formativas.

En la reunión, estuvieron presentes también el Comandante Principal Germán Balmaceda, el Jefe de la Agrupación VII Salta, Comandante Mayor Ramón Pereyra, y el Jefe del Departamento Investigaciones Salta de la Policía Federal Argentina, Comisario Inspector Juan Otero.

Durante el encuentro, se compartieron experiencias recientes sobre diversos aspectos de la criminalidad organizada y la situación de la región, y la necesidad de un trabajo de cooperación y articulación conjunto  de las jurisdicciones y análisis de fenómenos delictivos como pilares fundamentales de la lucha contra la delincuencia organizada, con especial énfasis en el narcotráfico, los mercados ilegales, la ciberdelincuencia, entre otros.

En representación de la Procuración, asistieron también el Secretario Letrado Aldo Saravia, y el Dr. Marcos Rubinovich, a cargo de las gestiones de capacitaciones y docencia con las que colabora el Ministerio Publico Fiscal con distintas fuerzas de seguridad en general.

 

Allanan al juez Parisi y detienen al intendente Martínez y al abogado Ortega Serrano

Se realizaron procedimientos en Orán y Aguas Blancas, que involucraron un total de ocho domicilios. Durante los operativos, se secuestró una camioneta y otros elementos de interés para la causa.

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniela Murúa, dirigió hoy el allanamiento del domicilio particular del juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Parisi. Esta medida requirió la autorización previa de la Corte de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 y 17 del Código Procesal Penal de la Provincia, en relación al domicilio del magistrado.

Simultáneamente, el juez de Garantías Raúl López autorizó la detención del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, y del abogado Roberto Ortega Serrano. El intendente Martínez se presentó de forma voluntaria en el Juzgado de Orán, por lo que el juez de Garantías solicitó la presencia de la policía de la provincia para hacer efectiva la detención.

Posteriormente, se llevó a cabo la detención del abogado Ortega Serrano, durante la cual se le secuestró su camioneta, teléfono celular y la suma de 400 mil pesos en efectivo.

Es importante destacar el trabajo investigativo realizado desde el inicio de la causa, y ejecutado en las medidas adoptadas hoy, por el Departamento de Investigaciones del Cuerpo de Investigadores Fiscales, bajo la dirección del Comisionado Coadyuvante de la Procuración, Crio. Gral. Juan Ramón Miranda. El despliegue operacional se desarrolló en coordinación con diversas áreas investigativas GAP Salta, Tartagal, Orán, la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) Salta Capital, Zona Norte, así como el personal de UDIS y el grupo especial de UFINAR.

Se allanaron un total de ocho domicilios, incluyendo la vivienda particular del juez Parisi, donde fue necesario recurrir a la fuerza pública al no encontrarse nadie presente, así como el domicilio de su esposa. También se allanaron la vivienda del abogado Ortega Serrano, y tres propiedades del intendente Martínez: dos en Aguas Blancas y una en Orán.

Cabe recordar que la sospecha investigativa sostiene que el juez Claudio Parisi obstruyó la investigación de la muerte de César Martínez, permitiendo el acceso indebido del abogado Roberto Ortega Serrano a un expediente de su juzgado y comunicando al intendente Martínez, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía planeaba allanar sus domicilios. Esta intervención del letrado referido no registra fundamento procesal alguno para tal accionar, menos aun de la transferencia de esa sensible información, todo lo que, objetivamente podría haber perjudicado el tramite en curso de las labores investigativas, que estaban dirigidas al aseguramiento de indicios probatorios necesarios para responder  a la autoría y móvil del homicidio en cuestión. 

Solicitan la detención del juez Parisi, el intendente Martínez, y el abogado Ortega Serrano por entorpecer investigación judicial

Ademas se pidió autorización judicial para realizar allanamientos en el marco de una investigación. Hasta esta hora, los pedidos solicitados aún no han sido resueltos.

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, solicitó hoy la detención del juez Claudio Parisi, del intendente Carlos Alfredo Martínez,  y del abogado Roberto Ortega Serrano. Este pedido fue elevado al juez de Garantías Raúl López, debido a la inhibición del juez Francisco Oyarzú para continuar con la causa.

La solicitud se fundamenta en que sus acciones entorpecieron la investigación, permitiendo que el magistrado diera acceso indebido al abogado a un expediente tramitado en su juzgado y comunicara al intendente, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados.

Además, se requirió solicite la autorización de la Corte de Justicia de Salta para allanar el domicilio del juez Parisi, con el objetivo de secuestrar elementos clave que permitan avanzar en la investigación. 

La intervención de la máxima autoridad judicial es necesaria debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, quien está imputado por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional. A esta hora aun no se resolvieron los pedidos solicitados.

 

 

 

 

El Procurador informó a las Cámaras Legislativas sobre la situación institucional en Aguas Blancas

Mediante nota dirigida a los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado provincial. Pone de manifiesto la complejidad de la situación institucional en ese Municipio. 

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, dirigió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, y al presidente de la Cámara de Senadores de la provincia, Antonio Marocco, y con el propósito de informar al Poder Legislativo sobre la situación institucional que afecta al Municipio de Aguas Blancas.

Resaltando la importancia de que los distintos poderes del Estado Provincial estén al tanto de la situación del actual titular del departamento ejecutivo municipal, Carlos Alfredo Martínez, se informa que el pasado 6 de septiembre, la Unidad Fiscal actuante lo imputó por los delitos de entorpecimiento de acto funcional y violación de secretos. Fue convocado a declarar el 12 de septiembre, optando por hacerlo ante el Juez de Garantías. La misiva destaca que “son consortes de causa el Juez de Garantías N.º 2 del Distrito Judicial Norte, circunscripción Orán, Claudio Alejandro Parisi, y el abogado Roberto Ortega Serrano”, bajo la sospecha fundada de que Ortega accedió al expediente a cargo del Juez Parisi sin justificación procesal, en el cual la mencionada Unidad Fiscal solicitaba allanamientos en los domicilios del intendente, antes de que fueran autorizados. Esta información fue encontrada en los mensajes de WhatsApp del titular del ejecutivo municipal.

Por otro lado, señala que “resulta aún más llamativo” que los allanamientos solicitados a los domicilios del intendente estaban relacionados con la investigación de la muerte violenta, por varios disparos, de su hermano César Daniel Martínez, quien se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en su residencia, ordenado por un juez provincial. Esta información fue recientemente comunicada a la Procuración General por la Unidad Fiscal. Además, se informa que la persona mencionada está siendo investigada por la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado por el homicidio de su hermano, ocurrido el 12 de noviembre de 2023, habiéndose allanado sus domicilios los días 12 de abril de 2024 y 5 de junio de 2024.

Por último, informó también que Carlos Alfredo Martínez tiene entre sus antecedentes penales una condena de 5 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, dictada el 10 de diciembre de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, ya cumplida. Actualmente, también está imputado en un proceso penal por el delito de lavado de activos, con un auto de procesamiento dictado por el Juzgado Federal de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Guillermo Daniel Molinari, confirmado por la Cámara Federal de Tucumán el 24 de abril de 2023.

Mediante esta comunicación, el Procurador General pone de manifiesto la complejidad de la situación institucional en el Municipio de Aguas Blancas. 

Destaca que “corresponde a esta Procuración General de la Provincia de Salta, y siguiendo los lineamientos establecidos como política criminal persecutoria del crimen organizado, a fin de que el mismo no pretenda afianzar raíces en la zona norte de nuestro territorio, efectuar las alertas necesarias para que las instituciones puedan poner en funcionamiento las prevenciones legislativas y de toda índole que ameriten proceder, para garantizar y asegurar el normal desarrollo constitucional de las instituciones de la Provincia, en este caso, el funcionamiento del Poder Ejecutivo Municipal”.