Este viernes, en el marco del cierre de actividades de la Escuela del Ministerio Público, se realizó un acto de reconocimiento a empleados que cumplen 30 años de servicioy se entregaron los certificados a los que se capacitaron en lengua de señas.
En el salón Facundo de Zuviría de Ciudad Judicial, se realizó este viernes el acto de cierre de actividades de la Escuela del Ministerio Público y en este marco, se realizó el reconocimiento a empleados que cumplen 30 años de servicio.
Se trata de 39 empleados que prestaron servicios en el Ministerio Público durante 30 años y 1 empleado que cumple 40 años de servicio, quienes recibieron una placa recordatoria.
El acto estuvo encabezado por la presidente rectora de la Escuela del Ministerio Público, Mirta Lapad, quien estuvo acompañada por la defensora general María Inés Diez y se contó con la presencia de otras autoridades judiciales.
Se hizo un resumen de las actividades de la escuela y se entregó certificados a 49 empleados que durante el 2019 cursaron la primera parte del Curso de Lengua de Señas Argentina, dictado por la Asociación de Sordos de Salta.
Se realizó la última reunión del año del Consejo Asesor de Fiscales, creado en mayo pasado, al asumir el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo. Sus integrantes eligieron a los nuevos representantes y discutieron sobre cumplimiento de las consignas policiales y la implementación en el Ministerio Público del Protocolo para femicidios de UFEM- ONU, entre otros temas.
El Consejo reeligió este viernes a la fiscal penal Gabriela Buabse como vicepresidenta y nominó a los representantes de las distintas Unidades Fiscales, quienes se incorporarán en la próxima sesión. Al Cuerpo lo integran una fiscal de Impugnación; un fiscal penal de cada unidad o fiscalía especializada; otro de las dependencias con asiento en la ciudad de Salta; un fiscal penal por las dependencias del área metropolitana de Salta y General Güemes y un fiscal penal por los distritos judiciales de Orán, Tartagal y Sur.
En otro orden, los fiscales conocieron detalles de la resolución del Procurador, que aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de Salta el “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)” confeccionado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación. Se basa en el Modelo ONU. En el mismo sentido, los presentes discutieron sobre la escasez de personal policial para afectar a consignas para víctimas. Analizaron el caso Saracho, por el cual cuatro policías fueron condenados el mes pasado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Claudia Soledad Saracho fue asesinada por Rolando Colque en junio de 2017. Nueve días antes del femicidio, la víctima realizó una denuncia por violencia de género y el fiscal interviniente ordenó protección policial fija por el plazo de 10 días. Cuando Colque la mató no había consigna.
Capacitaciones en ciberdelitos, aportes para mejorar los concursos del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, las competencias de las fuerzas de seguridad en determinadas actuaciones, la tarea de médicos legistas y el CIF en su conjunto, también fueron temas discutidos por el Consejo Asesor de Fiscales, cuya función es la evaluación de la gestión del Ministerio Público Fiscal y la prestación del servicio en todas las dependencias. Sus miembros sugieren mejoras para la gestión, porque según la resolución que lo creó “…el ejercicio de las facultades del Procurador, debe estar precedido de un conocimiento acabado de la actividad desarrollada y los aciertos y dificultades de las dependencias, para proyectar decisiones que permitan brindar un servicio más eficaz y eficiente”.
El Consejo determinó que todos aquellos mecanismos factibles de ser mejorados legislativamente, serán analizados por sus integrantes, quienes avanzarán en la elaboración de iniciativas legislativas que aporten herramientas para dinamizar investigaciones y sanciones a la comisión de delitos.
Presidido por el Procurador, estuvieron este viernes la vicepresidenta del Consejo, Gabriela Buabse, la secretaria general del Consejo, Ana Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila; la fiscal de Impugnación, Josefina David de Herrera; la de Graves Atentados, María Luján Sodero Calvet; la de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria; el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid; de la UNICROH, Pablo Rivero; de UFINAR, Santiago López Soto; de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores; de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey; de Cerrillos, Gabriel Portal, de General Güemes, Gabriel González y de la UGAP de Tartagal, Pablo Cabot.
Tres médicos de los quince postulantes iniciales fueron seleccionados para desempeñar funciones en el Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Estarán afectados al Distrito Judicial del Centro y con tareas rotativas en el interior. La cobertura ideal de cargos es de doce médicos para 2020.
Los postulantes admitidos realizaron las entrevistas psiquiátricas – psicológicas. En cada entrevista, la Comisión evaluó aspectos personales y profesionales relativos al cargo, perfil del postulante para desempeñarlo, conocimientos puntuales sobre la función del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y del Gabinete de Medicina Legal del Departamento Técnico Científico, de la normativa vigente en la Provincia y disponibilidad horaria, entre otras cuestiones determinantes para definir la mejor aptitud y actitud para el cargo de médico legista.
El Procurador valoró la predisposición de los profesionales seleccionados, quienes además de encabezar el orden del mérito del Concurso, realizarán sus tareas tanto en Capital como en el Interior, a través de un cronograma rotativo. Cornejo destacóque hoy se cubren las tres vacantes existentes en el CIF, pero explicó que la aspiración para resolver las necesidades reales del Ministerio Público Fiscal en torno a los médicos legistas es de doce cargos.
Por otra parte, ratificó la decisión de los profesionales médicos, de que uno de ellos sea coordinador del trabajo del equipo; la vigencia de la resolución de la conformación de juntas médicas para la realización de autopsias que así lo requieran y el sistema de guardia doble, que permitirá al médico legal en turno contar con un segundo forense en caso de considerarlo necesario.
Todas las modificaciones adoptadas sobre la organización de la estructura del CIF responden a la necesidad de que los fiscales dirijan sus investigaciones en forma coordinada con las herramientas disponibles de los laboratorios y pesquisas y que como consecuencia, las investigaciones cuenten con pruebas indubitables.
El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Salta, pidió a las autoridades de la Cámara de Diputados de Salta que adopte medidas ante las manifestaciones públicas del diputado provincial Andrés Suriani. También sugirió que la Cámara baja cuente con su propio Código de Ética para garantizar que las manifestaciones y acciones de legisladores, no lesionen derechos de quienes representan.
El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix que se inicien las medidas que correspondieren ante las recientes manifestaciones del diputado provincial Andrés Suriani. El pedido se hizo en razón de las publicaciones del legislador, que afectan derechos y garantías y ante la advertencia del peligro que implica que las opiniones de un diputado, quien debe observar la Ley y velar por su cumplimiento, son vertidas en redes sociales de alcance masivo. Dicho hostigamiento conspira contra la consecución de la igualdad, respeto y consideración que pretende la legislación vigente, la que es imperativa para la sociedad toda, y que pretende evitar la reproducción de los prejuicios y las prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de los géneros, etnias o creencias de las personas.
En su posteo en redes sociales, Suriani pretende generar odio hacia las mujeres feministas a quienes entre otras varias expresiones, tildó de “inestables”. Fue repudiado en Salta y el país.No es la primera vez que el diputado en cuestión públicamente realiza manifestaciones en contra de las mujeres y el colectivo lgtbqi, descalificándolas por su condición de género e identidad.
En el mismo sentido, el Comité advirtió que oportunamente, Suriani votó en contra de la adhesión a la Ley Nacional 27499, conocida como ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, para dar cumplimiento a lo firmado en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
El Comité remitió al Cuerpo su Declaración y Recomendaciones sobre las expresiones del diputado provincial Andrés Suriani y entre las últimas, sugirió que la Cámara cuente con su propio Código de Ética para garantizar que las manifestaciones y acciones de legisladores no lesionen derechos. Y aunque esté vigente la Ley 25.188, de Ética en la función pública (que establece las reglas de conducta que deben seguir todos los funcionarios), el órgano entendió que un Código cristalizaría un consenso ético básico en la sociedad y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
El Procurador General de la Provincia recibió a las autoridades de la Cámara de Diputados de Salta, quienes además de presentarse formalmente, intercambiaron aportes con Abel Cornejo acerca de las prioridades fijadas en la agenda de trabajo legislativa y del Ministerio Público Fiscal. Apuntan a generar herramientas en favor de los ciudadanos que recurren a las fiscalías en búsqueda de justicia.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix; el vicepresidente primero, Ignacio Jarsún Lamónaca, la vicepresidenta segunda, Alejandra Navarro, los secretarios legislativo y administrativo, Raúl Romeo Medina y Gastón Galíndez, respectivamente; la presidenta de la comisión de Legislación General, Socorro Villamayor y la diputada de Orán, Patricia Hucena.
El presidente de la Cámara baja, Esteban Amat Lacroix, dijo que los diputados provinciales tienen como uno de los objetivos planteados para 2020, otorgar las herramientas legislativas que mejoren la dinámica de las investigaciones en el ámbito Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Salta. En el mismo sentido, el vicepresidente primero, Ignacio Jarsún Lamónaca sostuvo que el principal objetivo es aportar desde la Legislatura aquellos instrumentos que otorguen mayor celeridad a las investigaciones y causas.
Cornejo celebró la posibilidad de diálogo interinstitucional, porque ello permitirá reforzar el servicio a los ciudadanos que requieren del servicio de justicia. “Si los poderes del Estado trabajan en función del ciudadano, que es el legítimo demandante de servicios y respuestas, seguramente la organización democrática de Salta será fortalecida con mayor institucionalidad”, finalizó el Procurador.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó juramento este lunes a Leandro Joaquín Flores y Gabriel Alejandro González, quienes se desempeñarán en el cargo de fiscal penal del Distrito Judicial Centro. El Procurador dispuso cambios tendientes a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles en el Ministerio Público Fiscal.
En este sentido, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó en consideración las necesidades funcionales de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Fiscalía Penal N° 2 y de la Fiscalía Penal de General Güemes y Rosario de Lerma, y en consecuencia asignó nuevos magistrados y funcionarios.
Leandro Joaquín Flores quedará a cargo de la Fiscalía N°1 de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, mientras que la fiscal penal Mónica Susana Poma, estará a cargo de la Fiscalía Penal N°2.
En tanto, el fiscal penal Gabriel Alejandro González estará a cargo de la Fiscalía Penal de General Güemes y Federico Jovanovics Torino será responsable de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.
En el acto de juramento participaron la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público y asesora general de la Provincia, Mirta Lapad; la defensora general de la Provincia, María Inés Diez, el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano; la jueza de Corte Sandra Bonari y la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro. También asistieron magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Salta e invitados especiales.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomará juramento este lunes a Leandro Joaquín Flores y Gabriel Alejandro González, quienes se desempeñarán en el cargo de fiscal penal del Distrito Judicial Centro. El acto se desarrollará en el Salón Auditorio del Ministerio Público al mediodía.
El 28 de noviembre pasado el Senado de la Provincia prestó el acuerdo para la designación de Leandro Joaquín Flores y Gabriel Alejandro González, para desempeñarse en el cargo de Fiscal Penal del Distrito Judicial Centro. El decreto de designación fue publicado en el Boletín Oficial el 10 de diciembre.
Este año, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal se produjeron tres vacantes: las generadas por la jubilación del exfiscal penal 2, Justo Alberto Vaca; y debido a las renuncias del exfiscal penal 3, Maximiliano Troyano y la exfiscal penal de Rosario de Lerma, Gabriela Soledad Romero Nayar. Troyano asumió como juez del Tribunal de Juicio Sala IV y Romero Nayar, juró en la Sala V del Tribunal de Juicio, ambos en el Distrito Judicial del Centro.
La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Kiriaco, entregó al procurador general de la provincia, Abel Cornejo, el Informe Anual 2019. Incluye la información sistematizada entregada por primera vez por el Ministerio Público Fiscal. Kiriaco también celebró la integración del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, reclamada desde 2016.
Durante el encuentro, Cornejo y Kiriaco analizaron los datos publicados en el Informe Anual 2019, que este año cuenta con un comparativo interanual de 2016, 1017 y 2018 y un análisis que expone los casos en los que se realizó más de una denuncia por violencia de género. En ese contexto, Kiriaco aseguró que el avance más significativo este año, fue la decisión del Procurador de integrar el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, porque fue un pedido hecho en forma continuada por el Observatorio desde 2016.
Por otra parte, la funcionaria celebró que desde este año, el Observatorio haya obtenido datos en forma sistematizada de parte del Ministerio Público Fiscal, porque permitieron realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los hechos de violencia de género y femicidios. “Todo ello permitirá mejorar las políticas públicas de la Provincia”, afirmó Kiriaco. Según lo establece la Ley Nº 7863, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres tiene entre sus funciones la elaboración de un informe anual. Es público y puede descargarse de la página: www.ovcmsalta.gob.ar y se entrega a las autoridades con competencia en la materia, para que adopten las medidas que corresponda.
Así lo consideró el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, durante la apertura Primer Encuentro Interprovincial sobre “La revictimización de la Infancia – Políticas de Protección y Procedimientos Judiciales en Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes”. Cornejo instó a una reacción ética de la sociedad y el necesario convencimiento de los tres poderes del Estado en prevenir, sancionar y erradicar el abuso sexual infantil.
Cornejo consideró que “la dignidad de la sociedad se basa en la protección de las niñas, niños y adolescentes, porque ellos son nuestra continuidad” y advirtió que si no los protegemos “tendremos un futuro caótico, sin haber solucionado las heridas lacerantes del abuso sexual infantil que humillan a la sociedad”. En ese sentido, citó a una especialista forense e invitó a pensar que “si se comete un abuso y la sociedad no se siente integralmente abusada, no habrá reacciones éticas de la contundencia necesaria para revertir los hechos aberrantes”. Entonces, insistió en destacar la tarea del procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, por lograr la condena en el caso de las atrocidades sexuales cometidas por religiosos a alumnos sordomudos e hipoacúsicos del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, porque “fue una condena ejemplar para uno de los hechos más oprobiosos de la historia judicial argentina”.
El Procurador también apuntó a la necesidad de articular y potenciar acciones entre poderes del Estado. “Es imposible que uno solo de los poderes pueda llevar a cabo acciones eficientes, porque si los tres no están convencidos de que se trata de un oprobio que nos humilla, avergüenza, posterga y somete como sociedad, nada cambiará”, advirtió. Y agregó que los funcionarios “tenemos la obligación de revertirlo, para dignificar a las personas abusadas porque a pesar de todos los esfuerzos de las víctimas, las personas no vuelven a ser las mismas”. Según Cornejo, ese abordaje “no puede ser coyuntural y sí a través de políticas públicas sostenidas en el tiempo, con voluntad inquebrantable de provocar un cambio estructural en los poderes públicos”.
Por su parte, la presidenta de la Red PAPIS, Lucrecia Miller consideró que a la gravedad de un abuso sexual infantil, se suma que “el problema empieza con la denuncia, porque además de una víctima, hay una familia estallada y que debe ser reconstruida”, especialmente cuando el abusador se encuentra en el entorno de la víctima. Recordó la necesidad de avanzar en la creación de la figura de Defensor del Niño en la Provincia y por otra parte, en discutir el proyecto de ley mediante el cual se impulsa la jerarquización de la víctima infantil con respecto de las otras. En el mismo sentido, Miller celebró que a partir de la sanción de la Ley 27.455, el abuso sexual en la Infancia se haya convertido en un delito de instancia pública. La norma modifica el artículo 72 del Código Penal y obliga al Estado a actuar de oficio ante los delitos de abuso sexual infantil.
En tanto, el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano dijo que el derecho debe tender a restablecer la paz social, pero que en muchos casos, “se olvidó de la víctima”, y especialmente cuando se trata de una niña, niño o adolescente. “No se dio un remedio integral a la problemática en la provincia y allí es cuando la sociedad civil pide que se revea”, porque la infancia necesita tutela efectiva, finalizó.
Durante la apertura estuvieron con Cornejo, Catalano y Miller, la defensora general de la Provincia, María Inés Diez; el ministro Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias, la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, fiscales, autoridades e invitados especiales.
El Ministerio Público Fiscal profundizará el trabajo conjunto con el Centro de Inteligencia Criminal del NOA y sumará acciones coordinadas entre ambas instituciones. El CICRE NOA también integra la comisión interinstitucional conformada recientemente para la búsqueda de María Cash.
El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a la Coordinadora del Centro de Inteligencia Criminal Regional NOA, dependiente de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación; Laura García Albesa.
Convinieron avanzar en ciclos de capacitación en inteligencia criminal contra el delito complejo y organizado y en mejorar el intercambio de información y análisis de datos para futuras investigaciones. La capacitación incluirá al Ministerio Público Fiscal y a los integrantes del Cuerpo Especializado de Investigadores.
La profundización de la tarea se hará en nuevas fiscalías, ya que en otras se trabaja en forma conexa con temas específicos.
Del Centro de Inteligencia dependen Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
